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06oct06
Estados Unidos violaría el derecho internacional si no juzga ni extradita a Posada Carriles.
En el 30 aniversario del primer atentado con explosivos contra un avión comercial en vuelo cometido en América, el supuesto cerebro del operativo confía en que un juez estadounidense lo liberará de la cárcel en la que se encuentra desde hace un año y medio.
En un escrito elevado al juez federal el jueves de noche, el gobierno de George W. Bush dijo que se oponía a la libertad bajo fianza del cubano anticastrista Luis Posada Carriles, preso por violar las leyes migratorias, y argumentó que esa eventualidad supondría "serios perjuicios para la política exterior".
Pero, al mismo tiempo que calificaba a Posada Carriles de "cerebro confeso de conspiraciones y ataques terroristas", el Departamento de Justicia (fiscalía general) se negó a declararlo oficialmente terrorista de acuerdo con la Ley Patriota, lo que le daría al Poder Ejecutivo la facultad de detenerlo por tiempo indefinido.
"Si Luis Posada Carriles no cabe en la definición de 'terrorista', es difícil pensar quién cabría en ella", observó Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Cuba del independiente Archivo de Seguridad Nacional (NSA).
Documentos reservados del gobierno divulgados el jueves por NSA demuestran, al igual que otros publicados en los últimos años, el fuerte involucramiento de Posada Carriles en el atentado contra el vuelo 455 de la línea Cubana de Aviación que acabó el 6 de octubre de 1976 con la vida de las 73 personas a bordo, entre las que figuraban los 24 niños y adolescentes del equipo juvenil de esgrima de Cuba en pleno.
En el escrito que elevó al juez, el gobierno estadounidense procuraba que algún país que hubieran solicitada la extradición de Posada Carriles, excepto Cuba y Venezuela, aceptara su entrega.
En los últimos 16 meses, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá rechazaron los contactos de funcionarios estadounidenses al respecto, según registros judiciales mencionados por Kornbluh.
Los esfuerzos del gobierno por encontrarle un refugio a Posada Carriles en el extranjero y su negativa a acusarlo mediante la Ley Patriota alimentaron las acusaciones de doble discurso, a la luz de la prioridad asignada a la "guerra mundial contra el terrorismo".
"Esto indica, simplemente, que, en lo que nos concierne, alguien puede ser un terrorista par alguien y, para otro, un combatiente por la libertad", indicó el ex representante de Estados Unidos en Cuba a fines de los años 70 y comienzos de los 80, Wayne Smith.
Tal actitud "socava completamente nuestra posición contra el terrorismo", agregó Smith, hoy experto en Cuba del académico Centro para la Política Internacional. "El propio Bush dijo muchas veces que quien le dé refugio a un terrorista es él mismo un terrorista. Según tal definición, Bush y los miembros de su gobierno lo son, pues efectivamente refugiaron a Luis Posada Carriles."
A los 78 años, este cubano ingresó en Estados Unidos en la primavera boreal de 2005, aunque su presencia fue pronto conocida y celebrada por activistas cubanos anticastristas residentes en el sur de Florida.
Al principio, el gobierno alegó desconocer su paradero, pretensión que se hizo insostenible cuando Posada Carriles solicitó formalmente asilo. Fue arrestado de inmediato por violaciones de las leyes migratorias y trasladado a una cárcel en El Paso, Texas.
El último giro irónico del caso de Posada Carriles ocurrió el 11 de septiembre, quinto aniversario de los atentados terroristas de la red islamista Al Qaeda que acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y Washington, cuando un juez de Texas recomendó su libertad.
En respuesta a un hábeas corpus presentado por los abogados del cubano, el magistrado argumentó que mantenerlo en una cárcel no tenía base legal porque el fiscal general "nunca certificó" que fuera "un terrorista o un peligro para la sociedad" de acuerdo con la Ley Patriota.
El escrito del Departamento de Justicia, que, por primera vez, formulaba muchos de los incidentes terroristas en los que Posada Carriles estuvo implicado a lo largo de cuatro décadas, tiene el propósito de disuadir al juez de negar la petición.
Se prevé que el magistrado tome una decisión en los próximos días o semanas.
Posada Carriles se unió a las fuerzas armadas estadounidenses en 1963 y fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que le brindó entrenamiento en demoliciones.
Mientras trabajaba para la CIA, vínculo que duró al menos hasta 1974, participó en numerosos intentos de atentados explosivos, frustrados o exitosos, contra objetivos cubanos o soviéticos en México.
A comienzos de los años 70, trabajó también en Caracas, como funcionario de la agencia de inteligencia DISIP.
Según el Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, policía federal), divulgados por NSA en los últimos años, Posada Carriles y otro exiliado de la Cuba castrista, Orlando Bosch, fueron identificados por varios informantes creíbles como responsables del atentado contra el vuelo de Cubana de Aviación.
Bosh, hoy radicado en Miami, fue indultado en 1990 por el presidente George Bush, padre del actual mandatario, a pesar de la recomendación en contrario del Departamento de Justicia, que prefería la deportación.
Las mismas fuentes del FBI identificaron a dos venezolanos --que trabajaron para la empresa de seguridad instalada por Posada Carriles en 1974-- que habrían instalado los explosivos en el avión cubano.
La primera llamada telefónica de los dos hombres luego del atentado fue a las oficinas de la compañía de seguridad en Caracas, según cuatro declaraciones juradas recién desclasificadas por el FBI, firmadas por funcionarios de policía de Trinidad y Tobago que fueron los primeros en interrogarlos.
NSA divulgó las declaraciones juradas el jueves, junto con otros cuatro informes del FBI enviados al entonces secretario de Estado (canciller) Henry Kissinger, según los cuales Posada Carriles había participado en reuniones de planificación del atentado en Caracas.
"Vamos a atacar un avión cubano", le dijo Posada Carriles a funcionarios de la CIA pocos días antes del operativo, según otro informe del Departamento de Estado (cancillería) divulgado este jueves por NSA.
El propio Posada Carriles fue arrestado por autoridades venezolanas poco después del atentado, en lo que un ex agente de contrainteligencia del FBI describió al diario The New York Times este año como una "medida preventiva". Es decir, para "impedir que hablara o que lo asesinaran".
Posada Carriles pasó los siguientes ocho años preso, con dos juicios que no concluyeron pues se fugó en 1985 y se dirigió a América Central, donde encontró rápidamente empleo con la operación de aprovisionamiento de la Contra, oposición armada al gobierno izquierdista de Nicaragua, dirigida por el Consejo de Seguridad Nacional por el gobierno del ex presidente Ronald Reagan.
En 1986, cuando el escándalo saltó a la prensa, volvió a la clandestinidad.
Entrevistado por The New York Times en 1997, Posada Carriles admitió haber organizado una serie de atentados con bombas en 1997, en los que murió un turista italiano y 11 otras personas resultaron heridas.
Fue arrestado en 2000 en Panamá, por su supuesta participación en una operación para asesinar al presidente cubano Fidel Castro. Condenado en 2004 a ocho años de prisión, fue inesperadamente indultado por la presidenta Mireya Moscoso poco antes de dejar el cargo, al parecer por presión de cubanos exiliados en Miami.
Venezuela solicitó la extradición de Posada Carriles inmediatamente después de constatarse su presencia en territorio estadounidense.
Pero el gobierno de Bush tiene malas relaciones con Venezuela y sostuvo que, si lo entrega a ese país, Posada Carriles podría sufrir torturas o ser, a su vez, extraditado a Cuba.
El tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y Venezuela le da a Washington la alternativa de extraditarlo a Caracas o juzgarlo en sus tribunales por los mismos crímenes.
"Tenemos evidencia masiva contra él", sostuvo Smith. "Si el gobierno no lo extradita ni lo juzga aquí por terrorismo, entonces no sólo están brindándole refugio a un terrorista: también violan un tratado."
[Fuente: Por Jim Lobe, Washington, IPS, 06oct06]
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