 | Este documento ha sido publicado el 31jul04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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16jul04
El gobierno uruguayo impide el esclarecimiento de los enterramientos en el Batallón 13
Segón afirmó el diario "óltimas Noticias”, en su edición del 13 de julio de 2004, "cuando el lunes 20 de Julio concluya la feria judicial menor, la fiscal en lo penal Mirtha Guianze, solicitará al juez Eduardo Cavalli, que se proceda a la excavación en el Batallón de Infantería Nº 13 para constatar si hay o hubo allí un cementerio clandestino.
El pedido se haría en el marco de la investigación que se sigue sobre el destino de la maestra Elena Quinteros, secuestrada por los militares y desaparecida en 1976.
De acuerdo a un informe elaborado por técnicos de la Universidad de la Repóblica en base a fotografías aéreas en el lugar hubieron varios movimientos de tierra, uno de ellos en los óltimos meses de la dictadura, a fines de 1984.
Segón las denuncias, en esa fecha se exhumaron los restos de los detenidos-desaparecidos asesinados por torturas por los militares en sus cárceles clandestinas.
De acuerdo a testimonios de militares recabados por la Comisión para la Paz, los restos habrían sido posteriormente cremados y las cenizas esparcidas en el Río de la Plata.
Los militares denominaron cruelmente el procedimiento de inhumación como "Operación Zanahoria," debido a que los cuerpos de los asesinados fueron enterrados de pie.
Acto seguido se los cubrió con cal viva y posteriormente se plantaron árboles arriba.
Segón determinaron los técnicos de la Universidad de la Repóblica, en la zona en la que se presume se desarrolló esta operación, actualmente crecen plantas típicas de terrenos calcáreos.
Sin embargo, ésta no sería la primera vez que la justicia uruguaya intenta entrar a un cuartel.
El 14 de junio de 1997, a raíz de una denuncia sobre el mismo tópico presentada por el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio Nueva Mayoría), el juez penal Alberto Reyes había ordenado excavar en el Batallón Nº 13 de Infantería y en el Batallón Nº 14 de Paracaidistas (donde se sospecha existe o existió otro cementerio clandestino llamado irónicamente "Arlington").
En dicha oportunidad, el entonces presidente de la Repóblica, Julio María Sanguinetti no hizo lugar al reclamo, por entender que así lo impedía la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad).
En realidad, dicha ley (ratificada en plebiscito popular en 1989), lo que impide es castigar a los policías y a los militares que violaron los derechos humanos entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de Marzo de 1985.
Más aón, su Artículo Nº 4 ordena investigar lo sucedido con los detenidos-desaparecidos.
A pesar de la claridad de la letra de la ley, los sucesivos gobiernos de los partidos Colorado y Nacional (presidentes Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti y Batlle), se han preocupado especialmente por obstaculizar toda investigación al respecto.
El día 05 de julio de 2004, el Estado Mayor del Ejército emitió un comunicado en el que afirma que "se ha acatado, en todos sus términos y alcance, la orden del juez de fecha 6 de noviembre de 2003 (...) que impone la prohibición de innovar, consistente en la suspensión u orden de no iniciar o continuar, cualquier tipo de obra que altere el terreno de las dependencias del Batallón de Infantería N? 13."
Segón la declaración, la "zona de desastre" armada para entrenamientos del Plantel de Perros de la unidad "data de inicios de dicho año, es decir con anterioridad a lo dispuesto," (pero no con anterioridad a las denuncias).
La orden de "no innovar" en dichos terrenos fue emitida luego de que -confirmando varias denuncias previas- un informe de los técnicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la Repóblica identificó esa zona como uno de los lugares en los que a fines de 1976 y principios de 1977 se enterraron los cuerpos de al menos ocho detenidos-desaparecidos, asesinados en la cárcel clandestina y centro de torturas "300 Carlos" que funcionaba en dicho batallón.
A la misma conclusión había llegado la Comisión Para la Paz establecida por el presidente Jorge Batlle para investigar lo sucedido a los detenidos-desaparecidos. Además, el comunicado afirma que las acusaciones sobre la existencia de dicho cementerio clandestino "no son de recibo", ya que se hacen "en base a testimonios cuyo origen se desconoce."
Al parecer, la comandancia del ejército no está al tanto de que -por lo pronto- los ex soldados Ariel López y Sergio Pintado, el general (re) Alberto Ballestrino, y el asesor presidencial Carlos Ramela confirmaron esos enterramientos, tal como consta en el Informe Final de la Comisión para la Paz (de la que Ramela formaba parte).
En la declaración, los militares incluso amenazan con iniciar acciones judiciales contra el periódico que denunció los ejercicios de marras (el diario "La Repóblica"), al que acusan de estar "propagando una serie de inexactitudes y haciendo mención a supuestos hechos."
