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26feb21


Gobierno y PP rompen las negociaciones para renovar el Poder Judicial por los vetos cruzados


Después de una semana de negociación y tras haber alcanzado un acuerdo para elegir a los miembros del consejo de administración de RTVE, el Gobierno y el PP dan por rota o, al menos, aparcadas sine die, las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los vetos y condiciones impuestas por los populares para no validar ningún candidato afín a Unidas Podemos son señaladas desde la órbita de Moncloa como el motivo de la ruptura. Los de Pablo Casado no esconden que las conversaciones se han roto por la presencia del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada como vocal por el turno de juristas. Fue el togado que hizo caer al Gobierno de Mariano Rajoy.

Por su parte, Unidas Podemos también ha vetado la propuesta del PP de Alejandro Abascal , según trasladaron fuentes del Gobierno. En cambio, en Génova desmienten de forma categórica que el PSOE haya transmitido el veto del juez de refuerzo de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, en la mesa de negociación y aseguran que si hay renovación será uno de los vocales propuestos por el PP.

Fuentes populares puntualizan que la pelota está de nuevo en el tejado del presidente Pedro Sánchez que es quién "debe resolver los problemas y líos internos que tiene el Gobierno de coalición si quieren que nos volvamos a sentar a negociar el CGPJ". "Nosotros no tenemos prisa", añaden estas fuentes de Génova consultadas por EL MUNDO.

El bloqueo se constató esta madrudaga y sólo horas después de consumarse el pacto en RTVE. Si bien en los últimos días desde ambas partes se hacía alusión a que el diálogo avanzaba y que se esperaba sellar un consenso esta misma semana, el rumbo ha girado. Las conversaciones entre el secretario general de presidencia Félix Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se remontan a días atrás aunque desde el pasado lunes esos contactos se intensificaron con reuniones diarias encaminadas a llevar a cabo la pronta renovación de los órganos constitucionales como el CGPJ o el TC.

"Ambas partes constatan que existen escollos que han impedido alcanzar un pacto", señalan fuentes gubernamentales. Y ello después de que incluso el ministro de Justicia en alguna ocasión diera por hecho el pacto. "Se constatan diferencias importantes que impiden alcanzar cualquier tipo de acuerdo", expresan fuentes del PP.

Llegó el bloqueo

Los contactos telefónicos y las reuniones se intensificaron durante toda la jornada del jueves, sin que se produjeran avances. El juez José Ricardo de Prada es una de las claves. Era uno de los nombres que figuraba en la lista de Moncloa, que negocia en representación del PSOE y de Unidas Podemos. El PP ha insistido en vetar a todo candidato afín al partido de Pablo Iglesias. Considera que De Prada lo es, y no comulga con su nombramiento como vocal del Poder Judicial.

Éste uno de los jueces del caso Gürtel. Desde el PP señalan que no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello. Por tanto, consideran que se trata de un "fraude de ley" ya que lo que creen que se intenta es que un juez entre en el Consejo "por la puerta de atrás", por el turno de juristas, "sin haber recabado los avales suficientes de sus compañeros".

Desde el primero momento de la negociación, el PP ha situado como una de sus condiciones que Podemos ni participara en la negociación ni tuviera representación y aseguran que la van a mantener hasta el final. Es una línea roja infranqueable. Al inicio de la semana, el PSOE puso encima de la mesa dos nombres vinculados a la formación de Iglesias: el magistrado José Ricardo de Prada y la juez María Victoria Rosell. Génova mostró su rechazo ante ambos. Fuentes populares explican que entonces el Gobierno retiró el nombre de Rosell pero decidió mantener hasta el final el del juez artífice de las frases más duras de la sentencia que hizo caer al Gobierno. La insistencia en De Prada ha hecho levantarse a los populares de la mesa de negociación.

Por su parte, desde Moncloa se ha objetado a esta exigencia que el Gobierno negocia en nombre de los dos socios que lo componen, PSOE y Unidas Podemos, y que los morados tendrían representación en el Poder Judicial "como todos". En este sentido, los morados cuentan con, al menos, dos sillones; otro está reservado para el PNV y está por ver si habrá algún guiño a los nacionalistas catalanes. Así, el PSOE y el PP tendrían diez vocales cada uno que repartirían con Podemos, PNV y la cuota catalana.

Abascal y Tardón, en el foco de Podemos

Ante los vetos a candidatos afines de Unidas Podemos, la formación morada ha respondido con la misma moneda, en esta caso poniendo el foco en Alejandro Abascal, que era una de los candidatos propuestos por los populares. "Íntimo de Casado que está detrás del montaje Dina", ha sido la descripción que ha hecho de él Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos. Fuentes populares esgrimen que no les consta este veto y que Abascal sigue estando la lista de candidatos propuestos.

Los morados también han señalado a María Tardón, "ex concejala del PP y colaboradora de Faes", ha apuntillado Asens, en alusión a que en 1999 fue elegida concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid bajo mandato de José María Álvarez del Manzano y ocupó los puestos de tercera teniente alcalde y concejal de Seguridad del Consistorio, volviendo después a la carrera judicial.

Esta explicitación de los vetos por parte de Unidas Podemos se enmarcaría dentro de la estrategia de los morados, en connivencia con los socialistas, de visibilizar de manera pública que pese al veto impuesto por el PP a su presencia, están y son parte de la negociación.

La ruptura de la negociación no sólo pone en jaque la renovación del CGPJ, cuyo mandato lleva caducado dos años, sino que hace peligrar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.

[Fuente: Por Raúl Piña y Ángela Martialay, El Mundo, Madrid, 26feb21]

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