Paz, bienestar social, reforma agraria y soberanía nacional
Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos.
IX Foro Nacional por los Derechos Humanos
Celebrado en Bogotá los días 8, 9 y 10 de junio de 2000
Los derechos humanos en Colombia, hoy: visión política y democrática desde lo social
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Luis Eduardo Garzón
Presidente de la CUT.
Vocero del Frente Social y Político
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Indice
Colombia: Hoy
Efectos sociales del modelo
Actual panorama socio-laboral
Perspectivas inmediatas
Renovación programática
Contexto político
1 . Los Derechos Humanos en la Globalizacion
Las recientes protestas contra la Organización Mundial de Comercio en Seattle y contra el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial en su Asamblea anual realizada en Washington, han demostrado que el proceso
de globalización económica no es como creen sus apologistas, un camino lineal e irreversible sin contradicciones
en
el cual todos ganamos. No! Tiene ganadores y perdedores.
Contra lo que sostenían sus defensores, este es un proceso con claros ganadores y nítidos perdedores; ha
comenzado la contestación que promete ahondarse a medida que los efectos excluyentes y precarizadores de las
políticas económicas en curso salgan más a la superficie.
La formación de un mercado global no es nueva, pues comenzó cuando Marco Polo fue a la India, Colón y
Alvarez
Cabral llegaron a América y Magallanes bordeó el sur del globo terrestre. A partir de entonces las rutas
comerciales
fueron integrando los mercados y por tres siglos, bajo la égida de España y Portugal, inicialmente, y de
Inglaterra
después, las flotas surcaron los mares de un extremo a otro del orbe. Hay quienes sostienen que incluso en esa
época el mercado estaba más integrado, pues no existían exigencias de visa para el paso de las
fronteras.
Ello explica las masivas migraciones de europeos que poblaron la América del Norte y la Argentina, Uruguay, Chile
y el sur de Brasil. Bajo la concepción del librecomercio los intercambios crecieron bajo el liderazgo de Inglaterra, y
las crisis y fluctuaciones inherentes al capitalismo se dieron con menos frecuencia y profundidad que las que
hemos observado recientemente en Asia, en México, Brasil y Ecuador, e incluso en nuestro país.
En nuestra época, a decir verdad, los flujos comerciales han crecido por la reducción de los aranceles, pero
los
flujos de capital han crecido más que los intercambios de bienes y servicios. Sobre todo, los flujos de corto plazo,
motivados por la especulación con los tipos de cambio y las tasas de interés, son la parte dominante de la
economía
mundial. Con su volatilidad entran a un país y salen en estampida provocando el colapso de economías que son
ahora más vulnerables que nunca antes en su pasado.
Para facilitar ese libre discurrir del capital especulativo los países son forzados a reconocer todos los derechos
a los
inversionistas. Al asomo del más mínimo control de capitales o gravamen fiscal sobre dichos flujos, tal como ha
sido
recomendado por el Nobel de Economía Arnold Tobin, los inversionistas se espantan, las firmas calificadoras de
riesgo desconceptúen al país rebelde y éste puede ser sometido a un bloqueo más nocivo que los
cercos militares
del pasado.
Los países desarrollados propusieron un Acuerdo Mundial de Inversiones (AMI) que otorgara todas las facilidades a
los inversionistas especulativos, sin exigirles que utilicen insumos ni mano de obra local, ni que paguen tributos por
importación de insumos y equipo ni por la exportación o la repatriación de utilidades. La protesta de la
sociedad civil
del mundo logró frenar dicha propuesta pero los países pobres han ido siendo forzados a aceptar individualmente
los mismos requerimientos a través de acuerdos bilaterales de inversión.
Paradójicamente, al mismo tiempo que se otorgan todos los derechos al capital, no ha sido posible conseguir que se
establezcan cláusulas sociales que garanticen el respeto a los derechos de los trabajadores migrantes, ni el acceso
universal a la seguridad social. ¿Quién asegura la protección social en salud y pensión al trabajador que
trabajó
parte de su vida en su país de origen y luego se desplaza a buscar trabajo en otro país con el cual hay un
proceso
de integración?
Para la propiedad intelectual, para los inversionistas, hay normas que los protegen de un país a otro. Para los
trabajadores/as no hay hasta la fecha una sola regulación eficaz que los proteja en los procesos de integración
y
globalización. En el terreno de la teoría económica ortodoxa la globalización comercial se
fundamenta en los
planteamientos de las ventajas absolutas, comparativas, diferenciales y competitivas, que en nada reivindican la
condición social y humana de las personas.
El modelo globalizador no sólo muestra que el crecimiento se ha dinamizado en los países del norte
desarrollado y
los países pobres van quedando a la zaga del progreso tecnológico, sino que la riqueza se ha concentrado
escandalosamente aún en los países del norte. Los trabajadores calificados han logrado sobrevivir a medias
frente a
la agresiva competencia, pero los trabajadores que no han logrado calificarse, van quedando a la zaga. Y las
tendencias a la privatización de la educación y la salud, nos prometen más exclusión y
marginalidad sino logramos
revertir esas tendencias.
La propuesta para nuestros países es que se desarrollen plataformas exportadoras en zonas especiales o
maquiladoras, como ha ocurrido en la frontera norte mejicana, en el Caribe y en Centroamérica. Son estrategias
que, además, abandonan las posibilidades de un desarrollo nacional que integre las regiones y aproveche las
posibilidades productivas de nuestros países.
Aquí, en nuestro país, el actual gobierno está operativizando cuatro (4) zonas especiales
económicas de
exportación en Cúcuta, Valledupar, Buenaventura e Ipiales. Al momento de su promulgación, a principios de
este
año, el propio Presidente de la República ofreció a los inversionistas nacionales y extranjeros la
más absoluta
desregulación laboral en esas zonas.
Para atraer los inversionistas, los gobiernos entran en una carrera hacia el fondo ofreciéndoles rebajas de
impuestos, las facilidades cambiarias y, en el caso extremo, como ocurrió en Panamá, les ofrecen la
garantía de no
aceptar sindicatos en las zonas de exportación. Estamos, entonces, en una modalidad de inserción pauperizante y
degradada que nos dejará daño ambiental, abusos y presiones a los/as trabajadores y la negación de los
más
elementales derechos civiles y laborales.
