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Ecuador
430. Por carta de fecha 2 de septiembre de 2002, el Relator Especial notificó al Gobierno que recibió información sobre el caso individual siguiente.
431. Patricio Ordoñez Maico, homosexual, habría sido detenido el 31 de mayo del 2001 por dos agentes de la Policía Nacional de Quito, uno de los cuales le habría golpeado en la espalda. Habría sido conducido a un puesto de asistencia inmediata en la zona de Mariscal, donde lo habrían atendido dos agentes de policía. Uno de ellos habría abusado sexualmente del detenido. Habría sido amenazado de muerte para que no presentara una denuncia contra los policías. El 2 de junio de 2001, Patricio Ordoñez y Jairo Cortez Jalca, homosexual, habrían sido interceptados por agentes de la Policía Nacional en Quito. Los agentes les habrían propinado una paliza y robado dinero y objetos personales. Los dos hombres habrían interpuesto sus denuncias ante la policía judicial los días 28 y 29 de junio de 2001, pero no habrían recibido información alguna sobre el resultado de las investigaciones de la policía judicial.
432. Por la misma carta, el Relator Especial notificó al Gobierno que recibió información según la cual desde que el nuevo intendente de la Policía Nacional de Guayas asumió el cargo en septiembre de 2001, el número de redadas policiales en las calles de Guayaquil habría aumentado. El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales habría resultado especialmente afectado por dichas operaciones. Varias personas habrían sido detenidas sin que estuvieran cometiendo delito alguno. Además, algunos de los presuntos delitos de los que se les habría acusado y por los que se habría detenido a estas personas no serían punibles con la privación de libertad, sino con la imposición de multas. Durante las redadas que habrían tenido lugar entre el 9 y 11 de noviembre de 2001, al menos 433 personas habrían sido detenidas, entre ellas numerosos lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Todos habrían sido llevados al Centro Provisional de Detención, donde habrían sido encerrados en la celda colectiva conocida como Lagartera, una celda de 15 por 10 metros aproximadamente donde entre el 9 y 14 de noviembre del 2001, una media de 50 personas habrían permanecido recluidas cada día. En la Lagartera se recluiría a los presos más agresivos. Éstos habrían robado la ropa, el dinero y los teléfonos móviles de algunos de los detenidos encerrados en la Lagartera. Entre el citado grupo de detenidos habría cuatro menores. Uno de ellos habría sido presuntamente violado por otros detenidos.
433. Por carta de fecha 10 de septiembre de 2002 enviada con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Relator Especial notificó al Gobierno que recibió información según la cual varios travestís habrían sido arbitrariamente detenidos y golpeados el 15 de junio de 2001 cuando la policía habría efectuado una redada en el centro de Guayaquil. Henry Rodríguez Lozano, coordinador del Departamento de Transgénero de la Fundación Amigos por la Vida, habría intentado tomar fotografías de la redada. Habría sido detenido, amenazado de muerte y su cámara confiscada.
434. Por carta de fecha 10 de septiembre de 2002 enviada con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, el Relator Especial notificó al Gobierno que recibió información sobre Narda del Rocío Torres Arboleda, quien habría sido agredida el 12 de junio del 2001 por unos hombres que la habrían golpeado e insultado en relación con su homosexualidad. El 13 de junio de 2001 habría sido conducida a la comisaría n.º 5 de la Policía Nacional, en Quito, para presentar una denuncia. La policía habría tardado un tiempo en empezar a dar muestras de tomarse en serio sus quejas y no llevó a cabo investigaciones al respecto. El 28 de agosto, Adriana Patricia Chávez Chávez, compañera de Narda Torres, habría sido agredida por los mismos dos hombres implicados en el anterior ataque. El 3 de septiembre, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) habría dirigido una carta al ministro de Gobierno solicitando que se abriera una investigación sobre las denuncias realizadas por las dos mujeres. El 5 de diciembre, habrían sido nuevamente acosadas e intimidadas cuando llegaban a su casa. La Sra. Torres habría sido golpeada de refilón por un vehículo. Las autoridades ecuatorianas no habrían informado ni a Narda Torres, ni a Adriana Chávez de que se estuviese llevando a cabo investigación alguna sobre sus denuncias.
435. Por carta de fecha 17 de octubre de 2002, el Relator Especial recordó al Gobierno varios casos que le había transmitido en 1999 y 2001 respecto a los cuales no había recibido respuesta.
Llamamientos urgentes
436. El 23 de julio de 2002, el Relator Especial envió un llamamiento urgente juntamente con el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión y el Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en relación con Luis Muñoz, menor de edad, Ivón Ramos, David Conrado, Juan Pablo Barragán, José Luis Proaño, Alberto Saltos, Stalin Saltos y Julila Butterfly, ciudadana norteamericana, quienes habrían sido arrestados el 16 de julio de 2002 en Quito por agentes de la Policía de Migración. El arresto se produjo de manera violenta, mientras estas personas participaban en una manifestación pacífica de un grupo de ecologistas contra la construcción de un oleoducto de crudos pesados. Fueron conducidas a los locales de la Policía de Migración y al Centro de Detención Provisional de Quito. No fueron informadas de las razones de su detención y no se les permitió contactar con sus familiares ni abogados.
437. Por carta de fecha 26 de septiembre de 2002, el Gobierno informó de que de
acuerdo con las autoridades policiales, los manifestantes fueron detenidos porque
obstaculizaban la vía pública, delito que el Código sanciona con dos días de prisión
sin necesid ad de orden judicial. Con respecto a Julia Butterfly, el 17 de julio de 2002
se inició acción penal de deportación ordenando su prisión preventiva. El Gobierno
aseguró que las detenciones se verificaron con apego a procedimientos aplicados
habitualmente por cuerpos policiales y que las alegaciones de malos tratos o torturas
carecen de fundamento ya que los detenidos gozaban de un estado de salud físico y
psicológico satisfactorio al recuperar la libertad, según lo constató su propio abogado
defensor.
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This report has been published by Equipo Nizkor and Derechos Human Rights on August 2, 2005.