29abr04
Informe sobre el terrorismo en América Latina.
Departamento de Estado USA.
A continuación una traducción extraoficial de la sección correspondiente
al Hemisferio Occidental del informe anual sobre terrorismo
internacional "Tendencias del Terrorismo Mundial en 2003":
(comienza el texto)
Perspectiva general del Hemisferio Occidental.
La amenaza del terrorismo en el Hemisferio Occidental siguió siendo baja
en 2003, en comparación con otras regiones del mundo. Aun así, la región
no está de ningún modo exenta de ser explotada por grupos que la
utilizarían para procurar refugio, financiamiento, documentos de viaje
ilegales o acceso a Estados Unidos por rutas, establecidas desde hace
tiempo, para el contrabando de narcóticos y de migrantes indocumentados.
La amenaza del terrorismo nacional siguió siendo elevada en Colombia y, en
menor grado, en Perú.
La voluntad política para combatir el terrorismo se mantuvo firme en el
Hemisferio Occidental durante 2003, aunque las actividades para actualizar
la legislación contra el terrorismo fueron desiguales. Además, muchos
Estados del hemisferio carecen aun de la experiencia y capacidad operativa
contra el terrorismo. No obstante, los países de la región continuaron
trabajando activamente para fortalecer los controles fronterizos y
financieros en el hemisferio, a fin de impedir o entorpecer en el mayor
grado posible las actividades relacionadas con el terrorismo en sus
territorios respectivos.
El Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), órgano de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), continúa marcando la pauta
entre las instituciones regionales a través de sus esfuerzos para
institucionalizar la campaña internacional contra el terrorismo a largo
plazo, según informó en marzo de 2003 el presidente del Comité contra el
Terrorismo de las Naciones Unidas. En el curso de un año de intensa
actividad, bajo el firme liderazgo de El Salvador, el CICTE convocó la
primera reunión de sus Puntos de contacto nacionales en Washington, en el
mes de julio, con objeto de fomentar los contactos de trabajo y el
intercambio de información a lo largo del año. En julio de 2003 entró en
vigor la Convención Interamericana contra el Terrorismo, después de que
seis países depositaran sus instrumentos de ratificación, (Antigua y
Barbuda, Canadá, El Salvador, México, Nicaragua y Perú). A principios de
2004, otros dos Estados, Panamá y Venezuela, ratificaron la Convención. En
el transcurso de su cuarto período ordinario de sesiones, celebrado
exitosamente en Montevideo, los Estados miembros de la OEA se
comprometieron a fortalecer el mandato del CICTE para hacer frente de
manera eficaz a las amenazas a la seguridad de los puertos marítimos y de
la aviación, así como la seguridad informática.
Las corrientes de dinero a organizaciones terroristas islámicas
continuaron siendo objeto de atención especial de la campaña contra el
terrorismo. Para reforzar las actividades de los amigos en la región y
entorpecer toda actividad potencial de recaudación de fondos para fines
terroristas, Estados Unidos continuó apoyando activamente el
establecimiento del Diálogo "Tres más uno" (3+1) con sus socios Argentina,
Brasil y Paraguay. Las reuniones, celebradas en Brasil y Asunción en 2003,
culminaron en nuevos acuerdos para el fortalecimiento mutuo de la
capacidad en los sectores de seguridad fronteriza y controles financieros.
Estados Unidos espera con interés participar en los programas patrocinados
por el 3+1 en 2004 y auspiciar la próxima reunión de alto nivel que se
celebrará en Washington en el otoño.
Los gobiernos de los países del Cono Sur desarrollaron una intensa labor
en el terreno jurídico contra toda actividad sospechosa relativa al
terrorismo. Uruguay, Paraguay y Brasil adoptaron medidas para asegurar la
condena o extradición de individuos de los que se sospecha que son
terroristas internacionales, por cargos de terrorismo o por otros delitos.
El juez argentino encargado de investigar el ataque terrorista de
Hezbollah contra un centro cultural judío en 1994, en el que murieron 86
personas, dictó una orden internacional de detención contra varios
funcionarios del Gobierno de Irán que estaban destinados en Buenos Aires
en aquellas fechas, así como contra el jefe de la rama terrorista de
Hezbollah. Los intentos de obtener la extradición del ex embajador de Irán
en Argentina fracasaron por falta de pruebas y para finales de año el juez
encargado de la investigación fue sustituido por orden de un tribunal
argentino. El juicio, que se inició en 2001 contra 20 argentinos
sospechosos de ser el contacto local en el ataque, continuó en 2004.
Colombia siguió sufriendo la violencia terrorista de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos narcoterroristas que
intentaron responder a la intensificación de las operaciones militares
colombianas con ataques terroristas sin sentido contra la población civil
en zonas urbanas del país. El ataque en febrero contra el Club El Nogal,
con un coche bomba que causó la muerte a 36 civiles inocentes, provocó la
inmediata condena de la OEA. También en febrero, las FARC asesinaron al
contratista civil estadounidense Thomas Janis y al soldado colombiano Luis
Alcides Cruz, cuyo avión hizo un aterrizaje de emergencia en el sur de
Colombia en el curso de una misión contra el tráfico de drogas ilícitas.
Otros tres tripulantes estadounidenses del avión fueron apresados y
retenidos como rehenes en el incidente por elementos de las FARC, y a la
fecha de publicación del presente informe todavía permanecían en poder de
las FARC, junto con muchos otros rehenes, en su mayoría colombianos.
Bajo la dirección del presidente Uribe, las fuerzas militares, de policía
y de inteligencia de Colombia se apuntaron importantes triunfos en 2003
contra las FARC y otros grupos terroristas como el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Comenzaron a
atacar duramente contra los dirigentes de las FARC con operaciones
focalizadas; estimularon un brusco aumento de las deserciones de las filas
terroristas; iniciaron conversaciones de paz y un programa experimental de
desmovilización con importantes elementos de las AUC; reactivaron los
esfuerzos antisecuestro y erradicaron niveles sin precedentes de cultivos
de coca y adormidera, con objeto de cortar las fuentes de financiamiento
de los narcoterroristas.
Estados Unidos continuó manteniendo una relación cooperativa a largo plazo
con Canadá, en el marco de la cual auspició otro período de sesiones del
Grupo consultivo bilateral sobre terrorismo. Canadá también fue un
participante activo en el segundo ejercicio de respuesta a incidentes
terroristas contra altos funcionarios celebrado en mayo, y ambos países
están comprometidos a apoyar la labor de fortalecimiento de la capacidad
de los países donantes de asistencia al Grupo de acción contra el
terrorismo, establecido por los países del G-8 en 2003.
Estados Unidos trabajó en estrecha colaboración con varios países de la
región, en particular con México, para responder en una forma coordinada y
prudente a las nuevas amenazas a la seguridad de la aviación que afectan a
ciudadanos estadounidenses y extranjeros. El gobierno de Estados Unidos
también ha cooperado con México para poner en práctica un programa de
seguridad en su frontera con Estados Unidos.
El caso de Cuba, uno de los siete Estados patrocinadores del terrorismo,
se examina en la sección de patrocinio estatal del terrorismo del presente
informe.
Bolivia
No se produjeron actos importantes de terrorismo internacional en Bolivia
en 2003. El gobierno firmó la Convención Interamericana contra el
Terrorismo en 2002, pero todavía no la ha ratificado. La Unidad de
investigaciones financieras de Bolivia colaboró activamente con la
Embajada de Estados Unidos al compartir información sobre transacciones
financieras que pudieran estar vinculadas al terrorismo, impedir el uso
indebido de las instituciones financieras bolivianas por terroristas y
mejorar la labor de vigilancia y aplicación de la ley de las instituciones
financieras.
Pese a numerosas limitaciones de recursos, corrupción, injerencia política
y falta de experiencia en la conducta de investigaciones internacionales
complejas, el gobierno logró algunos adelantos en varios casos --en su
mayoría de índole nacional-- relacionados con el terrorismo. Lo más
importante, el organizador colombiano en Bolivia Francisco Cortés,
sospechoso de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional, y dos
bolivianos, miembros radicales del partido Movimiento hacia el Socialismo,
fueron arrestados en 2003 y acusados de espionaje, terrorismo y
subversión, tras haber sido hallados en posesión de armas y materiales
para la organización de redes de guerrillas y planes para instigar la
revolución violenta en Bolivia.
El 15 de agosto, el gobierno de Bolivia firmó la Declaración de Asunción,
en virtud de la cual diversos países sudamericanos se comprometieron a
apoyar a Colombia en su actual lucha contra el terrorismo y el tráfico de
drogas ilícitas.
El gobierno de Bolivia mantuvo su política de erradicación forzosa de
cultivos de coca, para garantizar que Bolivia no revierta a su anterior
estado de importante fuente de cocaína, que es la principal base económica
que sostiene el terrorismo en los Andes. Se cree que los cultivadores
militantes de coca ilegales (cocaleros) son responsables de varios actos
de terrorismo nacional y se teme que pudieran contar con ayuda extranjera
para cometer ataques más mortíferos. El 12 de noviembre, ocho agentes de
la brigada antinarcóticos fueron secuestrados y golpeados en la región de
Yungas. También, en la región de Chapares cinco miembros de las fuerzas de
seguridad resultaron muertos y 25 heridos en noviembre por dispositivos
explosivos improvisados que explotaron durante las operaciones de
erradicación de los cultivos de coca. Se sospecha que los cocaleros han
plantado dispositivos cada vez más refinados, lo que pudiera indicar una
ayuda técnica del exterior. Tres cocaleros han sido enjuiciados por
plantar estos dispositivos; sobre otros pesan sospechas de haber preparado
emboscadas para disparar contra las fuerzas de seguridad. De manera
análoga, en el Chapare, en 2003, los fiscales lograron algunos adelantos
en el caso de la tortura, violación y asesinato del policía David Andrade
y de su esposa en 2000, y varios cocaleros han sido enjuiciados o
implicados en los delitos.
Bolivia es parte en las 12 convenciones y protocolos de las Naciones
Unidas relativos al terrorismo y en una convención de la OEA contra el
terrorismo.
Chile
El gobierno de Chile es un defensor activo y sistemático de las
actividades antiterroristas de Estados Unidos y se ha interesado vivamente
por las actividades de los extremistas islámicos relacionados con la zona
de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay y sus posibles
vínculos con el Area de Libre Comercio de Iquique, en Chile. Chile mantuvo
su activo apoyo a la labor antiterrorista de Estados Unidos en varios
foros internacionales. Chile presidió el Comité de sanciones contra
al-Qaida y el Talibán de las Naciones Unidas y se ha esforzado por mejorar
la eficacia de las sanciones En la ocasión en que Chile fue anfitrión de
la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, en 2004, el presidente
Ricardo Lagos mencionó la seguridad como el primero de cuatro puntos en
los que Chile se concentraría, en particular, la seguridad del comercio y
de los viajes. En la Declaración de Asunción, firmada el 15 de agosto, el
presidente Lagos se unió a otros dirigentes sudamericanos en la condena
del terrorismo y el tráfico de drogas ilícitas. En la Declaración también
se expresaba solidaridad con Colombia en su lucha nacional contra el
terrorismo. De manera análoga, el embajador de Chile en las Naciones
Unidas señaló que las sanciones de las Naciones Unidas sólo se aplican
parcialmente en muchos países y que algunos se muestran reacios a
presentar los nombres de los terroristas a las Naciones Unidas. El
Canciller añadió que Chile era "un país dispuesto a hacer frente a los
retos y asumir las responsabilidades".
Los organismos chilenos de ejecución de la ley cooperaron de manera
sistemática en la investigación de vínculos con el terrorismo
internacional. La capacidad de llevar a cabo actividades antiterroristas
está entorpecida por un requisito de que cualquier investigación tiene que
estar directamente relacionada con delitos penales enjuiciables. La
policía de investigaciones (equivalente aproximado del FBI) continuó
investigando varios casos relacionados con el terrorismo, pero no
culminaron en enjuiciamientos.
En septiembre de 2003, el Congreso chileno promulgó una nueva ley sobre el
blanqueo del dinero para hacer frente a las finanzas de los terroristas y
ampliar la capacidad del gobierno de congelar y decomisar bienes. Las
nuevas disposiciones todavía no se han aplicado en casos penales y no está
claro cómo funcionará la ley en la práctica o con qué rapidez podrá
intervenir Chile contra bienes terroristas identificados por otros
gobiernos o instituciones internacionales. En virtud de la misma
legislación se estableció una Unidad de Análisis Financiero (UAF)
encargada de investigar transacciones sospechosas declaradas por
instituciones financieras, pero el Tribunal Constitucional declaró
inconstitucionales algunas de las disposiciones de la UAF. El gobierno
está tratando de restablecer la capacidad de la UAF de ejercer su cometido
eficazmente y con arreglo a la Constitución. El tratado vigente de
extradición entre Chile y Estados Unidos se firmó hace más de 100 años y
nunca se ha actualizado. Se está estudiando la negociación de un nuevo
tratado viable de extradición.
Aunque en Chile no se produjeron incidentes de terrorismo explícito en
2003, en varios casos se emplearon tácticas similares al terrorismo, en
particular en protesta por la invasión de Iraq que encabezó Estados
Unidos. Por ejemplo, en marzo, un manifestante arrojó un cóctel Molotov
contra el muro que rodea la Embajada de Estados Unidos en protesta por la
política respecto a Iraq. Los carabineros encargados de proteger la
Embajada arrestaron inmediatamente al agresor. Aunque dos cartas
sospechosas entregadas en la Embajada que contenían un polvo blanco y dos
amenazas de bomba transmitidas por teléfono resultaron ser un engaño, los
carabineros desplegaron rápidamente equipos para el control de material
peligroso y perros detectores de bombas. En marzo se colocaron pequeñas
bombas en las sucursales del Banco de Boston en Santiago y en una oficina
de Bellsouth en Concepción. Una bomba similar hizo explosión en el
Tribunal de Apelaciones de Temuco. No hubo daños personales, nadie
reivindicó el atentado y no se efectuaron detenciones en relación con
ninguna de las explosiones. En marzo y abril, los centros
chileno-norteamericanos fueron objeto de violentas protestas, algunos
actos de vandalismo y amenazas de bomba por chilenos opuestos a la
política de Estados Unidos en Iraq.
