COMISION VERDAD Y JUSTICIA DEL ECUADOR,
La Impunidad en Democracia.
Siempre se ha hablado de Ecuador como una isla de paz.
Esto se manejaba tanto a nivel nacional como internacional. Nuestras dictaduras han sido más bien
dictablandas y no han llegado a los extremos de represión de otros países del continente. La represión
ha sido mayor en regímenes democráticos, a veces bajo el pretexto de eliminar nacientes brotes de
movimientos guerrilleros. Sin embargo en el país es práctica cotidiana la tortura, no por motivos
políticos sino para investigar a las personas detenidas por delitos comunes. Durante esas investigaciones
muchas personas han muerto y posteriormente desaparecido. La llamada ley de fuga, virtual aplicación
de la pena de muerte, ha cobrado y aún cobra muchas vidas en el país.
Otra causa constante de enfrentamientos, muertes y desapariciones, tanto en la sierra y más
particularmente en la costa, es la reforma agraria, mal aplicada y aún pendiente en el Ecuador.
Los campesinos desaparecían a manos de bandas armadas, lo mismo que de policías organizados en
escuadrones de la muerte que actuaban en convivencia con los terratenientes, sicarios, contratados para
"limpiar" el campo y eliminar a los dirigentes de las cooperativas que luchaban por sus tierras.
Hace 20 años fue famoso un cuartel de policía llamado FUMISA, que sembró el terror en el campo.
Los policías eran investigadores, jueces y ejecutores en los procesos que muchas veces terminaban con
la muerte del detenido. Los predios del cuartel se convirtieron en cementerios clandestinos.
El restablecimiento del sistema democrático en el Ecuador a partir de 1979 no implicó, sin embargo,
que necesariamente desde las distintas esferas gubernamentales se hayan suprimido las acciones
violatorias contra los Derechos Humanos en los períodos presidenciales que se han sucedido en el país.
Si bien cada administración de gobierno tuvo características positivas y negativas en materia de
tratamiento de los Derechos Humanos, existen fases de la gestión democrática en todos estos años, que
pueden ser catalogadas como de permanente inseguridad ciudadana.
La debilidad institucional del Estado para combatir este tipo de prácticas al interior de su aparatos de
seguridad tiene diversas características. Van desde la falta de control y regulación de los cuerpos de
seguridad privados, fenómeno que se ha extendido de manera vertiginosa en los últimos años, hasta la
incapacidad de llevar a cabo profundas reformas estructurales en el sistema de administración de
justicia.
En efecto, es conocido por la sociedad, la presencia de bandas paramilitares financiadas por grupos de
terratenientes en el sector agrario para combatir las demandas y presiones de los campesinos en relación
a la tierra.
También es de dominio público la falta de control policial sobre las acciones de bandas armadas al
servicio de caciques políticos en los barrios suburbanos de Guayaquil.
Todo ello ha generado un clima permanente de inseguridad para la sociedad civil, problema que hasta
hoy no ha sido enfrentado con la importancia que merece, en los que los presuntos delincuentes (21 en
lo que va del año) -y digo esto porque algunos no lo eran- fueron incinerados.
En ellos han participado pueblos y gremios indignados por la violencia e inseguridad crecientes y por
la ineficacia de la justicia.
La situación descrita se vuelve más compleja cuando la policía Nacional carece de sistemas científicos
de investigación del delito; cuando los recursos financieros y humanos son limitados; y cuando, por la
conjunción de múltiples factores , los niveles de formación técnica son deficitarios, produciéndose el
recurrente uso de la tortura para llevar a cabo las investigaciones respectivas dentro de los cuerpos
policiales. Esta situación es tan preocupante que Amnistía Internacional considera al Ecuador como uno
de los países latinoamericanos donde se violan sistemáticamente los Derechos Humanos de la
población.
En el transcurso de estas casi dos décadas, han existido períodos gubernamentales más negativos que
otros en términos de violación de los mismos.
El libro de reciente aparición: "El Testigo" escrito por Hugo españa, ex-agente del Servicio de
Inteligencia Criminal (SIC) y testigo de la desaparición y muerte de los hermanos Restrepo puso en
evidencia una verdad conocida a medias, ocurrida entre los años 1985-1988.
En el país hubo una política represiva auspiciada desde las altas esferas del poder. En una de las
provincias australes, Monseñor Luna obispo del Azuay, habla de cerca de 150 desaparecidos.
El caso de los hermanos Restrepo es modélico en el Ecuador.
