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15may11
Revés para Mujica por la amnistía
A pesar del dramático planteo del presidente de Uruguay, José Mujica , la cúpula dirigente del oficialista Frente Amplio (FA) resolvió ayer mantener la decisión de votar el próximo jueves a favor del proyecto que pretende anular la ley de caducidad, que durante años fue un paraguas para que militares de la dictadura evitaran ser juzgados.
Ni los pedidos de Mujica; ni las gestiones del vicepresidente Danilo Astori; ni la invocación al ex presidente Tabaré Vázquez; ni los consejos de todos los juristas, que sostienen que el proyecto es violatorio de la Constitución; ni los pedidos de respetar lo resuelto en dos votaciones populares, que estuvieron separadas entre sí por 20 años; ni las encuestas que muestran que la mayoría de los uruguayos prefieren que la amnistía quede tal cual fue ratificada en los referendos. Nada de eso frenó a los dirigentes de la izquierda uruguaya, que quedaron expuestos a duras críticas de la oposición.
Sin embargo, el FA intentó buscar una salida decorosa para el presidente, al abrir la puerta a una nueva consulta popular -idea apoyada por Mujica-, que requiere la aprobación de otras dos leyes en ambas cámaras. Una para cambiar la reglamentación de referendos, y otra para activar el mecanismo de consulta, una jornada de adhesión al recurso contra la ley aprobada, y una votación popular para ver si se obtiene respaldo del electorado.
En una carta dirigida a la coalición gobernante para evitar que siguieran adelante con esta iniciativa, el mandatario identificó el motivo para votar una ley de esta naturaleza, que, a su entender, deja a la izquierda "pasándole por arriba a dos plebiscitos".
Sobre el motivo de sus desacatados legisladores, Mujica dijo: "La explicación humana que me doy es que la siembra dolorosa que con sus procedimientos hizo la dictadura dejó no sólo la sed de Justicia, sino que construyó odio implacable que ciega el razonamiento".
Para el presidente, "no hay batería argumental entendible" para explicar a la gente por qué el FA votará el jueves a favor de ese texto.
Como varios legisladores discrepan con el proyecto, el Plenario Nacional del FA mantuvo el mandato imperativo de votarlo. Un solo diputado rebelde puede hacer fracasar el intento de anular la ley que la izquierda llama "de impunidad", aún cuando pese a su vigencia fue posible procesar con prisión a los dos dictadores, Juan María Bordaberry (1973-76) y Gregorio Alvarez (1981-85), así como a los militares y policías identificados como principales torturadores.
La ley de caducidad fue votada en 1986 por la mayoría de los partidos tradicionales -Colorado y Nacional (blancos)-, como reciprocidad a la ley de amnistía que se había aprobado un año y medio antes para presos políticos y ex guerrilleros.
El FA la recurrió a referéndum, pero en 1989 la mayoría (57,5%) la avaló con el voto. Veinte años después, la izquierda insistió, pero esta vez con una enmienda constitucional que se plebiscitó en octubre de 2009 y no logró los votos suficientes (48%).
La última encuesta sobre el tema, publicada el lunes último por Interconsult-Ultimas Noticias, arrojó que un 55% de los uruguayos rechazan el proyecto impulsado por el FA.
Mujica y otros dirigentes de la izquierda advirtieron a la bancada oficialista que una ley de ese tipo tendrá efecto contrario al buscado, porque paralizará los juicios a militares que ya están en marcha. Todos los constitucionalistas encontraron varias violaciones a la Carta Magna en el proyecto que votó el Senado y se dispone a sancionar Diputados. Se descuenta que abogados de militares presentarán una lluvia de recursos ante la Suprema Corte.
Por su parte, la oposición manifestó ayer a través de los ex presidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti su rechazo a una nueva consulta popular sobre la amnistía.
"No podemos hacer de la consulta una tómbola hasta que se emboca. Además me pregunto, żesta vez van a respetar el resultado?", dijo Lacalle.
En tanto, Sanguinetti criticó al FA y advirtió que "las fuerzas armadas están en una situación de acoso".
El texto
El texto que se votará en Diputados tiene cinco artículos.
El primero sostiene que se "interpreta" que los "derechos y obligaciones" sobre "investigación, persecución, (y) juzgamiento (?) de las violaciones" a los derechos humanos y "de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional" quedan incorporados a la Constitución.
El segundo "declara" -ratifica, en realidad- que el Poder Judicial es independiente. El tercero establece "como interpretación obligatoria" que varios artículos de la ley de caducidad "presentan una ilegitimidad manifiesta, son incompatibles" con (?) la Constitución y "carecen de valor jurídico alguno".
El cuarto punto establece tres vías de reapertura de casos por denuncias archivadas. Primero dice que en los casos que un juez dispuso archivo de causa por la ley de caducidad eso no extinguió "la acción penal ni constituye cosa juzgada".
Segundo, sostiene que todo juicio suspendido podrá continuar "de oficio, o por solicitud del interesado" o del fiscal. Y tercero, interpreta que para el cálculo de prescripción no se puede computar "el período transcurrido" entre la aprobación de la ley y esta nueva norma.
Y el quinto artículo del proyecto plantea que todas estas habilitaciones judiciales corren también para las nuevas denuncias.
La reunión del plenario frentista de ayer se hizo de urgencia por el reclamo de Mujica a los legisladores de que reconsideraran ese mandato imperativo. Los grupos que respaldan a Mujica y a Astori habían logrado la convocatoria a la reunión, pero no pudieron revertir la decisión de seguir adelante con el proyecto anulatorio. Ahora, la expectativa está en la posible desobediencia de uno o más diputados.
El legislador Víctor Semproni anunció desde Perú que el jueves estará en su banca, pero que "no votará contra el presidente". Ya hay gestiones para hacerlo cambiar de opinión.
[Fuente: Por Nelson Fernández, Corresponsal en Uruguay, La Nación, Bs As, 15may11]
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