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06Mar05
Uruguayos desaparecidos en la Argentina o las deudas del Cóndor.
Quiero escarbar la tierra con los dientes/ quiero apartar la tierra parte a parte/ a dentelladas secas y valientes./ Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera...", dice "Elegía", del gran poeta español Miguel Hernández, que Joan Manuel Serrat popularizó en estas tierras y en el mundo. Esta parece ser la primera decisión oficial del flamante gobierno de Tabaré Vázquez sobre la cuestión de los derechos humanos, un tema que pactó con Néstor Kirchner cuando los festejos por el primer gobierno de centroizquierda en Uruguay no se habían apagado.
Se vienen las excavaciones en los cuarteles.
Lo dijo un hombre que ocupará un cargo importante en el gobierno de Vázquez y sabe de lo que habla. ¿En Uruguay? ¿En la Argentina? En ambas orillas. El que tendrá a cargo la tarea será el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Y, a pesar de la Ley de Caducidad de la Pretención punitiva del Estado, llamada ley de impunidad por los uruguayos, que cerró el camino en 1986 al juzgamiento y castigo de los responsables de crímenes durante la dictadura que gobernó Uruguay en los años setenta y ochenta, Vázquez encontró —sostuvo ante Kirchner— por dónde avanzar en las demandas de los familiares de los desaparecidos. Esa ley no impide que el Estado uruguayo pueda investigar qué pasó con sus ciudadanos devorados por la represión en su territorio o en otros territorios por el Plan Cóndor. Ni con los casos más famosos como el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en mayo de 1976 o el caso de María Claudia García de Gelman, la nuera del poeta Juan Gelman, quien reclama —a pesar de haber encontrado ya a su nieta en Uruguay— que se encuentren sus restos. El acuerdo entre Kirchner y Vázquez, según fuentes del Gobierno, avanzará además en la circulación de información bilateral que permita más elementos de prueba para las causas contra militares argentinos y uruguayos que sí pueden ser juzgados y detenidos en la Argentina porque no existe una ley de caducidad como en Uruguay.
En los orígenes de estos acuerdos es posible también pensar en Sófocles: le haría, tal vez, decir al coro en una de sus tragedias: Raro destino el de este río de plata que une y que separa, pero que aún arrastra cuerpos insepultos de orilla a orilla. En 1976, gobernaba Videla, el general Gregorio Alvarez en Uruguay, Pinochet en Chile y Stroessner en Paraguay. A fines de 1976, en Santiago, los militares argentinos y chilenos pergeñaron el Plan Cóndor: el secuestro y la muerte de los opositores políticos de los países del Cono Sur. Miles de uruguayos se refugiaron en la Argentina a partir de 1972. Muchos pertenecientes al Frente Amplio creado por Liber Seregni o al entonces derrotado Tupamaros se alistaron en organizaciones de la izquierda argentina o chilena. En 1973, el golpe de Pinochet los corrió hacia la Argentina. En 1976, la noche los sorprendió en esta tierra.
Las estadísticas a las que accedió Clarín indican que hubo en total 163 uruguayos desaparecidos. Un 72 por ciento de ese total —según informaciones de las organizaciones de derechos humanos de Uruguay— desapareció en operativos conjuntos de los militares argentinos y uruguayos. La radiografía de quiénes eran es en verdad invariablemente similar a la composición que registró el "Nunca Más" para la Argentina. Un 49 por ciento tenían entre 21 y 30 años; 25 por ciento, entre 31 y 40. Hubo más adolescentes víctimas —un siete por ciento— que adultos entre 51 y 70 años. La mayoría absoluta era empleado u obrero. Pero hubo sacerdotes, maestros, artistas, periodistas y hasta un peluquero. El 77 por ciento eran varones. El 60 por ciento, además, era casado o vivía en concubinato. El 44 por ciento había nacido en Montevideo y el resto en el interior del Uruguay. El 30 por ciento estaba políticamente vinculado a Tupamaros o al Partido de la Victoria del Pueblo (PVP). Y un once por ciento, al Partido Comunista. Un porcentaje superior al 20 por ciento no aparece en los registros. Respecto de dónde fueron secuestrados y posteriormente asesinados, se sabe por los registros citados que el Plan Cóndor distribuyó cadáveres en el Cono Sur: del total de 163 desaparecidos uruguayos, el 42 por ciento correspondió a la provincia de Buenos Aires en tiempo que la gobernaba el general Ibérico Saint Jean, su policía la comandaba el general Ramón Camps y toda esa vasta zona militar estaba bajo el área del general Guillermo Suárez Mason. El 28 por ciento, a la Capital Federal; el uno por ciento a Córdoba. En Uruguay desapareció el 17 por ciento del total; en Chile, el cuatro por ciento, y en Asunción del Paraguay, el uno por ciento. En total, 155 ciudadanos. De los ocho restantes, no existen registros. Se los tragó la tierra o el mar. Los principales centros clandestinos de detención fueron, en este orden: el Pozo de Quilmes (15 por ciento), el Pozo de Bánfield (11 por ciento) y Automotores Orletti (nueve por ciento). No exiten datos sobre casi la mitad restante.
La dictadura argentina, entonces, tiene el oscuro récord de ser el régimen que más uruguayos reprimió: el 80 por ciento de los casos ocurrieron entre 1976 y 1978. Se entiende, entonces, la decisión política de Kirchner y el pedido de Vázquez. Es en el territorio argentino donde están la mayoría de las respuestas, se piensa, para identificar y encontrar los restos insepultos. Los acuerdos entre Kirchner y Vázquez, en este tema, no tienen límites, ni de tiempo ni de espacio. Y no pocos políticos uruguayos y familiares de las víctimas tienen la secreta esperanza de burlar el destino y que los militares de su país vinculados al Plan Cóndor, aún vivos —Guillermo Ramírez, José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Enrique Martínez, Jorge Silveira—, tengan el futuro de Videla, preso por la voracidad de un Cóndor que asoló como una plaga antigua esta parte de América.
[Fuente: Por María Seoane, Clarin, Bs As, Arg, 06mar05]
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