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16sep08
Continúa el matonaje cívico en Riberalta
Dirigentes campesinos, zafreros y trabajadores de organizaciones de Derechos Humanos del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) e IPHAE fueron conminados este martes 15 de septiembre por el Comité Cívico Regional de Riberalta a abandonar la ciudad en un plazo de 24 horas. "Caso contrario no nos responsabilizamos de lo que pueda pasarles", amenazó el dirigente cívico local Mario Aguilera.
El dirigente cívico Mario Aguilera y el vicepresidente Marcos Jáuregui acusaron hoy a funcionarios del CIPCA Norte, CEJIS Riberalta e IPHAE, así como a dirigentes campesinos, de haber financiado a los campesinos y zafreros desplazados desde Riberalta a Pando. Exigieron a estas personas salir de Riberalta en un plazo de 24 horas.
El viernes 12 de septiembre, la Subprefectura de la provincia Vaca Díez de Beni convocó a una reunión de instituciones con el objetivo de promover un "Pacto de Unidad y Pacificación" en Riberalta ante las muertes que se habían producido en la masacre de Porvenir y Tres Barracas. En la reunión la Federación de Campesinos de Vaca Diez negó que campesinos de Beni participaron en los luctuosos sucesos de Pando. La reunión concluyó con el acuerdo de pacificación. Sin embargo, al final de la reunión un grupo de cívicos rechazó la tregua y desconoció los acuerdos asumidos en la reunión.
Los cívicos continuaron con sus amenazas de muerte, persiguiendo e intimando a los alcaldes municipales afines al partido de gobierno (MAS), autoridades cuyas jurisdicciones están en el vecino Pando, pero radican en Riberalta (Municipios Gonzalo Moreno, San Pedro y El Sena), al igual que a los dirigentes de los trabajadores zafreros de castaña y a las ONG, todos acusados de "promover el enfrentamiento en Pando desde Riberalta".
El clima de tensión se mantiene en Riberalta desde el 9 de septiembre, cuando el Comité Cívico Regional y la Subprefectura de la Provincia Vaca Diez iniciaron la toma de instituciones estatales como Migraciones, Impuestos Internos y Correos, además de destrozar las oficinas de ENTEL, en coordinación con activistas cívicos de Santa Cruz, Beni y Tarija.
Desde esa fecha, los grupos de choque siguen apostados en el aeropuerto clausurado y convertido en centro de operaciones de los grupos de vándalos que recorren la ciudad en motocicletas para amedrentar a la población de Riberalta.
La Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de Santa Cruz denuncia a la opinión pública nacional e internacional que los actos de violencia, amenazas y persecuciones no han cesado en Riberalta.
En un comunicado público, la Coordinadora exigió al Subprefecto de la provincia Vaca Díez del Departamento del Beni que provea todos los medios necesarios para proteger la vida y la integridad de los dirigentes sociales campesinos y zafreros perseguidos, los trabajadores de las ONGs CEJIS Riberalta, CIPCA Norte e IPHAE, así como a los alcaldes municipales que viven en Riberalta.
Además, la Coordinadora pidió a los Ministros de Gobierno y Defensa que dispongan el inmediato despliegue de fuerzas policiales y militares para resguardar a las autoridades municipales, dirigentes sociales y trabajadores, cuyas vidas e integridad personales están en serio riesgo debido al descontrol y violencia que reina en la ciudad de Riberalta.
Exigen también al Comando de la Policía Nacional y la Fiscalía de Riberalta que inicien de oficio la investigación penal de los hechos denunciados, y que el Estado boliviano se ajuste a los convenios internacionales de derechos humanos a los que se encuentra suscrito, así como a la normativa nacional vigente para dar con los responsables y restablecer la paz social en la región.
El CEJIS ha sido blanco de los ataques de grupos de choque en los últimos días. La tarde del martes 9 de septiembre, un grupo de aproximadamente 50 vándalos ingresó por la fuerza, destruyó, saqueó completamente e incendió las oficinas del CEJIS en la ciudad de Santa Cruz, el mismo día de las toma de instituciones públicas como Impuestos Nacionales, Grandes Contribuyentes (GRACO), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Migraciones, el Canal 7 del Estado, la radio de la Red Patria Nueva, y otras oficinas.
Ese día llegaron a las puertas del CEJIS tres vehículos 4x4 más otros motorizados, de donde descendieron jóvenes armados de palos, cuchillos, petardos y piedras. Utilizaron uno de los vehículos para echar abajo el portón de entrada. Una vez adentro, los atacantes robaron y destruyeron lo que había en su interior. Rompieron vitrinas, ventanas, puertas, muebles, enseres, equipos de computación, archivos, documentación. Hicieron fogatas ante las puertas violentadas de la institución, a la vez que ardían varias oficinas del CEJIS. Allí los atacantes quemaban, sobretodo, la documentación y la biblioteca de la institución.
El CEJIS ha perdido importantísima documentación referida al seguimiento de los procesos de titulación de tierras de los pueblos indígenas, sindicatos y comunidades campesinas, así como documentación de investigaciones sociales. También fue destruida y quemada en la calle un tercio de la Biblioteca, reconocida a nivel nacional por su especialización en la temática indígena y agraria. No hubo daños a las personas debido a que el personal había sido evacuado poco antes del ataque.
Las oficinas del CEJIS, así como su personal, fueron atacadas más de 15 veces en los últimos cinco años. En los últimos meses la institución sufrió dos ataques con bombas molotov (en noviembre 2007 y en agosto pasado). En sus 30 años de trabajo, el CEJIS ha acompañado jurídicamente a las organizaciones indígenas, campesinas y sin tierra en los procesos de titulación de sus tierras y territorios. Ha sido un aliado permanente de los movimientos sociales en la consecución jurídica de sus derechos en la legislación nacional, también ha asesorado y acompañando el seguimiento de las organizaciones sociales a la Asamblea Constituyente. Esta labor ha implicado permanente riesgo en las personas y en las oficinas del CEJIS, amenazadas por los sectores de poder que históricamente controlaron la región del Oriente boliviano, quienes se sienten ahora amenazados por el avance en los derechos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
El CEJIS exigió a las autoridades del Estado que otorguen garantías para la vida e integridad personal de los funcionarios en Santa Cruz, Concepción, Trinidad, Riberalta y Monteagudo.
[Fuente: Bolpress, La Paz, 16sep08]
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