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El gobierno argentino presenta una querella en el caso María Claudia.

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El gobierno argentino presentó ante la Justicia de ese país una querella criminal por el secuestro y la desaparición de María Claudia García, la nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada en Argentina en 1976 y desaparecida en Uruguay en 1977. En el escrito se pide declaren los militares Juan Antonio Rodríguez Buratti, José Arab, Manuel Cordero, Gilberto Vázquez, Ernesto, Jorge Silveira, y José Gavazzo; el oficial de policía Ricardo Medina; los ex integrantes de la Comisión para la Paz Gonzalo Fernández y Carlos Ramella, el senador Rafael Michelini, el poeta Juan Gelman y su esposa Mara La Madrid;

Gabriel Mazarovich (ex secretario de redacción del diario "La República" de Montevideo) y -mediante exhorto diplomático- el Presidente Jorge Batlle.

El 24 de agosto de 1976, cuando fue secuestrada en Buenos Aires junto a su esposo Marcelo -el hijo del poeta argentino Juan Gelman- María Claudia García tenía 19 años y no militaba políticamente. De todas maneras, la pareja fue llevada al centro de detención clandestina y torturas Automotores Orletti, donde Marcelo fue torturado y asesinado. María Claudia, con un embarazo avanzado, fue trasladada secretamente a Uruguay e internada en la cárcel clandestina del Servicio de Información y Defensa del Ejército (SIDE). Cuando dió a luz, su hija fue entregada a la familia de un oficial de policía que la anotó como propia, y luego ella misma fue asesinada. Se presume que sus restos estuvieron enterrados en el cementerio clandestino del Batallón de Infantería N° 13.

Sendas investigaciones paralelas efectuadas por Gelman y el diario "La República," lograron ubicar a la hija de María Claudia en Montevideo, y el poeta se reencontró con su nieta el 31 de marzo de 2000. Durante la última visita del presidente argentino Néstor Kirchner a Uruguay, la joven se entrevistó con él y le manifestó su interés por recuperar su verdadera identidad. A todo esto, las investigaciones sobre lo sucedido con su madre están detenidas, al considerar el gobierno uruguayo que el caso está amparado en la Ley de Impunidad, que prohibe castigar a los militares y policías violadores de los derechos humanos durante la dictadura de 1973/85.

Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina entiende que el de María Claudia es un crimen de lesa humanidad imprescriptible, inamnistiable e inindultable, pasible de jurisdicción universal; y por ese motivo presentó la querella penal en el juzgado de turno (Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 11 de Buenos Aires, a cargo del doctor Claudio Bonadío). Además, el gobierno argentino sostiene que la Ley de Impunidad uruguaya no es aplicable, desde el momento en que María Claudia no era una militante política y había sido secuestrada sólo para robarle su hija, y que el asunto tendría que ser investigado -por lo menos- mediante una vía administrativa, sin efectos punitivos, como fue el caso de los "Juicios de la Verdad" que se llevaron adelante en ese país.

Los militares que reclama para testificar el gobierno argentino son los que las investigaciones y los testimonios han señalado como integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), el ala uruguaya del Plan Cóndor. También se cita al policía Ricardo Medina, porque fue señalado por el mismísimo Presidente Batlle como quién ejecutó a María Claudia luego de que diera a luz. Así se lo hizo saber hace unos años al senador Rafael Michelini en una conversación privada, y es por ese motivo que el gobierno argentino pide ahora su testimonio. A pesar de que Michelini ha confirmado una y otra vez el contenido de esa conversación ante la justicia de ambos países, Batlle ha evitado siempre referirse al asunto.

Según recuerda la declaración del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina; "pudo reconstruirse que quienes sacaran a ambas (a María Claudia y a su hija) del SID fueron los oficiales del ejército uruguayo teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti y capitán José R. Arab y quienes abandonaron a la beba en la puerta del domicilio de quienes la inscribirían como hija propia fueron el oficial Jorge Silveira y el policía uruguayo Ricardo Medina Blanco, ambos sujetos que operaron en la Argentina en "Automotores Orletti" a las órdenes directas del mayor del ejército uruguayo

José Nino Gavazzo Pereira." También se agrega que "María Claudia sigue en condición de desaparecida, aunque hay indicaciones de fuentes militares de que habría sido asesinada en Uruguay y su cuerpo se encontraría enterrado en terrenos adyacentes al arroyo Miguelete del Batallón 13 de Infantería en la ciudad de Montevideo."

Pero el ministro de Defensa Nacional uruguayo, Yamandú Fau, consideró "poco viable" que militares y policías declaren en otro país por un caso que "no existe" porque está amparado por la Ley de Impunidad. Consultado por el diario "Últimas Noticias," aseguró que "Esta es una causa que se abre en un país en el que no rige la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad) por lo que habría que analizar cómo se procede desde el punto de vista internacional de acuerdo a los tratados vigentes. Pero por otro lado, nadie puede responder en Uruguay por casos que fueron cerrados por ley. Los ciudadanos que teóricamente pudieron estar involucrados en estos hechos no son responsables penalmente. Este es un tema muy complejo pero veo poco viable esa citación."

Fau agregó que "todos los vinculados a esos hechos fueron amnistiados" por lo que "desapareció el delito," y que "no parece razonable que uruguayos declaren en otro país por delitos que en el país donde se produjeron ya no existen." Entreverando adrede las fichas del juego, el ministro aseguró que el gobierno también se negaría a acceder a pedidos similares que eventualmente se podrían hacer sobre los ex guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros). Dijo que "Este razonamiento no rige sólo para los militares sino también para los tupamaros. Si desde Argentina o cualquier otro país se citara a un tupamaro, razonaría de la misma forma." No obstante, el ministro reconoció que "habrá que estudiar bien al tema porque es bastante complejo" y "habrá que ver sobre qué bases se funda" el planteo argentino.

[Fuente: Andrés Capelán, Comcosur, Montevideo, Ury, 15ene04]

Este documento ha sido publicado el 21ene04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights