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06mar16
"Abrir el teléfono de un terrorista nos hace a todos más vulnerables"
El 2 de diciembre, Sved Rizwan Farook, un estadounidense de origen pakistaní, y su esposa, Tashfeen Malik, perpetraron un atentado en San Bernardino (California) y mataron a 14 personas. Investigaciones posteriores relacionaron a Farook y Malik con el yihadismo, pero no se ha podido comprobar si tenían conexiones con el Estado Islámico o Al Qaeda. El FBI se incautó de un teléfono iPhone 5C, pero ha sido incapaz de penetrar en la información del aparato. El FBI pretende que Apple, fabricante del teléfono, le facilite el software necesario, pero la compañía se niega. El conflicto ha abierto un debate, porque Apple alega que si se construye una llave maestra para abrir todos los móviles, la privacidad de sus clientes dejará de estar garantizada. De momento, un tribunal de Nueva York ha dado la razón a Apple en un caso parecido. Pablo G. Molina es profesor de Ética y Tecnología de la Universidad de Georgetown y directivo del Electronic Privacy Information Center.
¿Los muertos tienen derecho a la privacidad?
Sí. No queremos que personas no autorizadas examinen todo lo que dejamos atrás. Cuando yo muera, quiero que sólo una persona de mi confianza examine mis efectos electrónicos y decida qué compartir y qué destruir.
¿Y los terroristas?
Todos los seres humanos tienen derecho a la privacidad en algunos aspectos de su vida. Con respecto a actividades criminales, las leyes de cada país establecen una reducción supervisada de la privacidad en interés de la seguridad pública. Por eso los cuerpos de seguridad deben obtener una orden judicial antes de registrar un domicilio o un ordenador. En palabras del recientemente fallecido juez Scalia, la Constitución a veces aísla la criminalidad de unos pocos para proteger la privacidad de todos.
¿Y los terroristas muertos?
También. Lo que no sea relevante no debe investigarse ni difundirse. Si algo se investiga, ha de ser conforme a la ley.
¿Una empresa privada tiene más derecho a saber de mi vida que el Estado?
Sólo cuando los ciudadanos dan su consentimiento. Espero que mi dentista sepa más sobre mi salud que el Gobierno porque he dado mi consentimiento para ello. Espero que Google sepa más de lo que busco en Internet, cuando no lo hago anónimamente. Por otra parte, espero que el Gobierno sepa mi número de DNI, pero que ni Apple ni Google lo sepan.
¿Qué repercusiones tendría, desde el punto de vista de los derechos civiles, que Apple cediera la información del teléfono del terrorista?
Apple ha colaborado con las autoridades dentro del marco de la ley. Sin embargo, ni siquiera Apple puede acceder al contenido del teléfono sin crear una puerta trasera en el software. En cuanto se crea, se abre la posibilidad de que el FBI, y otros cuerpos de seguridad de Estados Unidos y de otros países, soliciten el mismo tipo de acceso al teléfono de cualquier sospechoso: criminales, terroristas, o quizá disidentes políticos. También se abre la posibilidad de que hackers y cibercriminales aprovechen la vulnerabilidad de la nueva puerta. Si Apple se ve obligada a crearla, es muy posible que todas las demás empresas de tecnología también.
El FBI sostiene que no tendría por qué sentar un precedente. ¿Podría acotarse la intervención a este caso?
No es posible. Una vez que se establece un precedente legal, es lógico que se utilice en casos futuros.
¿Cómo se puede argumentar que no puedan investigarse las conexiones de un terrorista?
No se puede. El problema es que para acceder a la información del teléfono del terrorista los métodos legales y técnicos ya establecidos no bastan. Hay que desarrollar un nuevo software que puede perjudicar a todos los demás clientes.
Se sabe que Apple ha colaborado en otras ocasiones con la Justicia. ¿Por qué ahora no?
En este caso han hecho lo que en ocasiones anteriores. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha decidido probar una estrategia legal nueva para acceder a la información del teléfono del terrorista.
La información del teléfono podría conducir a la detención de otros presuntos terroristas e impedir atentados…
Sí, pero crear un mecanismo que haga que todos nuestros teléfonos sean más vulnerables tal vez sea un precio muy alto. Efectivamente, abrir el teléfono de un terrorista nos hace a todos más vulnerables.
Apple se ampara en la primera enmienda de la Constitución -libertad de expresión- para negar información. ¿Qué libertad de expresión se vulnera?
Esgrimir la primera enmienda es lo que hace este caso tan interesante. Es una cuestión que todavía no ha sido examinada por el Tribunal Supremo. La pregunta clave es determinar si un programa de software está protegido por la libertad de expresión. Si lo está, el Gobierno no puede obligar a modificarlo, del mismo modo que no puede forzarnos a escribir o modificar un artículo científico o una novela.
¿Ve usted alguna manera de conciliar el derecho a la privacidad y el derecho a la seguridad?
El equilibrio existe, pero es frágil y evoluciona con el tiempo. Cuanto nos sentimos amenazados por criminales, estamos dispuestos a ceder parte de nuestra privacidad. Cuando percibimos que los gobiernos abusan de su autoridad, intentamos defendernos con leyes y transparencia. Decía Benjamin Franklin que quienes están dispuestos a renunciar a su libertad por una seguridad temporal no se merecen ninguna de las dos.
¿Qué repercusiones comerciales tendría para Apple cumplir la orden judicial?
Probablemente, pocas. Tanto si gana como si pierde, ha cumplido su palabra de hacer lo posible por defender la privacidad de los clientes.
¿Mantiene Apple la misma actitud en países no democráticos, como China, donde se persigue a los defensores de las libertades?
No. Apple y otras empresas han modificado sus productos. Todas las empresas tienen que cumplir con las leyes de los países donde operan o enfrentarse a las consecuencias legales y comerciales, incluida la prohibición de operar.
Han trascendido informaciones sobre espionaje de EE.UU. sobre ciudadanos no sospechosos y sobre mandatarios de otros países. Después de eso, lo del teléfono parece una disquisición más teórica que real.
El Congreso de Estados Unidos aprobó nuevas leyes en el 2015 para evitar que esto siga ocurriendo. El caso Farook es muy real y puede acarrear consecuencias significativas para todos los usuarios.
[Fuente: Por Jordi Barbeta, Washington, La Vanguardia, Barcelona, 06mar16]
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 | This document has been published on 07Mar16 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |