14abr02
Restaurada la institucionalidad democrática y el estado de derecho en Venezuela.
Preámbulo:
Restaurada la institucionalidad democrática y el estado de derecho en Venezuela.Desde este servicio informativo respaldamos la restitución de la legalidad y el orden constitucional en el país, que fue violentado el día 11.04.02, en los hechos de público conocimiento y ante los cuales, a las pocas horas de que sucedieron, no dudamos en calificar como golpe de estado. La crisis institucional venezolana se resolvió de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución de 1999, desde la cual analizamos en todo momento los hechos acaecidos y actuamos en consecuencia.
Agradecemos las muestras de solidaridad inmediata de las organizaciones de derechos humanos internacionales que con sus comunicados ayudaron desde los primeros momentos a definir cuál era la situación por la que estaba atravesando nuestro país. Asimismo valoramos las posiciones de los países latinoamericanos que no reconocieron al gobierno "de facto", así como la efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Manifestamos nuestra solidaridad con el dolor de tantos hogares venezolanos que en estos días perdieron a sus seres queridos, a la vez que ratificamos una vez más la exigencia hecha a los Poderes Públicos para que se aboquen de inmediato a una investigación imparcial y ajustada a derecho, que determine las responsabilidades, tanto durante la marcha opositora el día 11.04.02,
como en los hechos posteriores, a fin de que los responsables sean sancionados y se evite así la impunidad en estas graves violaciones a los derechos humanos. Paralelamente, dedicaremos parte de nuestros esfuerzos a exigir, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos, que se realice, por parte de una "Comisión Social de la Verdad", una investigación independiente que ayude a esclarecer los hechos sucedidos. Queremos ratificar que si estos crímenes quedan impunes, el Estado de Derecho y la legalidad constitucional se verá también seriamente lesionada.
Por otra parte, seguimos recibiendo denuncias y casos de violaciones a los derechos humanos que estamos procesando y dando a conocer por este medio. Nos preocupa especialmente la situación de algunos periodistas que están siendo hostigados. Continuamos preocupados ante las muestras de violencia e intolerancia social que se desarrollan en el país y que pueden convertirse en violaciones a los derechos humanos en tanto se compruebe la complicidad u omisión del Estado frente a las mismas.
Demandamos al Gobierno Nacional, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a todos los poderes públicos que sean respetadas todas las garantías constitucionales y los derechos humanos de los ciudadanos vinculados con el "gobierno provisional", encabezado por el empresario Pedro Carmona Estanga.
Igualmente, demandamos al Presidente de la República Hugo Chávez Frías, que reitere los llamados para que las personas que protagonizan actos violentos en las calles desistan de su actitud y tome además las medidas necesarias para restablecer la paz y seguridad pública, en estricto apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos de todas las personas.
CIDH se pronuncia sobre situación venezolana.
A continuación transcribimos el comunicado de prensa emitido por la Cidh.
"Comision Interamericana de Derechos Humanos: Comunicado de Prensa sobre los sucesos de Venezuela.
Ante los acontecimientos recientes en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su más enérgica condena por los hechos de violencia que costaron la vida de al menos 15 personas y causaron heridas a más de un centenar. La Comisión subraya la necesidad y urgencia de una adecuada investigación imparcial y objetiva de los crímenes cometidos y el establecimiento de las responsabilidades y sanciones respectivas.
Especialmente es necesario investigar las responsabilidades de quienes hayan ordenado, fomentado o tolerado la presencia de personas y grupos armados en el contexto de una marcha cívica, y de quienes hayan intentado ocultar y silenciar esos hechos de violencia. Asimismo, debe ofrecerse a todas las víctimas la posibilidad de acceder a la justicia por los mecanismos procesales vigentes. Hacer justicia en estos casos es una obligación de las autoridades que detentan el poder público en Venezuela, no sólo para honrar a esas víctimas, sino también para demostrar su compromiso con la eventual consolidación de la institucionalidad y el Estado de Derecho.
En los últimos meses, la Comisión se dirigió en reiteradas oportunidades al gobierno del Presidente Chávez para reclamar por las violaciones a la libertad de expresión y de asociación, por considerar que tales hechos afectaban la institucionalidad democrática. En este sentido, la Cidh lamenta constatar nuevos hechos que podrían representar violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual Venezuela es parte.
Preocupa también a la Cidh la información sobre la detención de algunas figuras políticas consideradas adictas al gobierno recientemente destituido. La Cidh insiste en la investigación de los hechos ocurridos el 11 de abril, pero advierte sobre la necesidad de que en todas las etapas de las investigaciones correspondientes se respeten las garantías judiciales protegidas por la Convención Americana. En especial, deben garantizarse los derechos de toda persona detenida a ser informado sobre las razones de su detención, sobre la autoridad que ha ordenado la misma, a ser asistido por un defensor de su elección con quien pueda comunicarse libre y privadamente.
Asimismo, la Comisión sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos generados por la destitución o renuncia del Presidente Hugo Chávez Frías. La Comisión deplora la destitución, por decreto del gobierno instalado el 12 de abril, de las más altas autoridades judiciales y de funcionarios independientes del Ejecutivo, así como el cese del mandato de los miembros del Poder Legislativo. Estos hechos, en opinión de la Cidh, podrían configurar los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática.
La Cidh exhorta a Venezuela a un pronto retorno al Estado de Derecho y al sistema democrático de gobierno garantizando el pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La convocatoria a elecciones y la instalación inmediata de instituciones independientes e imparciales constituirán pasos esenciales hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho. En las circunstancias que vive Venezuela, tales medidas serán también indispensables para garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos de todos los venezolanos.
La Cidh manifiesta su deseo de dialogar, dentro del marco de su competencia, con las autoridades y con el pueblo de Venezuela, a fin de contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático y de legalidad institucional" [Fuente: http://www.oas.org/OASpage/press2002 visitada el 13.04.02]
Medios de comunicación y derecho a la información.
El 13.04.02, los ciudadanos estuvieron en una situación de ausencia de información acerca de lo que ocurría en diversos lugares de la ciudad de Caracas y otros lugares del interior del país. Este hecho constituye una violación al derecho de los ciudadanos al acceso a la información que está contemplado en los Artículos 57 y 58 de la Carta Magna y el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo ello contribuyó a un colapso en las líneas telefónicas y un sinfín de rumores que afectaron la seguridad de los ciudadanos.
El ¨gobierno provisional¨, suspendió las transmisiones de la emisora estatal Venezolana de Televisión (VTV) y ello agravó la desinformación de los ciudadanos. Los medios de comunicación privados, especialmente los canales de televisión que emiten desde la ciudad de Caracas, deben dar una explicación acerca de esta situación que imposibilitó a los ciudadanos conocer lo que ocurría en el país y por lo tanto tomar sus propias decisiones.
El papel de los medios de comunicación en nuestra sociedad debe someterse a un debate amplio que incluya a todos lo actores responsables y a los ciudadanos. La libertad de expresión y el derecho a la información son aspectos que deben someterse a un diálogo para construir políticas públicas que nos garanticen a los ciudadanos un servicio de comunicación plural y que contemple las posibilidades de acceso a la información, la expresión y el debate de ideas sin consecuencias ulteriores.
Acoso a periodistas.
A horas de la tarde la emisora estatal VTV se sumó a las denuncias que nuestra organización realiza sobre agresiones a periodistas de los medios de comunicación. Varios periodistas denuncian hostigamientos ejecutados por personas y organizaciones supuestamente vinculadas al oficialismo. Entre éstas cabe destacar los casos de Mauricio Cabal (corresponsal de Venevisión en el Edo. Anzoátegui) quien denuncia hostigamiento por parte de los Círculos Bolivarianos. Según Cabal, su foto está en panfletos y vallas que rezan: "Mauricio Cabal, buscado por traidor a la patria. Si lo encuentran, línchenlo".
Cabal notificó que conoce de una lista de aproximadamente 50 periodistas de la región que pueden ser afectadas por esta situación. Germán Novelli (corresponsal de Radio Caracas Televisión) sufre el acoso de la Policía Estadal de Falcón y de manifestantes pro-oficialistas. Novelli notificó la destrucción del vehículo en el que se transportaba. Graciliano Leal (corresponsal de Venevisión en Zulia) asegura estar asediado por los militares oficialistas, que lo obligaron a resguardarse por 12 horas en el Consulado de Holanda de la ciudad de Punto Fijo, Edo. Falcón. Se confirma la solicitud de asilo de varios periodistas a embajadas extranjeras. El periodista del canal de televisión Televen y de la emisora Unión Radio, César Miguel Rondón, denunció que en horas de la madrugada del día de hoy, un grupo de aproximadamente 15 personas que se identificaron como integrantes de los Círculos Bolivarianos, se acercaron a Televen, en actitud intimidatoria, para solicitar información sobre datos personales de la periodista Marta Colomina y de su persona.
Rectificación.
Provea rectifica una información emitida en la edición Nº 2 de estos servicios informativos en emergencia, relativa a la denuncia de detenciones de 60 profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que fue desmentida por Víctor Rago, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la misma casa de estudios. Rago sólo pudo confirmar el allanamiento producido contra la profesora Chela Vargas de la UCV por parte de las fuerzas policiales de la depuesta Junta de Gobierno.
Lista de personas fallecidas el 11-A.
A continuación presentamos la lista parcial de personas fallecidas, registradas a raíz de los hechos del 11.04.02, de acuerdo con la información obtenida hasta la fecha del día de hoy.
11-04-02
- Entrada/Nombre/Edad/Sexo/Causa/Procedencia
- 1 - Jesús Orlando Arellano (10.850.332)S.I.MHAFHosp. Vargas
- 2 - No identificadoS.IMHAFHosp. Vargas
- 3 - Alexis Bordones52MHAFHosp. Vargas
- 4 - Jesús Mohamed Merhi Capote (17.159.146)18MHAFHosp. Vargas
- 5 - Alberto FalcónS.IMHAFHosp. Vargas
- 6 - Josefa Rengifo21FHAFHosp. Vargas
- 7 - Luis Caro52MHAFCasa Militar
- 8 - Enrique Erasmo Sánchez60MHAFCasa Militar
- 9 - No identificado35MHAFCasa Militar
- 10 - Nelson Zambrano23MHAFCasa Militar
- 11 - Pedro José Linares45MHAFCasa Militar
- 12 - César Matías Ochoa 30MHAFCasa Militar
- 13 - Jorge Cruz Tortoza46MHAFHosp. Vargas
- 14 - No identificadoS.IMHAFCapitolio
- 15 - Williams Antonio Rojas S.IMHAFCapitolio
- 16 - Víctor Reinoso26MHAFCapitolio
- 17 - Juan David Querales25MHAFHosp. Vargas
- 18 - Germán RamírezS.IMHAFHosp. Vargas
- 19 - José TortozS.IMHAFHosp. Vargas
- 22 - 3 cadáveres sin identificarS.IMHAFHosp. Vargas
- 23 - Juan David QueralesS.IMHAFHosp. Vargas
- 24 - Alberto Falcón GuayanaS.IMHAFHosp. Vargas
Derecho a la inviolabilidad del hogar.
Provea recogió la denuncia del allanamiento de morada de Luis Alberto Vargas, miembro del Partido Bandera Roja, del Edo. Monagas, por parte de supuestos miembros de Círculos Bolivarianos. Igualmente se acopió la denuncia de que presuntos miembros de los Círculos Bolivarianos merodeaban cerca de los locales de este partido en las ciudades de Mérida (Edo. Mérida), Charallave, Ocumare del Tuy (ambos del Edo. Miranda), San Juan de Los Morros (Edo. Guarico). Sobre estos hechos, emplazamos a las instancias estatales para que articulen los mecanismos de orden constitucional que garanticen la norma constitucional contenida en el Artículo 47 acerca de la inviolabilidad de hogar doméstico, domicilio y recinto privado y el Artículo 49 dedicado al debido proceso.
Manifestaciones y hechos de violencia.
Desde horas de la mañana del 13.04.02 se registraron las primeras concentraciones públicas en las ciudades de Caracas, La Guaira (Edo.Vargas), Guarenas (Edo. Miranda), Maracay (Edo. Aragua), Maracaibo (Edo. Zulia), Barquisimeto (Edo. Lara). Según lo indica la prensa nacional
(Últimas Noticias, 14.04.02, pág. 10), la tensión en la capital del país fue gradualmente intensificándose en varios sectores de la misma, llegando a producirse hechos violentos. Durante todo el día los medios de comunicación reportaron saqueos e incendios a comercios y unidades de transporte público y vehículos privados ubicados en zonas populares de la ciudad (Antímano, Caricuao, El Paraíso y Catia).
Funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) no pudieron contener la creciente magnitud de los hechos, según lo reporta el medio de comunicación. Hay que destacar que un monitoreo directo en las adyacencias del Palacio de Gobierno de Miraflores indicó la presencia de agentes de esta fuerza policial en acciones de represión. Sobre estos acontecimientos, debe recordarse lo consagrado en el Artículo 68 de la Constitución Nacional sobre la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, así como del principio de proporcionalidad en el control de manifestaciones violentas.
Exhortamos a los poderes públicos a cargo de la preservación del orden ciudadano a proteger la propiedad privada y los bienes públicos dentro del margen del respeto de los derechos humanos.
[Fuente: Derechos Humanos y Coyuntura en Emergencia Nº 3 - 14 de Abril de 2002, 5:00pm Servicio informativo quincenal del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)]
Este documento ha sido publicado el 15abr02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights