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18jul05
Tensión militar en Uruguay por causas sobre desaparecidos.
El acatamiento de la decisión del primer gobierno de izquierda de este país de revisar lo sucedido en el último régimen militar (1973-1985) provocó este fin de semana tensión y disputas internas en las fuerzas armadas uruguayas, con el consecuente relevo de uno de los principales oficiales del ejército.
El general Juan Córdoba, que hasta anteayer era el comandante de la división primera del ejército –la más importante de las cuatro que hay en el país, con asiento en esta capital–, se convirtió en la cara visible de la resistencia militar a que la justicia reabra los casos de denuncias por desapariciones de personas y otras violaciones de los derechos humanos durante aquellos años. Su posición le valió quedar fuera de la línea de mando, ya que perdió su cargo y pasará a retiro.
No es el único en desacuerdo con la postura oficial. De hecho, se había puesto a la cabeza de la tendencia militar que sostiene que el nuevo gobierno está violando el espíritu de la salida política pactada al final de la dictadura.
Córdoba entiende que el revisionismo planteado en las últimas semanas, que entró en una pausa con la feria judicial de invierno, debe frenarse con un rechazo de los militares a concurrir a juzgados civiles para dar su testimonio, con el riesgo cierto de terminar en prisión. Pero su discurso interno fue muy fuerte y llegó a sugerir que los citados por juzgados se refugiaran en cuarteles, con lo cual quedó aislado.
La justicia local termina mañana su feria de invierno y los juzgados con causas pendientes comenzarán a citar a los denunciados.
El presidente Tabaré Vázquez encabezará hoy los actos por el 175° aniversario de la Jura de la Constitución, que dio inicio al Estado uruguayo. Allí se verán las caras los hombres del gobierno de izquierda con los mandos militares, que enfrentan un gran desafío por el revisionismo impulsado por esta administración.
Vázquez asumió en marzo, luego de 174 años en los que el Partido Colorado gobernó la mayor parte del tiempo, con algunos períodos del Partido Nacional (o Blanco), interrumpidos por escasos golpes de Estado.
El clima interno de las fuerzas armadas uruguayas se tensó en las últimas horas, cuando el comandante en jefe del ejército, Angel Bertolotti, procuró alinear a todos los generales tras la decisión del presidente Vázquez de juzgar algunos casos específicos de la época de guerra sucia.
Rumores de otros relevos de oficiales, desmentidos, comentarios sobre desobediencia interna, enfrentamientos entre bandos opuestos y supuesta resistencia armada de algunos acusados de violaciones a los derechos humanos circularon en las últimas horas y agravaron la tensión que se insinuaba desde hace unos meses.
El vocero de Bertolotti tuvo que salir ayer a negar que también el jefe del estado mayor del ejército, Dardo Grossi, se hubiese plegado al grupo que alienta el desacato a la Justicia y que hubiese abandonado el cargo.
Córdoba, por su parte, tuvo el viernes un enfrentamiento duro con Bertolotti frente a todos los generales del arma. Luego dialogaron a solas y el general rebelde terminó fuera del cargo: según su entorno, porque renunció y pidió pase a retiro; según la versión oficial, porque lo apartaron a un costado. Córdoba había sugerido que los militares que fueran citados por la Justicia podían encontrar refugio en unidades militares a su cargo.
Por un proceso rápido
El presidente Vázquez dijo a sus operadores políticos y al jefe del ejército que su voluntad es que este año termine todo lo relacionado con el revisionismo, según comentaron a La Nación fuentes del gobierno.
La reapertura judicial de las denuncias mantiene en tensión a los militares. Esta situación fue transmitida a Vázquez por el propio Bertolotti, que públicamente acata, pero que prefiere que este nuevo proceso se realice con celeridad y acotado a casos extremos.
En Uruguay, al final de la dictadura, se acordó una salida política entre los militares que gobernaban y dirigentes políticos de oposición. El Parlamento democrático sancionó en 1985 una ley de amnistía para los presos políticos y para los guerrilleros tupamaros, de la que se excluyó a policías y militares.
Pero cuando las citaciones a militares por violaciones a los derechos humanos fueron obstaculizadas por los mandos castrenses, en reclamo de la otra amnistía para "cerrar la página" de los enfrentamientos, el Parlamento sancionó otra ley que sostuvo que por "la lógica de los hechos" había "caducado la pretensión punitiva del Estado" sobre denuncias contra militares.
Ir más lejos
La izquierda impugnó la ley, pero en un referéndum con voto obligatorio de 1989 la mayoría de los uruguayos la dejó firme. Esa ley también estableció la necesidad de investigar los casos de desaparecidos, lo que no se hizo hasta el gobierno de Jorge Batlle, en 2000.
Con la llegada de la izquierda al gobierno, se abrió una nueva instancia para ir un poco más lejos que Batlle. Vázquez dijo que su gobierno respetará la "ley de caducidad", pero quiso completar la investigación sobre desaparecidos y abrir la puerta a casos que, a su juicio, no están comprendidos en aquella amnistía amplia para militares y policías.
Aclaró que había dos casos en los que quería hacer caer el peso de la justicia: el asesinato, en 1976, de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y el crimen de la nuera del escritor argentino Juan Gelman. El primero, porque, al ser fuera del país, no está cubierto por la polémica ley. Y el segundo, porque el móvil no fue político, sino que la mujer, embarazada, fue trasladada clandestinamente desde la Argentina para que diera a luz en Montevideo, con el fin de quitarle la beba y darla en adopción, y luego matarla.
Los militares decidieron acompañar ese giro político acotado, pero la nueva puerta abierta en los juzgados generó nuevas denuncias y comenzó a hablarse de que centenares de militares deberían terminar en juzgados. Bertolotti transmitió a Vázquez que eso era más de lo que se había propuesto.
En conversaciones entre dirigentes políticos y judiciales, se manejó el propósito de que el revisionismo quedara acotado "a casos extremos" y de que todo terminara antes de fin de año, dijeron a La Nación fuentes políticas.
[Fuente: Por Nelson Fernández, Corresponsal en Uruguay del diario La Nación, Bs As, 18jul05]
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