Enero de 2003
Informe sobre los derechos humanos en el 2002.
Por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)
Introducción
El 2002 comenzó mal. Diez años antes se había firmado en Chapultepec, México,
el acuerdo que en posibilitó en El Salvador el "adiós a las armas" tras una larga,
cruenta y dolorosa guerra. Para conmemorar el acontecimiento, era de esperar
que se hubiesen dado algunas muestras positivas y concretas de una convivencia
política y social distinta, fundada en la capacidad de diálogo y entendimiento entre
los distintos sectores políticos y sociales del país. Pero cuando las cosas sólo
cambian de forma y no de fondo, es muy difícil -por no decir imposible- que algo
así ocurra. Debido a eso, la ocasión no generó más que nostalgias vacías sin
llegar a motivar una celebración amplia; mucho menos sirvió para mostrarle al
mundo y a la sociedad salvadoreña avances evidentes en lo relativo a la
construcción de una democracia real y sostenible.
El gobierno evocó a su modo el 16 de enero de 1992; lo hizo en Perquín,
municipio del oriental departamento de Morazán, con un acto cuya finalidad
principal era la de inaugurar el año escolar. La antigua guerrilla, por su parte,
alegó haber recibido tarde la invitación para asistir al mismo y no participó; de esa
manera, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) observó
de lejos el evento oficial y la presencia en el mismo de algunos de sus dirigentes
de antaño que ahora, de forma velada o abierta, apoyan la gestión del Partido
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
En el discurso que pronunció durante la mencionada ceremonia, Francisco Flores
-Presidente de la República- dijo entre otras cosas lo siguiente: "Convencidos de
que éramos dignos de un mejor futuro, hace una década resolvimos que íbamos a
transitar por el camino de la paz, la reconciliación y el perdón". Quince días antes,
Juan Pablo II había lanzado su mensaje para celebrar la Jornada Mundial de la
Paz; entonces, Su Santidad se refirió a lo que -desde los derechos humanos-
constituye el más grave de los errores que ha cometido la conducción del país a lo
largo de los diez años transcurridos entre 1992 y el que finaliza: ignorar la justicia.
Flores no omitió esa palabra en su discurso por una ligereza cualquiera. No; lo
hizo porque desde su óptica y la de sus dos antecesores pertenecientes al Partido
ARENA, el valor que le dan a la misma no es el que -entre otros- le otorga el
Sumo Pontífice quien sentencia así:
"La verdadera paz, pues, es fruto de la justicia, virtud moral y garantía legal que
vela sobre el pleno respeto de derechos y deberes, y sobre la distribución
ecuánime de beneficios y cargas… El perdón en modo alguno se contrapone a la
justicia, porque no consiste en inhibirse ante las legítimas exigencias de
reparación del orden violado. El perdón tiende más bien a esa plenitud de la
justicia que conduce a la tranquilidad del orden y que, siendo mucho más que un
frágil y temporal cese de las hostilidades, pretende una profunda recuperación de
las heridas abiertas. Para esta recuperación, son esenciales ambos, la justicia y el
perdón".
Los victimarios que permanecen impunes y con poder en El Salvador, junto a
quienes los protegen desde la administración publica, rechazan con sus actos y
sus palabras al Papa cuando a las víctimas del pasado y del presente -en todas
las dimensiones de los atropellos sufridos- les cierran los espacios para obtener
justicia y poder perdonar. De ahí que, aún con lo infinitamente positivo que resulta
ser el que haya transcurrido más de una década sin guerra, en nuestro país aún
no podamos hablar de una verdadera paz.
No puede haberla mientras la pesada carga de la muerte violenta y de la muerte
lenta -esa que se produce por la falta de condiciones económicas, sociales,
culturales y ambientales mínimas para vivir dignamente- siga instalada en las
espaldas de los sectores más vulnerables; y no puede haberla mientras alguien,
debido a sus influencias o relaciones, pueda violar las "reglas del juego" sin que
reciba el castigo que por ley le correspondería al hacerlo.
Así comenzó el 2002. Con una de las Partes firmantes del documento de
Chapultepec proclamando ante el mundo haber cumplido sus compromisos e
instalado al país en el bienestar, el progreso y la paz; con la otra, rechazando lo
anterior y oponiéndose a dar por concluido el proceso después de haber
contribuido -con sus disputas internas y otras limitaciones- al desperdicio de una
oportunidad histórica para el cambio profundo de la sociedad salvadoreña.
Pero más allá de lo que digan aquéllas, están otras dos opiniones: la de las
Naciones Unidas y la de la población salvadoreña mayoritaria. La primera pesa
para el gobierno sólo cuando le favorece. Por eso, los grandes medios de difusión
minimizaron la cobertura del rechazo expreso por parte de Kofi Annan a participar
en la ceremonia oficial que se realizaría en marzo, mediante la cual se pretendía
dar por cumplidos los acuerdos de paz; en todo caso, lo que le dedicaron apuntó
más a descargar la responsabilidad de semejante "desaire" en el FMLN.
La segunda -la de la gente, sobre todo la que se ubica en los sectores pobres y
medios- casi no se ha expresado después de la guerra por falta de posibilidades
para ello o por un marcado desinterés para hacerlo, derivado probablemente de la
lamentable acumulación de desencantos y descontentos que le genera tanto el
funcionamiento del sistema político salvadoreño como el de casi todas las
instituciones estatales. Desde su realidad, esa población sólo puede apreciar el
logro exacto de uno de los aspectos entre los cuatro pactados por las Partes
cuando firmaron el documento de Ginebra, el 4 de abril de 1990: terminar el
conflicto armado. Los otros tres elementos del proceso que iniciaba entonces, aún
siguen siendo hermosas aspiraciones que no han sido cumplidas.
