NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA:

REFLEXIONES PARA MITIGAR SU INFLUENCIA Y CONTENER SU EXPANSIÓN

Juan Gabriel Tokatlian Profesor Asociado Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Universidad Nacional de Colombia.

El caso de los procesadores y traficantes colombianos de drogas ilícitas ha sido fuente de atención, debate y análisis entre académicos, periodistas, funcionarios y expertos, tanto nacionales como extranjeros. Varios términos se han empleado para calificarlos: empresarios ilegales, carteles, narcoterroristas, clase emergente, entre otros. Un enfoque no suficientemente contemplado, que merece atención, es el de entender ese caso como una modalidad específica de crimen organizado. [ Juan Gabriel Tokatlian, Drogas, dilemas y dogmas: Estados Unidos y la narcocriminalidad organizada en Colombia, Santafé de Bogotá: C.E.I., Universidad de los Andes/Tercer Mundo Editores, 1995.] Modalidad que en Colombia fue evolucionando por tres décadas hasta alcanzar, prácticamente, la fase "simbiótica" de desarrollo de la criminalidad organizada.

En efecto, siguiendo el esquema de Stier y Richards sobre el crimen organizado, éste evoluciona en tres estadios. [Las tres fases de evolución del crimen organizado, que tienen un valor funcional para describir su evolución aunque no suficiente para explicar las causas y motivos estructurales de su gestación y desarrollo, las han trabajado, en particular, Edwin H. Stier y Peter R. Richards, "Strategic Decison Making in Organized Crime Control: The Need for a Broadened Perspective", en Herbert Edelhertz (ed.), Major Issues in Organized Crime Control, Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1987] La fase "predatoria" inicial se caracteriza por la reafirmación territorial de grupos criminales que garantizan su poderío mediante la violencia y con ello logran defender su empresa ilícita, eliminar rivales, ganar espacio físico y asegurar un monopolio privado en el uso de la fuerza. La fase "parasítica" subsiguiente implica una notable influencia política y económica, combinada con una enorme capacidad corruptiva de segmentos públicos y privados. El nivel último, el "simbiótico", se produce cuando el sistema político y económico se vuelve tan dependiente del "parásito" que significa el crimen organizado, como éste de las instituciones establecidas para su expansión y afianzamiento. Aquí ya se asiste a un fenómeno de naturaleza política: un nuevo actor con fuertes atributos de poder económico e influencia social que busca legitimar su presencia en la sociedad con múltiples medios para lograrlo y de modo vehemente. De consolidarse esta fase final sin una comprensión y resolución profunda y efectiva a lo que ello significa e implica, el entorno interno y externo se tornará inexorablemente crítico para el país.

Ahora bien la pregunta central es: Cómo se ha llegado a este punto, a esta situación, a esta coyuntura, en el desenvolvimiento de la narcocriminalidad organizada colombiana?

Fundamentalmente, en la medida en que existan bienes y servicios solicitables por el público y que, sin embargo, permanezcan prohibidos o sean declarados ilegales, siempre subsistirán los incentivos, las oportunidades y las condiciones para que prosperen modalidades de criminalidad. Esta demanda concreta y evidente de bienes y servicios ilícitos es la que asegura tanto la manifestación como la permanencia de un tipo de crimen; el de una criminalidad sofisticada que supera el nivel y la actuación individual y se sitúa en un marco más amplio e intrincado de organización.

Así, al tiempo que se mantenga y refuerce el prohibicionismo de las drogas psicoactivas, en esa misma forma se preservará e incrementará el poder del crimen organizado ligado a ese producto. El prohibicionismo mismo, por lo tanto, está en la raíz del fenómeno criminal y ello no puede pasar inadvertido ni ser tergiversado. De lo contrario, se implantarán retóricas, se construirán imágenes y se diseñarán políticas que en nada aportarán a resolver de manera seria y profunda la problemática originarla.