Esta modalidad ha conducido en el caso de las maquilas mejicanas al nacimiento de niños sin cerebro y
parapléjicos, como lo han denunciado la cadena norteamericana CNN y la revista estadounidense Time. Las
madres que trabajan durante su embarazo en un medio inhóspito manejando tóxicos, químicos y elevadas
temperaturas, y al parecer elementos radioactivos, están gestando monstruos que en nada conmueven a los que
sólo buscan desaforadamente reducir los costos y elevar sus ganancias.
Por supuesto, la globalización que estamos padeciendo hoy va encontrando sus propios límites. La
polarización
social y económica que se ha generado está empezando a causar estragos en los países desarrollados. El
sociólogo I. Wallerstein prevé que en los próximos 30 o 40 años las zonas de conflicto no
serán Sierra Leona,
Etiopía, Eritrea, Colombia, Somalia o Bosnia, sino Francia o Estados Unidos. La migración
será inatajable. En
condiciones de miseria, sin derechos políticos y sociales, una buena parte de los trabajadores, nacionales e
inmigrantes, en los países desarrollados mostrará muy pronto un regreso a la situación de la Gran
Bretaña de
principios del siglo XIX. "Así se deshacen doscientos años de recuperación liberal", dice el mencionado
sociólogo.
Es claro que la preponderancia que ya tienen las formas precarias de trabajo (informalidad, temporalidad) o las
formas de intermediación laboral (subcontratación, outsourcing), están impidiendo cualquier avance en una
estrategia de competitividad de las empresas y el país.
En un contexto globalizado, la posibilidad de que los trabajadores preserven el empleo y condiciones de trabajo
adecuadas, pasa por la capacidad de cada empresa y de cada país de insertarse consistentemente en el escenario
de la competencia global; por ello, para los trabajadores es claro que deben incorporar sus demandas en una visión
exigente de compromiso con la eficiencia, pero impidiendo que se pretenda fundar la competitividad sobre la
exclusiva reducción de los costos laborales resultantes de la precarización del empleo.
En un escenario mundial donde la alternativa es reforzar la calificación de los trabajadores y mejorar la
reconversión
productiva para aumentar la calidad de nuestra producción, y sobrevivir así en el escenario competitivo global,
nuestros gobiernos y empresarios parecieran preferir la competencia con trabajo precario y de baja calidad. Eso
explica la generalización del trabajo temporal. ¿Quién va a entrenar al trabajador temporal? ¿Cómo
podrá
especializarse si recorre todas las ramas económicas en su trabajar itinerante? ¿Qué grado de sensibilidad
tendrá a
la situación de la empresa donde labora por un tiempo, si él allí es solo un transeúnte?.
Hoy, en la competencia mundial se están colocando productos realizados en las cárceles, productos hechos con
trabajo infantil y trabajo esclavo y forzado. ¿Podemos aceptar pasivamente eso como un hecho inevitable e
irreversible? ¿Podemos permitir que en pocos años las condiciones de vida y trabajo de una mayor proporción de
la
población trabajadora colombiana sea aún peor que en la actualidad? [volver]
En Colombia: más de lo mismo
Actualmente en Colombia trabajan 2 millones y medio de niños que en lugar de ir a la escuela y de poder jugar
están
metidos en los socavones de las minas de carbón; el desempleo de los jóvenes llega al 57%, más de la
mitad del
empleo es informal y el 20.2% de la mano de obra está desempleada. Podemos aceptar pasivamente que la
apertura, de la forma en que se ha hecho, es algo positivo para el país?
Las políticas neoliberales se empezaron a aplicar en Colombia y en todos los países de la región
desde los últimos
años de la década del 80. En medio de una gran euforia la nueva derecha, modernizante, se dedicó a
implantar, sin
consideración alguna de los intereses nacionales, las políticas de liberación comercial, financiera y
laboral. A los
ojos de los nuevos reformadores made in USA, todos los contradictores eran retrógrados, nostálgicos, populistas,
y,
por supuesto, estaban equivocados en materia económica, nadaban en contra de la invencible marea de los
procesos globales y se oponían al desarrollo nacional y a la generación de riquezas que habrían de
conducir al
bienestar general.
En lo relacionado con la reforma laboral de los años 90's, está claro que se fundó en el supuesto de
que en un
modelo sustitutivo de importaciones hay poca preocupación por la productividad del trabajo y la calidad del producto
o por los altos precios que pagan los consumidores. Se suponía que bajo este modelo, el empleo se mantenía
trasladando los costos a los precios. Una legislación de tipo tutelar como la vigente entonces buscaba el
mejoramiento de las condiciones de trabajo y la estabilidad del empleo en un sistema de producción que necesitaba
el aumento del poder adquisitivo de los asalariados y la contratación a largo plazo.
Con la internacionalización de la economía y la desregulación interna, la producción nacional
debe competir con la
producción mundial y adquiere mayor importancia el aumento de la productividad. Los defensores de esta
concepción se ocupan poco de analizar las distorsiones (cuotas, subsidios) existentes en el mercado mundial y
privilegian la flexibilización laboral como vía para permitir nuevas formas de organización del trabajo
de acuerdo al
nuevo contexto económico mundial.
En esa lógica, una regulación del mercado laboral que garantice la estabilidad de los trabajadores es
percibida como
un freno a la competitividad de las empresas y como un factor de incertidumbre respecto de su supervivencia. Se
entiende en esa lógica que la protección de los que están empleados reduce los incentivos para generar
nuevos
puestos de trabajo; pero se podía argumentar, por el contrario, que los sobrecostos de origen legal, en la
práctica,
terminan por ser pagados por los mismos trabajadores a través de menores salarios, y que por lo tanto que el efecto
de la legislación laboral sobre la demanda de trabajo en el largo plazo es nulo.
De otro lado, existe la creencia de que la rigidez laboral aumenta los costos de las empresas y al reducir la tasa de
ganancias, afecta la inversión y el crecimiento. Pero las políticas de flexibilización aplicadas en
Colombia y la región
han coincidido con niveles elevados de tasas de interés y con ciclos recesivos que han causado una disminución
de
la demanda. Al final, parece más realista explicar las dificultades de las empresas en razón de los elevados
costos
financieros y la recesión económica, que por causa de los costos laborales.
La reforma laboral de los 90's buscó remover los obstáculos que le restaban competitividad a las empresas
debido a
las distorsiones de los costos laborales, la poca flexibilidad en la contratación, la estabilidad del empleo y la
capacidad negociadora de los sindicatos. De ahí las medidas de eliminación de la retroactividad de las
cesantías, el
paso a los contratos de servicios y de trabajo temporal, el salario integral, etc., que en últimas han reducido el
número de personas sindicalizadas en cada empresa y eliminado muchos sindicatos.
Estos resultados se intensificaron con la aplicación de la Ley 100 de seguridad social y con la reforma al SENA.
Aunque, desde el punto de vista de los costos laborales, los empresarios sostienen hoy que los efectos reductores
de la reforma laboral fueron rebasados por la mayor cotización de la seguridad social. Si esto es así hay que
concluir que la reforma laboral sólo sirvió para hacer más precarias las condiciones de vida de la
población
trabajadora del país.
Lo cierto es que en Colombia - por vía de la reforma laboral y la recesión económica, de la guerra y
la represión
oficial -, se ha restringido al máximo la posibilidad de ejercer efectivamente los derechos de asociación
sindical,
negociación colectiva y huelga, que a nivel internacional han sido reconocidos como derechos fundamentales. Es
por lo menos curioso que esto ocurra en el país donde se fijó un hito de la historia continental, cuando se
reconoció
la libertad sindical como un derecho fundamental en la Carta de Derechos Sociales aprobada por la Conferencia
Panamericana, realizada en Bogotá en 1948.
La restricción de estos derechos ha impedido que el sindicalismo tenga una mayor fuerza de movilización,
representación y negociación, con lo cual no sólo han perdido los trabajadores/as sindicalizados/as, sino
el país
entero por la pérdida de espacios institucionales para el conflicto social y laboral, y el retraso en la vía
hacia una
sociedad más democrática en lo económico, social y político. [volver]
Los efectos sociales del modelo
Después de diez años de aplicación de las políticas neoliberales el resultado ha sido la mayor
concentración de la
riqueza y el ingreso; la conformación de grandes monopolios privados, nacionales y extranjeros (muy poco o nada
de libre mercado); y no se ha eliminado ni el rentismo ni el clientelismo tradicionales. Todo lo que se hizo fue
modificar el patrón de acumulación para adaptarlo a los requerimientos institucionales de la
mundialización
financiera, sin derivar de ello ni más competitividad ni menos desigualdad.
Se ha incrementado la miseria y la pobreza, también la marginalidad y la
exclusión. Está prácticamente aniquilado el
aparato productivo nacional. El desempleo ha llegado a límites insoportables, nunca antes visto; la fuerza laboral se
ha precarizado e informalizado; los empleos relativamente estables son los menos y continúan reduciéndose; buena
parte de la mano de obra calificada está abandonando el país.
En una situación agravada por el conflicto armado, la fuga de capital hacia el exterior está acabando con el
ahorro
interno. Según los más destacados analistas del país, en la agricultura lo único que mantiene
dinamismo son los
narcóticos. Estamos importando casi todos los productos agrícolas que antes se producían internamente,
incluso el
café. De este modo, podemos decir que está en riesgo la viabilidad económica del país.
Esto es mucho más cierto si se tiene en cuenta la progresiva preeminencia que los productos
minero-energéticos
han adquirido en nuestra canasta exportadora, generándose un elevado componente de incertidumbre en el futuro
por su carácter de productos no renovables.
A propósito de las exportaciones, la voluntad de aumentarlas por su efecto dinamizador de la producción y el
empleo, expresada en la consigna "exportar o morir", tiene sentido si se entiende por tal, la necesidad de garantizar
la presencia en el mercado mundial. Pero este sector, no puede entenderse como un sustituto del mercado interno,
pues Estados Unidos, que exporta sólo el 10% de su producto, ha podido aumentar su empleo en medio del déficit
externo causado por la crisis asiática; y Chile, por el contrario, que destina el 40% de su producto a sus
exportaciones, ha sido afectado por la crisis mundial hasta caer en una severa recesión.
No es que todos los males se deban a la aplicación del "modelo neoliberal". Debemos tener en cuenta la estructura
económica que fue adoptando el país desde el siglo XIX, lo cual, a su vez, tiene mucho que ver con las
relaciones
de poder imperantes, y con los más diversos factores de exclusión y discriminación que han existido a lo
largo de
nuestra historia, "de manera que no se puede leer la crisis como si las sábanas de los encomenderos ya se
hubieran enfriado". El rentismo de siempre y el de ahora es un factor que inhibe las posibilidades de un desarrollo
productivo y generador de empleo y es, por tanto, uno de los mayores obstáculos para la vigencia de la
ciudadanía
social (Mesa de Empleo. Propuestas para una política estratégica de empleo en Colombia).
Paradójicamente, mientras crecía el desastre económico y social durante estos años se mantuvo
la ilusión de que
estábamos desarrollando la institucionalidad del Estado Social de Derecho declarado en la Constitución de 1991.
Pero en realidad está aún pendiente la tarea histórica de nivel primario consistente en asegurar la
centralización
política y la consolidación las libertades civiles y políticas como un piso firme para el desarrollo
económico y social.
En el período más reciente, en las dos últimas décadas, el Estado perdió aún
más su margen de acción y su
capacidad reguladora. Estamos viviendo un verdadero proceso de desintegración de las instituciones estatales y
políticas, como se demuestra con los altos índices de impunidad e inseguridad ciudadana y con la impotencia para
hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos fundamentales de la población.
Una de sus funciones primordiales que le ha quedado al Estado, que sí satisface a la perfección, es la de
"honrar"
los compromisos internacionales y nacionales; es decir, asegurar el cumplimiento del pago de la deuda,
sacrificando cada vez más las partidas de inversión y del gasto social. De manera rotunda podemos decir que se
ha
venido gobernando para el sector financiero y para satisfacer las exigencias y condicionamientos de los organismos
multilaterales que a su vez están al servicio del capital financiero internacional.
El ahorro fiscal se convirtió en una obsesión del actual equipo económico de gobierno y por eso, con
el aval del FMI,
se busca restringir aún más los recursos de las entidades territoriales destinados a salud y educación
(situado
fiscal), hacer casi inexistente el derecho a la pensión de jubilación y restringir aún más la
capacidad de consumo, de
demanda e inversión mediante el alza de impuestos.
