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01mar17
CIDH condena amenazas de muerte en Uruguay
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urge al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia.
Según información de público conocimiento, las amenazas de muerte están dirigidas a personas que han tenido algún rol en el procesamiento de causas judiciales sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar uruguaya (1973-1984). Las personas que fueron amenazadas son el ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte Jorge Díaz; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos del Uruguay, Mirtha Guianze, quien como fiscal presentó un recurso contra la ley de amnistía por un homicidio perpetrado durante la dictadura; Juan Errandonea, abogado defensor en ese proceso; Óscar López Goldaracena, abogado defensor de una causa penal por otro homicidio político de la dictadura; Federico Álvarez Petraglia, quien presentó denuncias de 28 mujeres por abuso sexual mientras estaban bajo detención ilegal en un batallón del Ejército durante la dictadura; Juan Fagúndez, abogado defensor en una causa judicial contra decenas de militares por torturas durante la dictadura; Hebe Martínez Burlé, quien presentó ante la justicia el caso por el cual fue sentenciado a la cárcel el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry; y cuatro personas vinculadas al Observatorio Luz Ibarburu, que da seguimiento a las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos de la dictadura: el abogado Pablo Chargoñia, el magistrado francés Louis Joinet, el activista brasileño Jair Kirshke y la ex canciller Belela Herrera; así como la investigadora italiana Francesca Lessa, autora del libro "¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes del Uruguay post-dictadura".
De acuerdo a la información disponible, las amenazas de muerte fueron enviadas por correo electrónico e indican que "el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune". El general Pedro Barneix, que encabezó Inteligencia Militar y a quien el presidente Tabaré Vázquez puso a cargo de un grupo para investigar el destino de detenidos desaparecidos durante la dictadura, se suicidó el 2 de septiembre de 2015. En esa fecha, la policía se presentó en su residencia para conducirlo a la cárcel, en virtud de su procesamiento por el homicidio político de Aldo Perrini en 1974. El fiscal de Corte Jorge Díaz, una de las personas que recibió dos correos con esta amenaza, dijo que en el mismo se indica: "No se aceptarán más suicidios ni más injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista". Los correos fueron enviadas por correo electrónico utilizando una plataforma tecnológica que dificulta el rastreo de los mismos, triangulando en varios servidores localizados en diversos países.
En el informe "Garantías para la Independencia de las y los operadores de justicia", la CIDH señaló que las amenazas y los ataques contra jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores públicos tienen generalmente por objetivo amedrentar y ejercer presión para afectar la imparcialidad e independencia de sus actuaciones. Las amenazas y los ataques contra las y los operadores de justicia suelen incrementarse cuando tienen a su cargo casos que son de gran relevancia nacional e involucran graves violaciones a derechos humanos. Estas amenazas revisten una especial gravedad, por el hecho mismo en contra de la persona pero también por el efecto intimidador y amedrentador que estos actos pueden tener sobre la víctima de la agresión y sobre otros operadores de justicia. Este efecto amedrentador puede aumentar el riesgo de que queden en la impunidad casos relacionados con violaciones de derechos humanos y, en general, menoscaba la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia.
En este sentido, la CIDH condena las amenazas contra operadores de justicia en Uruguay y urge al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de proteger a las y los operadores de justicia. La CIDH toma nota del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas y espera que se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva. Si el Estado no garantiza la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas, incluyendo estas amenazas de muerte, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura.
"Es importante que se hayan iniciado investigaciones con prontitud", dijo el Relator de la CIDH para Uruguay, Comisionado Francisco Eguiguren. "Es igualmente importante que se conduzcan con debida diligencia hasta sancionar a los responsables. Las causas judiciales en general, y específicamente estos procesamientos por graves crímenes perpetrados durante la dictadura, deben avanzar sin que jueces, fiscales, defensores y otros operadores de justicia se sientan intimidados o amedrentados, de manera de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas", agregó.
Por su parte, el Relator de la CIDH sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, destacó la importancia del trabajo de jueces y juezas, fiscales y defensores y defensoras que con determinación han seguido buscando justicia a pesar de todos los obstáculos, incluyendo la vigencia de una ley de amnistía de 1986, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. "Las personas a las que se amenazó de muerte han tenido un rol muy significativo impulsando este tipo de causas y avanzando en el camino hacia la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad para que puedan seguir haciendo su trabajo con independencia y sin riesgos a su vida o integridad", dijo el Relator.
[Fuente: CIDH, Washington, 01mar17]
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