La mayor parte de las y los salvadoreños no participan hoy ni siquiera en los
eventos electorales; de ahí que se encuentra muy lejos éste de ser un país
democratizado. Y más allá de los derechos individuales -a la vida, a la libertad
personal y a la integridad física, sobre todo- que no son tan violados como antes
por razones políticas, la población ve que no se respetan sus derechos
económicos, sociales y culturales, ni a un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado o su derecho a una pronta y cumplida justicia, además de vivir
angustiada y muchas veces de luto en medio de una violencia insoportable; por
tanto, no se puede hablar de que ahora prevalezcan condiciones de respeto
irrestricto a los derechos humanos. Por último, hoy más que nunca la sociedad
salvadoreña se encuentra desintegrada y dispersa, sin ideales comunes y -por
tanto- a una distancia bastante considerable de una pretendida "reunificación",
como se planteó en el citado Acuerdo de Ginebra.
Tomando en cuenta lo ocurrido al inicio del 2002, alrededor de lo que pudo haber
sido y no fue -una fiesta popular para conmemorar no sólo el fin de la guerra, sino
el inicio de una nueva era de bienestar- a continuación se comentan algunos
hechos y se ofrecen ciertas reflexiones sobre la situación que imperó en el país
durante el año recién finalizado. En tal sentido, no se puede obviar el abordaje de
lo económico, social y ambiental así como lo relativo a la violencia y la
inseguridad, al funcionamiento institucional y la participación ciudadana. Lo
hacemos por ser los temas esenciales de una agenda pendiente desde 1992, con
la convicción de que para corregir el rumbo actual se deben dirigir los esfuerzos
-individuales y colectivos- hacia la solución de las fallas en esos ámbitos. Sólo así
podremos disfrutar de una paz verdadera en El Salvador.
I. La situación del país
Al preguntarle a alguien cuál considera el conflicto más grave en el país a lo largo
del 2002, es probable que señale casi sin vacilación la crisis del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Quizás tenga razón. Pero esa huelga -que
superó los tres meses de duración y continuó hasta el fin del año sin dar visos de
solución- no debe ocultar la preocupante dimensión de otros hechos que han
golpeado con fuerza a los sectores medios y pobres del país, empujando a mucha
gente a protestar en las calles como nunca lo hizo durante los últimos diez años.
No sería nada raro que, en su gran mayoría, las personas que se sumaron a las
multitudinarias "marchas blancas" convocadas por el gremio médico lo hayan
hecho sin estar afiliadas ni cotizar en la estructura estatal de seguridad social; es
gente que, teóricamente, no tendría nada que ver con el conflicto. Sin embargo, no
dudamos que su apoyo al movimiento médico contra la privatización de la salud se
encuentre íntimamente ligado a todo lo que le puedan haber sido afectadas de
forma negativa -tanto en el ámbito personal como en el familiar- por las políticas
oficiales.
Nadie debería sorprenderse si a las protestas masivas del último trimestre se
incorporó, por ejemplo, mucha de la gente que en enero del 2002 quedó fuera de
las instituciones estatales donde laboraba. Esos despidos masivos -bajo las
figuras de "supresión de plazas" o "terminación de contratos"- dejaron a más de
8.000 personas sin acceso a un trabajo digno, ya que fueron separadas de la
administración pública sin ofrecerles alternativas para incorporarse al sector
privado o iniciar alguna actividad productiva propia, que les permitiese solventar
compromisos económicos ineludibles adquiridos con anterioridad.
De esa manera, se les negó a muchas de ellas la posibilidad de obtener las
pensiones correspondientes por su trabajo durante el tiempo establecido por la
ley; también se les impidió seguir cotizando y recibiendo los servicios del ISSS. En
general, se vieron colocadas ante una terrible situación: sin los medios para
garantizar en sus hogares las condiciones necesarias para una subsistencia
decorosa que sólo se dan cuando se cuenta -al menos- con vivienda, salud,
alimentación, educación y vestido.
En la misma dirección, se deben mencionar las políticas de "flexibilidad laboral"
que, a todas luces, se han convertido en verdaderas prácticas de "terrorismo"
patronal y estatal mediante la coacción sobre las y los trabajadores para que
firmen contratos que les niegan derechos reconocidos positivamente, tras largas
luchas sociales. De no aceptar semejantes condiciones, se les amenaza con la
cuchilla del despido y el muy objetivo fantasma del desempleo.
Violaciones a derechos fundamentales se produjeron, también, en el caso de dos
maquilas ubicadas en la Zona Franca Internacional "El Salvador", sobre la
autopista hacia el aeropuerto de Comalapa. Iniciando julio, más de trescientas
personas resultaron intoxicadas de forma dolosa o culposa -ninguna autoridad
encargada lo ha aclarado hasta la fecha- mientras se encontraban laborando en
condiciones precarias de seguridad e higiene. La mayoría de las afectadas son
mujeres que sostienen su grupo familiar y que no pudieron reclamar por los daños
ocasionados a su salud debido a la actitud negativa de las instituciones estatales
correspondientes; léase Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio
de Trabajo y Fiscalía General de la República.
Dichas entidades nunca apoyaron a las víctimas. Pero además emitieron
declaraciones apresuradas, absurdas y sin fundamento -como el asegurar que
todo había sido producto de un "ataque de histeria colectiva"-, minando así el
terreno para la realización exitosa de una investigación seria al respecto e
imposibilitando la individualización de responsabilidades por los hechos.
El caso mencionado no es único en cuanto a la problemática que afecta a quienes
laboran en este sector. Dos aspectos a destacar de la misma, tienen que ver con
la vulnerabilidad de los empleos que genera y la incapacidad estatal para
convertirse en el ente garante del respeto a la legislación nacional e internacional
que ampara a las y los trabajadores. En un resumen sobre la situación entre enero
y junio del 2002, el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) se
refirió a la suspensión definitiva de actividades por parte de la empresa coreana
Laitex, ocurrida el primer día del año.
"Esta empresa -afirma el GMIES- cerró sus instalaciones sin previo aviso,
dejando sin sus salarios e indemnizaciones correspondientes, a 459
trabajadoras(es). La empresa adeudaba a su personal la última catorcena de
diciembre del 2001, con sus respectivas horas extras, vacaciones y aguinaldos.
Pero, además, se reveló que si bien la empresa había descontado las cotizaciones
del trabajador(a) correspondientes a las cuotas del ISSS y las AFPs, no las había
reportado y tenía una deuda millonaria con estas instituciones. La empresa
también se había apropiado indebidamente de los aportes de sus trabajadores y
así, además de su salario, éstos perdieron el dinero de sus cotizaciones al ISSS y
a las AFPs".
Los elementos que surgen de esta experiencia bien podrían encontrarse en otros
casos y se resumen en lo siguiente: retraso en el pago de salarios y prestaciones
que no fueron detectados por los inspectores del Ministerio de Trabajo, quienes no
obstante visitar la empresa nunca recorrieron las líneas de producción ni
conversaron con el personal; la mora de Laitex con el ISSS -al no enviar las
cotizaciones que descontaba a su personal- era conocida por la institución y fue
negociada más de una vez pero nunca se pagó, lo que indica que las
irregularidades eran antiguas y que las autoridades las conocían; lo mismo ocurría
con las cotizaciones al fondo de pensiones, las cuales descontaba y no pagaba a
la AFP (administradora privada) correspondiente; la ubicación de Laitex no
figuraba en el Registro de Comercio y sólo aparecía el domicilio del empleador, lo
que constituye una anomalía que no se corrigió; por último, las reservas laborales
que establece el Código de Comercio para este tipo de casos no fueron exigidas
por las autoridades correspondientes.
Frente a todo lo anterior, el GMIES asegura lo siguiente: "Ciertamente, el
Ministerio de Trabajo no cuenta con recursos suficientes para un trabajo de
verificación eficiente. Por ejemplo, esta institución tiene solamente 35 inspectores
de los cuales 17 están destacados en San Salvador. Sin embargo, el cierre de
Laitex refleja otras debilidades del sistema de vigilancia que el Estado ejerce sobre
los centros de trabajo." Pese a lo evidenciado en el referido caso, el GMIES afirma
que el gobierno inició el 2002 con un interés mayor "en mejorar la infraestructura
de las maquilas, que en responder a la necesidad de fortalecer el Estado de
Derecho para garantizar la protección de los y las trabajadoras".
Además de lo anterior y más allá de la propaganda gubernamental acerca de sus
"logros", en materia económica y social la situación del país no está para andar
presumiendo de la misma. Un primer ejemplo es el siguiente: una de cada cinco
personas sobrevive a diario con menos de un dólar. De "comunistas" o de "estar
orquestando una campaña contra el actual gobierno", es de lo que menos se
puede acusar a las fuentes de donde proviene esta información: la Fundación para
el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Según FUSADES, el 20,9 por ciento de la población
salvadoreña que se encuentra dentro del territorio nacional -porque hay más de
dos millones residiendo fuera del país, sobre todo en los Estados Unidos de
América- se mantiene en una situación de extrema pobreza; según el PNUD,
alcanza el 23,4 por ciento.
Pero para el Ministro de Hacienda y Secretario Técnico de la Presidencia de la
República, Juan José Daboub, la pobreza extrema es menor; la administración
gubernamental a la que pertenece la calcula en un 19,3 por ciento de la población.
Unos puntos más o unos menos, ¿en qué situación estaría ARENA para manejar
el país sin las remesas familiares del extranjero que reducen considerablemente el
porcentaje de la población en extrema pobreza, tanto por la gente que abandonó y
abandona El Salvador como por sus parientes que reciben acá los dólares? La
clave de ese Partido para mantener la "estabilidad" se encuentra, entonces, en los
pobres que produce el sistema económico excluyente y son expulsados del
territorio nacional por el mismo; ese sistema es impulsado por ARENA desde hace
casi 14 años, cuando arribó al Órgano Ejecutivo.
En otro rubro vinculado a lo expuesto en los párrafos previos se debe hacer
alusión a un estudio del Observatorio del Mercado Laboral (OML), perteneciente al
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). Dicho documento
reveló -a principios del 2002- lo siguiente: de una población económicamente
activa que sumaba 2.598.584 personas, según la Dirección General de
Estadísticas y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía, tenían empleo
fijo, temporal, formal e informal 2.598.584; entre ellas, sólo 1.660.496 trabajaban
40 horas o más a la semana con un salario igual o mayor al mínimo; el resto -o
sea 756.188- se encontraba en el subempleo. Así, resulta que el 31,3 por ciento
de la población empleada en el país no está plenamente ocupada y no goza de
seguridad social ni de las prestaciones reconocidas por la legislación laboral.
Estas personas realizan trabajos inestables, con salarios bajos salarios que no les
alcanzan para ver satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, vivienda,
vestuario, educación y salud.
Entre estas personas se encuentran las que trabajan menos de 40 horas
semanales y que en conjunto se conocen como el "subempleo visible"; pero
también están aquellas que pertenecen al llamado "subempleo invisible" y que,
pese a laborar más de 40 horas a la semana, no perciben ni siquiera el salario
mínimo de 144 dólares estadounidenses al mes. Dentro del "subempleo invisible",
la mayoría son mujeres que trabajan en condiciones deplorables e inseguras. Las
cifras anteriores son oficiales; es muy probable, entonces, que la realidad supere
por mucho lo que reporta el gobierno.
