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21jun06
Tabaré advierte que los jefes militares de la última dictadura pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
El presidente uruguayo ratificó la Ley de Caducidad, que evita juzgarlos por violaciones a derechos humanos pero aclaró que "los mandos no están amparados por la norma". Esta decisión permitiría el procesamiento, entre otros militares retirados, de Gregorio Alvarez, presidente de facto entre 1981 y 1985.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó hoy que los jefes militares de la dictadura no están alcanzados por la Ley de Caducidad, por lo que pueden ser juzgados por crímenes cometidos en ese período, aunque advirtió que no apoyará la derogación de esa norma.
"Los mandos no están amparados por la ley. Hoy mismo haré un comunicado" para aclarar esta situación, dijo el mandatario en declaraciones a una radio uruguaya. El artículo 1 de la Ley de Caducidad establece que están preservados los funcionarios militares y policiales "en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto", pero no incluye a los mandos que dieron esas órdenes.
Esta decisión permitirá el procesamiento, entre otros militares retirados, del ex dictador Gregorio Alvarez, quien el pasado 15 de junio tuvo que declarar por primera vez ante un tribunal civil que investiga violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen de facto. Vázquez, en una entrevista con la radio AM Libre, dijo que en las próximas horas emitirá un comunicado en el que informará sobre esta posición.
La norma legal fue aprobada por el Parlamento el 22 de diciembre de 1986 y refrendada por un referendo el 16 de abril de 1989, e impidió procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y ocultamientos de cadáveres durante el gobierno de facto. Sin embargo, Vázquez reiteró que no acompañará el proyecto para anular la Ley de Caducidad, como exige la central obrera PIT-CNT junto a organizaciones de derechos humanos y sociales.
El PIT-CNT convocó a un paro de cuatro horas para mañana, con una marcha que partirá de frente al edificio del Ministerio de Trabajo y finalizará frente al Ministerio de Economía. La central obrera demandará libertad sindical, funcionamiento en todos los sectores de los consejos de salarios, acelerar las reformas del sistema de salud prometidas por el gobierno, mayor presupuesto para la enseñanza y anulación de la Ley de Caducidad.
Vázquez afirmó que en el último congreso del Frente Amplio en 2003 se resolvió respetar la vigencia de la ley pero hacer cumplir el articulo 4 de la norma, que entre otras cosas establece que el Poder Ejecutivo deberá investigar el destino de los prisioneros desaparecidos y los robos de niños durante la dictadura.
"Esto fue lo que prometí en la campaña electoral y esto fue lo que les informé a los comandantes militares cuando me reuní con ellos durante el periodo de transición", antes de asumir el cargo el 1 de marzo de 2005, aclaró el mandatario. El mandatario uruguayo dijo que también dejó entonces claramente establecido que la vigencia de la ley es entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985, durante el periodo de facto, que los civiles no están comprendidos por la norma y que tampoco están amparados "crímenes aberrantes".
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 21jun06]
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