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17nov06
Bordaberry y Blanco a la cárcel.
Pasaron más de 30 años desde que los cuerpos aparecieron en un auto abandonado en una calle argentina. La impunidad fue tan grande como la impotencia. Pero el viento cambió y el aire es de justicia: el dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco están a punto de ser procesados con prisión, por el caso de los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.
Hoy, viernes, en el juzgado de la calle Misiones, el juez Roberto Timbal leerá su fallo, tras varios años de incertidumbre, luchas jurídicas y sociales, chicanas y circos mediáticos, que no prosperaron. Cuando se presentó la denuncia nadie creía demasiado en el procesamiento de Bordaberry y Blanco. Pero existía un antecedente: el procesamiento del ex canciller de la dictadura por el secuestro y desaparición de Elena Quinteros. La fiscal que había solicitado y peleado jurídicamente por el enjuiciamiento de Blanco en ese expediente era la misma que debía llevar adelante el caso de los asesinatos de los legisladores en Argentina : Mirtha Guianze.
Fueron varios los reveses jurídicos que debió rebatir y las chicanas que superó. Guianze fue la primera fiscal del país que aplicó la doctrina internacional de los derechos humanos, la que pregonó en las sedes penales que no es necesario apretar el gatillo, ni siquiera dar la orden de matar, porque es posible asesinar desde el aparato organizado del poder. Ese monstruo que nació en Uruguay el 27 de junio de 1973, con el golpe de Estado firmado por Bordaberry.
En ese contexto del Plan Cóndor, el 20 de mayo de 1976 los cuerpos de los legisladores y de los dos militantes tupamaros aparecieron sin vida. La banda de Orletti, integrada por uruguayos y argentinos, los había secuestrado. Hoy no se sabe fehacientemente a quién le quedó el arma caliente en la mano. Pero ninguna treta que invoque a represores muertos, llámense “Paqui” Forese, Gordon o Campos Hermida, parece tapar el verdadero hecho político y criminal: las balas que mataron a los cuatro uruguayos partieron desde la costa oriental del río Uruguay, donde Bordaberry aún fungía como presidente y Blanco jugaba un papel altamente relevante en un esquema internacional que él denominó la “tercera guerra mundial”.
La fiscal Guianze, al solicitar el procesamiento de Blanco y Bordaberry por cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravados, sintetizó esa conducta delictiva ante la sede penal: “Establecido que el gobierno de Uruguay participó desde sus comienzos en los acuerdos internacionales para detectar y perseguir personas y organizaciones subversivas, que plasmó en el ya reconocido Plan Cóndor y constituyó una verdadera asociación criminal, es preciso encuadrar los delitos que inicialmente se atribuyeron a Bordaberry y Blanco en el marco de esos operativos”.
La fiscal del caso estampó en sus alegatos que “quedó suficientemente acreditada la actuación de Bordaberry y Blanco dentro de un aparato de poder organizado, constituido luego del golpe de Estado de junio de 1973, que comprendió una estructura compuesta por civiles y militares, quienes detentaron el dominio de las instituciones, con prescindencia de otro control que el de su propia organización”. Y remató: “La estructura cupular del aparato de poder imperante en la época torna imperioso sostener que, por lo menos el presidente de facto, Bordaberry, y el canciller en funciones tenían dominio suficiente sobre la estructura como para decidir la suerte de las víctimas”.
[Fuente: Por Walter Pernas, Brecha, Montevideo, 17nov06 vía COMCOSUR al día]
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