|
|
Bolivia
Llamamientos urgentes
159. El 9 de junio de 2004, el Relator Especial envió un llamamiento urgente juntamente con la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en relación con información recibida según la cual el Senado aprobó una ley de interpretación constitucional con el objetivo de asentar la vigencia del fuero militar. Se expresaron temores de que esta ley podría favorecer la impunidad de los miembros de las fuerzas armadas y evitar la investigación de las muertes y los daños ocurridos en febrero de 2003 durante manifestaciones reprimidas por miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional. Tras estos hechos, al menos cuatro militares fueron formalmente imputados por la probable comisión de delitos de homicidio y grave daño calificado. El 19 de agosto de 2003, los militares imputados habrían interpuesto una excepción de incompetencia, alegando estar sometidos a las leyes militares y estar procesados por los mismos hechos ante la jurisdicción penal militar. El 6 de mayo de 2004, el asunto habría sido juzgado en revisión por el Tribunal Constitucional de Bolivia, que habría establecido que los alcances de la jurisdicción militar no comprendían actos de las Fuerzas Armadas en los cuales el derecho a la vida era vulnerado. El 8 de mayo, el Alto Mando Militar habría emitido un comunicado en el que habría advertido que el fallo del Tribunal Constitucional podría resquebrajar la unidad y estabilidad del Estado. Se habría reunido también con el Presidente del Gobierno. Como consecuencia de ese fallo, se habría iniciado un juicio por prevaricación contra los Magistrados del Tribunal Constitucional. Además, se aprobó en el Senado la mencionada ley interpretativa del artículo 209 de la Constitución, que consolidaría un fuero a favor de los militares en caso de ser procesados por delitos o violación de garantías. En el contexto de este llamamiento urgente, los Relatores Especiales también se refirieron a los llamamientos urgentes transmitidos por diversos mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos el 27 de enero de 2003 y el 15 de octubre de 2003.
160. Por carta de fecha 29 de julio de 2004, el Gobierno proporcionó detallada
información sobre el juicio de los militares así como sobre el proyecto de ley interpretativo
del artículo 209 de la Constitución política del Estado. El Gobierno señaló que no es
competencia del poder ejecutivo interferir en el procedimiento a seguir en la aprobación de
dicho proyecto de ley. Respecto al proceso de responsabilidades instaurado en contra de los
magistrados del Tribunal Constitucional, el Gobierno indicó que se trataba de una acción
prevista en la Ley N.º 2623 de fecha de 22 de diciembre de 2003, en la que se acude a un
órgano jurisdiccional especial como es el Congreso Boliviano para enjuiciar a los magistrados
del Tribunal Constitucional por delitos cometidos en el ejercic io de sus funciones. El
Gobierno aseguró que los magistrados imputados gozarán de la presunción de inocencia de
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en sentencia ejecutoria y con valor de cosa
juzgada y que tenían todos los derechos y garantías y derechos previstos por la Constitución y
las leyes.
Back to Contents
Bangladesh
Brazil
This report has been published by Equipo Nizkor and Derechos Human Rights on July 12, 2005.