La realidad de la crisis de las finanzas públicas, y su solución, no pueden verse como un asunto
técnico. Es
político, corresponde en todo momento a orientaciones, decisiones e intereses políticos. Así se demuestra
con el
manejo dado a la deuda pública y el porcentaje del presupuesto destinado al servicio de la deuda. Sólo
así puede
entenderse que mientras se destinan partidas del erario público para el "salvamento" de la banca, y un alto
porcentaje del presupuesto nacional está al servicio del sector financiero, se están cerrando los hospitales en
donde
históricamente se ha atendido a la población más pobre.
Es increible que hoy, con el pretexto de combatir la actual recesión económica, sin precedentes en nuestra
historia
nacional, los núcleos gobernantes estén empeñados en seguir aplicando las mismas fórmulas que han
causado el
desastre económico y social de los últimos años.
No es sensato atribuir la actual crisis económica y social a la falta de la mayor radicalidad y celeridad en la
aplicación de las reformas del Consenso de Washington.
Resulta abusivo que en el campo de las relaciones laborales se quiera profundizar aún más la
flexibilización y la
desregulación laboral, cuando éstas ya han llegado a límites de mínima expresión y cuando
no existen evidencias
empíricas en el sentido de que la desregulación laboral o la relajación de los derechos laborales
produzcan más
empleo o mayor competitividad.
Menos aún se puede mantener la amenaza de una nueva reforma laboral que radicalice la anterior y se quiera
"vender" con el argumento de que se busca la equidad y por ello se debe hacer una redistribución de ingresos entre
los trabajadores.
No tiene explicación razonable que en el campo macroeconómico se insista en las mismas fórmulas que
fracasaron
al afrontar la crisis financiera originada en el sudeste asiático a mediados de 1997 y que se extendió luego a
Rusia,
a Brasil y los demás países de América Latina, incluyendo, por supuesto, el nuestro. Son las mismas
fórmulas cuyo
cuestionamiento ha sido hecho por los economistas más destacados a nivel mundial, incluyendo a muchos que han
trabajado para los organismos financieros internacionales.
En Colombia tenemos pendiente la tarea de buscar y encontrar una vía de inserción en la economía
mundial, una
vía diferente a la que, desde la perspectiva neoliberal, se ha considerado como la única posible. Sólo
cuando
logremos asegurar que la inserción de nuestro país en la economía global favorece el desarrollo de
nuestras
inmensas potencialidades productivas y que su beneficio se distribuya con justicia, podremos garantizar un efectivo
respeto de los derechos de nuestros trabajadores/as. [volver]
2. Actual panorama socio-laboral
La Misión Social del Departamento de Planeación Nacional señaló que "Colombia es catalogado
como uno de los
países latinoamericanos con los niveles de pobreza más altos, debido a que más de la mitad de la
población, es
decir 19.7 millones de personas no alcanza a comprar con su ingreso una canasta con los requerimientos mínimos
para satisfacer sus necesidades (alimento, vestuario, educación, salud, etc.)".
Entre 1991 y 1998 el salario mínimo perdió 12.5% de poder adquisitivo, en 1999 equivalía a US$117.8
(por debajo
de los registros de los países de la región) y no alcanzaba a comprar el 40% de la canasta básica
familiar. El
porcentaje de población bajo la línea de pobreza aumentó al 60.1% en 1999 y cerca del 27% están en
condiciones
de miseria.
Aproximadamente cinco millones de colombianos reciben en la actualidad el salario mínimo. El 77% de los
trabajadores cobra menos de dos salarios mínimos (Así van los DESC. Mayo del 2000).
Colombia está entre los países con peor distribución del ingreso del mundo, siendo la relación
entre el 25% más
rico y el 25% más pobre de la población de 30 veces a una. El problema de la desigualdad va de la mano con el de
la concentración de la riqueza pues "cinco grupos financieros controlan el 92% de los activos del sector; 50 grupos
económicos dominan más del 60% en la industria, los servicios, el comercio, el transporte y la agricultura; 1.3%
de
los propietarios posee el 48% de la tierra; cuatro grupos económicos son propietarios de los medios de
comunicación; el 10% de la población de mayores ingresos percibe 29 veces más el ingreso que el 10%
más
pobre".
En el 2000 hemos arribado a la mayor tasa de desempleo de nuestra historia, el 20.3%, lo que en números
absolutos representa un millón y medio de personas sin empleo en sólo siete ciudades. Los demás
indicadores del
mercado laboral han empeorado situándose la informalidad en 52%, el subempleo en 19% y la temporalidad en
16%. Además, el desempleo abierto alcanza niveles cercanos al 40% en los estratos uno y dos.
Todas estas cifras se duplican para los jóvenes y las mujeres, y fácilmente se triplican en el sector
rural.
El desempleo femenino era hace un año del 23.2%, frente al 16.4% masculino, presentándose el mayor
porcentaje
(51.1.%) entre mujeres de 15 a 19 años (Plan de Igualdad de oportunidades para las Mujeres: Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer. Santafé de Bogotá, Dic./99). Es de observar que la tasa de desempleo
femenino no sólo se ha expandido significativamente durante el período 1991 - 1999, sino que en la actualidad
supera la tasa general de desempleo.(La Mujer en el Mercado Laboral Colombiano, 1991-1999; Confederación
General de Trabajadores Democráticos. Dpto. de investigaciones, estudios y proyecto DIEP, Bogotá marzo
2000).
Entre los/as jóvenes menores de 20 años el desempleo es del 44%; y del 27% entre los 20 y 29 años. De
nuevo
aquí las mujeres están en las condiciones más desventajosas, pues el desempleo es del 48% y del 31%,
respectivamente.
Con la excepción del subsidio al desempleo, la legislación colombiana incluye el cubrimiento de los riesgos
convencionales de la protección social: salud, accidentes de trabajo, cesantías, pensiones, subsidio familiar,
nutrición, vivienda, recreación, cultura, educación, incluida la formación para el trabajo. Para
el cubrimiento de cada
uno de los riesgos se tiene establecida una fuente de financiacion con base en aportes de empleadores y de
trabajadores. Puede decirse que las reformas de la década pasada estaban también encaminadas a reforzar los
recursos de financiamiento de varios de esos riesgos (leyes 50/1991, 100/1993 y 549/1999).
Como producto de tales reformas, pero en el contexto de un mercado laboral creciente y cambiante en las
relaciones laborales y ocupacionales (caída de la proporción de asalariados empresariales y aumento del sector
informal y del trabajo independiente), las coberturas de afiliación mantuvieron una tendencia al crecimiento.
Sin embargo, este crecimiento de los registros de afiliación contrasta con la protección
efectiva. Según cifras
oficiales, la afiliación a los servicios de salud alcanzó la cifra de 12 millones de personas; sin duda, esa
ampliación
incluye a personas que en el pasado no era cubierta por la ineficiente gestión del entonces sistema de salud. Pero
no puede desconocerse que ha disminuido el cubrimiento de algunos servicios: la canasta de medicamentos se
contrajo, queda por fuera la atención de algunas enfermedades y servicios, etc, y el usuario está sometido al
pago
de costos por tarifas (copagos, cuotas moderadoras), que en lagunos casos son severas e impiden el acceso al
servicio.
Por su parte, el sostenimiento de la afiliación activa como cotizante para mantener la garantía pensional de
su
fututro, es muy inestable. La continuidad de los aportes se hace muy difícil para la gran mayoría de los
trabajadores.
El resultado es que el reclamo futuro de los derechos pensionales se está volviendo muy riesgoso e incierto. La
razón es evidente: la temporalidad del empleo, la alta rotación, la mayor frecuencia del desempleo, la elevada
elusión
de aportes patronales, etc., no permiten la continuidad de los aportes.
Tal como se puede comprobar con los fondos privados de cesantías, también en lo referente a la seguridad
social, y
como se quiere hacer ahora con la educación básica, en la práctica el propósito central de las
reformas de la
década pasada fue proveer al sector financiero de nuevos y mayores flujos de recursos y no el de fortalecer las
garantías ni los servicios de la protección social. Se han creado nuevos entes financieros (AFP, AFC, EPS) que
no
son más que nuevas modalidades de captación de recursos financieros: los aportes de cesantías, de
pensiones y
los recaudos de cotizaciones para servicios de salud.
No obstante que el propósito más claro fue el de fortalecer al sector financiero, no se introdujeron
competencias
efectivas para que el Estado en forma eficiente asegurara la estabilidad de la intermediación financiera. En las
reformas no parece existir prevenciones frente a las vicisitudes de los ciclos económicos, y por ello no se toman
medidas para asegurarse ante la quiebra y dificultades de estos intermediarios financieros.
Hasta donde se conoce la propuesta gubernamental de reforma a la seguridad social, incluida en el Acuerdo con el
FMI y en el paquete legislativo del Congreso, no modifica estos aspectos; al contrario, se propone proveer al sector
financiero de más campos de intervención y se recortan los beneficios pensionales establecidos por la misma ley
100/93.
Puede decirse, entonces, que la mercantilización de la salud se convirtió en una pesadilla para la mayor
parte de la
población colombiana; y que, después de un aumento de la cobertura durante algunos años, la crisis
económica y el
aumento del desempleo están ocasionando una disminución en términos absolutos de los afiliados a los
fondos de
cesantías, de pensiones, de la salud y de riesgos profesionales.
Así lo indica un reciente estudio de la Misión Social del Departamento de Planación Nacional. Se
sostiene en el
mismo estudio que desde 1997 hay una desmejora en la calidad de vida que se refleja, además, en un menor
acceso a los servicios públicos, creciente deserción escolar, pocos o ningún avance en vivienda.
En varias ocasiones hemos sostenido que las políticas económicas y sociales del gobierno, y las prioridades
nacionales que se han definido, tienen corta duración, cambian con una velocidad impresionante, y no precisamente
porque se haya logrado la solución al problema. Es el caso de la lucha contra el desempleo.
Las políticas sociales elaboradas e impulsadas desde el gobierno, por lo general, se equivocan al colocar a la
población y los/as trabajadores/as en la condición de objetos o destinatarios de tales políticas. Es
necesario que las
políticas de desarrollo involucren a las gentes en la elaboración y ejecución, como sujetos activos,
participantes, con
capacidad de decisión.
También hay que cambiar la conceptualización de la pobreza como una cuestión sólo referida a
la carencia material,
por cuanto deja por fuera la consideración de que los pobres son individuos que además de buscar satisfacer sus
carencias materiales, invocan libertades y derechos que les permitan su realización personal dentro de la sociedad.
Las políticas asistencialistas hacen a un lado la necesidad sentida de la inserción social, política y de
identidad,
sentido de pertenencia social y acceso a la formación e información (Corredor, 1997). [volver]
Perspectivas Inmediatas
La situación social del país no se aliviará en los próximos dos o tres años. El mejor
escenario posible que tenemos
que construir no es propiamente la mejora de alguno de los indicadores sociales y laborales, sino la puesta en
marcha de medidas y acuerdos que posibiliten un marco propicio para la materizalización de una política social
orientada por criterios de equidad.
Estas condiciones serían: Una corrección significativa en el modelo de desarrollo que se encamine a
garantizar la
seguridad alimentaria de la población, proteger la agricultura y reanimar el sector industrial; reorientación de
las
políticas de salud, educación y vivienda, restaurando la responsabilidad del Estado frente a ellos; compromiso
del
sector privado y con la comunidad internacional con aspectos sociales a partir de los esperados acuerdos de paz;
crecimiento económico sostenido del 5% anual, al menos. Sin la recuperación de la demanda, será imposible
dinamizar la producción y el empleo, y ello no será posible sin una fuerte acción del Estado a
través del gasto
público.
Ningún escenario de ejecución parcial de las medidas enunciadas antes enderezará las condiciones de
vida de los
colombianos. La situación es tan grave que sólo una conjunción como la enunciada puede significar en el
mediano
plazo un alivio sostenido de la situación de los más desprotegidos y débiles del país.
Solamente para retornar a la tasa desempleo que teníamos hace dos años se necesita crecer al 10% anual en
los
próximos tres años, lo que es prácticamente imposible. Debe recordarse que un alto porcentaje del
desempleo
actual es de carácter estructural, o sea, que se origina en el tipo y deficiencias de la estructura económica,
así como
del mercado laboral.
Si se tratara de reducir la proporción de la población rural bajo la línea de pobreza del 68.9%
observado en 1995 por
la Misión Social al nivel de la pobreza urbana de ese año que fue de 42.5%, ello implicaría una
reducción de 26.4%,
e implicaría liberar de tal condición a 3.1 millones de personas que están en esa condición y
tardaría 29 años si se
dan condiciones favorables y supondría un costo de US$1.250 millones anuales (Gómez, 1998).
Parece obvio que la pobreza y el desempleo aumenten cuando hay recesión económica. Debe tenerse en cuenta,
sin embargo, que, por ejemplo, entre 1973 y 1993 el PIB creció a una tasa de 4% anual, pero la población por
debajo de la línea de pobreza aumentó de 15 millones en 1973 a 20 millones en 1993. No es extraño que si
en los
próximos años se da una reactivación económica, sin hacer cambios de fondo en la
organización económica del
país, las cifras del desempleo no disminuyan. [volver]
3. Renovacion
programatica, alianza social y proyeccion politica
Es fundamental entender que una reorientación de la política económica del país,
así como la democratización en
todos los órdenes de la vida nacional y la vigencia plena de los derechos humanos, incluídos los derechos
laborales
y sindicales, no puede darse sino sobre la base de ciertas condiciones en el plano de la política.
Nos referimos a la más amplia y profunda politización de la sociedad civil, a la constitución de los
movimientos y
organizaciones populares como un poder social con proyección política, a la consolidación de una amplia
convergencia de sectores sociales y políticos con base en una agenda común, a la necesidad de incidir en la toma
de las decisiones fundamentales y de impactar en el terreno de la política económica, presionando acuerdos de
alcance nacional y buscando la solidaridad de la comunidad internacional respecto a las medidas que se tomen de
modo autónomo dentro del país en el camino hacia un verdadero desarrollo económico con justicia
social.
El camino es el de la acción colectiva; la generación de poder social, autónomo. No podemos esperar
que "desde
arriba" se haga efectiva la vigencia plena de los derechos humanos o se tomen en cuenta las aspiraciones de los
sectores populares y democráticos. Por otra parte, ya sabemos que no bastan los cambios constitucionales y de los
textos jurídicos; ni siquiera es suficiente la modificación de las reglas escritas del juego
político. Debemos apuntar a
las reales transformaciones económicas, sociales y políticas que el país necesita.
Se entiende, entonces, por qué y cómo el sindicalismo y muchos otros movimientos sociales han venido
avanzando
hacia la politización de su pensamiento y su accionar. Nos referimos a una politización que es desarrollo de su
propia autonomía, debela las verdaderas causas de la situación que vivimos y eleva la capacidad de respuesta
desde las iniciales reacciones instintivas de rechazo a las políticas neoliberales hasta la acumulación de
fuerzas, la
organización y la proyección política necesarias para hacerse reconocer como interlocutores
válidos y participar en
las decisiones fundamentales, rompiendo los esquemas oligárquicos, excluyentes y autoritarios, y sobreponiéndose
a los obstáculos generados por la guerra.
Durante los años 90's los sindicatos y las centrales sindicales actuaron en el sentido de tratar de resistir a los
efectos de la apertura y las privatizaciones, y, en general, con el propósito de impedir que la crisis recaiga
principalmente sobre las espaldas de la población trabajadora. Pero también el movimiento sindical
avanzó hacia la
madurez como actor democrático en el plano de las relaciones laborales y en el escenario político, ampliando su
capacidad de movilización, presionando la negociación y los acuerdos nacionales, proponiendo medidas concretas
de reorientación de la economía.
Son las condiciones impuestas por el modelo económico las que, en gran medida, explican que el carácter y
número de las acciones sindicales haya girado hacia una mayor politización, reduciendo el registro
estadístico de
huelgas y paros meramente reivindicativos. Es un hecho la disminución de la contratación colectiva, es decir,
del
número de convenciones y pactos colectivos, y también del número de personas directamente beneficiadas
por ella,
fruto de la desaparición de sindicatos. Es cierto, asimismo, que a través de la negociación colectiva se
han reducido
las posibilidades de éxito de la acción sindical. Todos estos son factores que están presionando hacia la
politización
de las luchas sociales.
Dejamos en claro, eso sí, que esta politización no significa el abandono de la misión
específica de los sindicatos y el
movimiento sindical. Se continuará, sin duda, defendiendo los intereses específicos de los trabajadores y las
trabajadoras, participando en los espacios de concertación para los asuntos laborales, haciendo respetar los
derechos laborales y la libertad sindical. Consideramos que en la proyección política que buscamos de lo que se
trata es de atender en mejores condiciones, con más posibilidades de éxito, a la presentación y defensa
de las
demandas de la población trabajadora. Para nosotros es claro que si nos fortalecemos como un gran poder social e
incidimos efectivamente en las decisiones fundamentales, los intereses específicos de la clase trabajadora
podrán
ser respetados y acatados.
Dentro del sindicalismo casi nadie se resiste hoy a la idea de que el movimiento haga presencia y actúe en el
escenario político nacional, valga decir, opine, intervenga y construya puntos de vista sobre temas de interés
del
país y participe en los escenarios de la negociación del conflicto y en los eventos políticos electorales
bien con sus
candidatos o apoyando otras expresiones políticas. Este es un gran logro que formalizó en nuestro ordenamiento
jurídico la constitución de 1991 al establecer en el articulo 107 la garantía a los movimientos sociales
a manifestarse
y participar en eventos políticos.
No podemos ignorar, sin embargo, que en un ambiente tan cargado de antidemocracia como el nuestro la tendencia
es, en el mejor de los casos, a invisibilizar a las organizaciones sociales y las expresiones políticas
democráticas
independientes, o a subvalorar las luchas y logros de los sectores populares. Lo más grave es que las ideas
independientes y democráticas son vistas como amenaza y obstáculo para sus propósitos por los diversos
actores
armados. A ello contribuye la hostilidad en contra de las acciones populares al mostrarlas como simples factores de
perturbación, contrarios a la reactivación económica o susceptibles de ser manipuladas por los actores
armados
ilegales.
