21may03

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Creen que es posible el procesamiento de civiles involucrados en la dictadura cívico militar.

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Varios participantes en el coloquio "Uruguay, país de impunidad", celebrado en París esta semana, concluyeron en que la Ley de Caducidad de 1986 permite el procesamiento de los civiles involucrados en la dictadura cívico militar, al amparar a texto expreso solamente a los militares y los policías que cometieron violaciones a los derechos humanos entre el 27 de junio 1973 y 1° de marzo de 1985. El magistrado francés Louis Joinet, ex relator especial de la ONU para la Lucha contra la Impunidad, abrió el coloquio explicando que "En 1986, los legisladores cometieron un error: sólo pensaron en los militares al adoptar la ley de amnistía."

"El ex presidente Juan María Bordaberry -continuó Joinet- no era un militar y tampoco lo era el ex canciller Juan Carlos Blanco," por ello, quien hace 30 años disolvió el Parlamento: "tiene ahora un pie en los tribunales." Ello es así a raíz de una denuncia en su contra por violación de la Constitución presentada recientemente. La abogada uruguaya Hebe Martínez Burlé, aseguró en el coloquio que "la demanda contra Bordaberry es la que menos escapatoria tiene. Es absolutamente imposible que la Suprema Corte de Justicia diga algo como que no dió un golpe de Estado." Martínez recordó que el ex presidente por el Partido Colorado se transformó en dictador al firmar el decreto de disolución del Parlamento. La abogada explicó que los civiles que colaboraron con la dictadura "fueron los máximos responsables," y que "son los que han gozado de la mayor de las impunidades y de sus beneficios.", dijo.

Pablo Chargoñia, abogado patrocinante de la causa contra Blanco, explicó que el caso "logró abrir una brecha en el muro de la impunidad", y que a pesar de su reciente liberación provisional, su encarcelamiento fue un hito significativo en un país donde no se había procesado hasta entonces a ningún responsable de la dictadura. El letrado recordó que "la ley nunca había amparado al ex canciller, aunque en los hechos hubo que esperar hasta el año pasado para procesarlo" por coautoría del secuestro Quinteros en 1976. "Fue el primer acto de procesamiento de un dictador uruguayo", consideró.

Recordando que Blanco fue "un ideólogo de la dictadura y un referente esencial del golpe," Chargoñia recalcó sus implicancias con el Plan Cóndor y citó la carta escrita por Zelmar Michelini a principios de mayo de 1976 en Buenos Aires, en la que señalaba que el canciller "seguía sus pasos". Dijo que "Con esta carta, Michelini está testimoniando y quiere que preguntemos ahora a Blanco lo que hacía allá unos días antes de su asesinato y el de Héctor Gutiérrez Ruiz" el 20 de mayo de 1976. Recordó que la anulación del pasaporte uruguayo a Michelini (lo que le impidió salir de Argentina), "fue una decisión que sólo podía tomar el Ministerio de Relaciones Exteriores".

[Fuente: Comcosur al día - año5 - Nš 710, Montevideo, Ury, 22may03]

Este documento ha sido publicado el 26may03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights