Equipo Nizkor - El gobierno español propone que la policía pueda intervenir las comunicaciones sin autorización judicial.

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06dic14

El gobierno español propone que la policía pueda intervenir las comunicaciones sin autorización judicial

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado su rechazo frontal a "la suerte de 'gran hermano'" que el Gobierno quiere poner en marcha autorizando la intervención de las comunicaciones de todo tipo en la investigación de delitos de especial gravedad sin permiso previo del juez.
En una conversación informal con periodistas durante la recepción por el Día de la Constitución celebrada en el Congreso, Sánchez ha denunciado que se trata de "una vuelta de tuerca más en el recorte de derechos" que se ha llevado a cabo en esta legislatura.
El anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado este viernes por el Gobierno prevé que por razones de urgencia, se puedan intervenir comunicaciones de todo tipo en la investigación de delitos de especial gravedad, sin autorización previa de la autoridad judicial, como es necesario en la actualidad.
Para Sánchez, esta "suerte de 'gran hermano' genera mucha desconfianza en los ciudadanos" y representa otro "recorte de derechos y libertades".
El líder socialista ha hecho hincapié en que durante este mandato, el Ejecutivo se ha volcado en medidas que han afectado a derechos sociales, con leyes como la de Seguridad Ciudadana o su intento de reformar la del aborto.
Justicia niega el 'Estado policial'
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, espera que su decisión de ampliar las circunstancias excepcionales para que el Ministerio del Interior pueda ordenar escuchas sin permiso judicial en delitos graves no genere polémica y ha descartado que esta medida convierta a España en "un Estado policial".
El titular de Justicia ha mostrado su sorpresa por que de todas las novedades recogidas en el anteproyecto ésta haya sido la que más haya llamado la atención. En todo caso, ha querido dejar claro que lo que pretende el Gobierno es dar base legal al tema de las escuchas para asuntos graves.
El ministro ha insistido en que se trata de una medida dotada de "tanta excepcionalidad" y "tan singular" que no puede pensarse que España pueda convertirse en "un Estado policial" y, por ello, confía en que el asunto no genere mucha polémica.
Tras desvelar que ya hablado de éste y otros asuntos incluidos en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal con los jueces, Catalá ha querido dejar claro, no obstante, que la propuesta del Gobierno se encuentra en una primera fase puesto que aún resta que sobre ese borrador de la futura ley se pronuncie el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Escuchas en 'casos de urgencia'
El ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad podrán acordar la intervención de las comunicaciones "en casos de urgencia" sin necesidad de contar con la autorización previa de un juez, según establece la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) aprobada por el Consejo de Ministros.
La nueva norma establecerá que ambos altos cargos del Ministerio podrán ordenar que se practiquen escuchas, que deberán comunicar en 24 horas desde su inicio al magistrado. Éste contará con un plazo de 72 horas para revocar o confirmar la actuación.
El anteproyecto impone un límite para el borrado o la eliminación de las grabaciones con el fin de evitar dañar de forma "irreparable" la intimidad del afectado, ha precisado Justicia en una nota de prensa, en la que no se precisa este plazo.
La nueva norma ampliará la interceptación de comunicaciones -que afectará a WhatsApp, SMS, escuchas ambientales y escuchas en domicilios- con la autorización judicial en la que deberán valorarse principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad. Esta intervención de comunicación tendrá un plazo máximo de dos años.
El Ministerio ha aclarado que la autorización podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto la investigación de delitos castigados con penas de al menos tres años de prisión; los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; los de terrorismo; y los cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación.
Aquellos que se nieguen a facilitar información sobre el funcionamiento de un sistema informático podrán ser, además, acusados de la comisión de un delito de desobediencia grave.
Escuchas en la calle o en el domicilio
En cuanto a las escuchas ambientales, las Fuerzas de Seguridad del Estado podrán solicitar autorización para la colocación de dispositivos electrónicos que permitan la captación y grabación de las comunicaciones orales que mantenga una persona investigada en la vía pública o lugares cerrados, como en su domicilio.
El Anteproyecto establece que en ningún caso la captación y grabación de las conversaciones privadas y de la imagen podrán incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión con quienes estén legalmente obligados a mantener el secreto profesional (como sus abogados) salvo que estos estén también encausados por los hechos investigados.
Además, la Policía Judicial podrá grabar imágenes de la "persona investigada" en lugares públicos para lograr su identificación, localizar efectos de delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
La medida podrá ser llevada a cabo "aún cuando afecte a personas diferentes del sospechoso, siempre que de otro modo se reduzca de forma relevante la utilidad de la vigilancia o existan indicios fundados de la relación de dichas personas con el sospechoso".
[Fuente: El Mundo, Madrid, 06dic14]

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