En agosto de 2002, Chile solicitó la extradición desde Brasil del ex
dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández
Norambuena, para que termine de cumplir su condena por el asesinato del
senador chileno de derechas Jaime Guzmán en 1991. Hernández se fugó de la
prisión en 1996. El Fiscal General de Brasil dictaminó que Hernández
debería ser extraditado a Chile, pero la decisión tiene que contar con la
aprobación del Tribunal Supremo brasileño, proceso que, según informan,
está en las etapas finales y probablemente tendrá por resultado la
extradición en breve plazo.
Chile es parte en todas las convenciones y protocolos internacionales
sobre de terrorismo.
Colombia
Colombia es plenamente consciente de la devastación causada por el
terrorismo, ya que durante varios decenios ha sido víctima del terrorismo
nacional en gran escala. Desde el momento en que el presidente Uribe se
hizo cargo del poder en agosto de 2002, ha demostrado una firme resolución
de combatir a los terroristas de toda laya. El gobierno de Colombia apoya
la labor del gobierno de Estados Unidos para combatir los actos
terroristas, atacar las finanzas de los terroristas y cooperar con las
solicitudes de extradición. Colombia siguió hablando duramente en contra
de las organizaciones terroristas durante todo el año.
Colombia continuó su lucha contra los tres principales grupos terroristas
del país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), que fueron designados por Estados Unidos Organizaciones
terroristas extranjeras en 2003. En junio, Estados Unidos también calificó
a las FARC y las AUC importantes organizaciones extranjeras traficantes de
narcóticos con arreglo a la Ley Kingpin.
Colombia sufrió numerosos ataques de mayor o menor envergadura de
terrorismo nacional a lo largo de 2003. Los ataques con coches bomba, los
secuestros, los asesinatos políticos, el uso indiscriminado de minas
terrestres y el sabotaje económico fueron ocurrencias comunes. Entre los
ejemplos más flagrantes se pueden citar el ataque de las FARC con coche
bomba, en febrero, contra el Club El Nogal, en el que perdieron la vida 34
personas y más de 160 resultaron heridas; el secuestro por las FARC de
tres contratistas de Estados Unidos y el asesinato, en febrero, de otro
estadounidense y un colombiano, cuando su avión se estrelló cerca de
Florencia, en el departamento de Caquetá (los tres rehenes estadounidenses
todavía siguen secuestrados); la explosión de una "bomba casera" en
febrero en Neiva, que causó la muerte a 16 personas y dejó heridas a más
de 40; el secuestro en septiembre por el ELN de ocho turistas extranjeros
que estaban visitando unas ruinas arqueológicas (uno de ellos logró
escapar, dos fueron liberados en noviembre y otros cinco en diciembre); un
ataque con granadas perpetrado en noviembre por las FARC en el que
resultaron heridos ciudadanos estadounidenses en una zona de restaurantes
de Bogotá, y otros ataques en noviembre y diciembre con cohetes
antitanques. Tanto las FARC como el ELN continuaron en 2003 sus ataques
contra la infraestructura y los oleoductos del país, aunque a escala más
reducida. Muchos más ataques fueron frustrados en todo el país gracias a
una excelente labor de inteligencia y seguridad.
En 2003, el presidente Uribe intensificó la presión militar contra grupos
armados ilegales y puso en práctica una ambiciosa estrategia nacional de
seguridad, entre cuyos objetivos figuran asegurar la aprobación de
legislación contra el terrorismo, promover la deserción y reinserción de
antiguos militantes armados ilegales y entrar en negociaciones con las AUC
para conseguir su desmovilización. El presidente Uribe entregó al Congreso
dos importantes proyectos de ley con considerables repercusiones para la
seguridad pública: el proyecto de Ley contra el Terrorismo y un proyecto
de Ley sobre Libertad Condicional. El proyecto de ley contra el
terrorismo, que fue aprobado por el Congreso el 10 de diciembre, permite
al gobierno llevar a cabo escuchas telefónicas, practicar registros
domiciliarios y detener a sospechosos con más facilidad. La legislación
sobre libertad condicional está relacionada con el proceso más amplio de
paz, y proporcionaría al gobierno los medios de renunciar a la imposición
de penas de prisión a cambio de la desmovilización. Gracias a la
legislación, y con la posible asistencia de Estados Unidos, el gobierno de
Colombia esperaba la rendición voluntaria, en 2003, de más de 4.000
militantes armados ilegales (un aumento de 83 por ciento respecto a 2002)
y la desmovilización en diciembre de alrededor de 1.000 paramilitares y se
estima otros más para 2004.
En general, la ambiciosa estrategia de seguridad de Colombia tuvo
importantes resultados en 2003. El número de asesinatos disminuyó 16 por
ciento, los asesinatos de sindicalistas se redujeron 68 por ciento y el
número de secuestros fue 30 por ciento más bajo que en 2003. Las fuerzas
militares concluyeron las fases iniciales de su plan de defensa nacional
con importantes éxitos, entre ellos la muerte de, al menos, cinco
comandantes de las FARC en el departamento de Cundinamarca, cerca de
Bogotá. En enero de 2004, el más alto oficial de las FARC que jamás haya
sido capturado fue detenido por la policía nacional ecuatoriana en Quito y
deportado a Colombia. Otro importante logro fue el restablecimiento de la
presencia del gobierno en cada uno de los 1.098 municipios del país para
finales de 2003.
Colombia cooperó plenamente en el bloqueo de los bienes de terroristas.
Una Unidad colombiana de Información y Análisis Financiero, establecida en
2001 con arreglo al modelo de la Unidad de Represión de Delitos
Financieros de Estados Unidos (FinCEN), colaboró estrechamente con la
Oficina de control de bienes extranjeros del Departamento de Hacienda de
Estados Unidos. En agosto, el Programa de Estados Unidos de asistencia
contra el terrorismo inauguró una escuela para las fuerzas militares y de
policía de Colombia especializadas en la prevención de secuestros. Los
secuestros son fuentes de ingreso para las FARC y el ELN y un medio de
influir en el proceso político. El gobierno también adoptó medidas para su
propia mejora con la ampliación de una unidad de antiterrorismo en la
Oficina del Fiscal General. Las lecciones aprendidas en la lucha contra el
narcotráfico han dado por resultado el enjuiciamiento más fructífero de
quienes atacan contra la infraestructura del país, en particular en las
zonas productoras de petróleo.
Colombia hizo notables adelantos en la lucha contra el narcotráfico,
importante fuente de ingreso de las organizaciones terroristas. Según los
cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
el cultivo de coca se podría reducir hasta un 50 por ciento en 2003
mediante erradicación aérea. Los programas de erradicación de la coca y la
adormidera continuaron durante todo el año. En agosto, Estados Unidos
reanudó su Programa puente aéreo de intercepción, con el que ayuda a
Colombia a interceptar el tráfico aéreo de narcóticos y armas ilícitas.
Especialmente digna de mención ha sido la cooperación de Colombia en casos
e investigaciones que afectaban directamente a ciudadanos estadounidenses,
como el secuestro en febrero de los contratistas civiles del Departamento
de Defensa y el ataque con granadas en Bogotá en diciembre. La
colaboración en materia de extradición entre Estados Unidos y Colombia
sigue siendo una de las más fructíferas del mundo. Colombia extraditó a 67
personas a Estados Unidos en 2003. En mayo de 2003 extraditó a Nelson
Vargas Rueda, el primer miembro de las FARC que ha sido extraditado a
Estados Unidos. Vargas está acusado del secuestro y asesinato de tres
activistas estadounidenses miembros de organizaciones no gubernamentales
(ONG) que estaban trabajando con grupos indígenas colombianos en el norte
de Colombia en 1999. En 2003, Colombia también extraditó a Estados Unidos
a Gerardo Herrera Iles, acusado del secuestro de trabajadores extranjeros
y estadounidenses de la industria del petróleo.
Colombia ha firmado ocho de las convenciones y protocolos internacionales
sobre terrorismo y es parte en otros seis.
Ecuador
El gobierno de Ecuador apoya la guerra contra el terrorismo en todos los
foros internacionales y bilaterales. Quito firmó la Convención
Interamericana contra el Terrorismo, pero no la ha ratificado todavía.
Durante su visita a Estados Unidos en febrero, el presidente Gutiérrez
expresó su intención de hacer de Ecuador un firme aliado en la guerra
contra el terrorismo. No obstante, las limitaciones de los recursos, la
falta de capacitación y las organizaciones gubernamentales, a veces
corruptas, obstaculizan el progreso en la batalla contra el terrorismo,
tanto internacional y como regional. El sistema judicial de Ecuador,
susceptible a presiones externas y corrupción, no juzgó ningún caso
terrorista en 2003.
En el plano de trabajo, la Policía Nacional (PNE) apoyó las iniciativas
estadounidenses de antiterrorismo a lo largo de 2003 y en lo que va de
2004. En enero de 2004, el más alto oficial de las FARC que jamás haya
sido capturado fue detenido en Quito por la Policía Nacional ecuatoriana y
deportado a Colombia, un ejemplo concreto de la voluntad de Ecuador de
derrotar la amenaza narcoterrorista en la región. En marzo, la PNE arrestó
a un ciudadano ecuatoriano que detonó dos bombas en una oficina
gubernamental en Guayaquil. Una serie de confiscaciones de armas en
Ecuador demostró que el comercio de armas en Ecuador apoya las actividades
de los narcoterroristas colombianos. En agosto de 2003 la policía puso fin
a una operación de contrabando de armas que abastecía a los
narcoterroristas colombianos. En septiembre se arrestó y acusó a un
capitán del ejército de suministrar información de operaciones a las FARC.
Además, en noviembre, un agente de la policía antidrogas, entrenado por la
DEA, detuvo a un ciudadano italiano que trataba abordar un avión de
Continental Airlines en Quito con explosivos y un arma de fuego.
Aunque no se iniciaron desde Ecuador incidentes relacionados con el
terrorismo, sus fronteras porosas, la corrupción endémica y las redes
migratorias ilegales bien establecidas lo hacen un punto de ingreso
atractivo para los terroristas en potencia. Históricamente Ecuador no ha
asegurado bien su frontera norte con Colombia contra los grupos armados
ilegales de ese país. En los últimos años es cuando el gobierno ha
reconocido la amenaza proveniente de Colombia y emprendido esfuerzos
importantes para imponer control a lo largo de la frontera. Las fuerzas de
seguridad de Ecuador desbarataron desde finales de 2002 hasta octubre de
2003 varios campamentos de narcoterroristas colombianos en Ecuador. Aunque
las FARC todavía operan en el área, ahora se han dado cuenta que Ecuador
es menos acogedor que antes.
La superintendencia bancaria del gobierno de Ecuador actúa con celeridad
cuando recibe información financiera sobre el terrorismo e incluye a los
grupos e individuos sospechosos en las bases de datos bancarios de alerta.
En 2003 Ecuador ordenó el cierre de dos farmacias a razón de la
información recibida de Estados Unidos que confirmaba vínculos con
organizaciones narcotraficantes colombianas. Desafortunadamente, debido a
la aplicación ineficaz de la ley, dichas compañías todavía operaban a
finales del año.
Ecuador es parte en 10 de las 12 convenciones y protocolos internacionales
relativos al terrorismo.
En 2003 Perú siguió tomando muchas medidas contra el terrorismo tanto
internacional como interno. En julio el presidente Toledo incluyó el
combate del terrorismo como una de las ideas centrales de su discurso
anual del estado de la nación, prometiendo mayor financiación para las
fuerzas de seguridad y los proyectos de desarrollo social en las zonas
donde opera el Sendero Luminoso (SL). Los ministros de Relaciones
Exteriores y de Defensa condenaron constantemente el terrorismo y pusieron
en práctica medidas contra el mismo. El 15 de agosto el gobierno de Perú
firmó la Declaración de Asunción, por la cual varios países sudamericanos
se comprometen a apoyar al gobierno de Colombia en su lucha en curso
contra el terrorismo y el tráfico de drogas ilícitas. Perú ratificó la
Convención Interamericana contra el Terrorismo en junio de 2003.
En abril de 2003 se nombró al director de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), establecida en 2002, quien aumentó el personal y comenzó
a recibir los informes de los bancos sobre actividades sospechosas. La
embajada de Estados Unidos trabajó de cerca con la UIF con el fin de
suministrar un asesor técnico y financiación para la adquisición de
equipos y programas de computadoras.
El Congreso peruano creó un sistema de seguridad nacional encaminado a
mejorar la cooperación intergubernamental y dar mayor autoridad a los
fiscales. Entretanto, la Dirección de Antiterrorismo de la Policía
Nacional (PNP) continuó su decidida cooperación con la embajada en las
actividades contra el terrorismo. Estados Unidos no solicitó del Perú
ninguna extradición de terroristas en 2003.
Perú ha perseguido con vigor los sospechosos de terrorismo. En enero el
Tribunal Constitucional invalidó numerosas disposiciones de las leyes por
decreto de la época de Fujimori relativas al terrorismo, de conformidad
con las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Se revocaron las sentencias del tribunal militar en
aproximadamente 2.000 casos y se revisaron para la repetición de los
juicios. El presidente Toledo promulgó un decreto ley que revisa la
legislación antiterrorismo de Perú, en virtud de la decisión adoptada por
el Tribunal Constitucional y estableció el procedimiento para revisar y
repetir los juicios en los casos de terrorismo. Algunos de éstos se
abandonaron debido a que las condenas están próximas a concluir y unos 750
casos tienen suficiente fundamento como para repetir el juicio en 2004.
En septiembre se repitió el juicio y se condenó a cuatro chilenos acusados
de pertenecer al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y de haber tomado
parte en un atentado contra el Instituto Cultural Peruano-Norteamericano y
en un secuestro y asesinato en 1993.