La evolución del crimen organizado vinculado a las drogas psicoactivas es el efecto de una estrategia prohibicionista deliberada, es un síntoma y no una causa, es una consecuencia efectiva de una voluntad y no un dato neutral y natural. Por ello, tanto el prohibicionismo como su contra cara, la criminalidad, constituyen, en tanto expresión social, cultural, discursiva e histórica, realidades políticas insoslayables. En consecuencia, la prohibición del consumo de drogas psicoactivas ha sido el motor histórico que ha alimentado la configuración del crimen organizado en Colombia. Prohibición que ha tenido en Estados Unidos el promotor más militante, torpe y obsesivo y que afecta por igual a sociedades en el Sur y en el Norte, en la periferia y en el centro.

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Qué es?

Ahora bien, a los efectos de ubicar el ejemplo de los procesadores y traficantes colombianos de drogas ilegales, es conveniente distinguir sus rasgos salientes.

1. Independiente del grado y nivel de desarrollo económico histórico o vigente de un país, el crimen organizado florece, se amplía y hunde sus raíces con más fuerza en el capitalismo. Ello se presenta más allá del tipo de régimen político, democrático o autoritario, y de su ubicación periférica o central en el sistema internacional. El telón de fondo cl ambiente en el que s manifiesta la criminalidad organizada es el conjunto de incentivos materiales, de conflictos sociales y de prácticas políticas que hacen parte del esquema capitalista. Los procesadores y traficantes nacionales se han insertado en una estructura capitalista tardía y dependiente, caracterizada en las últimas cuatro décadas por un crecimiento económico acelerado y dinámico, pero rapaz y concentrados que generó un proceso vertiginoso y contradictorio de modernización inconclusa dado que no fue acompañada por un desarrollo paralelo y efectiva de los elementos básicos de la modernidad.
2. El crimen organizado es un fenómeno dinámico que se circunscribe cada vez menos a la idee casi prefijada de un solo espacio físico, de un grupo nacional y de un número reducido y limitado de productos ilícitos en control de una organización dada. La noción de criminalidad organizada no es estática. Por el contrario, asistimos a una forma empresarial delictiva que, en su evolución histórica, se ha mostrado fecunda y plural. En efecto, al analizar por ejemplo el desarrollo reciente de varios bienes y servicios prohibidos y criminalizados que se ofrecen y consiguen en el mercado; de las bandas (individuales o en contubernio) que los manejan y usufructúan; de la movilidad espacial y temporal de esos recursos y de los conjuntos humanos que los comercializan; de la variedad de públicos que solicitan y consumen dichas mercancías; de la multiplicidad de redes legales e ilegales, legítimas e ilegítimas que se nutren de la criminalidad organizada, es posible aseverar que se está en un proceso de transición y cambio. Por ello, el crimen organizado está adquiriendo dimensiones globales (en lo geográfico), transnacionales (en lo étnico cultural), multiformes (en los acuerdos que forja con sectores políticos y sociales) y pluriproductivas (en cuanto a la gama de productos que transa y a los distintos niveles de participación; esto es, producción, intermediación, venta, etc.). con el tiempo, los procesadores y traficantes colombianos de drogas ilegales, han ido mostrando un alcance cada vez más integral, multiplicando la producción, comercialización y distribución de productos ilícitos (marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas) en diversos mercados y ampliando los contactos y compromisos con otros grupos extranjeros de criminalidad organizada.
3. La criminalidad organizada se asienta en un espacio y un tiempo en los que las relaciones individuales y colectivas son facilitadoras de su maduración y poderío. Esto apunta a que el crimen organizado es mucho más que un acto o una conducta, grupal aislada o unilateral, anémica o desviada. Esta modalidad de crimen se inserta en una profunda, compleja y dinámica matriz en la que la sociedad es, al mismo tiempo, víctima de sus demostraciones violentas de fuerza y beneficiaria de los bienes y servicios que provee. De igual manera, surge y se ramifica en un entorno en el que el Estado se encuentra, parcial o completamente, tácita o expresamente en convivencia con dicha criminalidad, permitiendo de hecho que su capacidad operativa (tanto de bienes y servicios ilegales como lícitos) prospere. La criminalidad organizada colombiana se ha asentado en un entorno cultural cuyos valores y prácticas individuales, sociales, políticas y jurídicas han facilitado su mayor expansión y su potencial consolidación. Los beneficios personales y grupales derivados de su existencia superaron los costos conjuntos para la sociedad. Paralelamente, las posibilidades de su ascenso y reconocimiento social y regional en medio de una relativa abundancia de recursos para el consumo, con una justicia inoperante y en el marco de un esquema político clientelizado y bloqueado por décadas, permitieron el avance afirmativo de la narcocriminalidad nacional.
4. La expresión crimen organizado se ha reservado exclusivamente al ámbito de los agentes no estatales. El sujeto de referencia para explicar el crimen organizado se identifica en la sociedad, pero en su desarrollo se refleja asimismo una determinada relación Estado sociedad. Ello no significa, sin embargo, el desconocimiento de la cercana e intensa articulación entre grupos criminales con el espacio de lo estatal no sólo para su funcionamiento, sino también para su expansión. Cuando se habla de este fenómeno no se señala que tal o cual Estado responde a una definición dada de criminalidad. Por lo tanto, el sujeto de referencia para explicar el crimen organizado se identifica en la sociedad, pero refleja asimismo una determinada relación sociedad estado. La diversidad social y regional de los procesadores y traficantes colombianos de drogas ilícitas (en cuanto grupos provenientes de situaciones históricas y geográficas distintas aunque bajo una matriz Estado sociedad similar identificada por un débil desarrollo estatal) ha redundado en variaciones de perfiles, estilos y procedimientos, pero no de estructuras fundamentales en cuanto criminalidad organizada.
5. Una constante detestable en las diversas aproximaciones teóricas y en las distintas experiencias empíricas conocidas, es la búsqueda de poder político y económico por parte del crimen organizado. A nivel local o global, a partir de diferentes bienes o servicios ilegales, de modo más o menos violento, la criminalidad organizada pretende garantizar e incrementar sus ganancias, su influencia y su seguridad. Esto, en el caso colombiano, se ha expresado con más nitidez a nivel regional, donde se han creado verdaderas narcocracias: una especie de poderes locales establecidos o camuflados, de talante autoritario, dotados de importantes recursos económicos, con diversas configuraciones de apoyo, afianzando una suerte de narcosubcultura en distintos espacios territoriales y con ambición de un ejercicio sutil y vehemente, de poder político efectivo en el ámbito nacional. De allí que el objeto último del crimen organizado en Colombia es asegurar y proyectar su dominación social.
6. Si bien la violencia y la amenaza del uso de la fuerza, así como el soborno y la corrupción son elementos distintivos del crimen organizado, la fortaleza represiva no es el único mecanismo o instrumento que lo caracteriza. La criminalidad organizada tiene la necesidad, oportunidad y capacidad para combinar con eficacia la coerción y el consenso. Su vigencia y proliferación no radican sólo en su ejercicio del temor, sino también en su aceptación o reconocimiento por parte de diferentes segmentos de la población. Esto evidencia la posibilidad y el interés de la criminalidad de convertirse en un actor social con potencialidad hegemónica. Para ello se requiere fuerza y persuasión. Esto hace que los medios que utiliza el crimen organizado para afirmarse y extenderse sean, preferente pero no exclusivamente, violentos. Los procesadores y traficantes colombianos han usado todos la violencia de modo preferencial, pero no único. Algunos segmentos de la narcocriminalidad nacional emplearon estratagemas muy sangrientas, mientras otros optaron por tácticas menos virulentas; pero todos han detentado y detentan una inmensa capacidad intimidatoria y corruptora.
7. La criminalidad organizada no parece responder a un patrón rígido de conformación y comportamiento grupas El crimen organizado se apoya en coaliciones, asociaciones y conexiones de distinta índole, pero generalmente no constituye un tipo de burocracia, corporación, cartel o conglomerado homogéneo, consistente y monolítico. Los lazos internos, familiares, regionales, étnicos, nacionales y hasta religiosos son esenciales y se yuxtaponen con formas de agrupación y alianza múltiples. Una importante variedad de ejemplos históricos muestra una tendencia hacia diversos esquemas híbridos de evolución, agrupamiento y acción. Ahora bien, en ellos parece predominar un hilo conductor relativamente semejante: una visión sencilla, práctica, utilitaria de la realidad y de cómo aprovecharla para mejorar y elevar su inserción política, su legitimidad social y su gravitación económica. Así, el ethos del crimen organizado es profundamente pragmático. En el caso colombiano ha sido una nota identificatoria de la conducta de los procesadores y traficantes de drogas ilícitas el establecimiento de acuerdos, pactos y transacciones con una vasta gama de agentes gubernamentales y no estatales, institucionales y paraestatales, civiles y militares, públicos y privados.
8. Es posible discernir una disposición similar entre las múltiples manifestaciones de criminalidad organizada. Una suerte de espíritu común aglutina las muy diversas formas de crimen organizado: un apego al statu quo, a la preservación vehemente de sus privilegios, a la promoción de ciertos valores funcionales a sus intereses, al mantenimiento de un orden asimétrico determinado. Más que pretender una transformación estructural o sistémica, la criminalidad organizada, a pesar de utilizar medios violentos para alcanzar sus fines, tiende a perpetuar un esquema sociopolítico dado. Podría decirse que detrás de un supuesto desafío al régimen o a las instituciones imperantes, el crimen organizado busca afirmarse como fuerza retardataria. De allí que su orientación sea conservacionista en el sentido de preservar y perpetuar, más que superar lo establecido. El comportamiento de los procesadores y traficantes nacionales corrobora esta característica de la criminalidad organizada: el narcotráfico no es fuente para la consolidación de una fuerza progresista, no permite la superación de problemas estructurales que vive el país y no contribuye a estimular la democracia participativa; es por el contrario, un fenómeno que potencia tendencias regresivas y autoritarias.

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Qué hacer?

Parece fundamental reconocer que entre el extremo represivo, incongruente y desastroso de la prohibición y el extremo desconocido, lejano e intrincado de la legalización hay espacio para alternativas mucho menos punitivas y bastante más humanas: esto es; una estrategia de minimización de daños. Estrategia que apunta a disminuir los graves perjuicios y a evitar los mayores costos generados por el uso y abuso de drogas psicoactivas, tanto a nivel individual, nacional e internacional, como en términos legales, sociales, económicos y de salud. No se trata de erradicar totalmente un fenómeno multifacético, sino de reducir gradualmente su incidencia negativa local y mundial.

En ese sentido, asumir este tipo de estrategia implica lo siguiente:

• Pensar y actuar frente a las drogas psicoactivas con una perspectiva de largo plazo y no con una de presuntos resultados y soluciones inmediatas.
• Esclarecer y desagregar una política de Estado frente a las drogas psicoactivas con el propósito de precisar y focalizar los mecanismos de control y contención de este asunto, protegiendo en realidad a los ciudadanos y desarticulando con firmeza a la narcocriminalidad organizada.
• Concebir y reafirmar la naturaleza de asunto público de sanidad y no de cuestión militar de seguridad del fenómeno de las drogas psi coactivas, tanto nacional como internacionalmente.
• Eludir y rechazar la acumulación de normas, decretos y leyes, de valor simbólico más que práctico, como modelo de afrontar una problemática personal y colectiva que no requiere de más sanciones y penalizaciones, sino de una justicia sensible y operativa real.
• Comprender y respaldar el hecho de que esta cuestión no puede resolverse unilateralmente, sino a través de la cooperación, como tampoco a partir de nociones estrechas y absolutas de soberanía nacional, sino de criterios menos autárquicos y categóricos en el plano de la autonomía interna y externa.

En consecuencia, sería factible contemplar un conjunto de iniciativas concretas en el marco de una estrategia de minimización de daños. Por ejemplo, podría ser válido y viable lo siguiente:

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En el plano internacional:

• Insistir, con el concurso de varios países del Norte y del Sur, en la convocatoria para antes de final de siglo de una Cumbre Mundial sobre Drogas Psicoactivas (como las recientes sobre Medio Ambiente, Desarrollo Social, la Mujer, etc) donde se evalúe de manera integral esta cuestión.
• Estimular la posibilidad de consolidar una Corte Penal Internacional, tal como viene debatiéndose en Naciones Unidas, en la cual se determine de modo creíble, legítimo y simétrico para todas las partes la incorporación de la figura de la narcocriminalidad organizada.
• Propiciar una controversia en distintos foros como la ONU, la OEA, la OMC, entre otros, acerca de legalidad internacional de instrumentos unilaterales de castigo o retaliación como algunas de las leyes de Estados Unidos en materia de lucha y colaboración antinarcóticos.
• Exigir que la cooperación activa y la multilateralización efectiva se constituyan en los pilares indeclinables de la política antidrogas internacional de Colombia, independiente del gobierno de turno.
• Desplegar una diplomacia de base, a nivel de actores y fuerzas no estatales, en diversas sociedades centrales y periféricas para conformar coaliciones sociales amplias y heterogéneas contra el prohibicionismo tanto en lo interno como en lo internacional.
• Solicitar un compromiso material y diplomático masivo de la comunidad de naciones con Colombia para superar el fenómeno de las drogas psicoactivas en todos los frentes y con el fin de garantizar una gobernabilidad democrática y con el compromiso nacional de que en el país no se afiance un narcoproyecto de gobierno. Colombia y el tema de las drogas psicoactivas debería representar un caso tan crucial para la política mundial como la estabilización económica de México, la pacificación en Medio Oriente, el desbloqueo de la violencia en la ex-Yugoslavia y la no proliferación nuclear en el sudeste asiático.

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En el plano interno:

• Convocar una Comisión de Estudio sobre el Fenómeno de las Drogas Psicoactivas que presente, en un lapso no superior a los seis meses, un diagnóstico actual de este asunto y una serie de recomendaciones específicas para el Estado y la sociedad.
• Desarrollar medidas y acciones prioritarias orientadas a revertir la estructura de violencia político militar y rapacidad socioeconómica, generada por la narcocriminalidad organizada en el país; lo cual se debería sustentar en una táctica de aislamiento de éste, en particular respecto a sus dos socios claves como el elusivo paramilitarismo y el empresariado oportunista.
• Concentrar las acciones preventivas frente a este fenómeno en defensa de los ciudadanos más vulnerables y menos protegidos, como los campesinos e indígenas, y las acciones disuasivas en los grandes barones de la criminalidad organizada. A los primeros se les debe garantizar protección jurídica, a los segundos se los debe desarticular en el ámbito material.
• Replantear las políticas de fumigación y erradicación, pues la una sólo refuerza la depredación del medio ambiente y el contubernio entre varios narcotraficantes y algunos frentes guerrilleros y la otra es una excusa para una mayor corrupción oficial y para una innecesaria subvención gubernamental, sin efectos reales sobre las manifestaciones más violentas de la narcocriminalidad organizada en el país.
• Ampliar las iniciativas educativas y de rehabilitación para mitigar el avance del consumo interno de drogas psicoactivas, particularmente entre los jóvenes, y para recuperar, y no estigmatizar, socialmente a las personas que han usado estas sustancias.
• Fortalecer la política de defensa de los derechos humanos como componente básico de una estrategia coherente y consistente para lograr una solución realista al fenómeno de las drogas psicoactivas.