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25feb21


El CGPJ aprueba por unanimidad el informe que critica los puntos clave de la Ley Montero del 'sólo sí es sí'


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por unanimidad el informe sobre la Ley de Libertad Sexual, también conocida como Ley Montero, donde critica abiertamente la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión, según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO.

Pese a este revés unánime del CGPJ, el Ministerio de Igualdad ha anunciado que seguirá adelante y la ministra, Irene Montero, ha proclamado que "será ley".

El Pleno, por 21 votos, es decir, por unanimidad de sus miembros -20 vocales más el presidente Carlos Lesmes-, ha aprobado el informe, preceptivo pero no vinculante de los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda, donde se ponen en cuestión los principales puntos del proyecto estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En el citado documento, los vocales alertan de que en materia de delitos contra la libertad sexual el Código Penal vigente ya se asienta sobre la idea de consentimiento, aunque no incluya una definición del concepto, y considera punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo, sea la forma de agresión o en la de abuso sexual, bien porque no exista tal consentimiento o bien porque se trate de un consentimiento viciado.

Desprotección de la víctima

En este sentido, consideran innecesaria la definición que el anteproyecto introduce en el artículo 177.1 del Código Penal, según la cual "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto".

En cuanto a la introducción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual, el Consejo cree que podría tener un efecto de desprotección de la víctima al resultar irrelevante el empleo de un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor. Los vocales entienden que con la actual redacción de la Ley para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor. Para evitarlo sería necesario prever una modalidad agravada de agresión sexual cuando, indica el documento del Poder Judicial.

El CGPJ alerta de que unificando la agresión y el abuso sexual se incurre en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad.

Ha anunciado un voto particular parcial la vocal Sepúlveda, una de las ponentes del informe, sobre el aspecto concreto de la creación de órganos especializados, informan fuentes del Pleno.

La denominada Ley Montero originó hace justo un año uno de los primeros grandes enfrentamientos en el Gobierno de coalición; entre la ministra de Igualdad y el sector socialista del Ejecutivo. En concreto, con la vicepresidenta Carmen Calvo y con el ministro de Justicia Juan Carlos Campo al que el propio Pablo Iglesias llegó a acusar de "machista".

Igualdad seguirá adelante

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha anunciado que el Ministerio de Igualdad seguirá adelante. "Si el informe del CGPJ va en sentido regresivo, como pasó con los de la ley contra la violencia de género y el matrimonio igualitario, la obligación del Gobierno y de los proponentes de la ley es seguir adelante", ha afirmado Rosell, informa Efe.

Se trata, ha dicho Rosell, de pasar de una concepción patriarcal del derecho penal sobre la libertad sexual, "que significa que un hombre tiene derecho a usar el cuerpo de la mujer hasta que esta dice que no", a un sistema basado en el consentimiento libre, consensuado y mutuo.

Rosell ha insinuado que el próximo CGPJ pudiera tener otra opinión al plantear que era "evidente" que "no querían que lo hiciera el Consejo siguiente", obviando que la opinión del CGPJ ha sido unánime.

Retirados los nombramientos

Por otro lado, el Pleno ha acordado este jueves retirar del orden del día los nombramientos de las plazas del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia del orden del día a la espera de que se produzca un inminente acuerdo de renovación del CGPJ.

Tal y como informó este jueves este periódico, las conversaciones entre socialistas y populares se encuentran encalladas por la figura del futuro presidente del órgano de gobierno de los jueces y las presiones que Podemos está ejerciendo sobre el PSOE para lograr tener algún vocal muy afín a la formación morada en el Consejo.

Los vocales han acordado aplazar los mismos hasta el próximo 4 de marzo, fecha en la que si Gobierno y PP no han alcanzado un pacto se efectuarán la designación de esas plazas discrecionales.

[Fuente: Ángela Martialay, El Mundo, Madrid, 25feb21]

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