En el actual contexto nacional, el escalamiento de la guerra o la negociación política con la insurgencia o
los
denominados "acuerdos nacionales" entre el gobierno y las cúpulas del bipartidismo - como lo estamos viendo una
vez más por estos días - desplazan la atención del país de los grandes problemas
económicos, sociales y políticos
hacia las acciones militares, los referendos y las revocatorias, y demás iniciativas elitistas y autoritarias, que no
toman en cuenta al país nacional ni los intereses de los trabajadores colombianos.
Se reconoce en la Constitución el derecho a la participación ciudadana y política, a la protesta
social y la acción de
solidaridad, pero el código laboral --que es el que respalda los despidos de los contraventores-- todavía sigue
limitando esos derechos. Pareciera que la preocupación por la orientación macro del país, y el derecho a
incidir en
este nivel, fuera un privilegio de los empleadores de Andi, Fenalco y similares.
De modo contradictorio, no existen espacios de concertación con los movimientos sociales. La Comisión
Permanente para la Concertación de Políticas Salariales y Laborales, creada por la Constitución del 91,
sólo es
utilizada por el gobierno para tratar de darle legitimidad a los proyectos de ley que de todos modos presentará al
Congreso.
Ya es de conocimiento público, a nivel nacional e internacional, que bajo el gobierno actual, aunque también
en
períodos anteriores, se ha desatado una dinámica perversa de propiciar en los movimientos sociales las
situaciones
de hecho para hacerse oír y lograr que se haga una negociación. Cada vez son más los sectores sociales
que se
ven obligados a recurrir a estas acciones de hecho. Hasta los alcaldes y los consejales han tenido que movilizarse
colectivamente en defensa de los recursos de las entidades territoriales y de los espacios de representación a nivel
local y por toda clase de medidas tomadas unilateralmente por el gobierno nacional.
Por fortuna, para responder a la situación nacional y buscar las transformaciones más urgentes, las tres
centrales
han avanzado en la misma dirección, a partir de procesos internos de mayor autonomía, modernización y
funcionamiento democrático. En el caso de la CUT es muy claro que se ha aprendido a caminar con diferentes
tendencias en su seno, y la hora de enfrentar las funestas políticas de mercado, los planes de privatización de
entidades públicas y los atentados contra las organizaciones y los dirigentes obreros nadie vacila ya en unir
esfuerzos.
Pero han sido determinantes la coordinación y unidad de acción entre las centrales y del sindicalismo con
otros
movimientos sociales, como se demuestra a través de las movilizaciones de los tres últimos años. Los
paros
nacionales han estado acompañados por programas reivindicativos y alternativos novedosos y con una visión de
país. Esta mayor capacidad propositiva ha conducido, entre otras cosas, a que el sindicalismo mejore su imagen
ante la opinión pública.
Desde los movimientos sociales se ha venido avanzando en la maduración y presentación de propuestas viables
para el desarrollo nacional. Compartimos la instauración de un modelo de economía mixta (propiedad privada,
sector público y economía solidaria). Enfatizamos el desarrollo social como objetivo primordial de la
política
económica en orden a lograr una reducción significativa de la pobreza y de la desigualdad económica y
social. La
justicia social no será únicamente una consecuencia secundaria del crecimiento, sino que ha de constituirse en
el
dispositivo propulsor de un desarrollo económico autosostenible, capaz de dinamizar la demanda interna y la
equidad productiva.
En torno a la política macroeconómica recomendamos que la economía se oriente a dinamizar el
crecimiento con
base en la demanda interior, priorizando la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población
y con una
adecuada redistribución de los ingresos que favorezca en mayor grado esa satisfacción colectiva. Sugerimos que
debe atenderse prevalentemente a la producción y distribución de los servicios necesarios para satisfacer las
necesidades de la sociedad, y ello debe implicar una reorientación estratégica que potencie al sector real de la
economía. La inversión extranjera, en esta propuesta, debe enmarcarse en nuevas reglas de juego que garanticen
la
permanencia de las inversiones, la utilización de los recursos, la trasferencia tecnológica, la
protección del medio
ambiente y el respeto a los derechos humanos y laborales.
La democracia política es el mejor ambiente para el desarrollo del país en todos los aspectos y para el
ejercicio de la
libertad sindical y la participación política. Pero no podrá consolidarse si se profundiza aún
más la polarización
social y económica. Esta es la razón por la cual nos planteamos la necesidad urgente de construir democracia
política y trabajar dentro de ella, desde los movimientos y organizaciones sociales, por objetivos relacionados con la
justicia social y mediante el impulso de liderazgos con arraigo social.
El sindicalismo, otros movimientos sociales y sectores democráticos, nacionales y regionales, han venido ganando
en un proceso de articulación de esfuerzos y agendas, adquiriendo así mayor capacidad para moverse e incidir en
el actual contexto político. [volver]
El Contexto Politico
Vivimos hoy la prolongación de una crisis política que se refleja en la fuerte división al interior
de la élite dominante.
Esta crisis, más allá de las envolturas circunstanciales, expresa un profundo desacuerdo en los poderes
económicos y políticos sobre el proyecto de país que se quiere. Desde hace rato se ha erosionado la
legitimidad y la
capacidad de cohesión del poder presidencial.
Este hecho explica el más reciente viraje hacia los manidos "acuerdos nacionales" entre el gobierno y las
cúpulas
de ambos partidos tradicionales, después de un "período perdido" de inestabilidad política, que
causó más daño a la
economía, y de un espectáculo de confrontación entre gobierno y congreso, en medio del cual se quiso
hacer creer
que existía algún interés en combatir la corrupción política.
Hay una pérdida de legitimidad y debilitamiento de los poderes públicos. Los órganos legislativos son
el principal
síntoma de la corrupción generalizada de la sociedad colombiana, explicada por la conjunción de intereses
entre
una empresa privada rentista y una clase política inescrupulosa. Este diagnóstico, apenas sí se mengua
por el
prestigio de algunos sectores de la justicia, especialmente la Corte Constitucional, la Policía Nacional y la Iglesia
Católica.
La guerra civil se ha agudizado. La tragedia humanitaria expresada en más de millón y medio de desplazados,
los
repetidos actos de barbarie, el asesinato premeditado e indiscriminado de civiles, el sufrimiento causado a las
gentes de aldeas y pueblos por el daño a la infraestructura física y social, la popularización del
secuestro y la
continuidad de la desaparición forzada, ha alcanzado dimensiones críticas.
Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para articular el Estado colombiano a sus intereses geoestratégicos,
usando las políticas antinarcóticos como instrumento político.
Existe una tensión entre varios escenarios posibles. Por supuesto, trabajamos por la consolidación y el
éxito del
escenario de la negociación entre el Estado y los grupos guerrilleros. En él se apuesta por una reforma
económica y
social, la puesta en marcha de una reforma política y la redefinición de la propia estructura económica y
política de
la sociedad colombiana. En el futuro inmediato tendrá que ponerse en marcha un instrumento político que haga
viable la reforma económica y social. Consideramos que debe ser una Asamblea Nacional Constituyente.
Esto supone un acuerdo nacional que debería expresarse además en una fuerte voluntad política tanto
del
establecimiento como de la guerrilla para negociar el conflicto armado; se requiere además la subordinación de
las
fracciones guerreristas tanto en el Estado -sectores de las fuerzas armadas- como en las guerrillas. Ello supone el
encontrar una alternativa que permita al Estado de Derecho subordinar el fenómeno paramilitar, sin excluir la
reparación a las víctimas y la consecución de justicia.
Esta voluntad debería manifestarse sólidamente alrededor de una propuesta que sea viable y aglutine un
sector
empresarial y político tradicional dispuesto a hacer concesiones y un sólido movimiento ciudadano por la paz con
propuestas específicas y claras en materia económica, social y política.
A favor de la negociación política del conflicto armado juega la decisión de un sector importante del
establecimiento
económico no sólo de dialogar directamente con las guerrillas sino de exigir un proceso más amplio de
negociación
del conflicto, con la presión de la comunidad internacional y sobre todo de la Unión Europea, así como el
desarrollo
y ampliación de los movimientos ciudadanos por la paz. El reto será trabajar para lograr construir este
escenario que
sería el más favorable para el país y para sus gentes. En el corto plazo significa modificaciones
importantes en el
manejo de la negociación buscando una política más nacional, más incluyente. Por lo pronto, genera
justificado
entusiasmo el anuncio de la discusión sobre propuestas de cese al fuego.
El avance de la negociación política ha sido lento. Mientras tanto, avanza la fragmentación del
país, la autoridad
estatal asume una política de guerra interior, se profundiza el desplazamiento forzado, el Estado colapsa
parcialmente en bastas zonas del territorio nacional, la movilización ciudadana es masiva pero no encuentra eco en
los contendientes armados. La fragmentación del Estado se hace más evidente: cada vez más actores armados
cobran impuestos y tratan de ganar espacio político, o justificar la continuidad de su accionar militar, asumiendo la
lucha anticorrupción; emergen más ejércitos privados, más zonas del territorio son tomadas por las
autodefensas y
por bandas terroristas de derecha; aumenta el éxodo de los defensores de los derechos humanos; aumenta el
intervencionismo norteamericano; se fortalecen zonas en manos de las guerrillas hacia donde huyen amplios
sectores de la población para proteger sus vidas y enrolarse en las filas de la subversión; aumentan los
cultivos
ilícitos y los secuestros; es evidente la impotencia del gobierno civil para controlar la situación,
etc.
En un escenario como el descrito la propia unidad del territorio se pone en cuestión como producto de la guerra
civil,
de la barbarie de ambos extremos y de los intereses geoestratégicos de las grandes potencias. La crisis humanitaria
aumentará (desplazamiento, asesinatos, restricción de las libertades civiles y políticas, secuestros
indiscriminados,
aumento de las áreas de cultivos ilícitos, aumento de organizaciones armadas, mayores violaciones de los
derechos
humanos, etc.) y con ella aumentan las posibilidades de un intervencionismo directo. Al final y en medio de la
agudización de la confrontación armada tendrá que abrirse paso la derrota militar de alguno de los
contrincantes
(salida con bajas posibilidades reales) o una nueva ronda y proceso de negociación política. De avanzar por la
vía
de la agudización del conflicto, las consecuencias serían catastróficas para las instituciones
democráticas y la
población en general se vería sometida a grandes sufrimientos.
Si se continúa negociando en medio de la guerra, los acuerdos serán parciales y lentos; continuará la
crisis
humanitaria y la fragmentación política del Estado. Este no logrará definir una estrategia clara frente
al
paramilitarismo y a las masivas violaciones a los derechos humanos. Es una situación de indefinición que no
puede
prolongarse. Es el escenario que existe en la actualidad, que se mantiene por inercia.
El gobierno con la intervención norteamericana y con su financiamiento, a través del Plan Colombia, busca
desarrollar una mayor capacidad militar tanto aérea como de inteligencia y de combate en las zonas de cultivos
ilícitos donde es poder la guerrilla de las FARC. La creación de los batallones antinarcóticos, el
fortalecimiento de la
Fuerza Aérea, las nuevas bases militares y el respaldo tecnológico, son las medidas y las políticas
puestas en
marcha.
En medio de ésta situación lo que sucede es patético: La población civil es la más
afectada en sus libertades y en
sus posibilidades de expresión, la guerrilla afecta la infraestructura económica y muestra las debilidades del
conjunto del sistema productivo (apagones que generan millonarias pérdidas, toma de las principales vías
carreteables que impiden la circulación de bienes y productos, etc.) estamos en frente de modalidades del
terrorismo que provocan un repudio muy amplio de la población civil al tiempo que se incrementa la guerra sucia
como manifestación de la degradación del conflicto.
Un escenario como el descrito presenta múltiples inconvenientes pues no permite aún visualizar hacia donde
se
dirige el país pues es una escenario de tanteo, de exploración, de avance sin signos que indiquen claramente si
el
camino es el de la negociación o la profundización y extensión del conflicto armado. En el terreno
económico el
modelo de apertura sigue su curso sin sobresaltos pero sin correcciones. Este escenario es muy típico de la cultura
colombiana. No se arriesgan propuestas y decisiones audaces solo se avanza si se tiene la seguridad de contar con
apoyos ciertos en los sectores dominantes y sin afectar mucho sus intereses y/o los intereses del entorno
internacional. [volver]
