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23jun06
El Ejército acepta los juicios a militares de la dictadura.
Un nuevo capítulo en materia de derechos humanos parece desatarse en Uruguay. Primero fueron las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez, en las que resolvió excluir a los altos mandos militares del amparo de la amnistía vigente para los militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Ayer, una noticia del semanario Búsqueda señala que el jefe del Ejército piensa que sería conveniente enjuiciar a los militares uruguayos en el país, para evitar que se los juzgue afuera.
"El Jefe del Ejército cree que la única forma que existe para evitar la extradición de militares a Argentina es que sean enjuiciados en Uruguay", señala la tapa de la publicación. Según Búsqueda —que señaló como origen de la información a una fuente política—, el comentario del comandante en jefe del Ejército Carlos Díaz fue a manera de reflexión y en el marco de una reunión con algunos de los oficiales arrestados. La revista se comunicó telefónicamente con el jefe del Ejército quien confirmó la reunión y dijo que "pudo haber manejado esa afirmación como una reflexión ante la hipótesis de que finalmente la justicia uruguaya acceda al pedido argentino" de extradición de los militares.
En su declaración, Díaz se refería concretamente a los 5 militares y un policía detenidos a la espera de la extradición solicitada por el juez argentino Guillermo Montenegro por la causa Plan Cóndor. Se trata de José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Ricardo Medina, Ernesto Rama, Jorge "Pajarito" Silveira Quesada y Gilberto Vázquez, involucrados directamente en la detención ilegal de 11 uruguayos y de la argentina María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
A la hipótesis mencionada por Díaz debe agregarse la preocupación que hay desde hace unos meses en filas castrenses, y en otros actores de la vida política, por la consumada extradición a Chile de tres militares uruguayos implicados en el secuestro y homicidio del químico chileno Eugenio Berríos, ex agente de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. Claro que este caso fue radicalmente distinto ya que el crimen ocurrió en los '90, en plena democracia.
Según las fuentes consultadas por Búsqueda, "los tres militares con los que se reunió Díaz recibieron con 'frialdad' las expresiones del Comandante en Jefe".
"Creo que si no se juzga a los militares violadores de derechos humanos en Uruguay por causa de una ley de impunidad, se los debe someter a la justicia, para que solicite las extradiciones por delitos que puedan haber cometido en el extranjero. Tratándose de delitos de lesa humanidad, obviamente hay un criterio de universalidad en la persecución de los mismos para su juzgamiento", dijo a Clarín Guillermo Payssé, Coordinador del Serpaj (Servicio de Paz y Justicia).
Payssé también se refirió a las declaraciones del presidente Vázquez acerca de que los altos mandos militares de la dictadura quedarán fuera del alcance de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, promulgada en 1986 y reconfirmada mediante un referéndum en 1989.
"La posición de Tabaré no es nueva", dijo Payssé. "Hace más de un mes, en EE.UU., ya se había manifestado al respecto. Desde los organismos de derechos humanos consideramos que los mandos militares no están dentro de la ley de caducidad por el propio texto de la ley, y además por la posición jerárquica que ocupaban, por ser los responsables mediatos de las acciones de sus subordinados, las hayan conocido o no", dijo Payssé.
Clarín intentó comunicarse con referentes del sector militar, pero muchos se negaron a hablar. Quien sí aceptó dar su opinión sobre las declaraciones del jefe del Ejército fue el general retirado Oscar Pereira, autor del libro Recuerdo de un soldado oriental del Uruguay (2004), en el que el militar asume las culpas del Ejér cito en el período de la dictadura cívico-militar.
"De ser real, la de Díaz es una reflexión muy importante porque, al fin y al cabo determina y acepta que los militares deben ser juzgados", declaró Pereira a este diario entre desconfiado y optimista. "Pero por otro lado —dijo— no me queda claro a través de qué mecanismo podrían ser hoy juzgados si no se anula la ley de caducidad, que es lo que corresponde hacer, para preservar la institucionalidad del país. Este no es un tema político ni tampoco militar, es un tema de la sociedad, y creo que al final la sociedad va a lograr el propósito de derogar o anular esa ley", declaró el militar retirado.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 23jun06]
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