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27oct11


Los diputados declaran imprescriptibles los crímenes de la dictadura


La Cámara baja aprobó el jueves una ley que permitirá juzgar a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1973-1985). La normativa, aprobada contrarreloj, entierra la llamada Ley de Caducidad que fijaba al próximo 1 de noviembre el plazo para juzgar a quienes estaban protegidos por una amnistía.

Luego 12 horas de un tenso debate parlamentario, la Cámara de Diputados de Uruguay sancionó definitivamente en la madrugada del jueves un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura militar (1973-1985).

La medida, aprobada por la mayoría oficialista del Frente Amplio (FA) -50 de los 90 diputados presentes en el recinto- fue adoptada a pocos días del 1 de noviembre, fecha a partir de la cual dejaban de ser punibles los delitos de lesa humanidad en el marco de la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986.

La ley, que ahora debe ser promulgada por el presidente y ex guerrillero José 'Pepe' Mujica, fue impulsada por el FA luego de que la Suprema Corte de Justicia dictaminara que los crímenes cometidos durante la última dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad, por lo que habrían prescripto la próxima semana.

En mayo, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió a Uruguay que no puede limitarse en el tiempo la investigación de las violaciones a los derechos humanos.

"Hoy se dejó en libertad total a la justicia, que puede actuar. Hoy hemos dejado de lado el escollo que tiene la Ley de caducidad y los jueces van a poder actuar. Es un día histórico", aseguró la diputada oficialista Ivonne Passada.

La oposición, en cambio, condenó la iniciativa del oficialismo. "Sólo los autoritarios festejan un atentado a la democracia", escribió en su Twitter la diputada del Partido Nacional AnaLía Piñeyrúa, mientras que Fitzgerald Cantero, del Partido Colorado, sostuvo que "el FA acaba de desconocer la voluntad del pueblo".

Se referían a las dos consultas celebradas en el país en las que los uruguayos expresaron su voluntad de mantener la Ley de Caducidad. En 1989, en un primer referendo sobre la Ley, el 56% de los votantes se pronunció a favor de mantener su vigencia. Veinte años más tarde, en 2009, una nueva iniciativa para anular la norma recibió una adhesión del 47%, cuando necesitaba más del 50% para su aprobación.

Por su parte, militares retirados anunciaron apelarán a la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del proyecto aprobado este jueves. Además indicaron que presentarán acciones judiciales contra una treintena de ex miembros de grupos armados de la década de 1960 y 1970 que en su momento no fueron juzgados.

[Fuente: Radio Francia internacional, 27oct11]

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