Ocho miembros del Sendero Luminoso (SL) permanecen detenidos en espera de
proceso. Fueron arrestados por complicidad en una explosión en marzo de
2002 frente a la embajada de Estados Unidos que dejó un saldo de 10
muertos. Perú solicitó y obtuvo de España la extradición en 2003 de Adolfo
Héctor Olaechea, sospechoso de ser un oficial del SL. Olaechea fue puesto
en libertad pero se le ordenó que permaneciera en Perú mientras el fiscal
prepara el caso para el juicio.
El acto más grave cometido por el SL en 2003 fue el secuestro de 68
trabajadores y tres guardias de la policía, en junio, en el proyecto del
gasoducto de Camisea, en Tocate, Departamento de Ayacucho. El SL abandonó
a los rehenes dos días después del secuestro y de una respuesta militar
rápida; no se sabe si se pagó o no un rescate al SL. La policía nacional
también destruyó muchos campos del SL y capturó a muchos de sus miembros y
líderes en 2003. Durante estas operaciones se liberaron a más de 200
indígenas que el SL mantenía en virtual esclavitud. Los incidentes
terroristas disminuyeron a 96 para finales de octubre, lo que se calcula
en una tasa anual de 115, o sea 15 por ciento menos que los 134 secuestros
y atentados armados ocurridos en 2002. Seis miembros del ejército y tres
del personal de autodefensa fueron muertos en 2003, en tanto que seis
militantes del SL fueron muertos y 209 capturados.
Perú es parte en todas las doce convenciones y protocolos relativos al
terrorismo.
Zona de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)
La zona de la Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y
Paraguay, se ha descrito por largo tiempo como centro regional para las
actividades de recaudación de fondos de Hizballah y HAMAS, pero también se
usa para el tráfico de armas y drogas, el paso de contrabando, la
falsificación de documentos y moneda, el lavado de dinero y la fabricación
y transporte de bienes pirateados. Aunque en 2003 continuaron los informes
sobre la presencia de al-Qaida en la zona, su veracidad permaneció sin
corroborarse por parte de los funcionarios de inteligencia y de aplicación
de la ley.
En diciembre, una delegación interinstitucional de alto nivel de Estados
Unidos asistió a una reunión especial en Asunción, Paraguay, de la
Comisión Tripartita de la Triple Frontera, mecanismo de seguridad
establecido por los tres países de la zona en 1998. Esta reunión de "Tres
más uno" (los tres países de la Triple Frontera más Estados Unidos) sirve
de foro permanente para la cooperación entre los cuatro países en la lucha
contra terrorismo y su prevención. Durante las conversaciones de diciembre
los países intercambiaron perspectivas actuales sobre la prevención del
terrorismo en la región y sobre las medidas para aumentar la cooperación,
entre ellas propuestas para establecer un centro regional conjunto de
inteligencia, convocar a una conferencia de las unidades de inteligencia
financiera de los "Tres más uno" para la primera mitad de 2004,
intensificar la cooperación en materia de seguridad fronteriza y aumentar
el intercambio de ideas entre los fiscales nacionales responsables de los
casos contra el terrorismo. Las partes concluyeron que la información
disponible no fundamentaba los informes de actividades operacionales por
los terroristas en la zona de la Triple Frontera. Sin embargo, la
financiación del terrorismo internacional y el lavado de dinero en el área
continuaron siendo un motivo de principal preocupación. Se hará un
esfuerzo concertado para desarrollar una actividad económica legítima en
esta región.
Argentina reiteró su firme apoyo a la guerra mundial contra el terrorismo
y cooperó estrechamente con las Naciones Unidas, la OEA, el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR: Brasil, Uruguay, Paraguay y los miembros asociados
Bolivia y Chile) y Estados Unidos para garantizar la ejecución plena de
los acuerdos existentes. El gobierno argentino, los funcionarios de la
rama ejecutiva y el Banco Central demostraron una gran cooperación y
respondieron con rapidez y eficacia para asegurarse de que los bienes de
los grupos terroristas identificados por Estados Unidos o la ONU fueran
bloqueados, en caso de detectarse en las instituciones financieras
argentinas. Aunque no hubo indicios en ese sentido en 2003, el gobierno de
Argentina expresó continuamente su voluntad de congelar los bienes en
cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Desde el punto de vista diplomático Argentina cooperó plenamente en 2003
con todos los esfuerzos antiterrorismo internacionales importantes de la
ONU, la OEA y el Diálogo del Antiterrorismo de los "Tres más uno", a fin
de fortalecer la seguridad y buscar redes de apoyo al terrorismo,
especialmente en la zona de la Triple Frontera. Argentina trabajó en los
foros regionales e internacionales vigentes para suscitar fuerte censura
al terrorismo y apoyo para las organizaciones que lo combaten. Argentina
participa activamente en la CICTE de la OEA, establecida en respuesta a
una iniciativa argentina de los años noventa. En mayo de 2003 se
celebraron reuniones multilaterales en Brasilia, en las que participaron
funcionarios estadounidenses de alto nivel encargados de antiterrorismo, y
en diciembre, en Asunción, para examinar las condiciones en la Triple
Frontera.
El 15 de agosto el gobierno de Argentina firmó la Declaración de Asunción
en virtud de la cual varios países sudamericanos se comprometen a apoyar
al gobierno de Colombia en su lucha en curso contra el terrorismo y el
tráfico de drogas ilícitas.
Aunque no hubo atentados de terrorismo internacional en Argentina en 2003,
continuaron las investigaciones de la explosión en la Embajada de Israel
en 1992, en la que perecieron 29 personas, y la explosión en 1994 en la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó un saldo de 86
muertos. Los juicios de 20 sospechosos de la explosión en AMIA, 15 de los
cuales son ex oficiales de la policía, continuaron durante 2003 y parecían
estar próximas a su fin. El juez del caso AMIA acusó penalmente a 12
funcionarios iraníes, inclusive diplomáticos destacados en Buenos Aires en
1994 y a un funcionario libanés, que se cree encabeza el ala terrorista de
Hizballah. Aunque ningún país solicitó de Argentina extradiciones
relacionadas con el terrorismo, Argentina solicitó de Reino Unido la
extradición del ex embajador iraní en Argentina, acusado en el caso AMIA.
La solicitud fue rechazada debido a la falta de pruebas presentadas por
Argentina.
Durante largo tiempo la legislación antiterrorista propuesta ha provocado
un debate animado en cuanto al equilibrio entre los derechos civiles y la
necesidad de enfrentar el terrorismo en potencia. Por consiguiente, ha
habido poco avance hacia la aprobación de una nueva legislación
antiterrorista amplia. No obstante, el gobierno deploró firme y
constantemente los hechos terroristas que ocurrieron. En 2003, tanto el ex
presidente Duhalde como su sucesor, Néstor Kirchner, censuraron
públicamente el terrorismo y reiteraron el apoyo de Argentina a la guerra
contra el terrorismo. A pesar de la falta de legislación nueva, Argentina
continuó mejorando la coordinación intergubernamental en material de
antiterrorismo, a fin de realzar el marco dentro del cual puede llevarse a
cabo una mejor cooperación internacional.
Argentina firmó todas las doce convenciones y protocolos relativos al
terrorismo y es parte en 10.
Brasil dio apoyo práctico y eficaz a las actividades antiterrorismo de
Estados Unidos. El gobierno de Brasil ha cooperado en el análisis de
documentos, que suministran los servicios de inteligencia, aplicación de
la ley y organismos financieros de Estados Unidos, de cientos de personas
sospechosas de terrorismo. Por ejemplo, las autoridades brasileñas
realizaron una acertada labor de verificación de los informes de prensa de
marzo de 2003 que dicen Khalid Sheikh Mohammed, agente de al-Qaida, visitó
la zona de la Triple Frontera en 1995.
Aunque el gobierno de Brasil está comprometido políticamente a la lucha
contra el terrorismo, la falta de recursos y de capacitación a veces
entorpecen su respuesta. Estados Unidos continúa trabajando con Brasil en
varios foros bilaterales, multilaterales e internacionales con el
propósito de identificar los grupos e individuos sospechosos de posibles
vínculos con la actividad terrorista. Brasil fue anfitrión de la reunión
en mayo de un grupo de trabajo del Diálogo contra el Terrorismo de los
Tres más uno, que se concentró en la cooperación técnica relativa a la
lucha contra el financiamiento del terrorismo. Los especialistas técnicos
de Estados Unidos están en estrecho contacto con los funcionarios del
gobierno brasileño responsables de luchar contra el terrorismo, inclusive
la Policía Federal. Brasil está dispuesto y cada vez más capacitado para
vigilar las operaciones financieras internas, y ha utilizado con eficacia
su Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF). La asistencia
bilateral y la capacitación del COAF comenzó en 1998 y, en 2003, se puso
énfasis en la modernización de su base de datos.
Desde la toma de posesión en enero de 2003, el presidente Lula da Silva ha
expresado su reprobación vigorosa del terrorismo y calificó el ataque al
edificio de la ONU en Bagdad de "la locura de los perpetradores de
terrorismo". En enero Brasil respaldó a la CICTE con una contribución
financiera. En julio de 2003 Brasil aprobó legislación que tipifica como
delito la financiación de actividades terroristas. El 15 de agosto el
gobierno de Brasil firmó la Declaración de Asunción en virtud de la cual
varios países sudamericanos se comprometen a apoyar al gobierno de
Colombia en su lucha en curso contra el terrorismo y el tráfico de drogas
ilícitas.
Además, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley de
delito cibernético con el objeto de prevenir ataques de terroristas contra
los sistemas de computadoras, que espera la consideración del Senado.
Brasil no tiene impedimentos importantes para el enjuiciamiento o
extradición de terroristas sospechosos. Las leyes de extradición
brasileñas prohíben la extradición de ciudadanos brasileños, pero permite
la consideración muy deliberada y cuidadosa de la extradición de
ciudadanos naturalizados (sólo en caso de anteriores delitos y tráfico de
drogas solamente) y de extranjeros (no por delitos ideológicos o
políticos). En noviembre de 2003 Brasil extraditó a Paraguay a Assad Ahmad
Barakat, a solicitud de este último país ocasionada por acusaciones de
delitos. Barakat fue arrestado en junio de 2002 por las autoridades
brasileñas en Foz do Iguatu, Paraná, en la zona de la Triple Frontera.
Barakat es ciudadano naturalizado paraguayo de origen libanés que vivió en
la zona durante aproximadamente siete años y se conocía su participación
en actividades políticas y financieras en apoyo de la organización
Hizballah.
En febrero de 2003 Brasil rechazó una solicitud de Colombia de designar a
las FARC organización terrorista. Brasil declaró que no mantiene una lista
oficial de grupos terroristas pero desaprueba actos terroristas
específicos cometidos por las FARC y otros grupos. Las fuerzas de
seguridad brasileñas continuaron la investigación de posibles vínculos
entre grupos criminales nacionales, especialmente narcotraficantes y los
que no tienen un programa político discernible, que algunas veces emplean
tácticas terroristas. En 2003 grupos de crimen organizado cerraron de vez
en cuando las zonas turísticas y comerciales de Río de Janeiro y atacaron
sistemáticamente las comisarías en Sáo Paulo, con la intención de
erosionar la decisión del gobierno de combatirlos. Para finales de 2003,
Brasil aumentó su estado de preparación para enfrentar a grupos internos y
fortalecerse contra las incursiones de las FARC en el noroeste de Brasil.
El Ejército brasileño aumentó la capacidad de sus Fuerzas Especiales,
inclusive las de antiterrorismo, y comenzó a recopilar información sobre
las amenazas terroristas mundiales, con el fin de perfeccionar su
capacidad de respuesta.
Brasil firmó todas las 12 convenciones de la ONU sobre el terrorismo y es
parte en nueve.
Paraguay ha colaborado con la coalición mundial contra el terrorismo
mediante la ratificación de varios tratados y convenciones
internacionales, además de su firme apoyo, en la ONU y la OEA, a la lucha
contra el terrorismo. El 15 de agosto Paraguay firmó la Declaración de
Asunción en virtud de la cual varios países sudamericanos se
comprometieron a apoyar al gobierno de Colombia en su lucha en curso
contra el terrorismo y el tráfico de estupefacientes.
El 30 de octubre, el Congreso ratificó el CICTE. Paraguay también se ocupa
de fortalecer su marco jurídico interno para combatir más eficazmente el
terrorismo y sus actividades de apoyo afines. Paraguay fue país anfitrión
de la tercera reunión de Diálogo Antiterrorista 3+1, que se llevó a cabo
con éxito en diciembre de 2003.
Paraguay ha determinado que existe un problema de recaudación de fondos en
el país que posiblemente contribuye a las causas terroristas. A este
respecto, Paraguay busca la asistencia de otros gobiernos -- inclusive
Estados Unidos -- para combatir este problema. El principal obstáculo para
el enjuiciamiento de terroristas sospechosos es la falta de una ley
antiterrorista en el país. Ante la ausencia de tal ley, el gobierno se ve
obligado a enjuiciar por evasión tributaria o actividades financieras
ilegales a las personas sospechosas de recaudar fondos para los
terroristas. Paraguay redacta ahora una nueva legislación para reforzar su
régimen contra el lavado de dinero, así como un proyecto de ley específico
contra el terrorismo. Ambos proyectos de ley tienen el apoyo pleno de la
administración del presidente Duarte y se prevé que se presentarán ante el
Congreso en 2004.
A pesar de la falta de leyes promulgadas específicamente para combatir el
terrorismo, Paraguay ha procedido activamente a enjuiciar a conocidos
recaudadores de fondos para organizaciones terroristas. Dos de estos
destacados recaudadores de Hezbola, Sobhi Fayad y Ali Nizar Dahroug,
fueron sentenciados a largas condenas de prisión en noviembre de 2002 y
agosto de 2003, respectivamente. La policía antiterrorista de Paraguay
siguió proporcionando un apoyo excelente para el arresto y enjuiciamiento
de terroristas. Un logro importante en el 2003 fue la conformidad con la
solicitud de Brasil para la extradición de un recaudador de fondos de
Hezbola llamado Assad Ahmad Barakat, acusado de evasión tributaria. Se
está considerando formular otras acusaciones por fraude bancario, pero
ello requerirá el visto bueno de Brasil en virtud de los términos que
rigen la extradición.
Paraguay es parte en seis convenciones y protocolos internacionales
relativos al terrorismo y signatario en otros cinco.
Uruguay
El gobierno de Uruguay apoya las medidas internacionales que se han
emprendido contra el terrorismo en varios foros internacionales y coopera
plenamente con Estados Unidos. Los funcionarios uruguayos condenan de
forma rutinaria el terrorismo y los actos terroristas específicos. Aunque
Uruguay apoya la coalición mundial contra el terrorismo, carece de los
recursos para desempeñar una función significativa. Sin embargo,
proporciona soldados a las fuerzas internacionales de mantenimiento de la
paz en Africa y Oriente Medio.
Uruguay es miembro activo del CICTE, órgano de la OEA, y ha destinado
personal suyo al Secretariado Ejecutivo de ese comité. Fue país anfitrión
de la reunión anual del CICTE en Montevideo en enero de este año y asumió
la presidencia del órgano para el 2004. En el MERCOSUR, Uruguay es miembro
de un grupo permanente de trabajo contra el terrorismo junto con
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. El grupo facilita la
cooperación y el intercambio de información entre países que luchan contra
el terrorismo, y da énfasis especial a la zona de la Triple Frontera, y a
la frontera entre Uruguay y Brasil. Asimismo, Uruguay es miembro activo de
grupos antiterroristas en foros como el Grupo de Río y la OEA.
El 15 de agosto el gobierno de Uruguay ratificó la Declaración de Asunción
en virtud de la cual varios países sudamericanos se comprometieron a
apoyar al gobierno de Colombia en su lucha en curso contra el terrorismo y
el tráfico de estupefacientes.
En 2003 Uruguay ratificó la Convención Internacional para la Supresión de
la Financiación del Terrorismo y la Convención Internacional sobre la
Protección Física de los Materiales Nucleares. El gobierno de Uruguay
afronta algunos retos en la aplicación plena de las resoluciones 1373 y
1456 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente en lo
relacionado a la reducción de actividades que financian el terrorismo.
Ello puede que se deba más a la incertidumbre del gobierno respecto su
capacidad de seguir eficazmente la pista del lavado de dinero y la
financiación del terrorismo, a pesar de que se ha creado una unidad de
análisis financiero en el banco central.
Las autoridades uruguayas de aplicación de la ley ayudaron en las
investigaciones internacionales que se realizaron sobre el movimiento y
las actividades de terroristas sospechosos en 2003, pero no hubo
partícipes directos de Uruguay en actos terroristas. En la actualidad, no
se conoce la existencia de operativos terroristas en Uruguay, y los
oficiales de la banca así como los funcionarios de aplicación de la ley no
han descubierto fondos de terroristas en las instituciones financieras
uruguayas. Los organismos bancarios y de aplicación de la ley cooperaron
en las gestiones antiterroristas de Estados Unidos al comprometerse a
investigar cuentas bancarias, personas y grupos vinculados con el
terrorismo. Uruguay ayuda en la investigación sobre el posible apoyo al
terrorismo desde la zona de la Triple Frontera y a lo largo de la frontera
norte de Uruguay con Brasil.
Uruguay no tiene obstáculos significativos para el procesamiento judicial
o la extradición de terroristas sospechosos. El sistema judicial no está
sujeto a influencias externas pero, al igual que ocurre en otras partes,
la predisposición política de los jueces pueden influir el fallo de
algunos casos.
En julio de 2003, Uruguay extraditó a Al Said Hassan Mokhles a petición de
Egipto. Egipto solicitó en 2002 la extradición de este miembro de
al-Gama'a al-Islamiyya, grupo posiblemente asociado a al-Qaida. Las
autoridades egipcias vincularon a Mokhles con un ataque terrorista
ocurrido en 1997 en Luxor, Egipto, en el que resultaron muertos 58
turistas extranjeros. Fue arrestado en Uruguay tras ser acusado de fraude
de documentos en 1999, luego de que intentara entrar al país con un
pasaporte falso. Las autoridades uruguayas le entregaron a las autoridades
egipcias con la condición de que no le impusieran la pena de muerte, la
condena de cadena perpetua o que fuera acusado de fraude de documentos
(delito por el que ya había cumplido cuatro años de prisión).
Uruguay ha firmado y ratificado las 12 convenciones y protocolos de la ONU
sobre terrorismo.
Venezuela
La cooperación venezolana en la campaña internacional contra el terrorismo
ha sido inconstante durante 2003. Las recriminaciones vertidas
públicamente por el presidente Chávez y sus partidarios contra la política
antiterrorista de Estados Unidos continúa dominando y disminuyendo la
limitada cooperación que existe entre los expertos y técnicos de ambas
naciones.
La postura ideológica declarada del presidente Chávez, afín con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), limita la cooperación de Venezuela con Colombia
en la lucha contra el terrorismo. Venezuela no está dispuesta o no le es
posible vigilar sistemáticamente la frontera de 1.400 millas de extensión
que media entre ese país y Colombia. Las FARC y el ELN a menudo utilizan
la zona para hacer incursiones al otro lado de la frontera y consideran el
territorio venezolano próximo a la frontera un refugio. Además, las armas
y municiones, algunas procedentes de instalaciones y depósitos de armas
oficiales de Venezuela, siguen fluyendo de los suministradores venezolanos
a las manos de las organizaciones terroristas colombianas. No se sabe a
ciencia cierta hasta qué punto y en qué medida el gobierno de Venezuela
aprueba o condena el apoyo material a los terroristas colombianos. Los
esfuerzos de las fuerzas de seguridad venezolanas por controlar su lado de
la frontera y detener el flujo de armas a estos grupos no han sido
eficaces.
La ley vigente en Venezuela no hace mención específica de actos
terroristas, aunque la Convención de las Naciones Unidas sobre Terrorismo
con Bombas, de 1997, y la Convención de las Naciones Unidas para la
Supresión de la Financiación de Terrorismo, de 1999, se aprobaron como ley
en Venezuela el 8 de julio de 2003. Todavía queda pendiente en la Asamblea
Nacional un proyecto de ley sobre el crimen organizado, que definirá las
actividades terroristas, establecerá penas y facilitará el enjuiciamiento
y decomiso de los bienes de los patrocinadores del terrorismo. Venezuela
firmó la Convención Interamericana contra el Terrorismo en junio de 2002 y
la ratificó en enero de 2004.
A lo largo de 2003, grupos nacionales no identificados utilizaron tácticas
terroristas para intentar influir en la tensa situación política,
particularmente en Caracas. La explosión de una serie de pequeñas bombas y
las amenazas que se produjeron a lo largo del año se atribuyeron a los
diversos simpatizantes del presidente Chávez o a los opositores políticos
del gobierno.