La policía mató por "error" a dos jóvenes de familias acomodadas, cuyos padres se convirtieron en el
símbolo de la lucha por los derechos humanos. Gracias a ellos, las madres y familiares de otros
desaparecidos comenzaron a agruparse y salió a la luz, una historia que no por ignorada y oculta, deja
de ser verdadera.
A pesar de que este caso se lo investigó a través de una Comisión Especial compuesta por miembros
nacionales e internacionales, y que se logró señalar responsabilidades y sanciones para varios de los
implicados, puede decirse que este crimen ha permanecido en la impunidad. No se conocen las
circunstancias concretas ni se han encontrado los cadáveres de los jóvenes asesinados. Actualmente
existe en el país un ambiente general de inseguridad que profundiza el descrédito de los órganos
destinados al mantenimiento del orden interno de la Nación.
Con motivo del lanzamiento del libro antedicho, se realizó un programa televisivo: "NUNCA MAS"
que captó la audiencia del país. En él, desde el lugar donde está expatriado, Hugo España habló sobre
lo aprendido en la policía, las escuelas de torturas, los operativos en que participó. Al mismo tiempo
denunció la existencia de 2 cementerios clandestinos. En el set del canal había un panel integrado entre
otras personas por el Ministro de Gobierno y el Procurador General de la Nación. También
participábamos representantes de organizaciones de Derechos Humanos y de iglesias. El Presidente de
la República que se hallaba en ese momento en Bolivia también intervino vía microonda y expresó que
el país necesitaba un "baño de verdad".
El programa produjo a nivel nacional un enorme impacto.
Fue como un despertar doloroso, entre incrédulo y angustiado ante el descubrimiento de una terrible
realidad desconocida hasta entonces. Durante muchos días fue parte de las conversaciones de la calle
y tema privilegiado de los Medios de Comunicación Social.
Los efectos sociopolíticos producidos por esas declaraciones, relacionados no solamente con el caso
Restrepo sino con otros acontecimientos que involucran a actuales miembros de aparatos de seguridad
del Estado, revelaron la profunda crisis de las instituciones estatales para enfrentar la violencia
enraizada dentro de las mismas.
Asumiendo el pedido del presidente de la necesidad de un "baño de verdad", así como la creación de
todos los canales posibles para que se de paso a un proceso de investigación, los diversos organismos
nacionales e internacionales de Derechos Humanos que funcionan en el país, coordinaron acciones para
exigir la creación de una Comisión Independiente y representativa que investigara todos los casos de
violación de derechos humanos ocurridos en los últimos 17 años de regímenes democráticos.
Así se creo la COMISION VERDAD Y JUSTICIA mediante acuerdo ministerial el 17 de setiembre de
1996. Es importante conocer los considerandos del decreto. Dice así:
- Que el derecho a la vida, la libertad, e integridad de las personas, así como sus garantías ciudadanas
consagradas en la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales de los cuales el
País es signatario, constituyen el paradigma de la vida democrática y la sana convivencia de la
población.
- Que el Gobierno Nacional considera que el respeto a los Derechos Humanos es un compromiso
fundamental que debe constituir política de Estado.
- Que el país ha conocido de diversas fuentes, graves denuncias de violaciones a los Derechos
Humanos desde el restablecimiento de la democracia en el año 1979, ante los cuales el Señor
Presidente Constitucional de la República ha resuelto promover un "Baño de Verdad" que permita
establecer los hechos, sancionar a los responsables y reparar los daños causados.
Como parte de las funciones de la COMISION están:
- A.Recoger denuncias sobre violaciones a los derechos Humanos especialmente desapariciones,
torturas y demás agresiones contra la vida y la integridad personal ocurridas en el Ecuador desde
1979, sean estas atribuibles a agentes del Estado o a particulares. Esta investigación incluirá las
denuncias sobre violación de los derechos humanos contra policías que durante el desempeño de sus
funciones resultaren muertos o afectados en su integridad personal.
- b. Investigar denuncias por todos los medios a su alcance. Cuando la Comisión reúna los indicios
suficientes que den cuenta de la existencia de delitos, pondrá el caso en conocimiento de las
autoridades pertinentes. La comisión podrá aportar nuevas evidencias y coadyuvar a la acción de la
justicia.
- c. La Comisión elaborará el informe "VERDAD Y JUSTICIA" En el que se sistematizará la
información, denuncias e investigaciones realizadas, así como sus antecedentes, conclusiones y
recomendaciones en el plazo de un año.Este informe será ampliamente divulgado para conocimiento
y la memoria del País.
La Comisión podrá elaborar informes especiales sobre aquellos temas o casos que por sus
características así lo ameriten.
Los miembros de la Comisión son 3 representantes de organismos nacionales de Derechos Humanos,
3 de organizaciones internacionales y un delegado del ministerio de gobierno.
Como se ha comentado la puesta en marcha de esta COMISION constituye un hecho notable y
novedoso ya que sienta el precedente de que en un régimen democrático se da cabida a investigaciones
de acontecimientos vinculados a la violación de derechos humanos ocurridas no solo en regímenes
dictatoriales sino en los que se han proclamado defensores de los mismos.
En definitiva, ella da lugar y canaliza una serie de demandas de la sociedad civil para lograr
mecanismos transparentes de investigación y control ciudadano de los aparatos de seguridad.
Por otra parte estos procedimientos pueden ser considerados como un referente para ser aplicado en
otros países o contextos democráticos que presenten situaciones similares.
El trabajo en la Comisión no ha sido fácil, como es de suponer. Se ha comenzado por sistematizar las
denuncias ya existentes y entregarlas a un equipo de abogados que preparan los informes que deben ser
entregados a la Corte Suprema de Justicia.
Se han establecido lugares de recepción de denuncias en las diferentes provincias a partir de los grupos
de Derechos Humanos existentes y de organizaciones de iglesias.
Hemos recibido múltiples denuncias de la presencia de cementerios clandestinos en recintos policiales
y militares, así como en el campo. Todo ello está en proceso de verificación. Hemos investigado en un
recinto policial, FUMISA, sobre la presencia de cementerios clandestinos a partir de informes
coincidentes de sobrevivientes, testigos y ex-policías.
Este hecho tuvo una gran cobertura informativa, y como constituye toda una novedad esa búsqueda en
el país, soportamos la presión angustiosa de encontrar los restos a la brevedad posible, cosa que todavía
no ha ocurrido, por lo que resulta más difícil reiniciar la búsqueda. No contamos además con los
recursos prometidos para efectuarla y el Estado que se comprometió a facilitarlos no lo ha hecho. Sin
embargo debemos precisar que el caso ecuatoriano es excepcional porque la búsqueda comenzó con la
presencia del Ministro de Gobierno en el lugar investigado que nos dio su respaldo.
La policía reaccionó indignada a través de la cúpula policial. Dijo que se la estaba humillando. Algunas
autoridades del Estado se sumaron a esta protesta. Muchos policías han muerto en enfrentamientos con
delincuentes o por problemas domésticos, en los últimos meses. Se sostuvo que las Organizaciones de
Derechos Humanos no decían nada frente a esto ni defendían a los policías que también eran víctimas.
Se sumaron las voces de algunas autoridades.
Nuestra conclusión es que los policías son víctimas de un Estado que les confía una tarea delicada y
peligrosa, sin la preparación debida ni los implementos adecuados para realizarla, además de
remunerarlos tardía y deficientemente lo que propicia el que se cometan abusos de parte de los mismos.
En estos momentos Ecuador atraviesa una situación particularmente delicada política y socialmente en
el plano interno. En el plano internacional está pendiente un arreglo de paz definitivo con Perú.
El Gobierno pretende poner en marcha un audaz plan económico, altamente cuestionado y que no
cuenta con el respaldo de la población.
Las autoridades gubernamentales han abierto muchos frente de conflictos internos, con los medios de
Comunicación, con la Iglesia, con los sindicatos, los indígenas, las organizaciones de mujeres, con los
habitantes de la Capital de la República.
Ser por lo tanto miembros de una Comisión que el gobierno avala e investigar violaciones de Derechos
Humanos en un momento como el actual se hace muy problemático y difícil.
En este momento estamos preparando la primera entrega de las denuncias investigadas y documentadas,
así como el primer informe al país.
Confiamos poder realizar un aporte en el esclarecimiento de la verdad, para recuperar el derecho a la
memoria, a llorar los muertos, y construir un presente donde quepan todos.
Sistema democrático en el Ecuador a partir de 1979 no implicó necesariamente que desde las distintas
gestiones gubernamentales se hayan suprimido las acciones violatorias contra los derechos Humanos
en los períodos presidenciales que han gobernado el país. Si bien cada administración de gobierno tuvo
características positivas y negativas peculiares en materia de tratamiento de los Derechos Humanos,
existen fases de la gestión democrática en todos estos años que pueden ser catalogadas como de
permanente inseguridad ciudadana. El solo hecho que se hayan regisistrado más de 200 denuncias de
desapariciones en estos 17 años de regímenes democráticos, denunciados por varias organizaciones de
derechos humanos, refuerza la idea de que las prácticas violatorias siguen generándose en muchos de
los ámbitos estatales y privados en el Ecuador.
La debilidad institucional del Estado para combatir este tipo de prácticas al interno de su aparatos de
seguridad tienen varias facetas de presentación. Van desde la falta de control y regulación de los cuerpos
de seguridad privados, fenómeno que se ha extendido de manera vertiginosa en los últimos años hasta
la incapacidad de plantear profundas reformas estructurales al sistema de administración de justicia. En
efecto, es conocido por la sociedad, la presencia de bandas paramilitares financiadas por grupos de
terratenientes en el sector agrario para combatir las demandas y presiones de los pueblos indígenas en
relación a la tierra. También es público la falta de control policial sobre las acciones de bandas armadas
al servicio de caciques políticos en los barrios suburbanos de Guayaquil. Todo ello ha generado un
clima permanente de inseguridad para la sociedad civil, problema que difícilmente ha sido abordado
y solucionado.
La situación descrita se vuelve más compleja cuando la policía Nacional carece de sistemas científicos
de investigación del delito; cuando los recursos financieros y humanos son limitados; y cuando, por la
conjunción de múltiples factores , los niveles de formación técnica son deficitarios, produciéndoses el
recurrente uso de la tortura para llevar a cabo las investigaciones respectivas dentro de los cuerpos
policiales. Esta situación es tan preocupante que Amnistía Internacional considera al Ecuador como uno
de los países latinoamericanos donde se violan sistemáticamente los derechos Humanos de la población.
En el transcurso de estas casi dos décadas, han existido períodos gubernamentales más negativos que
otros en términos de violación de los derechos Humanos. Sin lugar a dudas, en los actuales momentos
asistimos a una especie de sismo político producido por las consecuencias derivadas de las accione
violatorias de los derechos Humanos en la gestión gubernamental de Febres Cordero. Precisamente, el
caso de Hugo España representa el complejo tratamiento que tuvo la investigación efectuada por la
desaparición de los hermanos Restrepo.
A pesar de que este caso se lo investigó a través de una Comisión Especial compuesta por miembros
nacionales e internacionales, y que se logró señalar responsabilidades y sanciones para varios de los
implicados, actualmente existe en el país un ambiente general de descrédito e inseguridad que
profundiza el descrédito de los órganos oficiales de seguridad.
Los efectos sociopolíticos producidos por las declaraciones del ex-agente Higo españa, relacionados
no solamente con el caso Restrepo sino con otros acontecimientos que involucran a actuales miembros
de aparatos de seguridad del Estado revelan la fragilidad institucional y la falta de voluntad política
con que se ha tratado el problema. Es por eso motivo que la reacción oficial ha enfatizado que el país
necesita un "baño de verdad" de los sucedido, así como la creación de todos los canales posibles para
que se de paso a un proceso de investigaciones de lo no dicho o que está escondido.
Bajo esta intencionalidad, los diversos organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos
que funcionan en el país, han coordinado acciones para exigir la creación de una Comisión
Independiente y representativa que investigue todos los casos de violación de derechos humanos
ocurridos en estos años de regímenes democráticos. Esta comisión privilegiará los casos relacionados
con desapariciones, asesinatos, y tortura producidos en los períodos mencionados.
Mediante estas acciones se pretende fortalecer el sistema democrático y se apunta hacia la construcción
de un aparato idóneo de administración de justicia y policía. Este hecho es notable y novedoso ya que
sentaría el precedente de que en régimen democrático se da cabida a investigaciones de acontecimientos
vinculados a la violación de derechos humanos ocurridas en democracia.
Por otra parte estos procedimientos también pueden ser interpretados como un referente a ser replicado
en otros países o contextos democráticos que presenten situaciones similares.
Un inicio positivo constituye entonces, la aceptación por parte del gobierno de la propuesta elaborada
desde las organizaciones de Derechos Humanos y que en definitiva dan lugar y canalizan una serie de
demandas de la sociedad civil para lograr mecanismos transparentes de investigación y control
ciudadano de los aparatos de seguridad . Con ello se actualiza y se pone sobre los organismos de gestión
gubernamental la noción de seguridad ciudadana, que tanto hacen falta en los ámbitos de gobierno y
que expresan procesos de construcción de una verdadera democracia.
