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04may06
Desaparecen las actas de la Comisión Parlamentaria de Investigación del caso Berríos y atentan contra la vida del juez que concedió la extradición de los militares implicados.
Levantan el secreto de lo actuado por la comisión parlamentaria que investigó el caso Berríos, pero todas las copias de las actas desaparecen.
El pasado 24 de abril, a pedido de la bancada del Partido Nacional, la Cámara de Senadores levantó el secreto que regía sobre las actuaciones de la comisión parlamentaria que en 1992 investigó la desaparición del agente pinochetista Eugenio Berríos.
"Estamos en conocimiento de lo que dicen esas actas, porque los ministros que eran de nuestro partido nos las dieron (...) como eran ministros de mi partido, ahora mi partido quiere que se conozcan (...), es buena cosa hacerlo, porque esto ha sido fuente de dudas y polémica", dijo el senador Luis Alberto Heber al fundamentar la solicitud.
El senador herrerista dijo también que la intención de su partido es que los actuales legisladores dispongan de toda la información disponible sobre el tema.
Las actas en cuestión refieren al informe que en 1992 brindaron sobre el caso los entonces ministros de Interior y Defensa Nacional, Andrés Ramírez y Mariano Brito.
Está previsto que ministrade esta última secretaría, Azucena Berrutti, concurra al senado a informar sobre la extradición a Chile de los militares Wellington Sarli, Eduardo Radaelli y Tomás Cassella, sospechosos de complicidad en el secuestro y asesinato en nuestro país del bioquímico y agente de la DINA pinochetista.
Presentada la moción del senador Heber, la coordinadora interina de la bancada oficialista, Susana Dalmás, pidió un cuarto intermedio para que los legisladores progresistas pudieran tomar una postura única.
Pero -en el ínterin- el vicepresidente de la Republica y presidente del Senado, Rodolfo Nin Novoa pudo comprobar que dichas actas, no sólo no estaban en la caja fuerte donde fueron guardadas, sino que además se desconoce su paradero.
De todas maneras, la moción del senador Heber fue aprobada por unanimidad de los presentes.
El diario El Observador recuerda que en 1996, la Justicia chilena pidió las actas y se descubrió que habían desaparecido. Una secretaria dijo que había guardado una copia y la ofreció. La funcionaria fue sancionada y le robaron la copia.
En algún momento entre esa oportunidad y el día de ayer, las actas volvieron a ser robadas.
Como integrante de la comisión investigadora, el senador socialista José Korzeniak disponía de una copia, pero, aprovechando la circunstancia de que Korzeniak se encuentra en México, desconocidos robaron su casa el pasado fin de semana.
Habrá que esperar su retorno al país para saber si también fue robada su copia de las actas secretas.
Continúan en Chile los interrogatorios a Wellington Sarli, Tomas Casella y Eduardo Radaelli.
Continúan en Chile los interrogatorios a los tres militares uruguayos extraditados por asociación ilícita y secuestro en el caso del químico Eugenio Berríos.
Declaró Wellington Sarli, y las comparecencias son bastante largas, según señaló a la diaria el abogado Carlos Portales, defensor de los extraditados que visita regularmente a los detenidos.
En las audiencias el defensor no está presente, pero se mostró confiado en que la liberación de los uruguayos "será más temprano que tarde".
También entiende que "son inocentes" y en cuanto al estado de ánimo de los procesados opinó que "están de lo más bien".
La prensa chilena manifestó días atrás que los militares estaban recibiendo visitas, pero fuentes militares uruguayas consultadas negaron esa versión y afirmaron que el único visitante fue el cónsul uruguayo en Chile, Ricardo Baluga Bello.
Portales explicó a la diaria que las diligencias individuales no han terminado y que luego de esas instancias vendrían los careos entre los involucrados.
Actualmente hay una docena de chilenos procesados, todos en libertad.
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile rechazó unánimemente el pedido de amparo que el comandante retirado Pablo Rodríguez presentó para dejar sin efecto su procesamiento por obstrucción a la Justicia, dispuesto por el juez Madrid.
Rodríguez fue uno de los tres oficiales que trasladaron a Berríos a Uruguay en octubre de 1991. Portales señaló que apenas sea posible intentará que se libere a los detenidos bajo fianza.
De todos modos, los extraditados deberían permanecer en suelo chileno hasta que Madrid disponga su procesamiento o los deje en libertad.
Sólo deberían ser recluidos en una penitenciaría si se les aplicaran condenas de más de cinco años, posibilidad que el defensor, confiado en que el caso se resuelva pronto en forma favorable a los extraditados, consideró bastante improbable. Pero por los delitos que se les imputan podrían estar hasta 15 años tras las rejas.
Portales adelantó que, según lo que pudo leer en una semana del expediente del caso Berríos, que consta de 8 mil fojas, habrá más procesados.
Uno de los datos que maneja el juez es el de los contactos frecuentes entre el coronel (retirado) Tomás Casella y el jefe de Inteligencia militar chileno, Manuel Provis.
También tiene en cuenta las visitas que realizaron los extraditados a Chile, pagas por los servicios de Inteligencia de ese país.
Y dispone de un parte policial en el que Sarli afirma que el asesinato de Berríos estuvo a cargo de militares chilenos.
El coronel (r) Arquímedes Cabrera, integrante de los "Tenientes de Artigas", da una charla en un centro del MLN.
El coronel (r) Arquímedes Cabrera disertó el pasado viernes en el Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cadesyc), el "tanque de ideas" del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros).
Cabrera es integrante de los Tenientes de Artigas, la logia militar golpista fundada en 1960 por el general ultraderechista Oscar Mario Aguerrondo. El tema de su charla fueron las misiones de paz de la ONU.
Enemigos declarados del sector del Partido Colorado que lidera el dos veces presidente Julio Sanguinetti, vuelta la democracia, los Tenientes de Artigas cayeron en desgracia, y sólo resurgieron durante el gobierno del Partido Nacional presidido por Luis Lacalle (1990-95).
Las buenas relaciones entre esta logia y el MLN son de larga data, pero hasta la pasada semana no se habían hecho explícitas.
Wellington Sarli, Tomas Casella y Eduardo Radaelli, los tres oficiales que fueron extraditados a Chile para ser interrogados en el "Caso Berríos", son Tenientes de Artigas.
En los estertores del gobierno del presidente Jorge Batlle, un documento elaborado por el coronel Cabrera para el Centro de Altos Estudios Nacionales del ejército fue encontrado en el despacho del entonces senador José Mujica.
Por dicho motivo, el militar fue sancionado y finalmente debió pasar a retiro. El senador Eleuterio Fernández Huidobro dijo que la presencia de Cabrera en el Cadesyc era "un hecho histórico", y que debido a la vetustez de la Ley Orgánica Militar, el país se perdió a uno de sus mejores militares, uno de los mejores coroneles que tenía el gobierno para ascender a general.
Según la crónica que hace del acontecimiento el diario El Observador, Arquímedes Cabrera defendió su libertad para participar en ámbitos académicos, y resaltó que el Cadesyc estableció "un desafío" para militares y civiles.
Dijo que "Es hora de que el tema militar deje de ser un tabú", y que esa concepción nace de la circunstancia de que a muchos políticos no le interesaban los asuntos de la milicia porque "no proporcionaban votos".
Para Cabrera es "una miopía" dejar los temas de defensa nacional solamente a los militares, y por eso aceptó la invitación del Cadesyc, para "romper el hielo" entre políticos y militares.
Tras ser amenazado, atentan contra la vida del juez que extraditó a Chile a los militares acusados en el caso Berríos.
Ante la contradicción entre las declaraciones del juez Gustavo Mirabal y el abogado Gervasio Guillot (h), el magistrado que investiga el atentado que sufrió su colega decidió enfrentarlos cara a cara.
Según declaró Mirabal, Guillot le había advertido que era "un objetivo militar inminente" por haber concedido la extradición a Chile de los tres oficiales del ejército requeridos por la justicia de ese país en la investigación del secuestro y desaparición del agente pinochetista Eugenio Berríos.
El domingo 16 de abril un balazo pasó a 50 centímetros del juez y un familiar mientras paseaban por la costa montevideana.
Sin embargo, cuando fue citado por el juez actuante (Rolando Vomero), Guillot negó haber dicho algo parecido.
A la salida del Juzgado, el abogado que entró en el caso Berríos cuando presentó un recurso de hábeas corpus para solicitar no se adelantara en una semana la extradición de los tres militares, dijo que "se armó una fantasiosa invención sobre este asunto.
Se me está presentando como vehículo de una amenaza o como una suerte de informante secreto". Preguntado si le dijo a Mirabal lo que Mirabal dice que le dijo, Guillot dijo: "Yo no voy a contar mis conversaciones privadas con el doctor Mirabal, pero una conversación fue mal utilizada, de una manera maliciosa por no sé quién".
En su testimonio ante el juez Vomero, Mirabal declaró también que Guillot lo llamó por teléfono el día del atentado, y le dijo que en ese momento estaba con Sarli, Casella y Radaelli, y que los juraban no tener nada que ver con el disparo que pasó cerca de su cabeza.
Según se informa, esa llamada sorprendió a Mirabal, pues a esa altura el incidente no había trascendido públicamente, y sólo era conocido por los ministros de la Suprema Corte de Justicia y las autoridades del Ministerio del Interior.
[Fuente: Radio Nizkor con información suministrada por Comcosur, Comunicación Participativa desde el Cono Sur de Montevideo, Uruguay, 04may06]
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