LA IMPUNIDAD EN NICARAGUA
Dra. Vilma Núñez de Escorcia.
La impunidad en Nicaragua tiene algunas diferencias con la de otros países. No puedo decir que la
misma sea un fenómeno que se da en una época determinada o durante un gobierno específico, sino
que prácticamente ha estado ligada por diferentes razones a cada uno de los acontecimientos, al
desarrollo de nuestra sociedad y a la ineficacia de nuestras instituciones.
Es necesario referirme en primer lugar a la etapa de la Dictadura Somocista. Nuestro país era
dominado por una oligarquía sostenida por un Ejército creado por el gobierno norteamericano, y que
se caracterizó por ejercer una política de sistemática violación a los derechos humanos,
fundamentalmente en lo que respecta a las violaciones de los derechos civiles y políticos ejecutadas
por los miembros de la Guardia Nacional y por los miembros de la Oficina de Seguridad Nacional,
que era el órgano represivo que realizaba las persecuciones políticas, las desapariciones, las
ejecuciones y jamás había un juicio o una investigación para tratar de averiguar como era que éstas
se cometían.
La impunidad en que quedaban estos crímenes era parte consustancial a la política de la Dictadura
Militar Somocista. Salvo un caso muy excepcional que fue el asesinato de David Tejada Peralta
donde un médico militar denunció al miembro de la Guardia Nacional que ejecutó su asesinato y el
posterior lanzamiento de su cadáver al cráter del Volcán Santiago en Masaya. Ese médico militar que de acuerdo a sus principios y venciendo todos los compromisos que
representaba ser parte de la casta militar somocista, denunció el hecho y fue también asesinado
personalmente por quien había cometido el crimen contra Tejada, el asesino: El Mayor, Óscar
Sotomayor. Si bien fue juzgado, sentenciado y condenado, nunca estuvo en una cárcel y más bien
tuvo todas las posibilidades para asesinar a su compañero de armas el Doctor Fernando Cedeño.
Esto solo es un ejemplo de cómo funcionó la impunidad durante la Dictadura Somocista.
Guerra de Liberación y Agresión Norteamericana.
Durante la guerra cruenta de liberación nacional (1979), tanto en la lucha insurreccional como en la
etapa post-insurreccional, cuando el nuevo gobierno revolucionario no había tomado el control sobre
toda la gente que, con una arma en la mano había participado en el derrocamiento de la Dictadura;
en ese contexto se cometieron por las fuerzas revolucionarias una serie de hechos en contra del
derecho a la vida. A su vez en la insurrección final se dieron por parte de la Guardia Nacional,
bombardeos a ciudades y las llamadas "operaciones limpiezas" con las cuales se asesinó a
combatientes y principalmente a población civil ajena a la lucha.
Cuando triunfa el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la mayoría de los principales mandos
militares somocistas y los altos funcionarios gubernamentales responsables de haber dirigido la
represión y el crimen en contra del pueblo de Nicaragua, huyeron junto con el Dictador Somoza, esto
es otro ejemplo de impunidad.
Al asumir el gobierno el Frente Sandinista impulsa la política de abolición de la pena de muerte, y
el juzgamiento de aquellas personas vinculadas durante el régimen somocista a la comisión de éstos
crímenes. Pero solo fueron procesados los soldados de la extinta Guardia Nacional y un número
pequeño de militares de alto rango, lo mismo que personas que habían integrado la temible Oficina
de la Seguridad Nacional, también personas civiles que colaboraban con ese cuerpo de seguridad
fueron capturados, encarcelados y sometidos a juicios en los cuales no se cumplieron a cabalidad
las garantías del debido proceso
Posteriormente el gobierno revolucionario empieza a impulsar la excarcelación de un gran número
de éstas personas, a través de indultos otorgados de manera individual para lo cual se hacía un
análisis de cada una de las circunstancias en las que éstas personas habían desenvuelto su actividad
represiva y por la cual se les había detenido. Así se otorgaron indultos y decretos de perdón que
pusieron también en libertad a personas que habían cometido crímenes en contra de nuestro pueblo.
Pero esos indultos en muchas ocasiones sirvieron para reparar injusticias por encarcelamiento
muchas veces exagerados.
Luego se empieza a desarrollar contra el país la agresión militar norteamericana, impulsada con la
creación de una fuerza irregular como es la "Contra", y a ejercer una serie de presiones de todo tipo:
chantajes políticos, el embargo económico y financiero, los ataques directos en contra de los
objetivos militares, bombardeo y minado de los puertos y también se da como eje fundamental la
agresión ideológica, con uno de sus componentes: la presunta sistematicidad en la violación de los
derechos humanos en contra de sus oponentes políticos, presentándolo como una política oficial del
gobierno de Nicaragua.
En esas circunstancias y dentro de este contexto el gobierno sandinista, cediendo a las presiones que
constantemente se ejercieron de manera persistente por organismos intergubernamentales, por
gobiernos adversos y amigos, los primeros presionando, los segundos "recomendando", y con la
vigilancia permanente de los organismos internacionales de derechos humanos, continuó con la
aplicación de los indultos para excarcelar a prisioneros, sin diferenciar la gravedad de los delitos de
los que eran responsables, otorgándolos por razones de edad, salud, situaciones familiares y por otra
serie de factores.
Este procedimiento de otorgar indultos, algunas organizaciones de derechos humanos, tanto no
gubernamentales como intergubernamentales, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos lo criticaron y exigían se decretara una amnistía general.
Prácticamente los organismos internacionales de derechos humanos intergubernamentales y casi
todos los no gubernamentales, hicieron causa común con el discurso norteamericano para presionar
al gobierno de Nicaragua a decretar amnistía para violadores de derechos humanos, e incluso a
personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad.
En esta situación transcurren los primeros ocho años de la Revolución Popular Sandinista y las
cárceles de nuestro país que habían estado llenas por reos pertenecientes a la Guardia Nacional,
responsables directos de crímenes en contra de personas plenamente identificadas, fueron poco a
poco excarcelados.
Proceso de Paz.
En el año 1986, empieza a aplicarse en primer lugar una serie de iniciativas para buscar como llevar
la Paz a la región centroamericana, porque en ese entonces ya eran tres situaciones de conflicto
armado en el área: Guatemala con el movimiento revolucionario más antiguo de la región, El
Salvador con un movimiento insurgente muy fuerte, y en Nicaragua se vivía la situación de un
gobierno revolucionario, producto de una lucha popular justa frente a un régimen violador de los
derechos humanos, asediada desde todo punto de vista por el país más poderoso del mundo.
Es dentro de esa situación donde se concibe después de los esfuerzos de los países de Contadora, la
iniciativa de los presidentes centroamericanos, llamada "Procedimientos para establecer la paz firme
y duradera en Centroamérica", que contemplaba el otorgamiento de amnistías amplias e
incondicionales a todos los involucrados en la confrontación bélica, sin hacer exclusiones. Los
acuerdos de Esquipulas en el punto 11 establecieron que a los 90 días contados a partir de la fecha
de su firma, entrarían a regir simultáneamente en forma pública los compromisos relacionados con
amnistías, cese al fuego, democratización, etc., lo que había sido acordado en el inciso b) del punto
1 de los referidos acuerdos.
Es decir, los gobiernos centroamericanos en los Acuerdos de Esquipulas convienen en decretar una
amnistía sin consideraciones y diferenciaciones, prácticamente en ellos se instituyó la impunidad a
través de este compromiso de otorgamiento de una amnistía amplia.
Es importante señalar que estos Acuerdos iban dirigidos a presionar al gobierno de Nicaragua para
excarcelar no solamente a los miembros de la extinta Guardia Nacional que por sus graves crímenes
aún estaban presos, sino que también estaba dirigido a poner en libertad a más de 2,500 presos
integrantes de la contrarrevolución, muchos de los cuales estaban detenidos por ser colaboradores
de la contra o por simples sospechas. Pero también existía un número considerable de presos y
condenados por haber cometido graves crímenes en contra no solamente de los miembros de las
Fuerzas Armadas con quienes combatían, sino que también en contra de la población civil campesina
que fue la principal víctima de esta guerra injusta y cruel que nos impuso el gobierno
norteamericano.
La amnistía acordada en Esquipulas también favoreció a miembros de las Fuerzas Armadas, pero
antes de ello Nicaragua dio ejemplo de ser el único país que en guerra sometió a procesos
verdaderamente ejemplares a sus militares que se habían involucrado en la comisión de crímenes,
aún cuando sancionar a un militar que cometía determinado delito enfrentando una guerra de
agresión tan fuerte, podría producir una desmoralización en la tropa. De ninguna manera esto quiere
decir que, todas las violaciones de derechos humanos que dentro del contexto de la guerra
cometieron los miembros de las Fuerzas Armadas fueron investigadas y sancionadas, muchas
seguramente quedaron en la impunidad en esas circunstancias.
Las sucesivas amnistías que durante el gobierno sandinista se dieron, favorecieron fundamentalmente
a ex miembros de la contra, o sea a los miembros que habían sido armados, entrenados y financiados
por el gobierno norteamericano para agredir a Nicaragua, y a miembros de la extinta Guardia
Nacional de Somoza sentenciados por delitos de lesa humanidad en contra de nuestro pueblo. Esta
acción constituyó el cumplimiento de uno de los compromisos de los Acuerdos de Esquipulas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso demandó a Nicaragua en su informe
previo a la celebración de las elecciones de 1990, (o sea en el informe del período 88-89) el
otorgamiento de una amnistía general para los últimos 33 miembros de la Guardia Nacional presos
por ser responsables de graves crímenes, como requisito indispensable no solo para la paz, sino para
considerar la legitimidad de las elecciones del 25 de febrero de 1990. En el informe que cito se pedía
o exigía amnistía para todos los contras, sin excluir a aquellos que habían cometido crímenes atroces
que terminaron con familias enteras, incluyendo niños.
El gobierno sandinista fue sometido a enormes presiones para que demostrara su buena fe en la mesa
de negociaciones para lograr la paz, aún cuando los otros presidentes centroamericanos y demás
instancias involucradas en dichos acuerdos, estaban plenamente conscientes que el otorgamiento
de esas amnistías significaba poner en libertad a criminales. Por la amnistía que dictó el gobierno
sandinista antes del 25 de febrero de 1990 salieron favorecidos aquellos que directamente o
indirectamente desde Washington o los países vecinos a Nicaragua impulsaron las acciones
criminales que en su momento fueron condenadas por la Corte Internacional de Justicia.
Gobierno de la Unión Nacional Opositora.
Al asumir el nuevo gobierno producto de la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990 en unas
elecciones que eran parte también de este Procedimiento para establecer la paz firme y duradera, la
nueva Presidenta de la República Doña Violeta Barrios de Chamorro, con el afán de conseguir la
desmovilización de los alzados en armas o sea de los miembros de la contra, decretó una amnistía
sumamente amplia que abarcaba no solamente a los que andaban alzados en armas, sino a los que
se hubieran alzado en armas alguna vez o estuvieron viviendo en otros países.
La forma cómo el decreto fue redactado de una manera tan amplia, generalizada y con impresiciones
jurídicas, creó una gran confusión, al extremo que los reos comunes llegaron a pensar que se trataba
de una amnistía que también los cubría a ellos. Incluso, recuerdo que hubo hasta amotinamiento de
reos comunes en los Centros Penitenciarios reclamando que se les aplicara esa amnistía.
Aquí es oportuno comentar que, organismos internacionales de derechos humanos especialmente
Amnistía Internacional ha señalado que la amnistía no sirve para detener la violencia sino que más
bien es un mecanismo que la promueve.
Creo que las amnistías generales, tanto las que decretó el gobierno sandinista como las decretadas
por el gobierno de Doña Violeta, no fueron dictadas con la intención de hacer de la mismas un
mecanismo para promover la impunidad, además en las situaciones extremas en que se adoptaron
fueron quizás instrumentos, "males necesarios" para asegurar en el primer caso el cese de la guerra
de agresión, y en el segundo un esfuerzo para parar el accionar del ejército contrarrevolucionario,
con lo cual se puso fin de manera formal al conflicto, la principal fuente de violación de los derechos
humanos en Nicaragua en ese entonces.
Se ha analizado que éstas amnistías no son utilizadas como un mecanismo de impunidad sino como
un recurso extremo para parar un conflicto mayor y que contribuyen a ejercer una función para
prevenir la comisión de delitos futuros. Sin embargo, éste análisis en Nicaragua no ha tenido un
efecto como el que se pretende. Después de esa primera amnistía que decretó Doña Violeta a la que
he hecho referencia, comenzó a darse en el país por razones que no es el caso señalar aquí, el proceso
de rearme de los grupos que habían estado inicialmente integrados a la contrarrevolución y se
formaron los grupos llamados recontras; en respuesta a las acciones de persecución y crímenes que
los recontras ejercían en contra de los campesinos sandinistas y de cooperativistas, muchos de ellos
desmovilizados del Ejército, se establecieron entonces los denominados grupos recompas.
Posteriormente ambos grupos se dieron cuenta que estaban siendo objeto de exclusión y de falta de
cumplimiento a los acuerdos de reinserción a la sociedad suscritos con ambos por parte del gobierno,
lo que originó la formación de un movimiento que en su oportunidad se llamó de lo revueltos.
Con estos últimos también se suscribieron acuerdos que no se cumplieron a cabalidad, lo que entre
otros factores ha sido la causa de la existencia de grupos armados delincuenciales que en solo este
año han asesinado a 178 personas en el campo, crímenes que aún permanecen en la impunidad.
En conclusión debo señalar que la impunidad en los distintos momentos históricos en que he
dividido su análisis se ha presentado:
- 1.Durante la Dictadura de Somoza como parte consustancial de una política de Estado dirigida
a perpetuar el régimen somocista.
- 2.En el gobierno Sandinista como consecuencia del contexto de agresión militar externa y de los
compromisos de paz que obligaron al gobierno revolucionario a decretar amnistías generales.
- 3.En el gobierno de la Presidenta Chamorro, la impunidad es en un primer momento fruto de la
amnistía general que se decreta con el objeto de poner fin al conflicto armado generado por los
Estados Unidos, y la que en los últimos años se ha presentado obedece a la falta de voluntad
política del gobierno de enfrentarla y a la ineficacia del Poder Judicial para investigar los
crímenes.
Managua, Nicaragua 13 de diciembre de 1996.