Otro aspecto más a considerar sobre la situación de los derechos humanos en el
país, lo ubicamos en el más reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) sobre el estado mundial de la
niñez; éste fue presentado en México el pasado miércoles 11 de diciembre. Para
sorpresa de quienes asumen como cierta la supuesta bonanza alcanzada durante
las administraciones "areneras", al momento de establecer los países con mayores
índices de mortalidad infantil el estudio coloca a El Salvador en el sexto lugar; esa
incómoda posición sólo es superada por Haití, Bolivia, Guatemala, República
Dominicana y Nicaragua. La tasa más baja le corresponde a Cuba.
En ese marco, vale la pena recordar la lamentable pérdida de vidas humanas -en su
mayoría niñas y niños- durante la epidemia de dengue hemorrágico que durante el
2002 asoló al país, especialmente en sus zonas más populosas, pobres y sin
servicios básicos. El Presidente Flores, además de rechazar la ayuda médica cubana
para enfrentar la crisis, dio muestras de su poco tino político -cuando se trata de
asuntos vitales para la población- o de la mala asesoría que recibe; se le ocurrió
recomendarle a la población "acostumbrarse a convivir con la enfermedad."
Semejante advertencia surgida desde el más alto nivel del Ejecutivo, dice mucho
de la importancia que le adjudican este funcionario y su Partido -así como quienes
financian la actuación de ambos- a la salud del pueblo salvadoreño. En la lógica
gubernamental, la calidad en este ámbito se encuentra determinada por la
capacidad de pago; eso explica porqué dentro de dichos círculos se piense y
actúe no para brindar un óptimo servicio estatal -corrigiendo lo malo y mejorando
lo bueno de lo actual- sino para aplicar una "reforma del sistema nacional"
entendida como su entrega total a la gran empresa privadas para que, desde una
lógica de lucro y no de bienestar común, se brinde una atención excelente sólo a
quien tenga el dinero suficiente para costearla. ¿Y la población mayoritaria?
Por eso desde que estalló la huelga del personal médico, de mantenimiento y
administrativo del ISSS el 19 de septiembre, la crisis fue adquiriendo una
intensidad creciente y se mantuvo hasta acabar el año, no obstante las maniobras
oficiales para salvar los XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en
diciembre. En medio de ese cuadro, son dos los aspectos que deberían preocupar
a quienes participan directamente en el conflicto y a la sociedad en general.
En primer lugar, la posición del Ejecutivo -secundado por un Órgano Legislativo
mayoritariamente sometido a sus dictados y consentido por un Órgano Judicial
nada fiable, sobre todo cuando se trata de encararlo desde la justicia
constitucional- al insistir en llamar "concesiones" u "otra modalidad" de
transferencia de servicios a lo que en la práctica apunta hacia una evidente
privatización de la salud. ¿Por qué afirmamos lo anterior? Muy simple: por la
lógica del proyecto que impulsa el poder económico en el país y por la
experiencia. Se pueden citar algunos ejemplos de la facilidad con que las
administraciones "areneras" pretenden engañar a la población, tratando de
facilitarle las cosas a quienes realmente deciden. ¿Quién no recuerda lo ocurrido
con el paso de la banca a manos privadas? Basta con recordar, además, que se le
llamó "integración monetaria" a la dolarización y que también se publicitó como
una "modernización del sistema de pensiones" a lo que, después, realmente
resultó ser el traspaso del mismo a unas pocas administradoras privadas.
Sobre esta última experiencia, cabe mencionar que la medida se pretendió
"vender" a la población como la única alternativa para "hacer eficiente, seguro y
accesible" el pago de pensiones; sin embargo, a la luz de lo acontecido, éste se ha
revelado como ineficiente, excluyente e injusto. La afirmación anterior tiene
fundamento, entre otras cosas por el tiempo que tarda una administradora privada
de pensiones para completar el trámite y comenzar a entregarle su dinero a la
persona interesada: dura, al menos, un año. Eso ha sido denunciado en el
IDHUCA. De igual forma, a lo largo del 2002 hemos recibido casos de personas
mayores de 40 años a las que les prometieron supuestas ventajas para motivarlas
a abandonar el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
(INPEP). Ahora, éstas reciben pagos mensuales que oscilan entre los 70 y 80
dólares estadounidenses; eso, en números redondos, representa una cantidad dos
o tres veces menor a la que estarían recibiendo de haberse quedado en el INPEP.
Es legítima y entendible, entonces, la desconfianza de la población ante la
posición gubernamental en la actual crisis de la salud. Su pésimo manejo de la
misma se ha manifestado tanto en el discurso como en la acción. Durante un
tiempo sostuvo que no era su intención privatizar el sistema y que la lucha del
gremio médico era política; luego, ante una oposición firme, Flores tuvo que
desenmascararse y anunció su "propuesta" -más bien, la de la gran empresa para
la que trabaja- que sólo logró ser frenada con el incremento de la protesta
popular. Así se aprobó el famoso Decreto 1024, que fue derogado en la Asamblea
Legislativa luego de haberle "salvado" al Presidente de la República la realización
más o menos tranquila de sus "juegos" centroamericanos y caribeños.
En ese marco, poco a poco se fue evidenciando la estrategia gubernamental: nada
reflexiva ni propositiva sino, más bien, represiva. Para ello, ha contado con el
apoyo total de los tradicionalmente incondicionales grandes medios de difusión en
el país y con la insistencia del poder económico; este último, en boca de algunos
de sus representantes más influyentes, incitó públicamente al sector patronal a
incurrir en la comisión de un delito: les pidió retener las cuotas que por ley deben
pagar al ISSS. El segundo de los aspectos que -como dijimos antes- debería
preocupar a las Partes en conflicto y a toda la población, es el relacionado con la
violación al derecho a la salud de las personas cotizantes o "derecho habientes"
-como se les ha llamado- del ISSS. Quienes demandaron atención médica en
consultas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas, no la han recibido a lo largo
del conflicto. Eso, que resulta evidente, es producto de una inaceptable e
intolerable prolongación del conflicto.
