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06mar20


La investigación a Puigdemont por fraude en Girona abre un nuevo laberinto judicial


El nuevo frente judicial abierto respecto del expresidente de la Generalitat tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo laberinto judicial nacional e internacional. El Tribunal Supremo (TS) estudiará si acepta iniciar una investigación respecto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por utilizar parte del dinero destinado al agua de Girona para comprar una colección de arte, valorada en 4,7 millones de euros.

La investigación lleva abierta cerca de tres años en el juzgado de instrucción número 2 de Girona. Una vez finalizadas todas las pesquisas, se ha remitido la causa al Alto Tribunal al considerar que existen indicios de delito contra Puigdemont por ser quien firmó -cuando era alcalde de la ciudad entre el 2011 y el 2016- el acuerdo para proceder a la adquisición de la colección Santos Torroella .

El primer paso que dará el alto tribunal será dar traslado a la Fiscalía del Supremo para que informe a favor de la admisión e la exposición razonada remitida por la juez de Girona. En caso afirmativo, el tribunal daría el siguiente paso, que es nombrar instructor y dar por iniciado formalmente el proceso judicial.

Antes de llevar a cabo cualquier actuación, el magistrado designado deberá solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo para que levante su inmunidad. El Tribunal Supremo ya ha solicitado esta medida pero en la causa que tiene pendiente por sedición derivado del procés. No obstante, fuentes jurídicas apuntan que el tribunal debería solicitar un nuevo suplicatorio antes de proceder contra él al tratarse de hechos diferentes.

Declaración voluntaria

El instructor incluso podría ofrecer su declaración voluntaria ante el tribunal antes de cursar el suplicatorio, algo que debería hacer de manera presencial por lo que a priori se descartaría. La principal razón es que el juez Pablo Llarena, instructor del asunto del procés, no ha retirado las órdenes nacional y europeas de detención que pesan contra el dirigente independentista. Y ya advirtió que la libertad de movimientos que le permite la inmunidad parlamentaria es únicamente para acudir a la cámara. Por lo que si es detectado en España, Puigdemont podría ser arrestado.

Tras conocer la exposición razonada de la juez de Girona, el líder de JxCat anunció a través de la red social Twitter que "hace un año, cuando aparecieron informaciones con los mismos elementos de ahora" se ofreció a través de su abogado a declarar voluntariamente para "cortar de raíz" lo que considera "un intento de ensuciarle". Dice que se le negó que existiera tal investigación y considera que el procedimiento obedece a un intento de extraditarle "como sea".

Por esta razón, el juez que asuma la causa deberá esperar al levantamiento de la inmunidad para citarle formalmente para ser interrogado por este asunto, de la época en la que él era alcalde de Girona.

Distintos caminos

Cuando esto ocurra se pueden dar varias opciones. Una de ellas es que el Parlamento Europeo ya hubiese aceptado el suplicatorio. En ese caso, el juez belga que tiene pendiente resolver sobre su entrega deberá retomar el proceso y decidir si Puigdemont podrá ser juzgado en España por un delito de sedición, ya que éste se encuentra residiendo allí.

Fuentes jurídicas no descartan que en el caso que el Parlamento concediera el suplicatorio por el asunto de Girona y Puigdemont no acudiera a su declaración como investigado se cursara contra él una nueva orden nacional, europea e internacional de detención por estos nuevos hechos.

En este laberinto judicial, podría darse otra opción y es que Puigdemont fuera entregado para ser juzgado por sedición y enviado a prisión en España. En este caso, se mantendría en prisión hasta que el Parlamento Europeo resolviera sobre el suplicatorio de la segunda causa.

Estancado en el TSJC

Fue en noviembre del pasado año cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la instructora que remitiera la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al encontrarse en ese momento aforado ante aquel órgano judicial por su condición de diputado del Parlament. Sin embargo, el tribunal catalán no adoptó ninguna decisión en estos meses. Una vez que el líder de JxCat consiguió el escaño como europarlamentario, el TSJC perdía la competencia y la juez envió la exposición razonada al Tribunal Supremo, que ahora deberá decidir si existen indicios de delito para iniciar un proceso judicial contra él.

Tanto la juez como la Fiscalía sostienen que desde el Ayuntamiento de Girona, y concretamente con el "conocimiento y aprobación de Carles Puigdemont", se autorizó una operación para pagar la colección de arte con el dinero destinado al canon fijado para el servicio público del agua en marzo del 2013.

Artificio ideado para ocultar

El 6 de febrero del 2014, Puigdemont, como alcalde de Girona, suscribió los denominados "acuerdos del contrato de compraventa de pinturas, grabados, esculturas, cerámicas y otros objetos de arte en favor del Ayuntamiento de Girona". "En ese acuerdo, firmado por Puigdemont se expone ya cuál iba a ser el artificio ideado para ocultar que el primer pago de la Colección Santos Torroella iba a ser a cargo del canon extraordinario", explica la juez en su exposición razonada.

Según un informe de la Agencia Tributaria que consta en la causa, el destino de ese dinero a una colección de arte fue en detrimento de los ciudadanos de Girona, que vieron afectado el servicio del agua. De hecho, recoge que en aquella época era "especialmente preocupante" la llamada red en baja, asociada a fugas y rendimientos bajos, además de la velocidad del agua con caudales descontrolados. "Dicha naturaleza del material de las tuberías, junto con la reducción de la velocidad del agua, supone una rebaja notable en la calidad del agua, con el consiguiente riesgo el consumidor", advertía entonces.

La investigación considera que desde el Ayuntamiento de Girona se destinó partidas que deberían ir al gua de Girona al pago de una colección de arte. Para la instructora, el empleo del dinero para este fin se realizó de "manera ilícita e insuficiente", en cualquier caso, causando un perjuicio en el patrimonio del Ayuntamiento de Girona, en la red de saneamiento y agua potable.

[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Madrid, 06mar20]

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