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06Apr04
Agentes antiterroristas acusan a Telefónica de "poner demasiadas pegas"
para pinchar móviles.
“La delincuencia no entiende de burocracia. Si pedimos con urgencia un dato sobre un teléfono móvil, ya sea sobre el tráfico de llamadas que ha registrado o sobre su localización exacta, no podemos esperar y Telefónica, en demasiadas ocasiones, nos pone muchas pegas para facilitarnos con rapidez la información que les pedimos, incluso cuando tenemos los pertinentes mandamientos judiciales”.
Quien se queja así es un agente de la lucha antiterrorista que, durante el 11-M, tuvo un papel destacado en el seguimiento de las tarjetas de móviles que permitió localizar a la célula integrista que cometió el atentado. No es el único. Diversas fuentes policiales consultadas por El Confidencial en los últimos días coinciden en criticar esa supuesta falta de colaboración de la operadora con los agentes policiales que luchan contra las tramas terroristas y la delincuencia organizada.
“Si hay un secuestro, por ejemplo, y la víctima lleva su móvil encima, su localización se puede hacer con rapidez gracias a los repetidores de telefonía de las compañías, que rebotan la señal del aparato. Sin embargo, los servicios jurídicos de Telefónica se niegan a hacerlo sin el mandamiento judicial y éste tarda un mínimo de 24 horas. Para entonces puede ser demasiado tarde”, asegura otro agente consultado.
Según estas fuentes policiales, la reticencia a facilitar los datos ha llevado a que, en al menos una ocasión, un juez de instrucción amenazara a los responsables de la operadora con su detención si no se avenían a colaborar con rapidez. “Al final, el tema se solucionó, pero demuestra el grado de tensión que se ha llegado a alcanzar entre nosotros [los policías] y los directivos de Telefónica con los que tratamos estos temas”.
La mayor compañía de telecomunicaciones española es la principal destinataria de las críticas de la Policía, pero no la única. “Es evidente que, por número de clientes, Movistar es a la que más peticiones de información hacemos, pero Vodafone y Amena también han llegado a plantear pegas, aunque suelen ser sensiblemente más receptivas a nuestros requerimientos”, dice un agente acostumbrado a tratar con ellas.
Los agentes de la lucha antiterrorista consultados por este diario aseguran que las excusas que les ponen las diferentes compañías se basan en una supuesta incapacidad técnica para recabar la información que les piden o en que los datos solicitados ya han sido borrados de las memorias de sus equipos por el tiempo transcurrido.
Controlas más a los clientes
Por ello, sólo tres meses después del 11-M, la Comisaría General de Información envió un informe al ministro del Interior, José Antonio Alonso, en el que se recogían, entre otras recomendaciones para mejorar la lucha contra el terrorismo, dos puntos dirigidos a obligar a las compañías de telefonía móvil a aumentar el control sobre sus clientes y, en concreto, sobre los que poseen tarjetas prepago.
Los policías pedían poder “exigir los datos de identidad de los destinatarios finales de las tarjetas SIM prepago que se adquieren en los establecimientos autorizados, de la misma forma que en la actualidad se hace con los usuarios de las compañías de telefonía móvil que efectúan su conexión a la red por medio de un contrato”.
Además, los agentes querían que fuera obligatorio para “las compañías del sector, con respecto a los seguimientos de los tráficos de llamadas de las tarjetas SIM prepago, una mayor amplitud del plazo de tiempo durante el que se guardan los datos, ya que para las investigaciones policiales el período a veces resulta corto”.
¿Quién corre con los gastos?
Las recomendaciones de la Comisaría General de Información -que recibieron el visto bueno de Interior- se encontraron con el recelo de las propias empresas de telefonía. “Para hacer lo que piden se necesita mucho personal y nuevas inversiones, y al final somos nosotros los que debemos correr con los gastos, y no olvidemos que esto es una empresa privada”, aseguran a este diario desde Telefónica.
Según fuentes de esta empresa, los diferentes cuerpos policiales les piden cada año una media de 7.000 ‘pinchazos’ de teléfonos fijos y más de 30.000 a móviles, además de miles de informaciones de otro tipo, como el tráfico de llamadas, los datos de titulares o la localización geográfica de terminales. Y cada año van a más.
“Actualmente tenemos a cerca de medio centenar de empleados dedicados a tiempo completo a atender las peticiones de la Policía. ésta ha quitado gran parte de los medios que dedicaba a conseguir esta información e, incluso, el lugar físico donde se hacían los pinchazos nos lo pide ahora a nosotros. Y todo sin que nadie quiera correr con los gastos que todo ello nos supone, porque los Ministerios de Justicia e Interior te remiten el uno al otro cuando se los reclamas”, se quejan desde Telefónica.
La operadora afirma que varios de los últimos éxitos policiales -como la desarticulación de una importante red de pederastia con múltiples ramificaciones internacionales desarticulada hace escasas semanas en España o la detención de los jóvenes que intentaban celebrar un suicidio colectivo en Zamora- “han sido posibles gracias al trabajo de nuestros técnicos y ni siquiera nos lo han reconocido públicamente”.
Acceso directo sin intermediarios
Las fuentes policiales insisten en la necesidad de elaborar una ley de telecomunicaciones que permita a los Cuerpos de Seguridad acceder directamente a los datos de los operadores sin necesidad de mandamientos judiciales previos, “como ocurre en otros países de nuestro entorno. En Gran Bretaña, los agentes tienen incluso sus propios terminales desde los que hacer la consulta directamente sin tener que pasar por las compañías de telefonía”.
Siempre, según los policías consultados, esta reforma legal eliminaría gran parte de los enfrentamientos que en la actualidad mantienen con las operadoras de telefonía. Pero, mientras ese momento llega, la guerra soterrada entre Interior y las diferentes empresas se mantiene.
[Fuente: El Confidencial, Madri, Esp, 06abr04]
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