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23ago15
Como el gobierno argentino lleva a cabo el control político social
"Siento ruido en el teléfono, creo que está intervenido". Mirtha Legrand soltó su sospecha con la liviandad con que se enumeran las naderías que jalonan la rutina diaria. Ocurrió hace menos de un mes, pocas horas después de que en uno de sus programas la diva calificara a la Presidenta como una "dictadora". Dos días más tarde, el ministro de Economía Axel Kicillof perdió la paciencia frente a un periodista que le preguntó si no eran excesivas la base y las tasas del impuesto a las Ganancias: "No es cierto que cada vez más gente paga Ganancias. Solo el 10 por ciento de un total de 11 millones de asalariados. Pase por mi oficina y lo invito a ver la lista, uno por uno, del millón de personas que pagan el impuesto a las Ganancias". El ministro intentó morigerar el exabrupto más tarde, asegurando que había sido una broma.
Las noticias de la semana pasada trajeron más sorpresas: el periodista Jorge Lanata aseguró que el 3 de diciembre pasado recibió en su casilla de correo electrónico un mail que contenía el mismo virus espía que los peritos informáticos de la Policía Metropolitana habían descubierto en el teléfono del fiscal Alberto Nisman, cuyos pasos, a su vez, eran monitoreados por un hasta ahora desconocido equipo de prefectos que duplicaba las funciones de su custodia policial. Según consta en el expediente que con parsimonia alimenta la fiscal Viviana Fein, el día anterior a que el titular de la UFI AMIA apareciera muerto en su departamento, frente a su edificio merodeaba otro prefecto integrante del cuerpo de Inteligencia del organismo.
No es una enumeración de hechos inconexos, sino las últimas escenas de una obra que se monta todo el tiempo, en cualquier calle, en el extremo de cientos de líneas telefónicas de desprevenidos ciudadanos o en los archivos y bases de datos que engordan en decenas de oficinas públicas. ¿Su título? Bien podría ser "Espionaje para todos y todas".
Sólo en las fuerzas armadas y de seguridad argentinas, más de 5.000 agentes de inteligencia patrullan la intimidad, las costumbres, conversaciones, gastos, correspondencia y movimientos de los cuarenta millones de argentinos. No están para eso, por supuesto, pero la obsesión del gobierno por acumular información personal sobre los ciudadanos y los cuantiosos recursos que dedicó en los últimos años a ello -los cuerpos de inteligencia federal gastarán en 2015 casi 2.500 millones de pesos- convirtieron a los sigilosos agentes en antenas móviles aplicadas a seguir -literalmente- a empresarios poderosos, dirigentes políticos de la oposición, periodistas renombrados, jueces o fiscales.
Pero como la capacidad instalada nunca puede quedar ociosa, y los requerimientos de la política pueden variar como el viento hasta posarse sobre un ignoto corredor inmobiliario que denuncia la merma de su trabajo tras la instauración del cepo al dólar, los integrantes de una comisión interna gremial en una Pyme del Gran Buenos Aires o los más activos tuiteros que protestan contra el gobierno, es mejor ampliar la recolección de datos a la mayor cantidad de gente posible. Los adelantos tecnológicos y un presupuesto abundante despejan el camino de cualquier obstáculo.
La guerra declarada por Cristina contra su ex espía favorito, Antonio "Jaime" Stiuso, enfocó los reflectores sobre viejos y conocidos vicios de la ex SIDE, ahora remozada bajo el nombre de Agencia Federal de Inteligencia. Pero sus 2.500 agentes, informantes, colaboradores inorgánicos y buchones no son los únicos. La Policía Federal tiene a los "plumas", la Gendarmería a los "sapitos" u "ojos de vidrio", la Prefectura a los "orejas de goma", el Ejército a los "solapas" y la Fuerza Aérea a los "sifones". Sin sobrenombres tan unánimes, la Armada, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y las policías provinciales aportan otro numeroso lote de espías estatales diseminados en todo el país.
Los "plumas", que son un millar y espían en todas las provincias, se forman durante dos años en la "Escuelita", un instituto secreto ubicado en los altos de la comisaría 8°, en la porteña calle Urquiza. Cuando egresan cobran unos 17.000 pesos, que con viáticos y adicionales pueden llegar a estirarse hasta 50.000. Con una ventaja: los espías deben conseguirse otro empleo formal al que, casi siempre bajo otro nombre, deberán atender con esmero para no despertar sospechas. Eso les permitirá encubrir sus tareas de seguimiento de personas, relevamiento de actividades en un club, un barrio, una reunión de vecinos o un consorcio: porteros, abogados y periodistas son los empleos de superficie más elegidos por los plumas.
Pero el espionaje más vasto y capilar del país es sin duda el que con prolijidad castrense llevan a cabo los gendarmes, con su famoso Proyecto X. Tal como releva el flamante libro Espiados, la interminable lista de organizaciones sindicales, políticas y estudiantiles vigiladas por la Gendarmería se mezcla con otros objetivos más curiosos y estremecedores. Sólo algunos ejemplos, de entre cientos: taxistas de Concepción del Uruguay, padres y docentes de la escuela 1-145 de El Algarrobal, en el departamento mendocino de Las Heras, vecinos del peaje de la ruta nacional 8 con el cruce de la ruta provincial 6, jubilados de la provincia de Santiago del Estero, habitantes de Villa La Angostura. Como para que nadie se quede afuera.
El ascenso del ahora retirado general César Milani como jefe del Ejército también reflejó la vocación por convalidar y acrecentar la tarea de espionaje interno -absolutamente ilegal- por parte de los militares. Algunos números revelan esa vocación. En 2007, cuando se reorganizó la Inteligencia Militar, en el Ejército había 99 unidades de inteligencia en todo el país. Tres años después se habían reducido a 33, pero el espía Milani -su especialidad profesional era la Inteligencia- las aumentó a 120, integradas por entre 1800 y 2000 agentes. A la Armada también le descubrieron un complejo sistema de espionaje sobre los vecinos y organizaciones cercanas a sus bases y dependencias, que quedó al desnudo durante un juicio en el que terminaron condenados los ex jefes de la fuerza bajo el gobierno de Néstor Kirchner, Jorge Godoy y Benito Rótolo.
Pero el seguimiento personal de los objetivos de la inteligencia interna y la redacción de informes y fichas individuales y grupales es insuficiente para cubrir las actividades de los objetivos del espionaje masivo que el Estado kirchnerista perfeccionó sobre sus ciudadanos. En muchos casos también es necesario escuchar sus conversaciones, y entonces hay que acudir al único organismo que hasta ahora tenía potestad legal para pinchar teléfonos, siempre con la orden de un juez federal: la ex SIDE. A través de la dirección de Observaciones Judiciales (conocida como Ojota, por sus iniciales) se tramitan los pedidos para que el juez autorice a escuchar una determinada cantidad de líneas telefónicas, por un plazo máximo -pero prorrogable, siempre hay un pero- de treinta días. Con la ayuda de algún magistrado o secretario letrado poco preocupado en controlar la lista de números que firma, y los contactos adecuados en la ex SIDE, pinchar una línea telefónica puede llegar a costar unos 50.000 pesos por día. Los juzgados menos aprensivos a controlar lo que firman -digamos- suelen encontrarse en el interior, sobre todo en La Pampa, Misiones y Formosa.
Con una capacidad instalada para intervenir hasta 48.000 líneas telefónicas, la ex SIDE perdió este año esta formidable herramienta de poder, de la que muchos agentes también hicieron un floreciente negocio. La última reforma que Cristina aplicó al organismo llevó la Ojota a la órbita de la Procuración General de la Nación, donde funcionará bajo la estricta mirada de la fiscal Cristina Caamaño. Mientras, del otro lado del supuesto Jordán de la transparencia la nueva SIDE seguirá espiando a los argentinos. Aunque no logró evitar ni esclarecer ninguno de los dos atentados terroristas que sufrió la Argentina, ni pudo detener el avance de las organizaciones de narcotráfico que ya se adueñaron de algunos barrios de Rosario y el Gran Buenos Aires, en la última década los agentes redactaron 600.000 informes de inteligencia. Un detalle: en 2003, el año en que Néstor Kirchner entró a la Casa Rosada, la ex SIDE produjo 1.400 informes. Al año siguiente, bajo la nueva conducción, fueron 52.379. Y la cifra siguió creciendo, hasta estabilizarse en unos 55.000 informes anuales.
El Gran Hermano K no se agota en la febril tarea de los organismos de inteligencia. Otras oficinas públicas que por su trabajo cuentan con información sensible de los argentinos fueron incorporadas a la constelación de la vigilancia del Estado. La AFIP, la Inspección General de Justicia, la Unidad de Información Financiera, la ANSeS y la Comisión Nacional de Valores son algunos de los organismos públicos que, al ceder sus datos con fines políticos y sumarlos a gigantescas bases de datos ajenas a la función para la cual fueron recolectados, comenzaron a participar del espionaje interno irregular. Otros proyectos son más transparentes, pero no por eso menos impresionantes: el casi desconocido Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, que depende del ministerio de Desarrollo Social, creó un ecosistema de bases de datos estatales, con información de casi 400 organismos nacionales, provinciales y municipales de todo el país que se adhirieron para compartir y acceder al contenido de 1695 bases de datos, "con información de 40 millones de personas físicas y más de 1,2 millón de personas jurídicas".
Podemos seguir: un relevamiento de Clarín Zonales contabilizó unas 12.600 cámaras de seguridad que observan a los peatones en la Capital y el Conurbano. El ministerio de Defensa avanza con la producción de tres modelos de drones de reconocimiento e inteligencia, que podrán filmar y sacar fotografías en alta definición desde lo alto y con enorme precisión. Los nuevos DNI y pasaportes incorporan un chip con datos personales a los que según se anunció se sumará información médica y previsional. Otro proyecto que crece en el ámbito del ministerio de Seguridad, y que se denomina SIBIOS, avanza en la conformación de una enorme base de datos biométricos de todos los argentinos: huellas digitales y perfiles faciales trazados electrónicamente a partir de las fotografías archivadas en el Registro Nacional de las Personas -las mismas que aún aparecen en los padrones electorales, aunque una causa judicial busca establecer si eso no vulnera derechos individuales- serán incorporadas al sistema, que cuenta con la adhesión de quince provincias y del que ya hacen uso las fuerzas de seguridad nacionales.
Ya lo decía Perón: "Todos los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores". Y no es retórica. El fabuloso sistema de vigilancia social kirchnerista se perfecciona día a día, y si no se exige a los candidatos presidenciales que lo desactiven, permanecerá, robusto y acechante, más allá de las elecciones. Porque "mejor que decir, es hacer, y mejor que prometer es realizar".
Claudio Savoia es autor de "Espiados", recientemente publicado por Editorial Planeta.
[Fuente: Por Claudio Savoia, Clarín, Bs As, 23ago15]
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