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26oct11
Hacia la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura
El oficialismo, a pesar de las críticas de la oposición y las amenazas de demanda por parte de militares retirados, logró aprobar en el Senado el proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura militar.
El Senado uruguayo aprobó un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985), que caducarían el 1 de noviembre, con el rechazo de la oposición y el anuncio de acciones legales por parte de militares retirados.
Tras casi diez horas de discusión la Cámara de Senadores aprobó con los votos del oficialista Frente Amplio (izquierda) -16 votos en 31- el proyecto que ahora pasó a la Cámara de Diputados, donde será debatido el miércoles.
La norma aprobada "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado" hasta el 1 de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia.
Además, declara estos delitos "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y afirma que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juzgamiento.
Hasta ahora los condenados -aproximadamente una decena, entre los cuales están los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry- lo han sido por homicidio especialmente agravado, un delito que prescribirá el 1 de noviembre para los crímenes cometidos durante ese periodo, por lo que las causas en las que no haya habido un procesamiento se archivarían.
La votación fue celebrada con aplausos por parte de un centenar de personas que presenciaban la sesión desde las barras. "Si estos casos prescribieran, sería paradójico y quizás una burla para los familiares que en tiempos de la dictadura obviamente no podían pleitear ni pedir justicia, (y) que cuando se abre la democracia, casi a los dos años (...) se decreta una Ley de Caducidad o de impunidad", sostuvo el senador oficialista Rafael Michelini, al informar sobre el proyecto.
Ley de caducidad
La ley de Caducidad fue aprobada en 1986, cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos --cometidos durante la dictadura y un año y medio después de otra norma que amnistió a los presos y perseguidos políticos--.
El Poder Ejecutivo, que según la Ley de Caducidad debía autorizar qué casos de violaciones de derechos humanos podían ser juzgados, no lo hizo durante los 20 años en que estuvo controlado por los partidos tradicionales Colorado y Nacional.
Con la llegada de la izquierda al poder, en 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios.
En marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura, pero dos meses más tarde un intento del gobernante Frente Amplio (FA) para suprimir la Ley de Caducidad fracasó en el Parlamento por la desobediencia de uno de sus diputados.
Desde entonces, el presidente uruguayo, José Mujica, revocó más de 80 actos administrativos de otros gobiernos que habían frenado investigaciones.
La oposición critica
En un áspero debate, con permanentes referencias al pasado y a la salida de la dictadura, los tres partidos de oposición rechazaron el proyecto afirmando que desconoce la voluntad de la ciudadanía que en dos consultas populares (en 1989 y 2009) no aprobó la anulación de la polémica Ley de Caducidad.
El senador del Partido Nacional Jorge Saravia, que se desvinculó del FA tras el debate anterior sobre la Ley de Caducidad, calificó el proyecto como "un golpe de Estado", asegurando que "parece haber ansias de venganza, en lugar de respeto por el voto de la gente".
La dictadura dejó 38 desaparecidos en Uruguay, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003 para investigar el destino de los desaparecidos. En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de uruguayos, en Chile ocho, en Paraguay dos y en Brasil una.
Los militares reclaman
Militares retirados, en tanto, anunciaron acciones judiciales contra ex-miembros de grupos armados de la década de 1960 y 1970. "Estamos en igualdad de condiciones para realizar denuncias a las personas que cometieron delitos de sangre y no fueron juzgados ni procesados ni cumplieron ningún día de cárcel", dijo el presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrez.
Cedrez afirmó que se basarán en la sentencia de la CIDH y en el Pacto de San José de Costa Rica, que sostienen "que no se deben conceder ningún tipo de amnistías".
El militar consideró que el debate en torno a los delitos de la dictadura "provoca inestabilidad, porque esto va a traer aparejado que desfilen por los estrados varias generaciones de septuagenarios y sexagenarios de ambos lados". "Y se va a dar el caso que también a ex guerrilleros sus nietos les van a preguntar por qué mataron", aseguró.
[Fuente: El Observador Global, Montevideo, 26oct11]
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