 | Este documento ha sido publicado el 16jul04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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05ago04
Se cumplieron 20 años de la firma del Pacto del Club Naval.
Por Andrés Capelán
En medio de un profundo silencio, el pasado martes 3 de agosto se cumplieron los 20 años de la firma del Pacto del Club Naval, la negociación secreta efectuada entre los dictadores militares y los representantes del Frente Amplio y los partidos Colorado y Unión Cívica que posibilitó -y condicionó- el retorno a la democracia luego de once años de dictadura civil-militar.
Lo curioso del asunto es que los mismos negociadores discrepan sobre lo allí acordado.
En las conversaciones, que duraron varios meses, participaron los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional: Hugo Medina, Manuel Buadas y Rodolfo Invidio (respectivamente); los frenteamplistas José Pedro Cardoso y Juan Young, los colorados Julio María Sanguinetti, Enrique Tarigo y José Luis Batlle, y los cívicos Vicente Chiarino y Humberto Ciganda.
Los representantes del Partido Nacional se retiraron de las negociaciones por no compartir el planteo militar de realizar las elecciones con partidos y personas proscriptas (entre ellas, su entonces líder, Wilson Ferreira Aldunate).
Los militares afirman que en dicho acuerdo quedó pactado implícitamente que no iban a ser juzgadas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años de dictadura.
El recientemente fallecido General Líber Seregni afirmó en uno de sus últimos reportajes que el tema en cuestión "no fue tratado" en esas negociaciones, lo que -en el mejor de los casos- parece una grave omisión.
Seregni no participó físicamente de las negociaciones, pero fue uno de los
principales impulsores de su concreción.
El ex presidente Julio María Sanguinetti dijo que "no hubo condicionamientos" constitucionales de parte los dictadores, y que el Pacto "fue un gran paso y así lo ha entendido toda América que cuando se analizan las transiciones de la dictadura a la democracia, muestra a la salida uruguaya como una salida constructiva, pacífica y sin condicionamientos, como los hubo en Chile."
Un análisis por lo menos curioso, si tenemos en cuenta que mientras que en ese país hay varios militares encarcelados por los crímenes que cometieron durante su dictadura (incluso por uno cometido en Uruguay, el de Eugenio Berríos), en nuestro país ningún militar o policía ha pisado nunca una cárcel por ese motivo, y los pocos que han pisado algún juzgado, han salido de él airosos.
Por su parte, el senador del Partido Nacional Guillermo García Costa considera que el Pacto del Club Naval fue negativo para el país, entre otras cosas porque -según afirma también él- fue en esa reunión donde quedó acordado que no se juzgarían a los militares, como después lo ratificó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986.
García Costa explicó que "Frente a unas Fuerzas Armadas que era evidente que se retiraban del poder, había simplemente que tener la fuerza de espíritu, de plantarse y decir: No señores, se cumplen todas las disposiciones constitucionales y democráticas."
Fue así que las elecciones nacionales de 1984 se realizaron con Ferreira Aldunate no sólo proscripto, sino ademas preso.
Tampoco pudieron presentar su candidatura quienes lo habían hecho en las elecciones anteriores por los partidos integrantes del Frente Amplio que permanecieron proscriptos.
Las elecciones se realizaron con miles de presos políticos en las cárceles y miles de exilados impedidos de retornar al país.
El Frente Amplio debió usar el lema "Partido Demócrata Cristiano", ya que el lema "Frente Amplio" continuó proscripto (al igual que su presidente, Líber Seregni, y varios de los partidos que lo integraban).
En la interna del Frente Amplio, los sectores de izquierda (nucleados entonces en la llamada Izquierda Democrática Independiente), dieron una dura e infructuosa batalla para oponerse a la concreción de este pacto liberticida.
Pero además, el Pacto del Club Naval ni siquiera se cumplió en su totalidad.
En efecto, uno de los puntos acordados allí era la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente para que convocara a elecciones libres y sin restricciones en 1985.
Sin embargo, instaladas las nuevas autoridades casi democráticamente electas, nadie volvió a hablar del asunto.
Veinte años después, todos los actores políticos uruguayos siguen intentando no hablar de ninguno de estos asuntos.
Las bases para la transición.
El sábado 3 de agosto de 1984 a las 16:00 horas se aprobó y firmó el Acta conteniendo las así llamadas "Bases para la transición," que la historia luego recordaría como "El Pacto del Club Naval."
El largo texto puede resumirse en cinco puntos fundamentales:
1.- Poderes de emergencia. Se implantará un estado de insurrección ante hechos violentos que revelen el riesgo de soberanía territorial y el orden público.
2.- El Consejo de Seguridad Nacional será asesor y no comprometerá su opinión a la decisión del Presidente. Asesorará en temas tales como ataque a la soberanía y afectación territorial. Desarrollará programas a largo plazo de seguridad nacional.
3.- Los mandos serán designados por el Presidente de la República con venia del Senado y a propuesta de las Fuerzas Armadas que enviarán una lista de candidatos con el doble de integrantes con relación a las vacantes a cubrir.
4.- Nueva Constitución. La Asamblea General actuará como Constituyente desde el 31 de julio al 31 de octubre de 1985 y someterá a la ciudadanía el 24 de noviembre de 1985 las nuevas normas constitucionales. El 1º de marzo de 1986 regirá el nuevo texto constitucional. Mientras esto no ocurra, regirá la Constitución de 1967.
5.- El gobierno convocará oficialmente a elecciones para el 25 de noviembre de 1984.
La carta de Wilson Ferreira Aldunate.
El 5 de agosto de 1984 el dictador Gregorio Alvarez firmaba el Acto Institucional Nº 19 conteniendo íntegramente el Pacto del Club Naval.
Ese mismo día, en una larga carta enviada desde su prisión, Wilson Ferreira Aldunate daba a conocer su posición sobre el que él llamaba "El Pacto Medina-Sanguinetti." En su parte medular, el mensaje del líder del Partido Nacional decía:
"Por fin y como era de prever aun desde antes de comenzar públicamente el llamado diálogo, éste ha culminado con el Pacto del Club Naval (...) Fuerzas Armadas y dialoguistas buscaron -¿por qué dudarlo?- una salida que consagrara un ni vencidos ni vencedores (...) Pero cerraron deliberadamente los ojos ante la evidencia de que el camino que escogieron transitar significaba elegir un vencido en el Partido Nacional (...) Y no es necesario compartir nuestra convicción de que representamos, hoy todavía más que antes, la gran mayoría del país, para saber que no hay ninguna solución estable si se prescinde del Partido Nacional."
"Todos saben que me conmueve ver al partido movilizándose para exigir mi libertad, en una forma que no podré olvidar jamás (...) pero ahora, cuando entramos a decidir nuestra posición sobre el pacto Medina- Sanguinetti, los argumentos decisivos ya no son simplemente entre los que nos llevaron a no acudir a la COMASPO y al Club Naval (...) El pacto compromete y muy gravemente todo el futuro democrático del país (...) el Acto Institucional que pudiera dictarse será tan malo -y quizás más malo- que los anteriores."
"Hoy como siempre, tenemos que honrar la vieja divisa de Defensores de las Leyes junto a la inmensa mayoría de los orientales. Hay que decirlo -decirlo ya-, con nosotros no va. No va con el país. ¡Que lo sepan!"
Esta principista posición, no fue óbice para que al año siguiente él también obviara la Asamblea Constituyente, y dos años después promoviera la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado -ratificada en plebiscito en 1989- que hasta hoy impide juzgar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura.
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