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02jun15


Leiver Padilla llega extraditado desde Bogotá por el asesinato del diputado socialista Robert Serra


La llegada a Venezuela del ciudadano Leiver Padilla, extraditado desde Colombia, abre hoy el esperado proceso judicial que esclarezca el asesinato en octubre último del diputado socialista Robert Serra.

Aquel hecho que conmocionó a la nación suramericana tuvo en su momento una respuesta rápida de los órganos competentes y los autores materiales fueron identificados y apresados de manera operativa.

Sin embargo, las principales autoridades del país alertaron entonces que faltaban los hilos que conducirían a los responsables intelectuales del crimen selectivo, otro de los planes terroristas que la derecha impulsa para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.

El propio mandatario aseveró que en esta ocasión el peso de la justicia caerá sobre quienes ordenaron la muerte del joven legislador y su compañera de labores María Herrera.

Para varios analistas, según las evidencias presentadas, incluido un vídeo de seguridad de la residencia de Serra en la parroquia La Pastora, el asesinato fue planificado con suficiente tiempo, tras el acceso de personas cercanas a Serra.

Aquellas imágenes mostradas a la nación días después del hecho, permitieron observar la entrada de seis sujetos a la vivienda y a otros dos que permanecieron a la espera en autos, para consumar el asesinato en escasos minutos.

Maduro señaló que ahora solo faltan las pruebas conclusivas que vienen junto al paramilitar, alias El Colombia, para sellar un panorama completo del caso y denunciarlo ante el mundo.

La banda de Padilla fue contratada y entrenada para asesinar a Robert. Fue un crimen brutal, denunció el jefe de Estado

Maduró comentó que las autoridades venezolanas capturaron uno por uno a los responsables materiales de la muerte de Serra y la joven Herrera y ahora removerán cada piedra en busca de los autores intelectuales.

El diputado Robert Serra tenía una proyección clara, quienes planearon su muerte no lo querían en el escenario de las elecciones legislativas de este año, dijo.

También la madre del parlamentario, Zulay Aguirre, agradeció a las autoridades nacionales y expresó su confianza en la justicia para el castigo de los criminales.

Poco después del homicidio, el Presidente aseveró que esa acción era parte de planes terroristas impulsados por elementos de la derecha local, los mismos que fomentaron la violencia en las calles en febrero de 2014 y dejaron 43 víctimas fatales y más de 800 heridos.

Algunas de esas acciones golpistas para sembrar el caos en Venezuela y derrocar al gobierno bolivariano han sido identificadas con sedes de planificación en Bogotá, Colombia, y el entorno del expresidente Alvaro Uribe, según las pruebas mostradas.

El proceso para sancionar a los asesinos de Serra y Herrera es silenciado por la prensa de la derecha que prioriza el juicio que se sigue contra el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, principal promotor de los actos violentos de inicios de 2014.

Este último caso, en el que también está involucrado el exalcalde de San Cristóbal (estado de Táchira), Daniel Ceballos, es presentado para denunciar la supuesta violación de derechos humanos en Venezuela, toda vez que los implicados insisten en una huelga de hambre.

Para el Defensor del Pueblo, Tarek William, se trata de otra maniobra de quienes esperan que ese despacho se parcialice en favor de los victimarios, pero -aclaró- la Defensoría es un organismo del Estado con la tarea de proteger los derechos humanos de todos los venezolanos.

Recordó que los afectados por las llamadas guarimbas solicitaron que se aplique la ley a López y Ceballos, señalados como responsables de los disturbios violentos del año pasado.

También condenó que existe un doble rasero en algunos organismos internacionales que abogan por esas personas, pero no por sus víctimas, ni actúan ante situaciones de flagrante violación de esos derechos fundamentales en otros países.

Informó que López y Ceballos han sido visitados por esa instancia varias veces en los últimos ocho días, y son asistidos por sus abogados de manera permanente.

De otra parte condenó la presencia en Caracas, del expresidente colombiano Andrés Pastrana, en gesto injerencista al erigirse en defensa de López y Ceballos.

La hora de la justicia encuentra en Venezuela el apego a sus leyes y normas internacionales, que en cada caso, según explican sus autoridades, será en defensa de la soberanía en momentos de asedios y constantes amenazas desde el exterior.

[Fuente: Por Mario Hubert Garrido, Prensa Latina, Caracas, 02jun15]

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