IMPUNIDAD Y NUEVO ORDEN INTERNACIONAL
LA EXPERIENCIA EN EL SALVADOR
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Por: Calixto Avila Rincón
Abogado colombiano.
Colaborador del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg
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"La impunidad se escuda en los numerosos vacíos e ineficiencias
de la justicia; en la omisión culpable de todos los poderes;
en el celestinaje de los medios de "información";
en la manipulación sentimental de la opinión pública;
en las intimidaciones y chantajes de los victimarios"
Javier Giraldo Moreno, s.j.
En "Colombia: esta democracia genocida"
Edit. Cristianismo y Justicia. Barcelona 1994.
El "Nuevo orden internacional" es una de esas categorías que desde hace muy
pocos años dominan las relaciones de poder internacionales y nacionales. Con
el fin de la "Guerra fría" las esferas o zonas de influencia de las grandes y
medianas potencias mundiales se han consolidado. Hoy en día, los pueblos
pobres del mundo se encuentran expuestos a las arbitrariedades de la
potencia de su región, la cual puede dar rienda suelta a sus desafueros
siempre y cuando se abstenga de tocar los intereses de las otras potencias.(1)
La desintegración de Estados ha llevado a que los conflictos entre pueblos
desemboquen en guerras tales como la que padecen hoy los pueblos de la
ex_Yugoslavia. La tragedia de varios pueblos africanos _tan grave y tan
desconocida por nosotros los latinoamericanos_ se desarrolla en medio de
hambrunas y guerras fratricidas.
En América latina se han desarrollado varios procesos de paz y
de transición hacia la democracia, cada uno con sus propias características y
deficiencias. Ya la década de los 80 había estado marcada por el fin de las
dictaduras, la celebración de elecciones populares y la trancisión hacia
pretendidos sistemas democráticos. Pero estos procesos estuvieron marcados
por un común denominador: la impunidad de los crímenes de las dictaduras (2).
Entonces el problema de la impunidad fue responsabilidad exclusiva de los
Estados en su ámbito nacional. La llamada "Comunidad internacional" era
ajena este flagelo, o por lo menos no se le podía imputar una responsabilidad
activa en esta aberrante e histórica denegación de justicia.
TIEMPOS MODERNOS
El rol de la Organización de Naciones Unidas en el ámbito internacional
también ha variado en los últimos años. Especialmente el papel de su Consejo
de Seguridad, cuya función principal es mantener la paz y la seguridad
internacionales (3). Así, de las 34 operaciones de mantenimiento de la paz
desplegadas por Naciones Unidas desde 1948 hasta el momento, 16 han tenido
lugar a partir de 1991.
Tres de estas operaciones se desarrollan actualmente (1995) en El Salvador,
Guatemala y Haití. Estas operaciones han buscado y buscan poner fin a
conflictos armados internos o, en el caso haitiano, desalojar a los militares
golpistas. En ellas el problema del respeto a los Derechos humanos ha
pretendido ser uno de los pilares fundamentales, y esto ha significado la
puesta en marcha de mecanismos de verificación que muchas veces son
insuficientes para evitar que se sigan cometiendo tales violaciones en los
propios ojos de los observadores internacionales.
Pero, cuál ha sido el tratamiento dado al problema de la verdad y de la
justicia dentro de estas operaciones? Cuales han sido los mecanismos
utilizados, su alcance y su contribución en los procesos de paz y de
democratización? Es posible evitar que las misiones de Naciones Unidas se
conviertan en uno de los más grandes y vergonzosos mecanismos de
impunidad?
Una primera aproximación al problema no nos deja muy optimistas: tanto en
El Salvador como en Haití sendas leyes de amnistía a los responsables de
violaciones a Derechos humanos han sido promulgadas. Mientras en El
Salvador, tal ley de amnistía fue promulgada luego de que la Comisión de la
Verdad rindiera su informe, en Haití esta ley ha sido anterior a la puesta en
marcha de la Comisión Nacional de Verdad y Justicia.
En El Salvador a partir julio de 1991 una misión de observación de Naciones
Unidas ha sido desplegada con el fin de consolidar la paz y supervisar los
acuerdos de paz entre el gobierno y el FMLN.
En el Acuerdo de México del 27 de abril de 1991 se previó el establecimiento
de una Comisión de la Verdad la cual recibiría un mandato preciso en el
Acuerdo de Paz de Chapultepec del 16 de enero de 1992. La Comisión
investigaría los hechos graves de violencia ocurridos desde 1980,
esclarecería y superaría todo señalamiento de impunidad de oficiales de la
Fuerza Armada, todo esto con el fin de que los tribunales de justicia apliquen
"a quienes resulten responsables, las sanciones contempladas por la ley" (4).
La Comisión de la verdad realizaría una amplia labor de investigación,
profundizando en varios casos "tipo", pero dejando por fuera muchos otros
casos. Con la ley de amnistía las posibilidades de sanción a los responsables
identificados se vinieron abajo.
LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE: UN EJEMPLO PATETICO DE IMPUNIDAD
El problema de los escuadrones de la muerte continuará presente en la
historia salvadoreña durante mucho tiempo. Este instrumento de terror se
generalizó durante los años de la guerra, gracias a que fueron creados,
apoyados o tolerados por las autoridades civiles y militares. Sus actuaciones
fueron sistemáticas y organizadas, se dirigieron contra la población civil y
contra grupos rebeldes, y se concretizaban en el secuestro, tortura,
asesinato o desaparición de las víctimas.
Dentro del proceso de paz era necesaria la identificación de tales estructuras
y la de sus miembros, instigadores y patrocinadores. Por su misma
naturaleza, tales estructuras pueden yacer latentes dentro de la sociedad y
pueden reactivarse cuando sus usuarios las consideren necesarias. Ellas
pueden mutar sus rasgos característicos e "invernar" bajo la forma de
rentables organizaciones criminales encubiertas por sectores del Estado.
Una de las principales características de los escuadrones de la muerte en El
Salvador fue su estrecha relación con las élites en el poder y con los cuerpos
represivos del Estado. Contaron con la participación de miembros de la
Policía Nacional, el Ejercito, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda,
con grupos privados y semioficiales, los cuales fueron apoyados por los
servicios de inteligencia militares.
El tristemente famoso ex_Mayor D'Aubuisson creó desde 1979 varios
escuadrones de la muerte, y contó con el apoyo de ricos terratenientes y
empresarios aún más allá de las fronteras salvadoreñas. Así, los
patrocinadores de los escuadrones también se encontraban en Guatemala y en
los Estados Unidos. En la mayoría de las unidades militares, las secciones II
(inteligenia) contaban con sus propios escuadrones, aunque sería más
adecuado hablar aquí de operaciones encubiertas propiamente dichas.
Podemos distinguir tres etapas en el proceso de investigación de los
escuadrones de la muerte, promovido dentro del marco de la misión de paz de
Naciones Unidas:
PRIMERA: La investigación realizada por la Comisión de la Verdad.
Este organismo recibió 817 casos de víctimas de secuestros, desapariciones y
ejecuciones atribuídos a los escuadrones entre 1980 y 1991 (5). Pero en su
informe final la Comisión solamente dió cuenta de 4 casos _ entre ellos el
asesinato de Monseñor Romero _ los cuales ocurrieron entre 1980 y 1981.
Quedó de esta manera un vacío de 10 años sin investigar, cuyas consecuencias
muy pronto se harían sentir. La Comisión no desconoció, sin embargo, la
gravedad del problema y recomendó que se emprendiera "de inmediato una
investigación a fondo" (6) dado el inminente peligro de una reactivación de los
escuadrones.
SEGUNDA: La investigación del Grupo Conjunto
Cuando corrían el último trimestre de 1993 y los primeros meses de 1994
se produjeron una serie de asesinatos y atentados selectivos. La campaña
electoral para las denominadas "Elecciones del siglo" se encontraba en pleno
auge. Los asesinatos tenían todas las características de las operaciones de los
escuadrones: grupos de hombres vestidos de civil, a bordo de vehículos sin
placas, con información precisa sobre la víctima y su itinerario y que
desplegaban un operativo calculado milimétricamente. Pero una innovación
se producía: esos grupos tan experimentados, habían desarrollado técnicas
criminales que les permitían crear escenarios de delincuencia común (un
atraco, un asalto, un acto de vandalismo) dentro del cual se ejecutaba un
crimen político.
La creación de un ambiente de inseguridad favorecía las acciones de estos
grupos así como a quienes pretendían retardar el proceso de desintegración de
la corrupta Policía Nacional (para ser cambiada por una nueva Policía
Nacional Civil) y a quienes requerían la reactivación de las tareas de orden
público y de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Tales hechos forzaron a los actores políticos y a la misión de la ONU a
materializar la recomendación de la Comisión de la Verdad creando una
comisión de investigación que se conocería como el "Grupo Conjunto para la
investigación de grupos armados ilegales con motivación política". De
entrada, el mandato fue restringido a los hechos posteriores al 16 de enero de
1992, con lo cual se dejó definitivamente sin investigar los hechos no
investigados por la Comisión de la Verdad. Esta limitación desconocía la
naturaleza misma de los escuadrones cuyas raíces se encontraban en el
protagonismo que tuvieron como mecanismo de guerra sucia en el pasado y
estimulaba a sus miembros en la medida en que les otorgaba el beneficio de la
impunidad.
El Grupo conjunto realizaría sus investigaciones a partir de febrero de 1994
y rendiría sus informes a finales de julio del mismo año. Sus investigaciones
se realizarían en medio de una agitada campaña electoral en la cual los
partidos políticos relegaron este mecanismo de investigación, a pesar de ser
ellos mismos las eventuales víctimas de tales organizaciones criminales.
La Comisión de la Verdad había recomendado que tal investigación contara con
el apoyo internacional de países amigos. El gobierno de los Estados Unidos de
América, ni corto ni perezoso "desclasificó" centenares de documentos de la
CIA, del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. En su mayor
parte censurados, dichos documentos no podían dar mayor información sobre
los "escuadroneros" durante el conflicto armado. Así lo revelaría un
periódico nacional que publicaba el curriculum vitae "desclasificado" de
D'Aubuisson: el 90% del documendo se encontraba censurado y sólo se podía
leer datos como el nombre del ex_Mayor, lugar y fecha de nacimiento,
nombre de los padres, etc.. Los Estados Unidos no solamente quedaban exentos
de pecado, sino que limpiaban su imagen con su colaboración a la paz y la
democratización salvadoreña.
Probablemente el efecto más importante del Grupo Conjunto haya sido el de
disminuír el ritmo de la eliminación física de los dirigentes de la oposición
durante la campaña electoral. Acaso un efecto de "guardaespaldas
internacionales" para una coyuntura electoral? Porque a nivel de las bases,
los asesinatos "tipo escuadrón de la muerte" continuaban ejecutándose. Las
ONGs de derechos humanos, denunciaban vehementemente las ejecuciones en
los campos y ciudades. El propio Grupo Conjunto publicaría 49 casos (7) de
crímenes con elementos suficientes para señalar la presunta responsabilidad
de estructuras escuadroneras.
Con recursos mucho menos importantes y en una coyuntura diferente, los
resultados del Grupo Conjunto tuvieron, como los de la Comisión de la Verdad,
serias limitaciones. Sin embargo, vale la pena destacar, la investigación
hecha en torno a la masacre de 6 personas en una zona cafetalera del
departamento de Santa Ana, cometida por miembros del Regimiento de
Caballería en desarrollo de una típica operación encubierta. Como en el
pasado, las operaciones encubiertas continuaban siendo usadas en El Salvador
con fines políticos y de "limpieza social" (algunas de las víctimas habían sido
señaladas como delincuentes). Como en el pasado y en abierta violación a la
Constitución nacional, las Fuerzas Armadas desarrollaban labores de
inteligencia relacionadas con seguridad pública y vigilancia de las actividades
de la organización política FMLN. {8}
El mecanismo "Grupo Conjunto" no se encontraba en capacidad de establecer
con absoluta certitud todas las reponsabilidades. Existían limitaciones en su
mandato que entorpecían o impedían el acceso a varias fuentes de
información. No tenía la misma facultad de acceso a la información que
tuviera la Comisión de la Verdad la cual podía presentarse en cualquier
establecimiento o lugar sin previo aviso.
De esta manera no se investigaron los circuitos bancarios salvadoreños en
poder de las castas sociales que se sirvieron tradicionalmente de los
escuadrones. Tampoco se investigó a fondo la responsabilidad de las
estructuras de inteligencia de los servicios de seguridad del Estado. A este
respecto, cabe destacar que a la hora actual se desconoce el paradero de los
archivos de inteligencia de las Fuerzas Militares y que cada vez que la nueva
Policía Nacional Civil (producto de los acuerdos de paz) se hacía presente en
los puestos de la Policía Nacional para reemplazarlos, los miembros de la
Policía Nacional se retiraban llevándose TODOS sus archivos. Toda esa
información sobre la oposición recogida durante los años de la guerra y luego
de los acuerdos de paz, podría ser una grave amenaza a paz si los sectores
retardatarios del Estado decidieran utilizarla.
TERCERA: paso a las autoridades nacionales.
El Grupo Conjunto produciría dos informes: el que hemos mencionado antes,
que fue hecho público el 28 de Julio de 1994, y uno confidencial. En el
informe confidencial se transmitía la "noticia criminal" a las autoridades
nacionales para que estas continuaran las investigaciones correspondientes.
Se desconoce cual haya sido el trámite dado a cada caso, pero una lectura de la
situación al momento de la entrega del informe, no nos deja muy optimistas.
Con un aparato judicial poco independiente, con jueces sometidos a presiones
de sus superiores y con carencias de recursos, difícilmente los jueces
honestos de El Salvador, podrán adelantar investigaciones que tocan la alta
cúpula militar o los caciques políticos de su región. Con una nueva Policía
Nacional Civil formada muchas veces con poco celo al momento de elegir el
personal y que toma tímidamente el puesto de la Policía Nacional. Con una
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sin recursos técnicos
e indiferente a las denuncias de las ONGs de Derechos Humanos. Con todo este
panorama, la investigación de los escuadrones de la muerte seguramente va a
ser postergada en el tiempo o talvez nunca ser realizada con el rigor que
necesita.
RECOGER UNA EXPERIENCIA
Así pues, la investigación de los escuadrones de la muerte en El Salvador fue
perdiendo perfil a tal punto que los responsables de este terrible aparato de
guerra sucia gozan hoy de la casi absoluta impunidad. Solo algunos ejecutores
materiales, es decir los últimos eslabones de la cadena criminal, se
encuentran en prisión gracias al valor de algunos jueces.
La experiencia salvadoreña es de gran importancia para los pueblos
latinoamericanos y del Caribe. Los procesos de paz o de transición a la
democracia que cuentan con la presencia de Naciones Unidas actualmente, no
pueden convertirse en terreno propicio para la impunidad y por esta razón
las comisiones u organismos creados para investigar los crímenes del pasado,
deben ser considerados como oportunidades únicas y no simplemente como
instrumentos coyunturales de una contienda electoral.
La impunidad es el peor enemigo de la convivencia civilizada entre los
hombres. Plantear una "impunidad relativa", debida a las necesidades de un
proceso de paz, nos autorizaría también a plantear una "democratización
relativa". O probablemente sea esta "enfermedad vergonzosa" del nuevo orden
internacional, un mal necesario para nosotros los pueblos del tercer mundo.
Nosotros nos negamos a creerlo.
Lo que nos parece constatar, es que el nuevo orden internacional tiene como
contrapartida el desorden interno, la injusticia y la perpetuación del estado
de pobreza de los pueblos marginados. Una nueva forma de conjurar los
conflictos de baja intensidad ha sido puesta en marcha y las Naciones Unidas
se han convertido en la punta de lanza de esta estrategia. La impunidad se
consolida día a día como una pieza del engranaje causando graves lesiones en
nuestras sociedades, lesiones que, por su naturaleza, dejarán serias secuelas
hacia el futuro.
NOTAS:
1. Dos ejemplos nos ilustran este punto: el 16 de abril pasado, la Comunidad
Europea condenó las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Rusia
en Chechenia, cuando tales violaciones pasaron el límite de lo "intolerable",
tras varios meses de flagrantes violaciones. En abril de 1991 la Comunidad
Europea y el Senado de Estados Unidos de América solicitaban que un Tribunal
Internacional juzgara a Saddam Hussein por crímenes de guerra y tentativa
de genocidio del pueblo kurdo (Le Monde, 17 y 20 de abril de 1991) Hoy,
esas mismas potencias se callan ante la gran ofensiva del gobierno turco
contra los kurdos en territorio irakí.
2.Tal fue el rol jugado por la ley 15.844 del 22.12.86 en Uruguay; las leyes
23.492 del 23.12.86 y 23.521 del 4.06.87, en Argentina; la ley 6.683 del
28.08.79 en Brasil; el decreto 2191 del 18.04.78 en Chile.
3. Art. 24, Carta de las Naciones Unidas (CNU). Según el art. 23 de la CNU, el
Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros de las Naciones Unidas, 5
de ellos son miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Estados Unidos de Norteamérica, cada uno
de los cuales tiene el "Derecho de veto" sobre las decisiones del Consejo.
4. Art. 5 y 2 del Acuerdo de Paz de Chapultepec.
5. Capítulo IV D, 2. Informe de la Comisión de la Verdad para el Salvador.
6. La Comisión de la Verdad en su Informe final diría: "Entre los
instrumentos más atroces de la violencia que conmovió al país durante los
últimos años, estuvo la acción de grupos armados particulares que actuaron
con toda impunidad. Es necesario adoptar todas las medidas que sean precisas
para asegurarse del desmantelamiento de los mismos. A la luz de la historia
del país, en este campo la prevención es imperativa. El riesgo de que tales
grupos renueven su acción siempre existe. La Comisión recomienda "que se
emprenda de inmediato una investigación a fondo a este respecto".
Cap. V, II, C.
7. Anexos 3 y 4.
8. En : Informe del grupo Conjunto". Cap. IV. Caso tipo Ejecución Sumaria
colectiva, Cantón Primavera.
