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10jul06
Justicia venezolana aborda impunidad de escuadrones de la muerte.
La reapertura de un proceso judicial sobre la masacre de nueve revolucionarios en 1986 hace vislumbrar hoy en Venezuela el principio del fin de la impunidad en ese y otros casos similares.
Aunque el citatorio a declarar al ex presidente Jaime Lusinchi pudiera parecer uno de los aspectos más llamativos del caso, la aceptación el pasado 13 de junio de la querella interpuesta por familiares de las víctimas tiene otras connotaciones importantes.
Se trata de una justicia postergada durante años para muchos venezolanos que reclaman procesos similares a los realizados en otros países de la región como Argentina, Chile y Uruguay.
En opinión del vicepresidente José Vicente Rangel, la masacre de Yumare, estado Yaracuy, "es un baldón en la historia de la República, como lo es Cantaura, El Caño de las Coloradas y otras tantas donde han desaparecido miles de compatriotas".
Según su criterio "estamos viviendo el tiempo del Estado de justicia para que nunca más se pueda repetir en Venezuela la masacre de un grupo de compatriotas, cualesquiera que sea su ideología y procedencia social, por obra de la acción represiva del Estado".
Rangel, para quien la concepción del "desaparecido" surgió en la "Venezuela democrática, vitrina y exhibición del imperio", el proceso debe constituir "lección pedagógica que permita mostrar los verdaderos valores de respeto a la dignidad humana".
De acuerdo con elementos suministrados en la querella, durante el gobierno de Lusinchi se realizó la operación de exterminio dirigida por los entonces comisarios de la policía política (DISIP) Henry López Sisco y Oswaldo Ramos.
La operación consistió en la simulación de una emboscada mediante la infiltración de agentes de la DISIP, quienes fueron los encargados de llevar la sitio de los hechos a las víctimas.
Allí fueron capturados, torturados y asesinados en una acción por la cual se pide cuentas hoy a 38 funcionarios de la DISIP y siete del gobierno de la época.
Además de Lusinchi, la relación incluye a los ex funcionarios Octavio Lepage, ministro de Relaciones Interiores; vicealmirante Andrés, ministro de la Defensa; Remberto Uzcategui, director de la DISIP, y Pedro García, Fiscal Militar, entre otros.
El Ministerio Público aclaró que la citación a declarar alcanza a varias personas, de las cuales las más notorias son Lusinchi, Lepage y López Sisco, este último actual jefe de seguridad del gobernador de Zulia, Manuel Rosales, un opositor al presidente Hugo Chávez.
Rosales, involucrado en el golpe de estado contra Chávez en 2002, expresó recientemente extrañeza por la reapertura del juicio después que en 1989 las autoridades del momento frustraron el proceso con el argumento de que fue un enfrentamiento.
Algunos familiares de las víctimas, como Edmundo Hernández, hijo de Dilia Rojas, denunciaron la semana pasada haber recibido amenazas de personas relacionadas con López Sisco.
Precisaron que tienen datos sobre recientes reuniones de los responsables de los crímenes, muchos de ellos con cargos públicos, quienes estarían planificando acciones criminales contra sobrevivientes y familiares.
Otra de las masacres más conocidas es la de Cantaura, estado Anzoátegui, el cuatro de octubre 1982 cuando la aviación militar bombardeó a un grupo de estudiantes reunidos con miembros de la organización Bandera Roja.
El ataque aéreo fue seguido por el de un comando de la DISIP que remató a los heridos por las bombas, con saldo final de 23 jóvenes desarmados que resultaron muertos.
Otro caso fue el del Caño de Las Coloradas, también conocido como la Masacre de El Amparo, estado Apure, el 29 de octubre de 1988, cuando fuerzas de la DISIP y militares rodearon y asesinaron a un grupo de campesinos colombianos y venezolanos.
Para presentar el crimen como un enfrentamiento con guerrilleros, los cadáveres fueron vestidos con uniformes, pero testigos hicieron notar la anomalía que la ropa militar no presentaba desgarraduras de proyectiles.
[Fuente: Por Miguel Lozano, Prensa Latina, Caracas, 10jul06]
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