Michelini presenta denuncia penal.
El ejército no quiere dejar entrar a los jueces.
Petitorio de las organizaciones de Derechos Humanos.
Viaje de Sanguinetti y Mermot a China y España.
Montevideo, 19 mar (EFE).- El senador Zelmar Michelini, huérfano de la "guerra sucia" emprendida por los gobiernos de Uruguay y Argentina durante el período militar (1973-1984) presentó hoy formalmente una denuncia ante la justicia para que se investigue la desaparición de 150 personas.
Michelini intenta reabrir el tema de las desapariciones forzosas, que los tres gobiernos que siguieron al régimen militar uruguayo consideran "laudado por la ley de caducidad" que amnistió a represores y guerrilleros Tupamaros.
El senador aseguró haber recibido informes confidenciales sobre el paradero de los cuerpos de algunos desaparecidos que murieron durante acciones represivas. Michelini también admitió que, de ser necesario, aportará el nombre del general retirado que le proporcionó la información y
que le informó sobre la denominada "Operación Zanahoria", cuando fueron desenterrados los muertos que aparecen como desaparecidos poco antes de la democratización del país.
Los informes en poder de Michelini coinciden con declaraciones de otro militar, que se mantuvo en el anonimato, quien en febrero de 1995 reveló a la revista Posdata que los muertos en excesos de interrogatorios o sesiones de tortura eran sepultados "de pie" en terrenos de los cuarteles y que para ello se utilizaba maquinaria de un batallón de Ingenieros.
Tras sepultarlos se plantaba un árbol sobre cada uno de ellos, agregó en aquel momento el militar. Michelini ahora parece haber obtenido el lugar al que fueron trasladados los cuerpos que se desenterraron con la "Operación Zanahoria", denominada así por la forma en que estaban enterradas las víctimas.
El senador que entregó en el Juzgado Penal de Décimo Turno de Montevideo la denuncia dijo que estaba dispuesto a declarar ante el magistrado sobres sus informes.
El legislador uruguayo, cuyo padre Zelmar Michelini fue asesinado en Buenos Aires en 1976, procura reabrir el tema porque entiende que la ley que puso punto final al tema, impide la aplicación de penas a los culpables, pero no a las familias a saber que ocurrió con sus padres, madres o hermanos desaparecidos.
MONTEVIDEO, Abr 19 (AFP) - El gobierno uruguayo franqueará el ingreso de la justicia a los cuarteles si los tribunales lo disponen en sus actuaciones por la desaparición de personas durante la dictadura militar (1973-1985), según fuentes allegadas al ministerio de Defensa citadas por el matutino El País. El tema fue considerado la noche del jueves por el presidente Julio María Sanguinetti con el ministro interino de Defensa Nacional, Juan Luis Storace.
También, de acuerdo al cotidiano, Sanguinetti consultó sobre el tema con Alberto Volonté, presidente del directorio del Partido Nacional (Blanco), segunda fuerza política uruguaya e integrante --con el oficialista Partido Colorado-- de la coalición de gobierno.
El principio de acatamiento de las resoluciones de la justicia, cualquiera que ellas sean, fue el argumento decisivo que surgió de esa ronda de contactos que celebró el jefe de Estado, previo a iniciar un viaje oficial a la República Popular de China.
Entretanto el comandante en Jefe del Ejército, Raúl Mermot, quien también acompaña a Sanguinetti en su visita a China, reiteró a sus subordinados la orden que impartió semanas atrás de comunicar de inmediato al alto mando y al Poder Ejecutivo cualquier acción judicial que se sustanciara en unidades militares.
La justicia uruguaya ordenó el martes investigar el destino de más de 150 detenidos políticos desaparecidos durante el período de dictadura militar y dar lugar a una denuncia presentada el mes pasado por el senador socialdemócrata Rafael Michelini.
Michelini, tras reunir información que le fuera proporcionada por un general retirado y testimonios de soldados que participaron en operaciones contra la guerrilla en esa época, denunció la presunta existencia en un predio militar de un cementerio clandestino donde estarían sepultadas algunas de las víctimas.
El legislador demandó además en el Congreso la creación de una "Comisión por la Verdad" para indagar sobre el tema, pero su prédica no fue bien recibida por la actual coalición de gobierno y los mandos de las fuerzas armadas.
Sin embargo, el magistrado Alberto Reyes estimó que "hay elementos suficientes para investigar la denuncia de Michelini" y anunció que procederá a profundizar "en este asunto" con el fin de revelar la verdad acerca del destino final de los desaparecidos.
La fiscal Ana María Merello decidió apelar el fallo de Reyes, por entender que el magistrado se apartó de su dictamen cuando consideró pertinente abrir una investigación, por lo que el asundo derivará la semana próxima a un Tribunal de Apelaciones.
En caso de confirmarse el fallo judicial de Reyes, la investigación no contempla la posibilidad de castigar a los responsables de los presuntos delitos de homicidio, ya que se encuentran amparados por una ley que amnistió a los culpables y que fuera ratificada luego en un referendum popular.
Pero la norma legal, aprobada en 1989, estableció en uno de sus artículos la obligatoriedad del Estado de esclarecer el paradero de los desaparecidos a través de una investigación administrativa, que si bien fue llevada a cabo por las autoridades no conformó con sus resultados finales.
Reyes dijo que el objetivo de su indagatoria será el de determinar la existencia o no de cementerios clandestinos en dos cuarteles señalados en el informe de Michelini y exhumar los presuntos cuerpos para entregarlos a los familiares.
Durante el gobierno de facto en Uruguay se denunció la desaparición de 157 personas vinculadas a partidos u organizaciones de izquierda, de las cuales 120 desaparecieron en Argentina, 35 en Uruguay, dos en Chile y dos en Paraguay, según datos de organismos de defensa de los Derechos Humanos.
La posibilidad de instalar una suerte de revisionismo histórico en el país sobre la actuación de los militares durante la dictadura fue rechazada por altos oficiales de las fuerzas armadas, quienes alegaron ser víctimas de una conjura para despretigiar a esa institución.
El general retirado Nelson Rodríguez, presidente del Centro Militar, una institución social que agrupa a oficiales jubilados y en actividad del ejército, criticó la actitud asumida por Michelini y exhortó a sus camaradas de armas a "mantenerse codo a codo" para enfrentar las denuncias del legislador.
"Cerremos filas ante la adversidad, demostremos grandeza y tengamos fe y esperanza en nuestros superiores para evitar todo posible resquebrajamiento" de la unidad castrense, dijo Rodríguez en un acto realizado en los salones del Centro Militar.
Amparados en el derecho de petición que les conceden los artículos 30 y 318 de la Constitución y con el apoyo explícito de personalidades del ámbito político, universitario, cultural, social, religioso y periodístico, una treintena de familiares de uruguayos detenidos desaparecidos solicitó al presidente Julio María Sanguinetti que disponga la realización de "una investigación que esclarezca la suerte corrida" por sus familiares y su paradero.
En el petitorio los familiares de los desaparecidos piden que la investigación se cometa "a una persona o un grupo de personas que den garantías de idoneidad, independencia e imparcialidad", y que se les informe del resultado de esa investigación.
Los familiares entregaron el documento en la oficina de recepción del Edificio Libertad, a la hora 13 para luego realizar un acto en el Paraninfo de la Universidad, donde dieron cuenta públicamente de su solicitud.
El petitorio, que resulta además una herramienta jurídica, es responsabilidad del doctor Javier Miranda, que reúne también la condición de familiar de desaparecido.
Entre las razones de mérito que justifican la petición se menciona que "la detención desaparición de una persona provoca en sus seres queridos un estado de zozobra e incertidumbre permanente".
Se agrega que el desaparecido "no está muerto, no hay tumba ni cuerpo. Existe la imagen de que está muerto -excepto en el caso de los niños desaparecidos- pero la misma no se puede concretar, no se puede materializar".
En el caso de los niños se argumenta que se niega a sus padres, a su familia, el derecho a crecer con ellos, a educarlos. Y al niño, entre otros, el derecho a su identidad".
Finalmente, y aunque aclaran que no es el motivo principal de su reclamo, los familiares solicitan poder resolver problemas prácticos, como son los de la transmisión de los bienes de los que es titular el detenido desaparecido.
Entre las razones jurídico políticas que lo impulsan, el petitorio menciona que si bien el espíritu de la ley de caducidad era que efectivamente se esclarecieran los hechos, "para ello era imprescindible que la investigación dispuesta se llevara adelante con las garantías debidas y la seriedad de las circunstancias", por lo que "al encomendarse esta investigación a fiscales militares se violó el propio espíritu del legislador".
Más adelante se reconoce que si bien el Estado puede -de acuerdo con la ley antes mencionada- renunciar a la imposición de la sanción correspondiente al sujeto activo de la conducta ilícita, "en ninguna parte de la ley surge que renuncie también a esclarecer la situación de la víctima".
El documento elaborado por Miranda coincide en uno de sus argumentos con lo que manifestó el juez de la causa, Alberto Reyes, al sostener que Uruguay ratificó recientemente la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, oportunidad en la que "quedó de manifiesto la voluntad unánime de todos los sectores políticos uruguayos con representación parlamentaria, así como el propio Poder Ejecutivo en el sentido de prevenir y sancionar" dicha práctica.
Al acto asistieron los máximos dirigentes del Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nuevo Espacio, PIT-CNT, Organización de Jubilados, actores, músicos, escritores, el rector de la Universidad, Jorge Brovetto, decanos de cinco facultades y deportistas. Adhirieron al acto el dirigente nacionalista Alberto Zumarán, Víctor Vaillant del Movimiento de Reafirmación Batllista, y el ex senador y actual director de la revista Posdata Manuel Flores Silva en calidad de "periodista independiente". El lanzamiento de la campaña se hizo en la Universidad luego que el senador Hugo Fernández Faingold, en su caracter de presidente interino de la Asamblea General, negara el uso del Palacio Legislativo para la misma.
La ceremonia se inició con la explicación de Miranda sobre el contenido del petitorio de los familiares. Luego hizo uso de la palabra el representante de Serpaj, Luis Pérez Aguirre, quien inició la parte oratoria invocando a José Gervasio Artigas: "No conseguiremos jamás el progreso de nuestra felicidad si la maldad se perpetúa al abrigo de la inocencia, llegado es el tiempo en que triunfe la virtud y que los perversos no se confundan con los buenos"
El sacerdote consideró que no es tiempo "de discursos políticos", ni de "soluciones jurídicas mientras dejamos a las víctimas con sus palabras atragantadas en las gargantas", por lo que entendió que los actores sociales y políticos deberían llamarse a "silencio" para poder "escuchar a los familiares de los desaparecidos".
Luego de advertir que el reclamo no representa abrir un tema del pasado, desestimó las argumentaciones que expresan que con ello se abren heridas. "Nosotros nos preguntamos por quién y cuándo se cerraron esas heridas", indicó.
Dijo además que la situación de los desaparecidos "sigue siendo hoy un caso límite y paradigmático" y añadió que "el desaparecido es considerado como un no ser, y que el Estado no quiere reconocerle su carácter humano".
Así mismo expresó que "a los familiares se los mantiene en un estado de crueldad y tortura psíquica permanente y esto es un caso extremo de maldad (...)", en el entendido que se desconoce si están vivos o muertos.
También desechó las opiniones que aseguran que el tema se cerró con la aprobación de la ley de caducidad, y subrayó "estamos ante un dolor irreprimible que no caduca con leyes". Negar el derecho a sepultar los restos de los desaparecidos representa para Pérez Aguirre "una crueldad
inaudita". Al finalizar destacó que los familiares y la sociedad toda "merecemos una realidad oficial, completa e institucional sobre los desaparecidos".
El comandante en jefe del ejército uruguayo, teniente general Raúl Mermot, ordenó a sus subordinados impedir el ingreso a predios militares de la justicia civil, que inició una investigación sobre el destino de desaparecidos durante la pasada dictadura castrense (1973-1985).
Mermot, que partió en la noche del jueves a China como integrante de la delegación que acompaña al presidente Julio María Sanguinetti en una visita oficial a ese país, envió un radiograma a todas las unidades militares del país para comunicar su decisión a los oficiales superiores de las fuerzas armadas.
La medida fue adoptada por Mermot dos días después que un magistrado civil diera lugar a una denuncia presentada por el senador socialdemócrata Rafael Michelini, quien reveló la presunta existencia de cementerios clandestinos en dos cuarteles de Montevideo pertenecientes al arma de infantería.
El juez Alberto Reyes dijo que podría convocar a los tribunales a varios oficiales para indagar sobre el tema e incluso ordenar el allanamiento de predios militares para determinar la veracidad o no de las denuncias.
El comandante del ejército, quién ya había ordenado hace dos semanas bloquear la intervención judicial dentro de la jurisdicción castrense, reiteró su mandato a los jefes de las principales guarniciones del país.
El radiograma de Mermot sostiene que se debe impedir el ingreso de magistrados civiles a los cuarteles hasta tanto no le sea comunicada la novedad personalmente y consulte al presidente Sanguinetti sobre los pasos a seguir.
El jefe militar alegó que el presunto delito que investiga la justicia estaría incluído dentro de una norma legal que en 1986 amnistió a los uniformados implicados en supuestas violaciones a los Derechos Humanos durante el período de gobierno de facto.
La ley, denominada de "caducidad de la pretensión punitiva del Estado", impide juzgar y sancionar a los responsables de torturas, secuestros y asesinatos de presos políticos ocurridos antes del 1 de marzo de 1985, pero autorizó investigar el destino final de los desaparecidos.
El juez Reyes aún no determinó cuáles serán las medidas que adoptará para avanzar en la indagatoria, que tiene como objetivo verificar la existencia de los cementerios clandestinos y, de ser posible, localizar los restos de los desaparecidos para entregarlos a sus familiares, según dijo a la prensa.
En Uruguay fueron denunciados más de 150 casos de desaparecidos durante la dictadura, de los cuáles 120 desaparecieron en Argentina, 35 en Uruguay, dos en Chile y otros dos en Paraguay, de acuerdo a datos suministrados por organismos de defensa de los Derechos Humanos.
MONTEVIDEO, Abr 17 (AFP) - El presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, inició este jueves una gira que incluirá una visita oficial de cuatro días en China y una breve estadía en Barcelona (España) para participar en un foro de intelectuales, informó la cancillería.
El mandatario viajó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alvaro Ramos, y por una delegación de 85 representantes de empresas privadas locales interesados en concretar negocios con sus colegas chinos.
Sanguinetti y su comitiva llegarán a Pekín el domingo próximo, tras realizar el viernes y sábado una escala en San Francisco (Estados Unidos), y cumplirán una extensa agenda en territorio chino.
El viaje del presidente, el segundo que realiza en forma oficial a China, tiene como objetivo ampliar el intercambio comercial y profundizar las relaciones diplomáticas bilaterales, reiniciadas en febrero de 1988 tras más de dos décadas de interrupción debido a que Uruguay mantenía vínculos con Taiwán.
Sanguinetti visitará las ciudades de Beijing y Shanghai y se entrevistará con el presidente Jiang Zemin y con el Primer Ministro de la nación asiática, Li Peng, según los informes oficiales.
Además de los contactos protocolares, el Jefe del Estado uruguayo participará en dos encuentros pactados entre empresarios de ambos países para incentivar las corrientes comerciales.
China fue en 1996 el principal comprador de lanas uruguayas y expresó su interés a través de funcionarios diplomáticos por establecer en este país sudamericano una fábrica de electrodomésticos y de producción de motocicletas para comercializar en el área del Mercado Común del Sur (Mercosur).
El Mercosur es la unión aduanera integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que tiene como asociados en una zona de libre comercio a Chile y Bolivia.
La gira de Sanguinetti por China culminará el 24 de abril, cuando se trasladará a Barcelona (España) para intervenir en un foro de personalidades políticas y culturales que analizará el tema "Empleo y Reforma del Estado", donde figura entre los expositores, de acuerdo al informe de cancillería.