Segón recuerda en la edición de hoy del diario "La Repóblica" el periodista Roger Rodríguez, en el anexo sobre el Caso Elena Quinteros de la Comisión para la Paz -considerado documento de Estado por el presidente Jorge Batlle- se indica que, tras ser secuestrada de la Embajada de Venezuela, la maestra fue llevada hacia la sede de la OCOA, en los fondos del predio del Batallón N? 13 de Infantería.
El informe explica que "allí fue intensamente torturada por espacio de varios meses y fue ejecutada, finalmente, en los primeros días del mes de noviembre."
Segón Ramela, la información de que Quinteros fue enterrada en dicho lugar "está avalada por el testimonio coincidente de dos personas civiles que estaban detenidas en ese mismo lugar que ratificaron y ampliaron su declaración ante la propia Comisión y por el testimonio de móltiples fuentes policiales y militares."
Por su parte, el integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Luis Puig, dijo el domingo al mencionado periódico que debido a las acciones del sábado, se hace necesario que de "inmediato" puedan ingresar antropólogos al Batallón 13. "No se puede esperar más.
El Poder Ejecutivo debe autorizar el ingreso," dijo Puig, quien aseguró que "ante esta violación de la medida corresponde que se pueda entrar y existe además una grave responsabilidad del Poder Ejecutivo."
Puig sostuvo también que "el Poder Ejecutivo obstruye la acción de la Justicia y hace hasta lo imposible para que no se pueda acceder a la verdad. Es imprescindible ingresar al Batallón 13, esta denuncia es un elemento más de esa impunidad que han construido Batlle, Lacalle y Sanguinetti."
El representante del PIT-CNT dijo que están esperando a que el ministro de Defensa, Yamandó Fau, "se digne a recibirnos para entregarle un informe sobre el Batallón 13."
Sin embargo, el ministro Fau declaró la pasada semana que luego de estudiar el Informe de los técnicos de la Facultad de Humanidades no había encontrado elementos que le indujeran a autorizar los trabajos de inspección arqueológica que se solicitaron.
En el día de hoy, reconoció no haber sido consultado por el Estado Mayor del Ejército sobre la emisión del comunicado de marras, y haberse enterado de su existencia cuando una copia del mismo llegó a su escritorio.
Muchos sospechan que en realidad se enteró por la prensa.
Mientras el equipo multidisciplinario de la Facultad de la Repóblica que mediante el análisis de fotografías aéreas determinó que en las décadas del 70 y el 80 hubieron remociones de tierra en el Batallón Nº 13, solicitó ayer póblicamente que se les permita ingresar a la unidad militar para estudiar sus terrenos "in situ".
Entrevistados ayer en el programa "Bitácora" del canal de cable "TV Libre," el profesor de Geomorfología Daniel Panario, la geógrafa Ofelia Gutiérrez y la antropóloga Elizabeth Onega, explicaron que ello permitiría terminar de una vez por todas con las dudas acerca de si allí hay o hubo un cementerio clandestino.
A pedido del juez Alejandro Recarey y en el marco de las investigaciones sobre lo sucedido a la maestra detenida-desaparecida Elena Quinteros, entre diciembre de 2003 y febrero de 2004, los científicos realizaron un exhaustivo análisis de sucesivas fotografías aéreas (unas siete mil) de los terrenos en cuestión.
En base a ello, llegaron a la conclusión de que no sólo hubieron remociones de tierra en el lugar donde se ha denunciado fueron inhumados los presos políticos asesinados por torturas, sino que además hay cambios en la vegetación del lugar.
El geólogo Daniel Panario explicó que las denuncias dicen "que las personas fueron enterradas y tapadas con cal. Si esto efectivamente fue así, la cal próxima a la superficie condiciona el tipo de vegetación" que allí crece.
Así parece ser el caso en la zona en cuestión, donde existe "vegetación calcófila," es decir, el tipo de plantas "que se asocia a suelos con altas concentraciones en carbonato de calcio."
Una de dichas especies, la Paja de Penacho, ha crecido en los óltimos años en la zona próxima a la cancha de fótbol donde se sospecha se realizaron los enterramientos.
La antropóloga Elizabeth Onega afirmó que "Si nosotros tenemos el permiso para ingresar al cuartel, podremos constatar justamente cómo se comportó la estratigrafía del terreno, que es la superposición de las capas que se van dando en el suelo."
Explicó que "si hubo una fosa, eso queda marcado esté o no esté el cuerpo, porque se rompe la estratigrafía natural."
La geógrafa Ofelia Gutiérrez indicó que para realizar el estudio de marras, los científicos no partieron de la base de que querían encontrar un cementerio, sino que los terrenos se analizaron científicamente, sin ningón supuesto previo.
[Fuente: Agencia Comcosur, Montevideo, Ury, servicios del 06 al 16jul04]
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