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07abr08
La izquierda desafía a Tabaré y busca derogar la ley de amnistía
En un abierto desafío al presidente socialista Tabaré Vázquez, la coalición oficialista Frente Amplio (FA) decidió sumarse a la recolección de firmas para impulsar la derogación de la denominada ley de caducidad, que evitó los juicios a militares y policías involucrados en la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar (1973-1985).
Contraria a los lineamientos políticos de Vázquez, la iniciativa causó preocupación en los sectores mayoritarios de esa fuerza política, que no logran controlar el empuje radical de grupos minoritarios y de los delegados de comités de la izquierda de Uruguay.
El plenario nacional frentista, máxima autoridad política de la coalición, decidió apoyar la recolección de firmas para una reforma constitucional que anule la ley de caducidad, norma aprobada con el retorno de la democracia para amnistiar a militares y policías por su actuación durante la dictadura.
Dirigentes socialistas y tupamaros reconocieron ayer que no pudieron controlar el plenario para evitar esa resolución y que ahora el oficialismo enfrenta un nuevo problema interno.
La resolución significa el apoyo oficial a una campaña de firmas iniciada en 2006 por sindicatos y grupos de izquierda, que no ha recogido apoyo popular hasta ahora, para que en 2009 se vote una enmienda constitucional que establezca la nulidad de la ley de amnistía. Vázquez ha rechazado con firmeza la campaña, con el argumento de que contradice la plataforma electoral que lo llevó a la presidencia de Uruguay.
En tanto, la bancada de diputados del FA definió la semana pasada que respaldará el proyecto de ley sobre despenalización de aborto, pese a la enérgica oposición de Vázquez, que había advertido que lo vetaría. Los legisladores buscarán que la ley entre en vigor en 2010, cuando ya no sea Vázquez el presidente que tenga que promulgar o vetar la ley.
Durante el plenario de anteayer se registró la primera baja de la izquierda en lo que va del gobierno. El Movimiento 26 de Marzo, un grupo minoritario radical, abandonó la coalición por discrepancias con la línea moderada del gobierno de Vázquez. Acusó al mandatario de violar los principios históricos de la izquierda, de inclumplir promesas electorales y de darles continuidad a políticas económicas de los partidos tradicionales y que a su juicio chocan con banderas fundacionales del FA.
Sobre la polémica ley de caducidad, Vázquez ha dicho que la izquierda uruguaya tiene que respetar el referéndum de 1989, en el que la población ratificó la norma. Además, afirma que en su plataforma electoral de 2004 no incluyó su anulación sino una aplicación diferente a la de los partidos tradicionales, el Colorado y el Blanco.
Pese a la postura del mandatario, varios grupos que integran el FA insistieron con propuestas contra la ley votada por el Parlamento en 1986. Entonces, la ley acordada por los partidos Colorado y Nacional paralizó los juicios contra militares o policías acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
La llegada de la izquierda al poder en marzo de 2005 significó un giro en la política oficial sobre denuncias de desaparecidos durante la dictadura u otras violaciones de derechos humanos.
Antes de las elecciones, el FA volvió a discutir el tema y los grupos marxistas impulsaron una nueva estrategia con la anulación de aquella ley, calificada como una iniciativa de "impunidad".
Desde su llegada a la presidencia, Vázquez mantuvo una estrategia oscilante en el tratamiento de denuncias pendientes sobre hechos de la dictadura, aunque logró avances significativos en las investigaciones sobre desaparecidos. En un primer momento demostró interés en que se conociera "la verdad" y se respetara la ley de caducidad, no sólo en la habilitación a investigar sino también en que no hubiera juicios a militares y policías. Sin embargo, si bien aclaró que sólo quedarían exentos de los beneficios de aquella ley los implicados en dos o tres casos puntuales, cada vez que el Poder Judicial consultó al Ejecutivo sobre si el caso en cuestión estaba o no amparado en esa suerte de amplia amnistía, el gobierno de Vázquez siempre dio luz verde a la investigación judicial.
En los hechos, eso significó que la ley no cumpliera su cometido de evitar no sólo el juico a militares sino también su eventual prisión. Con el tiempo, los principales agentes de la represión del régimen militar, como José Gavazzo y Jorge Silveira, entre otros, terminaron procesados y recluidos en una cárcel que se construyó especialmente.
El cuadro se completó con la prisión del político que dio el golpe de Estado de 1973, Juan María Bordaberry, y del principal general de la dictadura, Gregorio "Goyo" Alvarez, que fue presidente de facto entre 1981 y 1985.
[Fuente: Por Nelson Fernández, Corresponsal en Uruguay, La Nación, Bs As, Arg, 07abr08]
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