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21abr17
Google pidió una norma internacional luego de recibir una cifra récord de pedidos oficiales de datos de usuarios
En la segunda mitad de 2016 Google recibió 45.000 solicitudes gubernamentales de información sobre sus usuarios en todo el mundo, la cifra más alta desde 2010 -cuando la compañía publicó su primer Informe de Transparencia-, por lo que hizo un llamado para que los gobiernos adopten un marco internacional que regule la evidencia digital en investigaciones judiciales.
Las solicitudes gubernamentales recibidas entre julio y diciembre pasados son las más altas registradas por la empresa, lo que "no sorprende porque a medida que más personas utilizan nuestros servicios y conforme ofrecemos nuevos, es natural observar un aumento en los pedidos oficiales", detalló en el Informe.
"Y a medida que la evidencia digital se convierte cada vez más en parte de las investigaciones de delitos, otras compañías están observando tendencias similares", agregó Google.
Argentina no escapa a la tendencia en alza ya que en el último semestre de 2016, la gigante tecnológica recibió 415 solicitudes legales en el país para revelar datos de usuarios relacionados con cuentas o con servicios de Google, expedidas por organismos gubernamentales.
También hubo tres solicitudes legales gubernamentales para conservar una copia de la información online mientras el organismo abre un proceso legal para solicitar su divulgación.
Como hubo varias solicitudes de datos correspondientes a la misma entidad o una solicitud única que involucró a varios organismos, el número total en Argentina es de 592 solicitudes legales y cuatro de organismos por copias.
De estos pedidos, la empresa de Silicon Valley "generó un 60% de datos", señaló el informe empresarial.
En el documento titulado "Un marco internacional para la evidencia digital", Google detalló que "las solicitudes de información transfronterizas siguen representando una parte sustancial, con más de 31.000 en la segunda mitad de 2016 procedentes del exterior de los Estados Unidos".
Este volumen "destaca la necesidad de un marco internacional mejorado que responda a las necesidades legítimas de la aplicación de la ley y garantice altos estándares para el debido proceso, la privacidad y los derechos humanos", aseveró la compañía con sede en California.
Según el análisis de la firma tecnológica, "el proceso del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) facilita la producción de pruebas digitales en las investigaciones transfronterizas (cuando el delito ocurre en un país, pero los datos los tiene una empresa en otro país). Pero a menudo es lento y engorroso: procesar una solicitud de MLAT en los Estados Unidos toma en promedio 10 meses. Eso es mucho tiempo de espera para un criminalista".
Por eso aseguró que "sin mejores y más rápidas formas de reunir pruebas transfronterizas, los países estarán tentados a adoptar medidas unilaterales para hacer frente a un problema fundamentalmente multilateral".
"Un marco sostenible para manejar la evidencia digital en las investigaciones legítimas transfronterizas ayudará a evitar una caótica y contradictoria mezcla de propuestas de ubicación de datos y medidas de vigilancia ad hoc que pueden amenazar la privacidad y generar incertidumbre sin avanzar fundamentalmente en el cumplimiento legítimo de la ley y los intereses de la seguridad nacional", añadió el Informe de Transparencia.
"Creemos que los gobiernos pueden desarrollar soluciones que equilibren de manera apropiada los diversos intereses en juego. Esto incluye respetar los derechos legítimos de privacidad de los usuarios, donde quiera que estén, así como las obligaciones de los gobiernos de investigar crímenes y proteger a sus residentes", afirmó Google.
Asimismo, instó a que el debate "incluya a un amplio grupo de partes interesadas, no sólo las perspectivas de los agentes judiciales y de seguridad nacional, sino también las voces de los ciudadanos, grupos de la sociedad civil y proveedores de servicios de información que cruzan las fronteras nacionales".
Este intercambio "planteará preguntas difíciles sobre el alcance de las facultades de vigilancia gubernamental, el alcance de la jurisdicción digital, la importancia de las investigaciones rápidas y los derechos de privacidad en la era de Internet. Cuestiones fundamentales que no pueden ser abordadas adecuadamente por los tribunales usando normas jurídicas anticuadas o por los gobiernos que actúan de manera ad hoc", concluyó la empresa.
[Fuente: Télam, Bs As, 21abr17]
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