EQUIPO NIZKOR
Información

DERECHOS


16ago04


Del 24 al 27 de agosto se verá el caso de Alvaro Rafael Saravia culpable del asesinato de Monseñor Romero.


Álvaro Rafael Saravia, será Juzgado en ausencia.

Álvaro Rafael Saravia, será Juzgado en ausencia en Fresno, California, del 24 al 27 de Agosto, por su participación en el Asesinato en 1980 del Arzobispo salvadoreño, Oscar Romero.

Se trata de un juicio con origen en una demanda civil interpuesta ante la jurisdicción ordinaria de los Estados Unidos.

El caso de Monseñor Romero, llegó en su día a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en un Informe de 13 de abril de 2000, concluyó que:

"El Estado salvadoreño ha violado el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana en perjuicio del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arnulfo Romero y Galdámez.

En virtud de la actuación indebida de sus órganos para la administración de justicia, el Estado ha faltado igualmente a su obligación de investigar en forma diligente y eficaz las violaciones denunciadas, así como a su obligación de procesar y sancionar a los responsables a través de un proceso imparcial y objetivo".

En ese mismo informe, la Comisión establece como hechos no controvertidos, entre otros, los siguientes:

"En 1986, la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos inició sus pesquisas en torno al asesinato de Monseñor Romero.

En noviembre de 1987, Amado Antonio Garay, uno de los detenidos en la finca "San Luis", reveló que el 24 de marzo de 1980 el Capitán Alvaro Saravia le ordenó conducir un automóvil Volkswagen color rojo hacia el Hospital de la Divina Providencia en la Colonia Miramonte.

Una vez allí, estacionó el vehículo frente a la capilla y su pasajero, un desconocido de barba, le ordenó agacharse y simular una reparación.

Escuchó un disparo, volteó y vio al sujeto quien "sostenía un fusil con ambas manos con dirección al lado derecho de la ventana trasera derecha del vehículo; sintiendo en el momento un olor a pólvora el individuo de barba le dijo inmediatamente con voz calmada: "camine despacio, tranquilo", tras lo cual partieron del lugar.

Garay condujo al individuo donde el Capitán Saravia, a quien el desconocido expresó: "misión cumplida". Tres días después, Garay condujo al Capitán Saravia a una casa donde se encontraba el Mayor D'Aubuisson. Allí Saravia expresó: "ya hicimos lo que habíamos planeado de la muerte de Monseñor Arnulfo Romero".

La Fiscalía presentó a Garay como testigo ante el Juez Ricardo Alberto Zamora Pérez el 20 de noviembre de 1987.

Con base en el retrato hablado del tirador proporcionado por Garay y en las diligencias de reconocimiento de lugares mencionados por el testigo, el Juez dispuso la detención del Capitán Saravia el 24 de noviembre de 1987".

Esto es, Garay Reyes identificó al Capitán Alvaro Saravia como la persona que decidió y planificó el homicidio de Monseñor Romero junto con el Mayor D'Aubuisson.

El mismo Informe de la Comisión Interamerica de Derechos Humanos en sus parágrafos 96, 97 y 98 dice textualmente que:

"El 24 de noviembre de 1987, con base en el testimonio de Amado Garay Reyes, se ordenó la detención provisional de Alvaro Saravia, cuando éste ya había abandonado el país y se encontraba residiendo en Estados Unidos de Norteamérica.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dejó sin efecto esta orden, por considerar que el testimonio de Garay Reyes no merecía entera fe, dado el tiempo transcurrido desde el asesinato.

La Corte Suprema resolvió, además, que el Fiscal General no estaba facultado para solicitar la extradición del Capitán Saravia. La CIDH considera que este acto constituyó un obstáculo fundamental para la investigación.

Es evidente la falta de diligencia y de voluntad oficial de impulsar la investigación, pues las autoridades disponían de elementos suficientes para llamar a Garay Reyes a testificar con relación al crimen desde el momento en que lo arrestaron e incautaron elementos probatorios en la Finca "San Luis".

A pesar de ello, el testimonio de Garay se ordenó sólo siete años después, lo cual resultó en que la Corte Suprema de Justicia alegara el tiempo transcurrido para restarle fe a su declaración, y precluyera así la aprehensión y sanción de los responsables.

Según señaló la Comisión de la Verdad, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador "asumió un rol activo que resultó en impedir la extradición desde los Estados Unidos, y el posterior encarcelamiento en El Salvador del Capitán Saravia.

Con ello se signaba, entre otras cosas, la impunidad respecto de la autoría intelectual del asesinato".

La impunidad se consolidó el 31 de marzo de 1993, cuando el magistrado a cargo del Juzgado Cuarto de lo Penal aplicó la Ley de Amnistía General y sobreseyó definitivamente al Capitán Álvaro Saravia por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Monseñor Romero.

