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27oct10
Mujica sancionó al comandante en jefe del ejército
El presidente de Uruguay, José Mujica, sancionó ayer al comandante en jefe del ejército, general Jorge Rosales, por haber cuestionado públicamente la intención del gobierno de eliminar la ley de amnistía a militares de la dictadura, proyecto que a su vez genera tensión en la bancada del oficialista Frente Amplio.
Pese a ser amonestado, Rosales, que como militar tiene prohibido realizar manifestaciones políticas, permanecerá como jefe del ejército.
El proyecto que busca anular la denominada ley de caducidad, que dio cierto amparo a los militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos entre 1973 y 1985, es impulsado por el canciller Luis Almagro, que advirtió que Uruguay se expone a una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por mantener esa norma y no avanzar en la investigación del caso Gelman. Ese caso se refiere a la desaparición, en 1976, de la nuera del escritor argentino Juan Gelman, que tuvo una beba en Montevideo luego de ser traída clandestinamente por militares.
Al igual que muchos legisladores oficialistas que rechazan el proyecto, Rosales sostuvo que no se puede revertir por ley lo que la ciudadanía respaldó con su voto en dos ocasiones: el referéndum de 1989 y el plebiscito de octubre de 2009. "Como militar estimo que hay un principio rector de la conducta, que es la lealtad y el cumplimiento de la palabra, y como ciudadano la opinión que tengo es que se debe acatar y respetar el resultado de las urnas", fueron las palabras de Rosales que le merecieron la sanción, que le comunicó ayer el ministro de Defensa, Luis Rosadilla.
Rosales se disculpó ante el ministro y dijo que "el tenor de sus declaraciones no fue el adecuado, ya que se vio desbordado por las preguntas de la prensa".
El proyecto para dejar sin efecto la ley de caducidad dio lugar a un intenso debate político. Desde la oposición se acusa al Frente Amplio de hacer lo que ni la dictadura militar se animó: desconocer el resultado de un plebiscito. Ese argumento también fue esgrimido por el ex guerrillero y actual senador Eleuterio Fernández Huidobro, el único del núcleo fundador del Movimiento Tupamaro que aún se dedica a la política.
En 1980, la dictadura uruguaya promovió una reforma constitucional para cambiar el sistema político y respetó el resultado tras sufrir una inesperada derrota.
Camino complicado
En la Cámara de Diputados, varios legisladores oficialistas votaron por el proyecto, que tiene media sanción, pero dejaron constancia de que lo hacían contra su voluntad y por disciplina partidaria.
La iniciativa pasó al Senado, donde la aprobación parece más complicada. Quien fue vicepresidente durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Rodolfo Nin Novoa, dijo que votará en contra, al igual que Jorge Saravia, que acusó a sus compañeros diputados de haber dado "un golpe de Estado técnico" por votar ese proyecto de ley.
El principal constitucionalista frenteamplista, el ex senador socialista José Luis Korzeniak, advirtió que el proyecto no es la vía correcta para anular la ley de caducidad, y que para hacerlo es necesario ir a un nuevo plebiscito, porque un pronunciamiento popular tiene mayor fuerza jurídica que una ley.
Ayer, la bancada de senadores frenteamplistas recibió al canciller Almagro, quien explicó que Uruguay puede ser condenado por la Corte de la OEA y que además deberá indemnizar a la familia Gelman, en un monto que se estimó cercano al millón de dólares. También advirtió a los senadores que es posible que, en caso de existir un reclamo de los militares afectados por la reforma, la Corte Suprema declare inconstitucional la votación.
El texto sancionado por Diputados establece que de acuerdo con los tratados internacionales que Uruguay firmó en materia de derechos humanos, la ley de caducidad no es aplicable y los jueces deben actuar como si no hubiese sido aprobada.
Los legisladores que se oponen a apoyar esta reforma legal, sobre la que Mujica no se expidió públicamente, sostienen que aún con la ley de caducidad vigente fueron procesados los principales militares responsables de torturas y muertes, así como el dictador Gregorio Alvarez y el presidente que dio el golpe de Estado de 1973, Juan María Bordaberry. La ley de caducidad, aprobada en 1986, suspendió los juicios por denuncias de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar. En 1985 se había votado una amnistía para presos políticos y ex guerrilleros.
[Fuente: La Nación, Bs As, 27oct10]
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