Venezuela extraditó a España a un miembro de la organización terrorista
vasca ETA y arrestó a otro. Las informaciones no confirmadas de la prensa
alegan la presencia de operativos radicales islámicos en Venezuela,
especialmente en Isla Margarita. En febrero de 2003, un ciudadano
venezolano consiguió viajar a bordo de un avión desde Venezuela a Londres
con una granada en su equipaje facturado, pero todavía no está claro cuál
era su intención.
Venezuela es parte en seis de las 12 convenciones y protocolos
internacionales relativas al terrorismo.
Norteamérica (Canadá y México)
El gobierno de Canadá se mantuvo firme en su condena del terrorismo
internacional e interno, y ha sido partidario eficaz y firme de Estados
Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional. Aunque ha habido
divergencia de pareceres, la cooperación antiterrorista con Canadá, en
general, es excelente y sirve como modelo para la cooperación bilateral.
La cooperación diaria entre los organismos canadienses y estadounidenses
de aplicación de la ley es estrecha y constante. Las Fuerzas Armadas de
Canadá participaron en la Operación Paz Duradera en 2001 y, en la
actualidad, Canadá tiene unos 1.900 soldados destacados en Afganistán
donde dirigirán, en 2004, la Fuerza Internacional de Asistencia para la
Seguridad. Canadá ha comprometido $230 millones para los esfuerzos de
reconstrucción, ha participado en la evaluación internacional que dirigió
el Departamento de Justicia de la policía, prisiones y tribunales de Iraq
y, en la actualidad, participa en el entrenamiento de la policía iraquí.
La Ley Antiterrorista de 2001 de Canadá estableció medidas para
identificar, detener, desmantelar, enjuiciar, condenar e imponer penas a
los grupos terroristas. También proporciona los instrumentos de
investigación a los organismos canadienses de aplicación de la ley, en
tanto que proporciona salvaguardas considerables a la intimidad y las
garantías legales a sus ciudadanos. A partir de noviembre de 2003 había 34
organizaciones que las leyes canadienses definen como entidades que
participan en actividades terroristas. Aunque estas organizaciones pueden
ser procesadas judicialmente, en virtud del Código Penal de Canadá, la ley
no ha sido puesta a prueba ya que no se han celebrado juicios. Canadá
coopera estrechamente con Estados Unidos en las investigaciones, y hay un
cuantioso número de solicitudes de extradición entre los dos países. Las
leyes canadienses que protegen la intimidad, los recursos limitados y los
procedimientos penales que favorecen más al acusado en Canadá que en
Estados Unidos a veces impiden un intercambio más completo y oportuno de
información, y excluyen a algunos posibles partidarios del terrorismo.
Canadá fue el primer país que ratificó la Convención Interamericana contra
el Terrorismo en diciembre de 2002. Canadá lleva un registro de las
finanzas de los terroristas en cumplimiento de los requerimientos de la
ONU, y coordina estrechamente con Estados Unidos los planes de bloqueo de
bienes. Los esfuerzos para detener la financiación de los terroristas
incluye la puesta en vigor en ese país de la Resolución 1373 de la ONU,
que promueve las Recomendaciones Especiales sobre Financiación del
Terrorismo del Grupo de Acción Financiera, y participa activamente en el
G-7, G-8 y G-20.
Canadá y Estados Unidos participan conjuntamente en varios foros contra el
terrorismo. En octubre de 2003, participaron en una ronda de
conversaciones bajo el auspicio del Grupo Consultivo Bilateral sobre
Cooperación contra el Terrorismo (establecido en 1988). El Grupo
Consultivo está a cargo de revisar las tendencias del terrorismo
internacional y de programar maneras de intensificar las medidas conjuntas
contra el terrorismo. Canadá será país anfitrión de las próximas reuniones
del Grupo Consultivo en 2004. En mayo de 2003, Canadá y Estados Unidos
participaron en el segundo simulacro para Funcionarios Principales con el
fin de poner a prueba la respuesta local, estatal/provincial y federal a
desastres causados por un ataque terrorista contra la población civil. El
secretario de Justicia de Estados Unidos y el Procurador general de Canadá
fueron los coordinadores de políticas en el Foro Estados Unidos y Canadá
sobre Delincuencia Transfronteriza. El foro se reunió en Virginia
Occidental en 2003 y estableció un subgrupo que trabaja en el tema del
antiterrorismo para aumentar la cooperación en la aplicación de la ley y
los procesamientos jurídicos. Los esfuerzos que se emprenderán en el
futuro incluyen la continua puesta en vigor de las disposiciones del
Acuerdo de Frontera Inteligente y la mayor integración de los equipos de
aplicación de la ley en la frontera que operan en 12 regiones.
Canadá ha firmado y ratificado todas las 12 convenciones y protocolos de
la ONU relativas al terrorismo, entre ellas la Convención Internacional
para la Supresión de la Financiación de Terrorismo, en virtud de la cual
Canadá ha hecho una lista de bienes de más de 420 entidades y ha procedido
a congelar sus bienes.
A lo largo de 2003 el gobierno de México se mantuvo firme como socio
internacional y bilateral en los esfuerzos de antiterrorismo. México
aceptó usar una nueva metodología de evaluación y regulación del lavado de
dinero y financiación del terrorismo adoptada por el FMI, el Banco Mundial
y el Grupo de Acción Financiera.
Entre las muchas iniciativas bilaterales emprendidas por México se incluye
su plena cooperación con Estados Unidos para seguir aplicando el Acuerdo
de Frontera Inteligente de Estados Unidos y México, un plan de acción
fronteriza de 22 puntos que fue firmado en 2002 y que tiene como objetivo
modernizar la infraestructura, y agilizar el flujo seguro de bienes y
personas en la frontera de Estados Unidos y México. Los intercambios tales
como la Plenaria de Altos Funcionarios de Aplicación de la Ley, la
Comisión Binacional y la Comisión México-Estados Unidos de Protección de
la Infraestructura Crítica Transfronteriza ayudaron a consolidar la
confianza y la cooperación entre ambos países. Se proporcionó
capacitación, educación y asistencia técnica en diversos niveles a lo
largo de 2003.
La Agencia de Investigaciones Federales de México arrestó a seis
ciudadanos españoles y a tres mexicanos en diferentes lugares de México el
18 de Julio, que alegó tenían vínculos con el grupo vasco Euzkadi Ta
Askatasuna (ETA). En las declaraciones públicas, los funcionarios
mexicanos dijeron que los sospechosos estaban lavando dinero para
financiar el terrorismo de ETA y falsificaban documentos para ayudar a
miembros de esa organización terrorista.
Un tema de continuo interés estratégico para las iniciativas
antiterroristas de Estados Unidos y México es la presencia y uso continuo
de rutas de contrabando en la frontera entre Estados Unidos y México. Esas
rutas han existido durante muchos años para facilitar el tránsito
fronterizo y evitar encuentros con las autoridades estadounidenses y
mexicanas. A pesar de la larga y activa cooperación del gobierno mexicano
para eliminar estas rutas, muchos contrabandistas han evadido con éxito el
procesamiento judicial.
México ha ratificado todas las 12 convenciones y protocolos contra el
terrorismo.
(termina el texto)
[Fuente: Oficina de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos
Washington, D.C. 29abril04]
