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01sep20
Los ex presidentes del Gobierno salen en defensa de Martín Villa en la querella Argentina
Los cuatro expresidentes del Gobierno de la democracia: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, ha escrito testimonios en defensa de la Transición y de la actuación en ella del exministro del Interior Rodolfo Martín Villa, acusado de genocidio en la llamada "querella argentina".
El exministro declarará el jueves por videoconferencia en el consulado argentino en Madrid, ante la juez Servini de Cubría que le acusa desde 2014 de ser el responsable de 12 muertes causadas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas en la Transición (1976-1978).
Además de los cuatro expresidentes,también han aportado escritos al juzgado argentino los ponentes vivos de la Constitución Miguel Herrero y Miquel Roca -los otros cinco han fallecido- así como cuatro exsecretarios generales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras desde 1976 a 2008 -Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez, Cándido Méndez y José María Fidalgo.
Desde que en octubre de 2014 se dictó orden de detención contra Martín Villa, revocada luego por la Cámara de Apelación argentina, el ex ministro, aseguran fuentes cercanas, ha solicitado reiteradamente comparecer ante la juez sin que hasta ahora se le haya tomado declaración.
El exministro del Interior de los Gobiernos de Adolfo Suárez ha presentado al Juzgado los testimonios de 19 personalidades políticas y sindicales que aseguran que siempre actuó con un total compromiso para defender el Estado de Derecho y reformar las Fuerzas de Seguridad del Estado, según fuentes de la defensa.
La "querella argentina", promovida por familiares y amigos de varias víctimas de actuaciones policiales en la Transición, atribuye al exministro haber participado en un "plan para aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes". En una carta dirigida a la juez el pasado 25 de agosto, Martín Villa expone que todos los que testimonian en su defensa son partidarios de la forma representativa de Gobierno y varios, además, son adversarios políticos, "cuya eliminación física yo pretendía según la querella. Ahora comparecen ante V.S".
Entre los testimonios se encuentran los de dos exgobernantes extranjeros con responsabilidades sobre cuerpos policiales en periodos de transición a la democracia, el primer ministro del Interior de Chile tras Pinochet, Enrique Krauss, y el primer ministro del Interior de Mario Soares en Portugal tras la revolución de los claveles, Jaime Gama.
También han testimoniado los exministros Eduardo Serra y Rafael-Arias Salgado, presidentes de la Fundación España Constitucional y de la Fundación Transición Española; Juan van Halen, exsenador y actual presidente de la Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales; Jaime Ignacio del Burgo, expresidente de la Diputación Foral de Navarra, y el catedrático Jesús Romero Trillo, responsable de "procesos de paz" de la Comunidad de Sant'Egidio, institución especializada en mediar para que organizaciones violentas dejen el terrorismo. Asimismo, han testimoniado los exministros de Asuntos Exteriores Josep Borrell y Marcelino Oreja, ambos con experiencia en responsabilidades de la Unión Europea.
La querella se refiere, entre otras actuaciones a los sucesos de Vitoria. Martín Villa sostiene que en ese desalojo tuvieron responsabilidades también Adolfo Suárez y Alfonso Osorio, ambos fallecidos. Martín Villa ha explicado al Juzgado argentino que la intervención de Suárez, Osorio y la suya comenzó después, no antes, de conocerse las muertes y consistió en tomar medidas urgentes para evitar más violencia en Vitoria.
La querella responsabiliza también al exministro del Interior por seis muertes causadas por disparos de policías, de guardias civiles y ultraderechistas entre julio de 1976 y mayo de 1977, varias de ellas en una Semana Proamnistía para pedir la excarcelación de miembros de ETA cuando ya habían salido de la cárcel todos los presos políticos y solo quedaban algunos terroristas con delitos de sangre, a los que luego se aplicó la Ley de Amnistía.
En 2019 la "querella argentina" por crímenes de lesa humanidad se amplió con una acusación por la muerte de una persona por disparos policiales en Pamplona en julio de 1978, cuando había transcurrido un año de las elecciones democráticas y estaba a punto de aprobarse la Constitución.
[Fuente: Por Carmen del Riego, La Vanguardia, Barcelona, 01sep20]
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