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28jun11
Mujica busca otra vía para juzgar crímenes de la dictadura
El gobierno de Uruguay anunció ayer que revocará todos los actos administrativos de gestiones anteriores que frenaron unos 88 juicios de la dictadura (1973-1985), el mismo día en que se cumplirían 38 años del golpe de Estado y un mes después de que fracasara el intento oficialista de anular la llamada Ley de Caducidad.
La medida, que se concretará mediante un decreto, fue anunciada por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, y justificada "por razones de ilegitimidad" de las decisiones tomadas en el pasado por los presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005).
La Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009, concede al Ejecutivo de turno la potestad de decidir si un caso está amparado por esa normativa, que impide enjuiciar a militares y policías acusados de crímenes cometidos durante el régimen dictatorial. Sanguinetti, Lacalle y Batlle consideraron que todas las causas que llegaron a sus manos sí lo estaban, por tanto debían ser archivadas. Mujica y su antecesor, Tabaré Vázquez (2005-2010), reabrieron en cambio varios procesos al opinar lo contrario.
En defensa del decreto presidencial, Breccia explicó ayer que "cuando la revocación es por razones de ilegitimidad", sus efectos "se proyectan hacia el pasado", y aclaró que con su postura el gobierno no está violando la separación de poderes. "No estamos ingresando para nada en la competencia que el Poder Judicial va a tener de disponer o no el desarchivo de esos casos por considerar que existe o no en cada uno de esos casos cosa juzgada", alegó.
El decreto, agregó, se firmará el jueves o viernes próximos para dar tiempo a todos los familiares de las víctimas a que decidan si quieren beneficiarse con la medida.
El funcionario explicó también que la iniciativa es solamente una comunicación al Poder Judicial y que con ella el gobierno pretende suplir las carencias denunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en la sentencia con la que el 24 de marzo pasado condenó al Estado uruguayo.
En aquel dictamen, la Cidh responsabilizó a Uruguay de la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y de la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman.
Además, instó al Estado uruguayo a "tomar las medidas necesarias" para que la Ley de Caducidad "deje de representar un obstáculo para la investigación" de las causas.
Como complemento del decreto, el gobierno cursó solicitudes al Ministerio de Defensa Nacional y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que un equipo de historiadores que participan en la Comisión de Seguimiento de los Derechos Humanos acceda a diversos archivos vitales.
Entre ellos, las fichas clínicas de las fuerzas armadas y las fichas judiciales que guarda la SCJ sobre la cuestión. Además, las autoridades trabajan en la "posibilidad de completar el banco de datos genéticos -todavía incompleto- de los familiares de víctimas" para contrastarlo con el ADN de restos de desaparecidos que se puedan encontrar, dijo Breccia.
La primera reacción a la medida fue de la agrupación Hijos Uruguay, compuesta por descendientes de las víctimas, que agradeció el gesto de Mujica, aunque sostuvo que solamente es un aporte más a su lucha.
Mujica ya deshizo por decreto un acto administrativo de Sanguinetti, el 13 de mayo.
[Fuente: La Voz del interior, EFE, Telam y AP, Córdoba, 28jun11]
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