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27abr13
Desconocimiento de auditorias del 14-A pretende lesionar el proceso electoral
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena , señaló este sábado que con el desconocimiento de las 18 auditorías realizadas al material electoral de los comicios presidenciales celebrados el pasado 14 de abril, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pretende " lesionar el proceso electoral".
En un mensaje difundido en cadena nacional de radio y televisión, Lucena ratificó que luego que el CNE aprobara la ampliación de la auditoría de verificación ciudadana, el ex candidato opositor Henrique Capriles presentó una nueva solicitud con exigencias fuera de rango o ya cumplidas a través la revisión del registro electoral y de los cuadernos de votación.
Detalló que el Poder Electoral aprobó la petición luego de constatar que se trataban de solicitudes razonables y dentro del marco de la ley, "todo con el ánimo de generar un ambiente favorable para el evento".
"Solicitaron en ese momento la incorporación de un testigo por candidato en la sala de transmisión del Sistema de Información al Elector (SIE), se aprobó, solicitaron la inclusión de un testigo en la sala de contingencia de miembros de mesa, se aprobó, solicitaron una nueva auditoría a la memoria removible con datos de las máquinas de votación, se aprobó", añadió.
No obstante, criticó el hecho de que estas auditorías ahora sean desconocidas y silenciadas por el sector que apoya al ex candidato de la derecha. "Con ese desconocimiento se busca lesionar el proceso electoral aludiendo a temas que ya fueron revisados y certificados por sus propios técnicos", ratificó la rectora del ente comicial.
Lucena recordó que a quienes manifestaron inconformidad cuando se anunciaron los resultados electorales, se les advirtió que las vías para recurrir los actos del Consejo Nacional Electoral están en la Constitución y en la ley. "Les asiste el derecho de impugnar la elección, pero también es su deber presentar las pruebas de ello. Esa ha sido nuestra posición tanto en declaraciones públicas como en las reuniones que hemos sostenido con ellos", aclaró.
Dijo que ante la insistencia para que se introdujera una solicitud formal, no fue sino hasta la tarde del miércoles 17 de abril cuando recibieron en el CNE una comunicación por parte de Henrique Capriles con una serie de solicitudes, las cuales eran imposibles de aprobar en los términos planteados, ya que no están previstas en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, afirmó que "el Poder Electoral, en la búsqueda de una vía para la conciliación, le propuso a los interesados la ampliación de la única auditoria que restaba para culminar con el cronograma de una elección que ya terminó".
Esta nueva decisión fue comunicada al país en cadena nacional, al término de la cual se pudo escuchar la conformidad de Capriles, explicó la rectora del CNE. No obstante, mencionó que en posteriores declaraciones públicas, este y sus voceros aseguraron que lo aprobado ya no era suficiente y que ahora habría que desarrollar una revisión del proceso electoral, distinta a la decidida.
Al respecto, Lucena señaló que "se manipuló para generar falsas expectativas con el procedimiento, incluso haciendo ver que la consecuencia de la verificación ampliada afectaría el resultado electoral".
Enfatizó que la verificación ciudadana en su segunda fase, que fue ampliada, tiene como objetivo verificar el buen funcionamiento de la máquina, para comprobar la correspondencia entre el comprobante del voto y el acta emitida por la máquina. "En ningún caso se trata de un nuevo escrutinio y por ningún motivo afecta los resultados electorales emitidos por este Poder Electoral la noche del 14 de abril", respondió.
En opinión de la alta funcionaria, el documento recibido el miércoles 17 constituye por sí mismo un intento de impugnación, para el cual el ex candidato tiene legítimo derecho. No obstante, aclaró que el escrito carece de dos condiciones para ser respondido por el Consejo Nacional Electoral.
"En primer lugar, no le corresponde al CNE recibir solicitudes de impugnación en estos casos. Expresamente la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 202 establece que le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia conocer cualquier recurso sobre los actos emitidos por este Consejo Nacional Electoral", describió.
En segundo lugar, complementó, el documento fue acompañado por unos anexos que no le permitirían al Poder Electoral realizar ninguna investigación a propósito de lo denunciado, porque en los mismos no señalan de forma clara y precisa cuáles son los hechos que supuestamente vulneraron las normas, cuáles son las mesas electorales, cuáles son las actas, cuáles son las personas involucradas y cuál es el posible daño producido a las electoras y los electores.
"El que hace una denuncia de esta magnitud debe aportar un mínimo de elementos necesarios para que se pueda constatar que esas denuncias son realmente supuestos de hecho establecidos en la norma y así poder establecer su veracidad", concluyó Tibisay Lucena.
[Fuente: Por Héctor Escalante, El Correo del Orinoco, Caracas, 27abr13]
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