Comentarios y reflexiones sobre las consecuencias de
ejecuciones, muertes y desaparecimientos
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Comentarios y reflexiones sobre las consecuencias de ejecuciones, muertes y desaparecimientos |
Tal vez los contenidos de este capítulo no tienen aún término. Desde los momentos mismos que iniciamos este trabajo, hace ya más de un año y hasta el día de hoy, "las verdades", o tal vez "las mentiras" sobre los hechos que nos ocupan siguen produciéndose, algunas a medias, otras incompletas o trastocadas.
Una y otra vez hemos confrontado datos, comprobado antecedentes, buscado y analizado querellas, prensa, certificados de muerte, en los casos de asesinatos y revisado las confusas explicaciones que se han dado sobre los desaparecimientos.
Al terminar los tres capítulos anteriores, habíamos concluido que, de las personas que llegaron el día 11 de septiembre de 1973 a los alrededores de La Moneda; los que fueron trasladados a la Posta Central heridos y el grupo que fue conducido al Tacna luego de su detención, diecinueve fueron ejecutados y diecisiete permanecían hasta el 6 de enero del 2001 como desaparecidos.
Cuando esta investigación estaba por terminar fuimos, una vez más, brutalmente sorprendidos. El día 7 de enero del año 2001, en el Informe entregado por la Mesa de Diálogo al Presidente de la República, se afirma que las trece personas conducidas desde el Palacio Presidencial al Regimiento Tacna -y que hasta ahora se encontraban en la categoría de desaparecidos- fueron lanzadas al mar frente al puerto de San Antonio, a 40 millas de la costa, el día 13 de septiembre de 1973, es decir dos días después de su detención. Ellos son Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz; Enrique Huerta Corvalán; Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper y Arsenio Poupin Oissel, Oscar Reinaldo Lagos Ríos; Juan José Montiglio Jara; Julio Hernán Moreno Pulgar; Jorge Orrego González, Julio Tapia Martínez; Oscar Valladares Caroca y Juan Alejandro Vargas. Lo más increíble de esta revelación es que las Fuerzas Armadas entregan esta información, en la mayoría de los casos, en forma condicional, al decir, "posiblemente, probablemente lanzados al mar".
Este Informe agrega además los nombres de dos personas que al igual que los anteriores tenían un destino final desconocido, Domingo Blanco Tarros y Pedro Carees Portigliatti, que como se recordará habían sido detenidos en los alrededores de La Moneda. El Informe dice de ellos que el día 13 de septiembre, al igual que los anteriores, habrían sido lanzados al mar, frente a las costas de San Antonio. Es decir, existe una indiscutible contradicción entre lo informado por la Mesa de Diálogo y el Certificado que acredita que Blanco Tarrés estaba vivo, por lo menos hasta esa fecha. Su hija se pregunta, una y otra vez, ¿Cuál es el verdadero destino de mi padre? ¿Qué pasó con él?
De Osvaldo del Carmen Ramos Rivera quién fuera trasladado herido a la Posta Central desde el Palacio de La Moneda, se informa que su destino final fue el Servicio Médico Legal el día 28 de septiembre de 1973, es decir, el mismo día en que él fue raptado cuando era trasladado desde la Posta Central al Hospital de la Penitenciaría.
Por tanto, de las diecisiete personas detenidas y que estaban en la calidad de desaparecidas en los tres hechos represivos descritos anteriormente, (Posta Central, Regimiento Tacna e Intendencia) luego del Informe de las Fuerzas Armadas, sólo queda uno de ellos en calidad de desaparecido: se trata de Antonio Aguirre Vásquez. Tal vez él no está en ninguna lista, ni en ningún lugar, porque en la historia de su vida y desaparecimiento, como lo relatamos anteriormente, se develan las mentiras de un actual Senador de la República Sergio Diez, lo que explicaría que los que elaboraron las listas e Informes entregados por la Mesa de Diálogo no podían incluirlo entre los que fueron lanzados al mar.
¿ESTO ES ASI?
Hemos vuelto a reconstituir sus historias de vida, penetrar en la increíble realidad de no estar en ningún lugar, en ningún tiempo, en ningún relato, en ninguna historia, ni dicha, ni menos imaginable. Si los lanzaron al mar, esta acción sería difícil de comprender, pues significaría que sólo a dos días del golpe de Estado, los Fuerzas Armadas y Carabineros, ya contaban con helicópteros o barcos preparados para cumplir esta tarea y con numeroso personal adiestrado para cometer este crimen.
Nos corresponde, por tanto, al fin de estos tres capítulos y con estos nuevos antecedentes entregados por las propias Fuerzas Armadas, aportar al conocimiento público, el significado y especialmente, las consecuencias que estos crímenes tuvieron y siguen teniendo.
Consideramos que el crimen es históricamente todo acto humano no aceptado legal ni moralmente, prohibido, censurado, castigado. Su significado está en el imaginario social, en el subconsciente colectivo, en los patrones culturales de un pueblo. El crimen de lesa humanidad no es en modo alguno, un crimen cualquiera, del mismo modo que las amnistías de ellos no son equiparables a otra suerte de amnistías. Porque ese crimen se perpetra expresamente ideado y planificado por un sistema, por un poder, tiene sus códigos, sus técnicas, sus lugares, sus responsables, que usan la violencia transformada en agresión lúcida y consciente. Utiliza la razón para destruir. Se trata de una violencia máxima, ejecutada en forma brutal para que ella se difunda desde el cuerpo individual al cuerpo social. Se trata de paralizar, de someter mediante el terror.
En estos crímenes se concretó un vínculo humano destructor, una bipolaridad entre víctima y victimario. En estas acciones se produjo una conjunción humana perversa, indisoluble, que persistió en el tiempo. Las personas que lo sufrieron y sobrevivieron y que fueron testigos de lo que sucedía en el Regimiento Tacna, nos relataron que ellos estaban absolutamente inermes, indefensos, impotentes frente al militar que tenía todo el poder y la fuerza para avasallarlos y destruirlos en su naturaleza única e indivisible que los constituye como persona. De ahí su nombre, crimen contra la humanidad, porque es la esencia de la persona misma la que se destruye o de lesa humanidad en lengua castellana, es decir, los seres humanos agraviados, lastimados, ofendidos.
Para aclarar estos conceptos, es necesario retroceder en el tiempo. Recordemos que a pesar que la violencia, los crímenes, la agresión intra especifica en los seres humanos se registran desde los inicios de la historia de la humanidad, fue sólo después del genocidio de la Segunda Guerra Mundial --en el Siglo XX -- que se inicia la elaboración de los conceptos contemporáneos de los Derechos Humanos. El primer instrumento que se elaboró con tal fin fue la Carta de las Naciones Unidas. En ella se establece la creación de la Comisión de Derechos Humanos. Previamente, el Tribunal Militar internacional, establecido en la ciudad de Nuremberg, definió por primera vez en la historia, tres categorías de crímenes que debían ser juzgados, por el Derecho Internacional: crímenes contraía Paz; crímenes de Guerra; y crímenes contra la Humanidad.
En Chile no hubo guerra; no fue ni siquiera una situación bélica. Pues en las guerras, los enemigos son beligerantes, es decir, guerreros y tienen igual derecho de recurrir a la fuerza. En el asalto a La Moneda no sólo no hubo combate, sino que se produjo una desigualdad humana en la que la violencia y la muerte venía de uno sólo de los dos bandos en pugna, una guerra unidireccional, es decir, era el poder militar el que la definía.
Y luego de conocer y analizar los antecedentes sobre la gestación y realización del golpe de Estado, nos preguntamos ¿No se cometió, aquí en Chile, además, un crimen contra la paz?, pues de acuerdo a su definición "Ellos se realizan cuando en tiempo de Paz existe premeditación, preparación, iniciativa y ejecución de guerras de agresión y de agresión interna que representan una violación de los tratados internacionales". Pudiera ser, pero los que sin apelación se instalaron en Chile desde el 11 de septiembre de 1973 fueron los así llamados crímenes de lesa humanidad.
Treinta y seis chilenos todos hombres, el mayor de 48 años y el menor de apenas 19 años cumplidos, fueron torturados, ejecutados o hecho desaparecer luego de su detención.
No incluiremos en este desgarrador universo de personas al Presidente Salvador Allende ni al periodista Augusto Olivares quienes, voluntariamente, en plena conciencia de sus decisiones y como último gesto de libertad sobre la elección de su destino- eligieron su muerte, en este caso, el suicidio, frente a la "masacre" humana que se avecinaba y que se expresaba en el primer hecho de "Terrorismo de Estado": el bombardeo de La Moneda.
El Terrorismo de Estado definido como "aquel que dispone del monopolio de la violencia, que sustituye el orden, la regla, la historia institucional a su arbitrio desembarazándose de cualquier limitación legal para aplicar la violencia en forma planificada y eficaz, como arma de opresión". Eso es lo que se vivió: desde la intimidación hasta la guerra psicológica, desde la persecución hasta la muerte y desaparecimiento, desde la detención, prisión y tortura hasta la desintegración y demolición de la persona; desde la persecución hasta el exilio masivo; desde las dudas sobre la verdad de lo ocurrido hasta una impunidad absoluta (1).
Mientras estos treinta y seis compatriotas enfrentaban su destino, una muerte inexorable, una catástrofe humana, en el sentido fuerte del término, una catástrofe íntima y singular con la presencia inminente de la tortura y la inevitable demolición o destrucción de su existencia, en el resto del país se instalaba junto al terror en toda la población, una situación que, tiempo después, describimos como amedrentamiento colectivo, diferenciándolo de otras sinonimias, miedo generalizado, angustia colectiva, usados por otros autores; porque en la palabra amedrentamiento se sintetiza un doble significado. Por un lado, las acciones de violencia y, por otro, el resultado de un proceso intencional dirigido a provocar un estado de ánimo, en este caso, colectivo, de miedo, con el objeto de inmovilizar, silenciar, someter, para transformar finalmente a las personas en alguien que medra, que pide, que implora, que ruega al poder alguna forma de protección (2).
DE AHÍ TAL VEZ EL SILENCIO
Vale la pena recordar, además, que el 12 de Septiembre, a horas del bombardeo, la Junta que asumió el poder luego de la demolición de la Moneda y de la institucionalidad del país, dictó el decreto de Ley Nº 5 que determinó la existencia de un estado de guerra, sin advertir que, al dictar este decreto, -por lo demás mentiroso- estaban obligados a respetar los Convenios de Ginebra, ratificados por Chile en 1951, los cuales prohíben la tortura a los prisioneros de guerra y, además, califican estos delitos como inamnistiables e imprescriptibles.
Circunscritos los actos cometidos y las situaciones vividas desde antes, durante y después del bombardeo de la Moneda, volvamos a la historia íntima y final de estas treinta y seis compatriotas.
Recordemos que el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación había clasificado a todos los trasladados al Regimiento Tacna como detenidos desaparecidos.
Esa verdad, ese dato, esa dramática realidad no fue así y, sin embargo, para los familiares de las víctimas durante más de veinte años, fueron padres, esposas, hijos de uno más de los miles de detenidos desaparecidos de este país.
Retrocedamos en el tiempo y en las historias de estos diecinueve ejecutados. Sólo dos familias; se enteraron por informaciones de personas y voces anónimas que los cuerpos sin vida de sus hijos se encontraban, a menos de una semana de su secuestro, en el Instituto Médico Legal. Se trata de Enrique Ropert Contreras y Mario Jorquera Leyton. Los buscaron, como relatamos, entre cientos de cadáveres tirados en los suelos de la morgue. Finalmente los encontraron desnudos con sus cuerpos destrozados por las balas.
Sólo esas dos familias, de los diecinueve ejecutados, pudieron enterrar a su ser querido cumpliendo con esa ceremonia funeraria, práctica realizada por todos los pueblos en todas las épocas, desde las más ancestrales, para conjurar el sufrimiento y lo desconocido: la muerte, sin embargo ¿podrían haber iniciado esas dos familias un proceso de duelo o trabajo de duelo, como lo denominó Sigmund Freud hace más de un siglo? Sin lugar a dudas, no. Más aún, cuando una madre, no supo ni de la muerte de su hijo, ni de su entierro, cuando ella misma debió ocultarse por meses para sobrevivir. Nos referimos a Miria Contreras Bell, madre de Enrique Ropert Contreras.
Si la muerte es de por sí inimaginable e irrepresentable, la muerte de esos dos muchachos, no fue ni será nunca, aceptable ni menos concebible. A sus familiares les ha sido difícil realizar el tránsito desde ese cuerpo agredido y destrozado por las balas, al recuerdo, a la reminiscencia de lo que eran en vida. No han podido incorporar esa realidad exterior siniestra al interior de sus vidas.
De modo que ese proceso de duelo, que consiste en retirar el amor, la libido del ser perdido y re-instarlo vivo, presente, en un nuevo contexto imaginario, está suspendido en el tiempo y tal vez sólo pueda esbozarse al saber quién dio la orden de matar, quién la ejecutó y por qué, sin explicación ni motivo alguno, destrozaron sus vidas. Mientras tanto, el duelo que debe cumplir una misión psíquica, profunda, -consistente en establecer una separación entre los muertos, por un lado, y los recuerdos y las esperanzas de los sobrevivientes, por otro- está detenido, no ha podido realizarse por la magnitud del crimen cometido, ni siquiera ha aliviado el dolor que persiste como en una herida psíquica por siempre abierta.
Hablamos y escribimos desde las profundidades del trauma vivido, y, por lo mismo, estamos obligados a decir y volver a decir las cosas, a relatar vidas, a penetrar en lo hasta ahora insondable del destino: la muerte, la tortura, el desaparecimiento, aunque al lector ello le parezca reiterativo.
Aberrante es la historia de un tercer caso de este grupo de ejecutados. Nos referimos a José Belisario Carreño Calderón, relatado en el capítulo "Intendencia". Había desaparecido, no estaban en ningún lugar. Por un simple pero, sin duda, brutal trámite su cuerpo había sido enterrado, ¿dónde? La familia tampoco lo supo. No la informaron. De modo que las preguntas reiterativas de si, en verdad, había sido asesinado o estaba aún con vida, las acosarían por más de veinte años.
Con estos casos se inicia lo que el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación relató sobre las miles de ejecuciones practicadas tras el golpe de Estado. Recordemos sus palabras. "Esta Comisión conoció de casos de ejecuciones practicadas en cumplimiento de una sentencia de muerte dictada previamente o que se dijo se había dictado previamente por un Consejo de Guerra. La Comisión considera estas ejecuciones violaciones de derechos humanos, sin entrar a pronunciarse sobre el problema más general de la legitimidad de la pena de muerte, por cuanto faltaron en estos procesos, cuando efectivamente los hubo, las garantías mínimas de un juicio justo.
También examinó esta Comisión diversas modalidades de ejecuciones al margen de todo proceso. Estas se conocen técnicamente en el lenguaje de las organizaciones internacionales, como ejecuciones extrajudiciales o extralegales.
Entre este tipo de ejecuciones, fue frecuente, durante los meses posteriores, al 11 de septiembre de 1973, el empleo de la llamada "ley de fuga". Las explicaciones oficiales más socorridas entregadas en estos casos, sostenían que los uniformados dispararon contra prisioneros que intentaban fugarse y que no acataron la intimidación del Alto, resultado de lo cual fueron muertos.
Aunque estas explicaciones hubieran sido verosímiles, no se habría justificado que se disparara a matar a quienes se habría podido someter de otro modo. Sin embargo, la Comisión encontró que estas explicaciones eran inverosímiles, en todos los casos de la llamada "ley de fuga", que examinó y lo estimó por lo tanto, como ejecuciones al margen de todo proceso que se pretendiera justificar con una falsa justificación de fuga. En algunos casos aislados, que se narran más adelante, las circunstancias son parcialmente diferentes, pero sin alterar el carácter ilícito de la muerte inferida por la autoridad.
La Comisión también conoció numerosos casos de ejecuciones que no se pretendieron justificar mediante ninguna explicación. Algunas de estas se practicaron en contra de víctimas que estaban físicamente en poder de sus captores." (3)
Sin duda algunos civiles y algunos militares tejieron la trama del poder que habían logrado tras un acto de destrucción, pues lo que sucedió desde ese día en adelante no fueron de ninguna manera actos sin control, sin orden y como eufemísticamente y perseverantemente se han definido como "excesos". Todo tuvo una lógica, todo fue pensado, ordenado y ejecutado. Pues en estas acciones, no sólo actuó personal de las fuerzas armadas sino civiles e instituciones del Estado.
Continuemos con el análisis de lo que sucedió con las demás personas que a través del tiempo y de los años fueron adquiriendo la categoría de ejecutados políticos y no de desaparecidos. ¿Qué pasó con los otros cinco jóvenes detenidos en los alrededores de La Moneda y que fueron conducidos a la Intendencia y luego a la Sexta Comisaría? Todos fueron reconocidos por sus huellas digitales por el Servicio de Identificación del Registro Civil.
Sin embargo, permanecieron como detenidos desaparecidos por más de veinte años.
¿Se montó de este modo en Chile, a horas del golpe de Estado, una maquinaria para matar y hacer desaparecer cuerpos? ¿Se creó una complicidad entre fuerzas armadas, civiles e instituciones del Estado para que en este engranaje nadie se sintiera verdaderamente responsable? Existió, sin duda, desde los primeros momentos, una estructura con una jerarquía, pero para quienes actuaban esa superioridad era muy vaga, sin nombre ni apellido, y hasta el día de hoy no conocemos en detalle su organización, es decir, ¿quién ordenó, quién ejecutó, quién ocultó?
Muchos chilenos, durante todos estos años, una y otra vez, hemos pensado y nos hemos preguntado, ¿qué sucedió?, ¿qué pasó al interior de ellos?, ¿por qué y cómo aviadores, soldados, marinos preparados para defender el honor del país, se transformaron de un día para otro en asesinos, ocultadores de cuerpos, engañadores, mentirosos, ejecutores, cavadores de fosas o expertos en el método de lanzar cuerpos al mar?
En la parte segunda de este libro, donde se entregan los nombres de los que actuaron ese día, el lector podrá unir los antecedentes correspondientes y al reflexionar sobre ello, si lo hace, pueda ser que encuentre alguna respuesta. Acaso los juristas, a través de los años, encontrarán la verdad y harán Justicia. Así esperamos.
Analizando los antecedentes obtenidos en esta investigación sobre las once personas que fueron declaradas como desaparecidas desde el Regimiento Tacna, a los pocos días de haber sido detenidos en La Moneda y que, con el correr de los años, fueron identificadas, después de que sus cadáveres fueron recuperados desde el Patio Nº 29.
El asombro o, mejor dicho, el estupor, es mayor al revisar sus antecedentes en el Instituto Médico Legal. En los casos de Daniel Urrutia Molina y Sergio Contreras Contreras. El Protocolo de Autopsia de 1973 no fue hallado. De modo, que no se sabe ni dónde, ni cuándo encontraron sus cuerpos ni tampoco se sabe el cómo y cuándo fueron sepultados en el Patio Nº 29. Sólo sabemos, ahora, que sus restos surgieron de la tierra en el Patio Nº 29, el año 2000, y que fueron identificados por los médicos forenses del Instituto Médico Legal.
Los nueve restantes, como lo describimos en el capítulo correspondiente, fueron encontrados entre el 18 de septiembre y los primeros días de octubre, muertos, acribillados a balazos en diversos lugares de la ciudad de Santiago.
Los cuerpos de todos ellos fueron llevados al Instituto Médico Legal, en donde se les practicó la autopsia correspondiente. Se les tomaron las huellas digitales. Sin embargo, el Gabinete de Identificación no los reconoció y respondió "Ficha en blanco" o "No se identifica".
¿Quién de este aparato de ejecución y desaparecimiento, dio la orden de no reconocer? ¿Qué médico legista fue capaz de ignorar el cuerpo, la cara, los rasgos de sus colegas, Enrique París Roa y Eduardo Paredes Barrientos, cuyos rostros eran conocidos por todo el país? Ellos eran personas públicas y numerosas veces fueron entrevistados en la televisión y sus fotos reproducidas en los diarios.
¿Y cómo sigue esta historia descrita de muertes, de desaparecimientos entremezclados con los sentimientos y comportamientos más oscuros y perversos que han provocado heridas psíquicas profundas?
Estamos hablando de crímenes y aunque "la cicatriz sea de buena textura" ella permanece indeleble en las personas y en la sociedad por años.
Como ya dijimos al iniciar este capítulo en el Informe entregado por el presidente Ricardo Lagos, las personas que permanecieron en la categoría de detenidos desaparecidos que hemos nombrados, luego de ser trasladas al Regimiento Tacna fueron o habrían sido lanzadas al mar.
No obstante todas las falencias que, sin duda, contiene este Informe, tiene un mérito: desde el día 11 de septiembre de 1973, por primera vez en la historia de Chile, las Fuerzas Armadas se reconocen como responsables de crímenes. Reconocimiento que significa la violación del honor militar, de las leyes de la guerra y de las Convenciones Internacionales que rigen los crímenes contra la humanidad.
Pero la reconstrucción de una verdad integral es difícil y a veces tortuosa. Así el día 12 de marzo de 2001, el Obispo de Talca Monseñor Carlos González entregó al Ministro del Interior, señor José Miguel Insulza, nuevos antecedentes sobre las personas detenidas desaparecidas en el Regimiento Tacna: "fueron fusiladas el 13 de septiembre de 1973 por soldados del regimiento Tacna y después de tres años, sus cadáveres fueron retirados desde una noria, en la que fueron enterrados, para ser lanzados al mar en 1976". Nuevas contradicciones, confusiones o mentiras, pues en el Informe de la Mesa de Diálogo se afirma que la fecha del lanzamiento al mar fue el día 13 de septiembre. ¿Qué ha pasado con los familiares a quiénes el gobierno de Chile les informó que sus hijos-padres o esposos habrían sido lanzados al mar? Sin duda, este es un nuevo desaparecimiento. Ahora definitivo. La muerte es imposible de comprobar. La duda, el desconcierto, la incredulidad y el dolor persistirán para siempre.
¿Por qué apareció en Chile, en pleno mes de Septiembre, de alegría, lo contrario, lo inverso, lo perverso? "La desaparición "una alusión literal", una persona que súbitamente desaparece, se esfuma y aunque puede existir constancia de que fue detenido, no se puede dejar constancia de su destino ulterior. No se dejan señas de su vida, tampoco de su muerte, ni menos de su entierro. "No hay cuerpo de las víctimas", como tampoco hay del delito. No hay cuerpo que testimonie de algún hecho, no hay lugar ni tiempo que contenga la vida. El está oculto y negado" (4).
Pero si no hay una historia más difícil de reconstruir y de contar que esta de los crímenes contra la humanidad, hablar sobre las consecuencias de ellos es un tema aún más complejo y profundo, ya que la violación de los derechos humanos compromete no sólo la trama existencial de un individuo, de una familia, sino también la vida y la historia de una sociedad, de un país, porque el estudio y el análisis de las consecuencias de estos actos, si bien nos han mostrado una clínica de la subjetividad destrozada, -que ha comprometido en lo individual, el sistema biopsicosocial de una persona- es también un trastorno de la interacción de la intersubjetividad, donde es necesario incluir desde un inicio "al otro", en este caso al represor y su sistema. Pero indudablemente es, también, una clínica de la transubjetividad, ya que los crímenes con el tiempo, como lo vemos hoy día, casi treinta años después de acontecidos, abandonaron sus espacios ocultos, sus tiempos detenidos y transcurrirán en todas la dimensiones del ser humano, del país y sus habitantes, permaneciendo para siempre como una lacra en el imaginario colectivo de Chile, país que los vivió y que, de algún modo, aunque intentó olvidar, reiteradamente aparecen en los recuerdos, en la historia sumergida, en la memoria.
Como hemos dicho, "los historiadores, los políticos, los periodistas, escribirán e interpretarán lo sucedido en Chile desde el 11 de septiembre de 1973; nosotros lo hacemos desde la realidad de lo sucedido, relatado y vivenciado por las personas mismas que han vivido este trauma humano y/o por los grupos de trabajo que han tratado de intervenir en estos hechos, con el objeto de superarlos a través del establecimiento de la verdad y la justicia" (5).
Esta investigación pretende ser un aporte desde la historiografía humana del trauma a la construcción de una memoria colectiva común, basada en la verdad de lo acontecido, que es lo único que permitirá reconstruir un proceso de identificación individual y social con el país, con las personas, con la sociedad.
Se nos ha hecho evidente, en el curso de esta investigación, que para alcanzar una memoria colectiva existen un sinnúmero de impedimentos: desde las personas mismas, desde la sociedad, y sobre todo desde el poder, tanto en épocas dictatoriales como en período de transición a la democracia, donde reina la impunidad, el olvido, enemigo irrenunciable de la memoria.
La memoria basada en la realidad, en una verdad integral, certera y objetiva es la que estamos tratando de construir y reconstruir permanentemente para enriquecer la capacidad predictiva, es decir, deducir lo que puede pasar, analizar lo que se observa, decir o prevenir los hechos, o al menos sacar conclusiones que ayuden a construir un futuro. La función predictiva es por tanto, de vital importancia para todo ser humano, pues sólo teniendo la información, el recuerdo, el registro y codificación de los hechos se puede pensar y construir el futuro, y, así, lograr un nunca más.
La memoria forma parte fundamental de la vida psíquica. Ella se constituye como un todo, en base a las demás funciones mentales pero, a su vez, la inteligencia, el pensamiento, la cons-ciencia, la afectividad son interdependientes, y, cada una, con el soporte de la memoria y el lenguaje, supone y comportan a las demás. Todas ellas se forman y se intercambian en el proceso del saber y del conocer, pues el cerebro no es solamente parte de una estructura biológica, sino también parte de una estructura social.
"Sabiendo que toda la información está en las personas, en lo que ellas han vivido y que todas las verdades; la verdad histórica, social y jurídica, tienen como base a la persona protagonista de los hechos y a los testigos, existen sólo dos alternativas: hablar o callar, o silenciar" (6). Al trabajar con las consecuencias de estos crímenes nosotros hemos decidido hablar.
Debemos profundizar en lo sucedido y relatado una y otra vez, y, con el recuerdo y las ideas, construir el pensamiento. El nace de los sucesos, en este caso de la experiencia vivida, que debe quedar ligado a él, como única forma para orientarnos en el futuro y saber verdaderamente prevenirlo.
¿Qué significa en términos médicos trauma? ¿Qué significan los traumas producidos por el hombre, a través de la violencia humana? "La palabra trauma, proviene del griego y significa herida, ruptura". Ella fue tomada por la medicina de la cirugía, de la patología quirúrgica. Nosotros la utilizamos para circunscribir las consecuencias de estos crímenes por la herida psíquica o mental que ellos han provocado. ¿Qué significa en la historia interna y social vivir crímenes contra la humanidad? Indudablemente, las respuestas a estas preguntas apela a todas las ciencias, especialmente las humanas. Nosotros esbozaremos las respuestas desde nuestro ámbito: trabajadores e investigadores en el campo de los derechos humanos y sus violaciones y como profesionales que intentan tratar las consecuencias de los crímenes.
Sin lugar a dudas, lo que vivió todo Chile y, más específicamente, los partidarios del Gobierno de Salvador Allende, las personas que vivieron el bombardeo y el asalto a La Moneda, sus familias y amigos más cercanos, fue una situación límite o extrema, descrita en 1913 por el psicopatólogo y filósofo alemán Kari Jaspers., "como una situación que tiene un carácter inevitable e incomprensible, una duración incierta, un peligro permanente y que provoca una sensación de impotencia total de la persona frente a ella". Esta situación provocó un traumatismo psíquico, es decir, el encuentro brutal entre una situación exterior de peligro extremo -- como la descrita en capítulos anteriores -- y la interioridad de una persona.
El trauma fue provocado por la violencia humana, conscientemente planificada, de modo que la significación más profunda y particular nace de los innumerables mecanismos psicopatológicos que se desencadenaron a través de las múltiples y dolorosas vivencias de miedo, de muerte que se movilizaron frente a una realidad ineludible, en que el principio de la realidad estaba distorsionado, amenazante y era irrepresentable. No existía experiencia previa para enfrentar esta agresión, esta destrucción. Las personas y la sociedad toda fueron conducidas a lo inimaginable, a la confusión, a la ambivalencia, a la incredulidad y a veces al delirio.
Para el estudio de las consecuencias hemos usado un modelo que denominamos de "Salud Mental y de Derechos Humanos". Las tesis se apoyan, por tanto, en las respectivas Convenciones y Declaraciones sobre ejecuciones sumarias, tortura, desaparición forzada de personas, así como también, en los Informes de los Relatores Especiales sobre Impunidad y Reparación.
Desgraciadamente, estos Principios, Declaraciones o Convenciones fueron proclamadas años después que los crímenes habían sido cometidos en Chile. Pero, sin duda, fue lo vivido no sólo en Chile sino en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo, haciendo del Siglo XX el más dramático en cuanto a la agresión humana, lo que llevó a elaborar estos instrumentos de derecho internacional. Al leer sus contenidos se hace evidente en qué forma y de qué manera estos principios no fueron respetados y ni siquiera han sido aceptados hasta el día de hoy, al menos para pedir perdón.
Nos parece importante darlos a conocer para asumirlos e internalizarlos. Mencionaremos primero los relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, recomendadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en su resolución de 1985/65 del 24 de mayo de 1989, en él se señala: "los gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velarán porque todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos. No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones, circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, abusos o uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario público o de otra persona que actúa con carácter oficial o de una o de una persona que obre a instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de aquella, ni tampoco en situaciones en las que la muerte se produzca en prisión. Esta prohibición prevalecerá sobre los decretos promulgados por la autoridad ejecutiva.
Con el fin de evitar las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, los gobiernos garantizarán un control estricto, con una jerarquía de mando claramente determinada, de todos los funcionarios responsables de la captura, detención, arresto, custodia y encarcelamiento, así como de todos los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego.
Los gobiernos prohibirán a los funcionarios superiores o autoridades públicas que den órdenes en que se autoricen o inciten a otras personas a llevar a cabo cualquier ejecución extralegal, arbitraria o sumaria. Toda persona tendrá el derecho y el deber de negarse a cumplir esas órdenes. En la formación de esos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberá hacerse hincapié en las disposiciones expuestas.
Se garantizará una protección eficaz, judicial o de otro tipo a los particulares y grupos que estén en peligro de ejecución extralegal, arbitraria o sumaria, en particular a aquellos que reciban amenaza de muerte".
Ninguno de estos principios universales se respetaron.
Recordemos además algunas aseveraciones dadas en las Declaraciones y en el anteproyecto de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada. En el artículo 2, el cual transcribimos íntegramente, se entrega el concepto de Desaparición Forzada de Personas: "Se considera D. E P. la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes". Y en el Artículo 4, se señala "Los Estados partes se comprometen a: No practicar o tolerar la Desaparición Forzada. Investigar inmediata y rápidamente, toda denuncia de Desaparición Forzada e informar a la familia de las personas desaparecidas sobre el destino y el paradero de ésta y reparar pronta y adecuadamente los daños causados a las víctimas de un Detenido Desaparecido, descritos en el artículo 24 de esta Convención", el cual dice textualmente "A los efectos de la presente Convención se entenderá por víctima del delito de Desaparición Forzada a la persona desaparecida, sus parientes próximos y toda persona a cargo de la persona desaparecida y que tenga relación inmediata con ella, así como cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición forzada o para elucidar su destino o paradero".
De modo que esta violación de derechos humanos, además de ser un crimen en sí mismo, constituye un doble mecanismo de tortura: tortura física y mental para el que fue detenido ese 11 de septiembre de 1973, luego ejecutado o hecho desaparecer y tortura psicológica para su familia nuclear y extensa, su grupo o etnia de pertenencia y, con el tiempo, un trauma para todo el país.
Si el gobierno de Chile asumiera lo que se lee en el preámbulo de la Declaración Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, a saber "Que la desaparición Forzada de Personas, constituye una afrenta a la conciencia del hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Organización de Estados Americanos". No dejaría de exigir toda la verdad y la máxima justicia.
Recordemos que al encontrar los restos de personas que estuvieron por años desaparecidos, se han evidenciado en ellos innumerables lesiones que demuestran las increíbles torturas físicas a que fueron sometidos antes de su muerte y luego del ocultamiento para siempre de su cuerpo.
En el informe de la autopsia, practicada en el Instituto Médico Legal, del cadáver del doctor Enrique París , desaparecido desde que fue detenido en la Moneda por más de veinte años, se expresa: "La causa de muerte fue heridas múltiples de bala, presentando el cuerpo además zonas semi carbonizadas en la cara, región lumbar, manos y piernas" consignándose, además, que dichas quemaduras "pueden haber sido causadas por un soplete".
Igualmente el informe de la autopsia practicada el 18 de julio de 1995 al cadáver del doctor Eduardo Paredes, informa que "la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo, tórax y pelvis por balas. Traumatismo Torácico y de extremidades superiores e inferiores por golpes. Traumatismo generalizado por acción del fuego. Lesiones de tipo homicida" .
Iguales o parecidos antecedentes se encuentran en los Protocolos de Autopsia de todos los demás: los torturaron antes de matarlos. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Qué desmesura humana permitió tales brutales e indignos comportamientos?
Los familiares de estos detenidos desaparecidos así como los de los cientos de desaparecidos que existen en Chile, sufren hasta el presente por ser "la desaparición un crimen de delito continuado, que sólo puede resolverse cuando se esclarece la suerte que han corrido las víctimas" una tortura psicológica permanente. Ahora, según dicen fueron fusilados, ocultados en una noria y luego lanzados al mar. ¿Cuándo en verdad? ¿El año 1973, como se informa en la Mesa de Diálogo, o en 1976 como hace saber un Obispo?
Ellos, los responsables, siguen ausentes y por esto mismo la herida, se instala en todas las funciones mentales y, muy especialmente en la representación o imagen mental, así como en el tiempo psíquico, alterando la existencia, las experiencias y los comportamientos de los familiares, de la sociedad.
Para algunas familias el responsable de crimen ausente puede ser simbolizado en una sola persona, pero resulta que, al haber sido la desaparición forzada una política institucional, este personaje tiene múltiples representaciones mentales, de acuerdo a la realidad o a la fantasía del familiar:
Los que dieron las órdenes.
Los que los detuvieron, raptaron o secuestraron.
Los que los mantuvieron detenidos.
Los que los torturaron en esos recintos militares.
Los que determinaron su muerte y ulterior desaparición.
Los que lo trasladaron al lugar donde escondieron sus cuerpos.
Los que ejecutaron las maniobras para hacerlos desaparecer.
Los que negaron, niegan, ocultan, mienten, tergiversan la verdad.
Los que defienden la impunidad de estos crímenes. (7)De todos ellos, sólo estas dos últimas categorías tienen rostro, lenguaje y comportamiento visible.
Esos múltiples personajes están ausentes de la realidad, del conocimiento objetivo. No tienen figura ni rostro, sin embargo en el mundo de los familiares, hijos, padres, hermanos, siguen adquiriendo en la fantasía o en el sueño distintos rostros o comportamientos, la mayor parte de las veces, siniestro. Todo ello ha producido y sigue produciendo hasta la actualidad, dolores y sufrimientos mentales permanentes.
Porque el trauma y los sufrimientos de los familiares de ejecutados cuyo cuerpo no fue entregado o de los desaparecidos, tiene indudablemente, una gravedad difícil de conmensurar. Al no conocer el familiar la verdad de lo ocurrido, verdad que no es solamente la del reconocimiento por parte del Estado de la categoría de ejecutado o detenido desaparecido de su familiar sino, la verdad que se refiere al "derecho a saber" (8), lo que sucedió con él en sus más mínimos detalles, surgen las preguntas perseverantes de ¿qué pasó con él?, ¿cuáles fueron sus últimos momentos, sus últimos pensamientos?, ¿qué le dijeron, qué respondió?, ¿por qué lo mataron?, ¿dónde está? Se repiten una y otra vez, construyéndose en los pensamientos y en la imaginación escenas a menudo macabras, que no tienen respuesta.
Con el ocultamiento, la falta de información, o la negativa a reconocer la privación de libertades, en suma con la impunidad: "el material que el conocimiento incorpora, analiza y sintetiza es erróneo, y por lo tanto, incierto. La verdad no existe y sin ella, no es posible construir un mundo interior estable. La duda, la desconfianza, la incertidumbre llegan a constituir el todo de la vida. El universo de la subjetividad se desestructura y las relaciones humanas se pervierten y se impregnan de temor... Con el desconocimiento y la creación de fantasías siniestras en el proceso del conocimiento predomina la confusión, la historia sumergida, lo oculto, lo incierto. Atentados contra la vida quedan para siempre en el misterio y son siempre indescifrables. Los análisis de la realidad no pueden tener índices claros y objetivos. Los pensamientos, los recuerdos no pueden tener un curso normal sin la verdad y predomina la ambivalencia en los razonamientos".
"Más grave es aún esta inestabilidad y ambivalencia cuando lo desconocido y no resuelto está ligado al problema de la vida y la muerte, a las circunstancias de la muerte, o , lo que es peor a no saber más de la vida, de lo que pudiera haber pasado, como sucede en los pensamientos de los familiares de los desaparecidos. Ellos están cargados de extrañeza, de horror, de fantasías y recuerdos perversos. Cuando los familiares ignoran o dudan lo que aconteció, y sigue pasando, cuando se desconocen los hechos, la situación se vuelve extrema límite. Más peligrosa es esta situación cuando se sabe que otros sí conocen la verdad, pero la niegan, y la ocultan" (9).
Los psicodinamismos alterados se entrelazan con el concepto fundamental de los derechos humanos, cual es el respeto de la dignidad humana. Si bien el concepto de dignidad humana tiene varias lecturas, nosotros, como médicos, la analizamos desde nuestra perspectiva: el estudio del hombre en su totalidad y existencialidad. Ella fundamenta la esencia, lo único, el más de cada uno, en el desarrollo y expresión de las funciones mentales que le dan su propia individualidad.
La tortura psíquica ha representado la extrema crueldad que sobre la víctima, su familia, ha ejercido el Estado, responsable de la desaparición de personas. Esta experiencia deja sin palabras a los familiares para comunicar lo vivido. No existe lenguaje, lo que predomina es el estupor o el silencio.
Aquí el lenguaje tiene una múltiple dificultad: en la comprensión por la persona afectada de lo incomprensible, en la explicación de lo sucedido, en la dificultad de comunicar algo que no se logra verbalizar, que no se puede expresar, ni mucho menos elaborar en términos psicopatológicos. Como lo inconcebible es indescriptible, cuando está ligado al horror, el lenguaje resulta débil, insuficiente, no existen palabras para expresar lo vivido, para nombrar el dolor, los sufrimientos, las penas, las rabias, la impotencia, las culpas. Así lo hemos comprobado en la mayoría de los familiares.
Con el secuestro, la desaparición y la permanente impunidad, el afuera permanece profundamente alterado, la prueba de la realidad no existe en el sistema del conocimiento. De este modo, el campo de la percepción está cargado de agresión y de terror. La muerte es una realidad cierta, todos los estímulos tienen una connotación destructiva.
La psicopatología clásica ha descrito los trastornos de la percepción: ilusiones, alucinaciones, alucinosis, como trastornos provocados en el funcionamiento mismo del cerebro. En las personas que han vivido la violencia-agresión de la detención, tortura, muerte o desaparecimiento de un familiar, los comportamiento de los responsables: de negación, ocultamiento, desprecio, burlas -recuérdese los dichos de Pinochet- han sido descritos como "irreales", "alucinantes", "como vivir un delirio". En estos casos es en el afuera donde se produce el caos brutal, la desestructuración, la anormalidad de la percepción.
De este modo, la percepción y el registro de lo que acontece en el "exterior" están disociadas y son incomprensibles, desde el inicio y en todo el proceso del trauma, transformado en continuo a causa de la impunidad. Toda la información que viene del exterior es tan pronto verídica, pero incomprensible, o comprensible pero irreal. No hay registros cognitivos previos. En la mayoría de las personas que hemos atendido, la representación psíquica de lo experimentado está pervertida, fragmentada, a menudo irreal. La hermana del doctor Eduardo Paredes describe así su sufrimiento:
"Uno despierta cada mañana con la sensación de que había tenido una horrible pesadilla, luego venía el tremendo despertar y ver que esa pesadilla era una horrible realidad" (10).
Por su parte, la memoria presenta trastornos muy particulares. En la mayoría de las personas hemos comprobado que los mecanismos de retención de la memoria parecen haber predominado sobre el olvido, posiblemente por la enorme carga afectiva con que se vivió la muerte o el desaparecimiento.
El desvanecimiento de la huella, de los dolores y sufrimientos vividos, con el paso del tiempo tampoco se produce, ya que aquí el trauma esta ligado al problema, como dijimos, de la vida y la muerte, a la incertidumbre frente al problema esencial de la vida: ante la posibilidad de la muerte, uno de los sufrimientos mas dramáticos de estos familiares, como ya lo dijimos, es el no poder realizar un proceso de duelo normal, viviéndose en estos casos un "duelo suspendido o congelado en el tiempo".
Uno de los hijos del doctor Enrique París, relata: "Días después, cuando nos llamaron para decirnos que desde el punto de vista de ellos la identificación estaba confirmada, sentí que me desgarraba. Era revivir los recuerdos que tenía hasta el año 1973 y constatar, por otro lado, que en ese momento estaba finalizando el duelo. Ahí tomé conciencia que mi duelo había durado veintiún años.
Estos trastornos de la memoria, este recuerdo grabado al infinito es una de las causas de la pérdida del vínculo humano que pervierte el valor primordial de la confianza en el otro.
Por otra parte, el tiempo psíquico no tiene medida; tal vez es lo único que no tiene calendarios, ni horarios, ni años ancestrales. La vivencia del trauma está ahí, nítida, grabada, actual, presente, intocada, con su enorme carga afectiva. El asesinato o el desaparecimiento no tiene tiempo, no tiene antes ni ahora y con la impunidad no tiene tampoco futuro. El registro mnésico, atemporal, unido a la imaginación y al pensamiento, tan pronto recuerda como crea fantasías o fantasmas. La hija del doctor Jorge Klein, escribió en 1998 una carta "Carta a mi padre desaparecido": "Te escribo ahora una carta imposible. Imposible por el simple e inevitable hecho de que estás muerto. No es reciente este hecho, pero sólo en 1994 ha sido dicho por la Ley. Mientras tanto han pasado cosas absurdas, no teníamos nada que certificara tu muerte, ¡Nada! No había fecha, ni circunstancia exacta. Ni cuerpo. Todavía no hay". "Es imposible hablar de la vida después de tu desaparecimiento. Largo tiempo de duelo para construir el vacío entre el término desaparecimiento y el hecho: muerte". Resulta ahora que con el Nº 91, el doctor Georges Klein Pipper aparece en el listado entregado por la Mesa de Diálogo como lanzado al mar el día 13 de septiembre.
Con el trauma vivido y la impunidad, la afectividad que confiere siempre una sensación subjetiva a cada vivencia, ha quedado fijada en el polo negativo de las emociones: el dolor, la tristeza, lo desagradable, la repulsión, la fobia, lo perverso, penetran en los pliegues de la interioridad.
Importante, por último, es señalar que en un gran número de casos de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos se han encontrado una serie de enfermedades orgánicas y trastornos psicosomáticos, lo que demuestra la enorme fragilidad física e inmunológica que la tortura psíquica les ha provocado con el tiempo. En este aspecto ya existen innumerables trabajos científicos que han comprobado esta íntima relación entre el trauma psíquico y el daño orgánico.
Tenemos la esperanza de que al leer este texto se comprenderá la razón por la que el mundo de los derechos humanos, frente a estos crímenes, no callará ni menos olvidará jamás.
Notas:
1. "Crímenes e Impunidad. La experiencia del trabajo médico, psicológico, social y jurídico en la violación del Derecho de la Vida. Chile 1973-1996". Codepu DIT-T. Serie Verdad y Justicia, Vol. 2, pág. 60.
2. "Persona, Estado, Poder". Vol I., Ediciones Codepu, 1989, pp.125
3. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I.
4. Pilar Calveiro "Poder y desaparición". Ediciones Coligue. SRL. Buenos Aires. Argentina.
5. "Derechos Humanos: sus huellas en el tiempo. Una experiencia de trabajo en Derechos Humanos y Salud Mental en una zona del sur de Chile". Víctor Espinoza, Paz Rojas, María Luisa Ortiz Rojas. Serie Verdad y Justicia. Vol. 8 1999.pag.l7
6. "Persona, Estado, Poder. Estudio sobre Salud Mental". Vol. II, Chile 1990- 1995. Codepu.
7. Pilar Calveiro. Ob.Cit.
8. "Informe Final Revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos". 1996. Louis Joignet.
9. Paz Rojas, carta dirigida el 9 de julio de 1992, al Relator Especial Contra la Impunidad: Louis Joignet.
10. "Ellos se quedaron con nosotros". R. Maldonado, L. Moya, M. Romero, A. Vega. Colección Septiembre, Editorial LOM, 1999.