Las audiencias se celebrarán ante un tribunal federal estadounidense.

El juicio se desarrollará entre el 24 y el 27 de agosto en horario de nueve de la mañana a doce del mediodía y desde la una y media hasta las cuatro y media de la tarde.

Las audiencias se celebrarán ante un tribunal federal, la Corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de California, Sala 2, y estarán a cargo del Juez, Oliver W. Wanger.

Se presentarán pruebas relativas al asesinato del Arzobispo salvadoreño Oscar Romero, destacado defensor de derechos humanos.

La audiencia tiene su origen en una demanda civil interpuesta contra Álvaro Rafael Saravia, por su participación en el asesinato, en Marzo de 1980, de Monseñor Romero.

Saravia, ex capitán de la fuerza aérea salvadoreña, fue mano derecha del conocido líder de los escuadrones de la muerte, de origen salvadoreño, Roberto D'Aubuisson.

Esta nueva prueba se presenta a efectos de determinar la responsabilidad de Saravia en el asesinato, así como la cantidad que deberá abonar en función de daños y perjuicios.

Se espera que el juez determine el monto de la indemnización teniendo en cuenta el profundo daño causado con este crimen.

Saravia se encuentra en paradero desconocido y no se espera su participación en la audiencia. Sin embargo sí se espera que la evidencia presentada en esta vista ayude a su detención por parte los servicios de inmigración.

Los testigos que comparecerán ente la Corte de Distrito, prestarán testimonio sobre la responsabilidad de Saravia en el asesinato, respecto del papel que el Arzobispo Romero jugó en la defensa de los derechos de los salvadoreños más pobres y sobre el impacto que tuvo su asesinato.

Se presentarán nuevos elementos de prueba sobre quienes se consideran los máximos responsables del asesinato.

Entre los testigos se encuentran:

  • María Julia Hernández, directora de Tutela Legal, oficina de derechos humanos del Arzobispado de San Salvador;
  • el ex Juez del Juzgado numero 4 de lo Penal de San Salvador, a cargo de la investigación por el asesinato de Monseñor Romero;
  • el padre Jon Cortina, director de la organización Pro Búsqueda y persona próxima a Monseñor Romero;
  • el obispo Thomas Gumbleton, uno de los fundadores de Pax Christi, quien ha escrito y hablado extensamente sobre el Arzobispo Romero;
  • el reverendo John Fife, fundador del Movimiento Santuario;
  • Robert White, embajador de Estados Unidos en El Salvador en el momento del asesinato, quien presentará su testimonio en video.

Así mismo, miembros del Congreso y personalidades de todo el mundo, incluidos tres Premio Nobel de la Paz, han remitido sus declaraciones por escrito, las cuales serán presentadas al tribunal y más tarde a los medios de comunicación.

El asesinato del Arzobispo Romero fue uno de los más horrendos crímenes.

"El asesinato del Arzobispo Romero fue uno de los mas horrendos crímenes del último cuarto de siglo," señaló Nico van Aelstyn, abogado y socio de la firma de abogados en San Francisco, Heller Ehrman White & McAuliffe LLP y abogado de la parte demandante en la causa.

"El terrible mensaje que sus asesinos transmitieron fue que cualquiera que se oponga al ejército, puede ser asesinado impunemente."

El asesinato aterrorizó a la mayoría del pueblo salvadoreño es decir, a todos aquellos quienes ya eran sospechosos de oponerse al régimen respaldado militarmente, entre ellos los más pobres, los sindicalistas, los maestros, y todos aquellos relacionados con la Iglesia Católica.

"Estados Unidos no debería ser un sitio seguro para los responsables de tan execrable crimen"- señaló Matthew Eisenbrandt-, abogado y director de litigios del Centro de Justicia & Responsabilidad, organización que entabló la demanda y quien actúa como co letrado en la causa.

Saravia ha vivido en Estados Unidos desde 1987 momento en que fue encarcelado durante catorce meses con cargos de deportación y extradición. Desde su puesta en libertad, tanto él como su familia, han disfrutado de todos los beneficios de residir en este país.

"Esta demanda, sin duda, ha alterado la vida de Saravia," continuó Eisenbrandt, y aseguró que "el demandado no va a poder vivir abiertamente en Estados Unidos por miedo a que las víctimas le incauten sus posesiones o sea arrestado y procesado por violar las leyes de inmigración."

La Ley de Amnistía aprobada el 20 de Marzo de 1993 cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador se encontraba todavía dominada por el partido de los escuadrones de la muerte, impide a quienes fueron víctimas del terrible mandato militar, obtener justicia en los tribunales salvadoreños.

Si bien Estados Unidos ha hecho todo lo posible para socavar la Corte Penal Internacional, en este país existen leyes aprobadas por el Congreso y reiteradas recientemente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Sosa v. Alvarez-Machain, que permiten a los extranjeros víctimas de violaciones a los derechos humanos amparadas comúnmente por el Derecho Internacional, activar la jurisdicción interna ordinaria y llevar ante ella a sus victimarios, para obtener una indemnización por daños y perjuicios.

El Arzobispo Oscar Romero fue una figura trascendental en la lucha por la defensa de los derechos humanos durante la guerra civil que asoló El Salvador y en la defensa de la población civil frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocasionadas por la estrategia contra-insurgente que se desplegó en el país.

Según los informes de la Comisión de la Verdad para El Salvador, de Naciones Unidas, desde ese momento y hasta el final de la guerra civil en 1992, los militares y los ultraderechistas escuadrones de la muerte asesinaron a más de 75.000 personas.

A través de sus homilías, retransmitidas por radio a todo el país semanalmente, Monseñor Romero se convirtió en la voz de las víctimas y de los pobres.

En tales homilías solicitaba el fin de la represión militar. Monseñor Romero denunció regularmente los abusos cometidos por las fuerzas armadas salvadoreñas y los escuadrones de la muerte y fue considerado por la ultra derecha una amenaza para sus objetivos políticos.

La noche anterior a su asesinato, Monseñor Romero se dirigió a los soldados en su homilía solicitándoles:

"...En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión...!".

Monseñor Romero fue abatido fatalmente el 24 de Marzo de 1980, de un disparo proveniente de un francotirador mientras oficiaba misa en la capilla de la Divina Providencia en San Salvador, capital de El Salvador.

La Comisión de la Verdad de El Salvador de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron, tras investigaciones independientes, que Saravia participó activamente en el plan y ejecución del asesinato.

Saravia fue detenido en Estados Unidos en 1987 después de que fiscales salvadoreños solicitaran su extradición por su papel en el asesinato.

El Tribunal Supremo de El Salvador retiró más tarde la petición de extradición por medio de una decisión calificada por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana y otras muchas organizaciones de derechos humanos, de dudosa y motivada políticamente.

Saravia fue puesto en libertad bajo fianza en 1988 y ha vivido desde entonces en California y Florida. Amnistía Internacional y otros grupos han denunciado su presencia en el país.

La demanda se entabla al amparo de dos estatutos federales, la Ley Federal de Demandas Civiles para Extranjeros (Alien Tort Claims Act) de 1789, y la más reciente Ley para la Protección de Victimas de Tortura de 1991, (Torture Victim Protection Act), las cuales permiten demandar a nacionales de otros países en Estados Unidos por asesinatos extrajudiciales y torturas cometidos en el extranjero.

El Centro de Justicia y Responsabilidad (Center for Justice & Accountability) es una organización no gubernamental con sede en San Francisco que representa a supervivientes de tortura y otras atrocidades en acciones judiciales contra quienes fueron responsables de tales abusos a los derechos humanos.

Heller Ehrman White & McAuliffe LLP es firmante de la carta constitutiva del Proyecto Pro Bono de la Asociación Americana de Colegios de Abogados, lo que estimula a grandes firmas de abogados de todo el país a considerar entre sus objetivos la prestación de servicios pro bono.

Heller Ehrman White & McAuliffe LLP es firmante de la carta constitutiva del Proyecto Pro Bono de la Asociación Americana de Colegios de Abogados, lo que estimula a grandes firmas de abogados en todo el país a tener objetivos dentro de los servicios legales pro bono. Heller Ehrman ha recibido numerosos galardones por su trabajo pro bono, entre los que se incluyen el Premio Publico Pro Bono de la Asociación Americana de Colegios de Abogados; el Premio Firma de Abogados al Merito, por parte de la Asociación de Ayuda Legal de California; el premio al Servicio Pro bono para el Norte de California de la Asociación de Abogados de California, el premio de la Asociación del colegio de Abogado de San Francisco por Destacada Firma de abogados por Servicios Públicos, y un galardón de CARECEN en reconocimiento al trabajo de su sede en Los ángeles a favor de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos.

Más información:

Lugar y fecha:
Del 24 al 27 de Agosto; 9:00 a.m. hasta mediodía y de 1:30 a 4:30 p.m. (diario)
Corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de California, Sala 2 (Juez, Oliver W. Wanger)
1130 “O” Street
Fresno, California 93721
Teléfono: (559) 498-7483

Personas de contacto:

Center for Justice & Accountability [Centro de Justicia & Responsabilidad]
Almudena Bernabeu, Abogada Internacional, 544-0444, x 306,
Teléfono Móvil : (415)305-2097

Matthew Eisenbrandt, Director de Litigios (415) 544-0444, x 304;
Teléfono Móvil : (415) 225-0028

Heller Ehrman White & McAuliffe, LLP John Buchanan, Comunicaciones y prensa: (415) 772-6715


Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

DDHH en el Salvador
small logoThis document has been published on 30Apr04 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights.