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07jul06
La captura del coronel Gilberto Vazquez favorece revisión del modelo de impunidad.
El gobierno uruguayo respira aliviado tras la captura este viernes del ex represor Gilberto Vázquez, quien se había fugado cuatro días atrás para eludir la extradición a Argentina, que lo reclama por la desaparición de la nieta del poeta Juan Gelman en el marco del Plan Cóndor.
Vázquez, un coronel retirado del ejército, había asegurado en una llamada a un canal de televisión nacional que estaba armado y que resistiría el arresto si era encontrado por la policía.
Pero nada de eso ocurrió. Vestido de modo descuidado y con una suerte de peluca para pasar inadvertido, este antiguo jefe represivo de la dictadura cívico-militar (1973-1985) con actuación también fuera de fronteras fue ubicado por la policía uruguaya e Interpol en una zona céntrica montevideana, a escasos metros de donde llamó a la prensa para decir que estaba cerca de Brasil.
La captura fortalece a este gobierno en sus intentos de revisar la política de impunidad ante violaciones de los derechos humanos de la dictadura, que habían seguido administraciones anteriores. Pero también deja una grave crisis en el ejército, según analistas.
Es que Vázquez huyó el lunes del Hospital Militar, al que había sido trasladado sin custodia y sólo acompañado por un oficial de menor rango para ser atendido de una dolencia, cuando estaba bajo custodia del ejército, cuyo comandante Carlos Díaz se había comprometido a vigilar a los militares requeridos por la justicia argentina, mientras se desarrollara el juicio de extradición.
El ex oficial de inteligencia es requerido junto a otros cinco agentes de la dictadura, acusados de intervenir en las operaciones del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América durante los años 70 y 80, nacida en Chile con la anuencia de Estados Unidos.
Vázquez había sido el último en entregarse cuando a comienzos de mayo se ejecutó la orden de arresto con motivo de extradición, que también incluye a los oficiales retirados del ejército José Gavazzo, Jorge Silveira y Ernesto Rama, a Ricardo Arab, un militar expulsado de esa fuerza por un supuesto delito sexual, y al ex policía Ricardo Medina.
En el oficio procedente del vecino país figuraba, además, el nombre del ya fallecido general Julio César Vadora, quien fue comandante en jefe del ejército en la época en que se cometieron los delitos investigados.
El tribunal federal de Buenos Aires que investiga el Plan Cóndor reclama a los represores uruguayos particularmente por la desaparición de María Claudia García, entonces de 19 años y embarazada, quien fue secuestrada en agosto de 1976 en Argentina por agentes de la dictadura de ese país (1976-1983).
Trasladada luego a Montevideo, la joven fue vista por última vez en una sede de la inteligencia militar ubicada en el centro de Montevideo, en la que Vázquez participaba de sesiones de torturas, según testimonios de ex presos políticos. Su hija fue ubicada en 2001 en el hogar de un ex policía en la capital de Uruguay, donde habría sido entregada por los asesinos de su madre.
En esa operación de secuestro en Argentina también fue capturado y posteriormente ejecutado de un disparo en la cabeza Marcelo Gelman, esposo de García e hijo del destacado poeta Juan Gelman, quien acusó más tarde al presidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) de amparar a los apropiadores de su nieta.
Pero Vázquez y los otros detenidos pedidos en extradición aparecen involucrados además en los asesinatos en 1976 en Buenos Aires de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y en el traslado clandestino de prisioneros de la capital argentina a Montevideo.
Precisamente, esos traslados realizados en avión fueron puestos sobre el tapete en estos días por el propio fugado, en su primera llamada al gerente de noticias de Canal 12, Alfonso Lessa, y en una carta publicada por el semanario local Búsqueda.
En esos contactos, Vázquez acusó al general Díaz de haberle ofrecido que se hiciera responsable ante la justicia del secuestro y asesinato de dos militantes de una organización de izquierda para así evitar la extradición, una situación que causa escozor en filas castrenses.
Los seis requeridos por Argentina son los primeros uniformados detenidos en Uruguay desde la recuperación democrática en 1985, pues en virtud de una ley de impunidad ratificada por referendo en 1989, se suspendieron las actuaciones judiciales sobre los crímenes dictatoriales. Además, los gobiernos anteriores, de partidos tradicionales, habían rechazado cualquier pedido de justicia extranjera.
En ambos contactos con la prensa, Vázquez rechaza su participación en la desaparición de García, pero admite haber estado involucrado en el Plan Cóndor y en un segundo traslado ilegal en un avión militar de personas uruguayas apresadas en Argentina.
Esa afirmación confirmaría la existencia de más de un vuelo --el primero fue reconocido en los propios tiempos de la dictadura y sus víctimas encarceladas hasta 1985-- y la posterior ejecución en Uruguay de más presos políticos, en un universo de más de 200 personas que aún están en desaparecidas.
El general Díaz rechazó de plano tal proposición, en especial porque no hay causa alguna abierta en la justicia uruguaya. Empero, es la primera vez que uniformados uruguayos reconocen la existencia del Plan Cóndor.
Esa coordinación represiva parece haber seguido activa en democracia cuando el ex agente de la dictadura chilena (1973-1990) Eugenio Berríos fue secuestrado y asesinado a mediados de los años 90 en las cercanías de Montevideo, en un caso en el que también estuvo involucrado Vázquez, en ese entonces aún en actividades de inteligencia.
Por ese caso ya fueron extraditados a Chile dos oficiales de inteligencia en actividad y uno en retiro, quienes son juzgados por el mismo tribunal que ya condenó a militares chilenos por esa muerte.
La investigación de algunos crímenes contra la humanidad cometidos en la dictadura comenzó sólo tras asumir en 2005 el gobierno de Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio, aunque la capacidad de la justicia está limitada por la vigencia de la llamada Ley de la Caducidad Punitiva del Estado.
La fuga del coronel retirado Vázquez no sólo llevó a que sus otros tres pares militares fueran a parar a una cárcel común, donde ya estaban Medina y Arab, sino que causó un terremoto en filas del ejército por haber involucrado a toda la fuerza en el rompimiento del añejo y adorado código de honor. Díaz podría tener los días contados en su cargo.
Por otro lado, las andanzas del fugado podrían mejorar el clima a favor de la campaña por la anulación de la ley de impunidad, lanzada semanas atrás por la central única de trabajadores y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El gobierno sale de este incidente fortalecido en su política sobre derechos humanos, coincidente con la de la vecina Argentina, que anuló normas similares y posibilitó el enjuiciamiento de los participantes del Plan Cóndor.
Entre los resultados más relevantes obtenidos hasta ahora por Montevideo se cuentan el hallazgo de los restos de dos desaparecidos, en excavaciones que se realizan en predios militares. (FIN/2006)
[Fuente: Por Darío Montero, IPS, Montevideo, 07jul06]
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