Esperanza y desesperanza al tiempo. Los oscuros días del escuadrón de la muerte en los años setenta.
Lo que puede aparecer como coincidencia es el testimonio de un proceso de luchas campesinas de más
de dos décadas. Los invasores de entonces, los torturados de FUMISA, los que murieron en las
lagarteras o están en un profundo cementerio clandestino son los mismos que protagonizaon a lo largo
de la década del ochenta más de cien conflictos de tierra en la Costa ecuatoriana en el marco de un
preocupante vacío de reforma agraria.
Es FUMISA un caso aislado?
No hay qyue entenderlo en le marco general de la defensa de los derechos Humanos.
Fumisa cumplió el rol, el papel que las circunstancias encomendaron a las fuerzas policiales y militares
en las zonas rurales del Litoral, que era protegido por los intereses de los grandes terratenientes. Y ese
rol lo cumplieron. La violencia surgió en el litoral en los años setenta, cuando el país vivía una aguda
crisis económica y se iniciaba el primer proceso de reforma agraria. las zonas campesinas de Guayas
y los Rios soportaban una intensa pobreza. A comienzos de los setenta, una ley, el decreto 1001, abriría
todo el período de reversión de tierras en favor de los campesinos. Se trataba, según Guerrero, de un
instrumento muy ágil y sencillo, que abolía el trabajo precario y permitía a los cultivadores de arroz
acceder a la propiedad de la tierra que habían venido trabajando. "Se trató de una violencia
institucionalizada, desarrollada como forma de defensa de los grupos terratenientes para impedir la
reforma agraria. Los campesinos eran tratados como invasores.
La represión se extendía a toda la policía rural y a las jefaturas políticas locales con el saldo de un
número increíble de perseguidos y de muertos. La violencia también la ejercían los propios campesinos.
El caso ecuatoriano es excepcional. Es la primera ocasión que una investigación de cementerios
clandestinos se da con tanto apoyo estatal. Es importante que esa ventaja significativa se mantenga para
la sobrevivencia de la Comisión.
En la mayoría de los países y particularmente centroamérica, las investigaciones han debido cumplirse
a la sombra del anonimato, o han sido producto de complejos procesos de negociación con el Estado que
luego ha sido posteriormente escamoteados. Finalmente en otros caos como Argentina y Chile, la
investigaciones han concluido en procesos de amnistía para los uniformados responsables de las
violaciones de los derechos Humanos.
El Ecuador tiene, en ese sentido, una historia importante de apertura, que arranca desde las
investigaciones que, a finales de la década pasada, se iniciaron por el caso de la desaparición de los
hermanos Restrepo. La investigación llegó incluso a provocar el desmantelamiento de una unidad de
investigación criminal de la policía y la prisión de varios miembros de la Fuerza pública acusados e
participar en el caso Restrepo. Y en ese sentido también, la permanencia de la Comisión Verdad y
justicia sería la ratificación de ese espíritu de apertura ecuatoriana frente a estos hechos de violencia
institucionalizada. (hablar con las autoridades y presentar las demandas)
En el Ecuador no se había hablado de este fenómeno hasta hace muy poco tiempo. Apenas si la sociedad
se preguntaba que ocurrió con los hermanos Restrepo y donde estaban sepultados al tiempo que aparecía
el cadáver de una perseguida política: Consuelo Benavides. Una nueva denuncia del ex-agente Hugo
españa, vinculado al caso Restrepo, puso en la mesa de discusión la existencia de dos cementerios
clandestinos que databan de la época de León feberes Cordero. El Ecuador no era una excepción.
Solamente que hoy podemos concluir que los excluidos y temerosos campesinos de la Costa no se
atrevieron jamás a escribir en pancartas públicas los nombres de sus desaparecidos.
La defensa de los derechos humanos irá cada vez mas ocupándose de la cotideanieidad, por eso hay que
hacerlo en las clases y en la vida de los barrios, para salir de los cementerios y lo que normalmente debe
quedar atrás.
Ojo en Ecuador ejecuciones sumarios, linchamientos, muertos en al perimetral. Eso significa despejar
previamente una historia de intolerancias y de violencia. Hay que dar a luz el pasado para entender
mejor el presente, saldar cuentas con nosotros mismos. Hay que sentar las bases para un
comportamiento nuevo y distinto referente a los derechos humanos. Militarizasen de la policía.
Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1996.