En esa violación masiva al derecho a la salud, tienen responsabilidad el gremio
médico y los trabajadores del ISSS; pero el peso mayor de la misma le
corresponde la administración Flores en la medida que no ha actuado con
transparencia y racionalidad para buscarle una solución verdadera a la coyuntura
de una huelga y a los problemas estructurales del sistema nacional de salud. Esa
ha sido la actitud gubernamental, coherente con los lazos que la atan a la gran
empresa y la distancian del bien común.
Hasta aquí, hemos examinado sólo algunos problemas puntuales que de manera
directa o indirecta afectan a la mayoría de la población salvadoreña en materia
económica y social. Si se consideran otros aspectos en los ámbitos de la calidad
educativa, el déficit habitacional y el deterioro ambiental -por citar otras tres
graves situaciones- la conclusión no es alentadora, independientemente de las
estadísticas macroeconómicas tan positivas que nos presentan los burócratas.
Pero además, a éstos los desmiente aquello que precisamente les permite ofrecer
"cuentas alegres" sobre la marcha de la economía nacional: el flujo continuo de
personas que buscan, sobre todo en los Estados Unidos de América, la solución a
sus graves problemas de subsistencia personal y familiar.
El más ilustrativo y triste retrato del país para objetar los "cantos de sirena"
oficiales, lo encontramos en la odisea de más de 600 salvadoreñas y salvadoreños
hacia Suecia; la "aventura" comenzó en diciembre del 2001 y finalizó muy pronto
-en enero del 2002- con la fallida solicitud de asilo político para esa gente en
aquel lejano país y su deportación a El Salvador. Nadie que se encuentre viviendo
seguro y en condiciones dignas, abandona el territorio nacional de esa manera o
de la forma que lo hacen tantas personas que a diario intentan ingresar al
estadounidense. Es demasiado peligroso en todo sentido y sólo ocurre cuando
acá la situación es insostenible, al punto de preferir asumir los riesgos de la
travesía y los atropellos de la estancia en el extranjero.
Sólo cabría agregar, para cerrar la síntesis del escenario actual, algo sobre la
situación de violencia e inseguridad que continúa afectando de forma grave a la
sociedad salvadoreña. Como en otras ocasiones, debemos insistir en la dificultad
que representa para cualquier intento de análisis el obtener información confiable.
Al revisar los reportes sobre las muertes y sus causas, emitidos -por ejemplo-
desde la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y
el Instituto de Medicina Legal, se encuentran importantes diferencias.
En el caso de la PNC, la información más reciente la encontramos en las
declaraciones que su Director General brindó y que aparecieron publicadas el
miércoles 11 de diciembre. Al respecto, Mauricio Sandoval señaló que hasta esa
época se habían registrado 1.953 homicidios; para éste, el promedio de seis
homicidios diarios durante el 2002 ofrecía una mala imagen del país en el
extranjero. También aseguró que el 75 por ciento de esos hechos fue realizado
con armas de fuego, el 17 con armas blancas y el ocho con otro tipo de armas. El
funcionario apuntó, además, que el 86 por ciento de esas muertes era resultado
de la violencia social y sólo el 14 de la delictiva. También afirmó que, según las
investigaciones de la corporación a su cargo, más del 50 por ciento de esos actos
criminales se habían realizado con armas de fuego registradas legalmente.
Cabe señalar que en una conferencia organizada por el PNUD, realizada en la
ciudad de San Miguel en abril del 2002, una enviada del Instituto Universitario de
Opinión Pública UCA (IUDOP) reveló que nuestro país ocupa el cuarto lugar
mundial en índices de violencia con armas de fuego. Año con año, en el IDHUCA
le damos seguimiento a las muertes violentas e intencionales que aparecen en los
cuatro medios escritos de mayor circulación nacional: Diario El Mundo, Diario
Co-latino, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. Es obvio que en éstos no
aparecen todos los hechos criminales de ese tipo que ocurren en el país. Antes de
la llegada de Sandoval a la PNC, la cifra total que recopilábamos de la fuente
periodística se movía -de forma regular- entre el 10 y el 16 por ciento de un
consolidado elaborado con datos de la Fiscalía General de la República y otros
propios de investigaciones realizadas por la UCA (Departamento de Economía,
IUDOP y Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación).
Con la drástica reducción del número de homicidios dolosos que aparentemente
se produjo tras el nombramiento de aquél como Director General de la PNC, cuya
voz es de las que más pesan en el actual gobierno, ya no se mantiene esa
correspondencia. Es necesario aclarar que en los reportes periodísticos también
se ha observado una reducción de las cantidades, pero no tan radical como la
sostenida por la institución policial. Por ejemplo: al finalizar 1998, meses antes de
iniciar la gestión de Sandoval en la PNC, el registro del IDHUCA sumó 960 hechos
frente a las 5.584 víctimas que arrojó el referido consolidado preparado con datos
de la FGR y la UCA; en la actualidad, nuestras fuentes nos revelan un total de 682
muertes con las características apuntadas, ante las casi 2.000 que anunció el jefe
policial. Así, resulta que los homicidios dolosos ubicados dentro de la información
periodística se redujeron -de 1998 al 2002- en un 28,95 por ciento; en cambio, en
los datos oficiales de la PNC el descenso durante el mismo período fue levemente
superior al 65.
Pese a esas serias dificultades para ofrecer un diagnóstico cuantitativo, a
continuación presentamos el detalle sobre las muertes violentas e intencionales
que aparecieron en la prensa escrita durante el 2002. Sirve, al menos, para
establecer tendencias en lo relativo a las modalidades de ejecución; además, al
compararlas con las del 2001 (610) queda claro que -al menos a partir de la
fuente periodística- se incrementó la cantidad de víctimas.
Muertes violentas e intencionales entre enero y diciembre del 2002
| Modalidad/Mes |
Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
Total |
| No
identificada |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
15 |
| Arma blanca |
16 |
9 |
3 |
4 |
10 |
6 |
8 |
9 |
7 |
5 |
9 |
9 |
95 |
| Arma de
fuego |
36 |
23 |
37 |
42 |
38 |
33 |
21 |
72 |
42 |
63 |
45 |
51 |
503 |
| Decapitado |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
0 |
1 |
8 |
| Estrangulado |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Golpes |
3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
4 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
18 |
| Granada |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
8 |
| Lapidado |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
1 |
2 |
10 |
| Tortura |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| Veneno |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
6 |
0 |
2 |
0 |
1 |
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Más allá de las cifras, resulta oportuno cerrar este apartado con la reflexión final
de un comentario reciente elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos (PDDH): "El panorama de la violencia y de la respuesta
estatal ante este fenómeno social no es nada halagador pues no parece haber
todavía indicadores de que la delincuencia esté descendiendo a niveles
'aceptables' en una sociedad democrática. En esa situación, debemos decir que,
hoy por hoy, el futuro de nuestro país está prácticamente hipotecado. El peor daño
que la violencia ocasiona es la paralización del progreso personal, familiar y social;
en otras palabras, la violencia es un serio obstáculo al desarrollo. Las muertes y
discapacidades que resultan de la violencia tienen un impacto humano y
económico significativo. El Secretario General de la OEA, César Gaviria, ha
señalado que la violencia obliga a que las prioridades de una sociedad se inviertan
y que los mejores esfuerzos de nuestros pueblos terminen hundidos en una
interminable defensa frente a los violentos".
II. El funcionamiento de las instituciones
El país no está mal por casualidad. En gran medida, la situación crítica en la que
se encuentra se deriva del incorrecto funcionamiento de las instituciones estatales.
Hay honrosas excepciones, pero mucho de su deficiente actuar debe ubicarse
más allá de la negligencia burocrática tradicional; existe, lamentablemente, una
premeditada complicidad con la impunidad que -aunque en algunos círculos se
intente negar o minimizar- sobrevivió al esfuerzo nacional e internacional por
transformar el país. Por eso, ocupa un lugar especial en este balance el análisis
del trabajo desarrollado por las entidades directamente relacionadas con el acceso
a la justicia y la vigencia de los derechos humanos.
1. La Fiscalía General de la República (FGR)
Por mandato constitucional, esta institución del Ministerio Público posee
atribuciones vitales que -según se colige de aqué- deberían servir para garantizar
en el país tanto el funcionamiento de un Estado democrático de Derecho como el
amplio respeto de los derechos humanos. A la Fiscalía le corresponde, entre otras
cosas, el monopolio de la acción penal y la dirección en la investigación del delito.
En concreto, a partir de esas atribuciones se debe valorar la gestión de dicha
institución durante el año recién finalizado.
De entrada, debemos afirmar que la autoridad dentro de la misma es personal.
Eso significa, en términos reales, que la responsabilidad de los aciertos o yerros
institucionales recaen en el titular de la institución; más en concreto, en Belisario
Amadeo Artiga Artiga.
Para hacer una valoración objetiva, tomaremos como base la dinámica de los
casos que -debido a su notoriedad se convirtieron en los casos "estandarte" de la
FGR en el 2002. Así, de nuevo adquirió importancia la investigación de los
denominados "títulos falsos", sobre todo a partir de los señalamientos sobre la
existencia de 289 jueces de la República cuyos títulos académicos que los
acreditaban como licenciados en Ciencias Jurídicas presentan "irregularidades",
según el informe que sobre el tema preparó el fiscal especial Roberto Vidales. Al
respecto debe anotarse que, prescindiendo de unos dos o tres, los otros
señalamientos difundidos por la institución -vía medios de comunicación- han
estado muy lejos de ser corroborados en sede judicial. No se ha establecido,
entonces, la probable participación delincuencial de los señalados en la
investigación. Mucho menos se ha profundizado en la indagación sobre la
estructura delictiva que propició el otorgamiento de credenciales académicas en
Derecho a diversos bachilleres del país; es más, ni siquiera se ha intentado
sondear acerca de los "mecanismos" de selección que ubicaron a los
cuestionados profesionales al frente de una judicatura.
Por otro lado y mediante una estrategia publicitaria, el Fiscal Artiga promocionó el
caso del Banco de Fomento Agropecuario como un ataque directo contra la
corrupción y trató de hacerlo parecer como una valiente investigación penal que
"tocaría lo intocable": los sectores pudientes del país vinculados al gobierno y, por
ende, al Partido ARENA. Como en otras ocasiones, mediante una abundante
difusión en prensa de algunas diligencias que realizaban sus agentes auxiliares,
Artiga aseguró que contaba con pruebas sólidas y que el establecimiento de la
responsabilidad penal de los imputados señalados era sólo cuestión de cumplir
con las formalidades temporales del proceso. Nada más alejado de la realidad. En
diciembre del 2002, una recia resolución del Juez Quinto de Instrucción de San
Salvador exoneró casi del todo a los señalados en la acusación, aduciendo falta
de fundamento y pruebas contundentes en las investigaciones del Ministerio
Público. Los voceros fiscales se rasgaron las vestiduras ante este nuevo fracaso.
Con bastante similitud, al fin de la Semana Santa la población salvadoreña fue
informada de un supuesto "gran golpe" al narcotráfico: la operación denominada
"Tormenta Tóxica", que incluyó la captura ilegal de casi veinte personas -hombres
y mujeres, en su mayoría jóvenes- que se encontraban en una fiesta de playa.
Artiga las acusó, sin evidencias, de traficar la droga conocida como "éxtasis" así
como cocaína y marihuana. A las pocas semanas, cambió los cargos por otros de
menor envergadura y terminó haciendo el ridículo al retirar la acusación por la
obvia debilidad de sus señalamientos. De nuevo, lo único que quedó fue su nula
capacidad y su excesiva irresponsabilidad.
En el mismo sentido se le deben achacar las ineficientes averiguaciones en otros
casos, tales como el relativo a la millonaria malversación de fondos en la
Federación Salvadoreña de Fútbol, que concluyó con la exoneración de cargos
para los imputados por falta de pruebas y por errores de procedimiento; también
se pueden mencionar las nulas investigaciones sobre el asesinato de los
hermanos Guillermo Rodríguez Carías y Federico Calderón Carías, la indiferencia
ante las recomendaciones que le hiciera la Asamblea Legislativa para reiniciar las
pesquisas en el caso de la violación y muerte de la niña Katya Natalia Miranda
Jiménez y su falta de valor para iniciar en serio una investigación sobre la autoría
intelectual en la muerte de Ramón Mauricio García Prieto.
Espacio falta para hacer el recuento de los daños que Artiga le ha causado al país.
Con semejantes atestados laborales causó indignación el nombramiento de éste
para un segundo período como Fiscal General, dado que no ha demostrado
idoneidad para el cargo y su gestión se ha caracterizado por ser discrecional y
elitista al dedicar esfuerzos prioritarios para esclarecer aquellos casos en los que
existe un marcado interés o en el que las víctimas pertenecen a la dupla
gobernante: Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el Partido
ARENA. Esta última razón, es la única que puede explicar el premio para Artiga
-ocupando la silla del Ministerio Público por tres años más- y el castigo para el
pueblo salvadoreño que demanda justicia.
2. Policía Nacional Civil (PNC)
El desempeño de la corporación policial debe ser siempre objeto de una
evaluación ecuánime para medir el nivel de vigencia de los derechos humanos en
un país. Eso es así, debido a que dentro de su labor se incluye la posibilidad de
restringir ciertos derechos a personas y grupos en función de proteger derechos o
intereses más generales o de mayor importancia para la colectividad. Partiendo de
eso, en El Salvador la PNC es la encargada de hacer cumplir la ley por la fuerza
cuando se han agotado los mecanismos para su acatamiento voluntario; es a su
vez, la encargada de velar por el orden público y la seguridad ciudadana, así como
de colaborar con la FGR en la investigación del delito. Con todo ello, se vuelve un
imperativo urgente el ejercicio de un control permanente sobre la misma para
evitar la ejecución abusiva de su mandato y garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos.
Al hacer un balance del trabajo policial en los últimos doce meses, debemos
destacar que es evidente una mayor presencia y participación policial en los
problemas políticos y sociales del país. Es frecuente que el Órgano Ejecutivo
recurra al uso de la fuerza pública como método privilegiado para enfrentar crisis
sociales derivadas de conflictos de índole económica, laboral o de otro tipo. Dicho
de otra manera, se ha ido consolidado la utilización de la PNC con fines
represivos; así, de forma consciente se le está apartando de su naturaleza
apolítica y democrática con la cual fue concebida en los acuerdos de paz; eso
representa un duro golpe a los mismos y además un ataque a los tímidos intentos
por construir una democracia real en El Salvador.
En ese orden de ideas vale la pena destacar la irreflexiva intervención policial al
capturar al diputado Orlando Arévalo, acusándolo de "instigar" a los empresarios
de buses que protestaban contra el gobierno. El hecho degeneró incluso en el
atropellado ingreso de las fuerzas policiales al recinto de la Asamblea Legislativa,
exhibiendo armas y mostrando una postura desafiante ante los legítimos reclamos
de algunos legisladores. En el marco de esa misma problemática, la PNC capturó
a 46 personas vinculadas al negocio del transporte público que protestaban por
supuestos actos ilegales del gobierno en su contra. Al ser liberadas por las
autoridades judiciales, quedó en evidencia el manejo poco profesional de la Policía
ante las protestas públicas.
Del mismo modo, a raíz de la crisis que se ha desatado en el sector salud ha sido
constante la emisión de mensajes y amenazas -directas o solapadas- efectuadas
por del Director de la Policía o a través de sus más cercanos colaboradores sobre
la posible captura de dirigentes del movimiento social. Además, como parte de las
respuestas oficiales a la problemática, agentes policiales se han "tomado" las
instalaciones hospitalarias desde donde se iniciaron los reclamos al Órgano
Ejecutivo por la posible privatización del sistema de salud.
Por otra parte, ha quedado demostrado hasta la saciedad que la PNC centra sus
esfuerzos de investigación en aquellos ilícitos que aquejan al gran capital
salvadoreño, destinando incluso gran parte de sus recursos humanos y logísticos
al combate del secuestro pese a que las mismas autoridades de la corporación
han indicado la casi nula comisión de este delito; mientras, delitos como el
homicidio y el robo se han convertido en los verdaderos azotes de la población
salvadoreña. A ello se debe agregar que la Policía no despliega suficientes
energías en materia de prevención del delito, notándose además una pobre
percepción de su mando actual en lo relativo a las causas de la delincuencia en el
país. Sobre esto último, causó estupor el que en la página electrónica de la PNC
se consignara -sin ninguna vergüenza- que una de las principales causas de la
delincuencia en El Salvador lo constituía la ascendencia indígena de nuestra
población; según la Policía, nuestros ancestros poseían "genes violentos" que
hemos heredado hasta estos tiempos. Lo ridículo de este planteamiento evidencia
el paupérrimo nivel de la conducción institucional y la poca seriedad con que
enfrenta el grave fenómeno delincuencial en nuestro país.
Debemos señalar también que, durante el 2002, se comenzaron a conocer las
primeras sentencias de amparo dictaminando que los mecanismos mediante los
cuales la PNC destituyó a varios de sus miembros eran violatorios de derechos
constitucionales; ello, además de poner en entredicho el supuesto proceso de
depuración policial, del que tanto han presumido las autoridades, ya que por un
lado se está propiciando el reingreso de los agentes purgados de la institución y,
por el otro, se obliga a la corporación al pago de una indemnización por daños y
perjuicios a los afectados. Es claro que los fondos para cancelar estas
indemnizaciones provendrán del erario público, constituyendo una carga adicional
para los contribuyentes, originada en la arbitrariedad y el autoritarismo con el que
se ha pretendido "sanear" la institución.
3. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
Durante el año examinado, la PNC recibió apoyo económico -con un considerable
refuerzo presupuestario que incluyó la adición de una "partida secreta", en manos
de su Director General para su uso discrecional- y continuó la mencionada
"depuración" con más sombras que luces, en el marco de la aplicación de su
nueva Ley Orgánica que entre otras graves cosas ha desnaturalizado sus
controles institucionales internos y externos. Mientras, todo lo contrario le sucedió
a la PDDH a diez años del fin de la guerra.
Tras serios y preocupantes hechos que minaron su desarrollo en años anteriores,
impulsados sobre todo desde la Asamblea Legislativa, la realidad actual para la
institución es la de vivir en un permanente estado de alarma. Razones no le faltan.
A comienzos del año se denunció el reducido presupuesto que le asignaron, muy
distante del que se le otorga a "su hermana" -la PNC- y a la FGR. En la práctica,
esa asfixia económica ha trastocado sus prioridades y ha significado una drástica
reducción de sus actividades institucionales. Sin duda, con esa medida se
pretende minimizar la influencia positiva de la PDDH para una verdadera
transformación del país.
De esta forma, queda evidenciado el verdadero rostro del binomio gubernamental
ANEP-ARENA en la mal llamada transición democrática: se "gratifica" la actuación
policial, con mayores recursos y la designación indefinida de su Director General
-principal responsable de las violaciones a los derechos humanos en el país-
mientras el actuar de la titular de la PDDH -Beatrice de Carrillo- se mantiene
sometido a un riguroso, tenso y desproporcionado examen. Y eso ocurre,
precisamente, en un período durante el cual la funcionaria ha tenido que intervenir
en múltiples y serios conflictos en su intento por evitar males mayores.
Sin duda, la actuación de la institución ha estado marcada más por una agenda
cotidiana -plagada de tantos problemas- que por su propia planificación. Así, el
despido de miles de personas que trabajaban en la administración pública a
comienzo del año y el conflicto del transporte, junto al ya mencionado caso del
diputado Orlando Arévalo y el vigente conflicto en el sector salud, entre otros
muchos hechos, han exigido una intervención directa de la Procuradora. No
obstante semejante escenario en el cual le ha tocado desempeñarse, ha podido
emitir importantes resoluciones como las de los casos "Romero" y "Jesuitas"; en la
última de éstas censuró con firmeza la inadecuada e ilegal actuación de Belisario
Artiga, quien parece no perdonarle semejante "atrevimiento".
Las valoraciones que se pueden hacer de la PDDH -a la mitad del mandato de su
actual titular- podrían llevarnos a un equívoco, si nos dejamos llevar por la
repercusión mediática que tienen sus acciones públicas. La Procuradora no ha
logrado establecer un equilibrio entre su intervención directa en los problemas y el
funcionamiento de la estructura a su cargo para buscarles solución, lo que la hace
más vulnerable ante un malintencionado manejo de su imagen y su labor por parte
de la "gran" prensa escrita, radial y televisiva. Así, ha expuesto demasiado al
desgaste su figura y el cargo. Salva la situación, en buena medida, uno de sus
aciertos mayores: el profesionalismo y la eficiencia de su equipo más cercano, que
ha permitido relanzar a la PDDH pese a las grandes amenazas encontradas en el
camino.
Frente a los esfuerzos de mediación y puesta en práctica de sus "buenos oficios"
en los conflictos a los que hacíamos referencia y otros, la Procuradora ha recibido
por respuesta -de casi todo el resto de la administración estatal- rechazo,
aislamiento y confrontación. Quienes ocupan los cargos gubernamentales más
altos no acatan sus recomendaciones. En esa línea, destacan el Fiscal General de
la República y del Director General de la PNC, Mauricio Eduardo Sandoval Avilés.
Eso desmiente con creces los supuestos avances durante los últimos diez años,
en la aspiración de lograr un respeto irrestricto a los derechos humanos en El
Salvador. Esa política contra la PDDH y su titular ha sido alentada, como ya se
apuntó, por los grandes medios de difusión que han hecho de la destitución de la
Procuradora una "cruzada".
En serio peligro se encuentra la Procuraduría, si continúa la política oficial de
estrangulamiento presupuestario. Esa situación la ha denunciado el mismo
Secretario General de Naciones Unidas, en su informe sobre la situación de
nuestro país (A/57/384, de 6 de septiembre del 2002) al señalar que la institución
"sigue careciendo gravemente de financiación". Tan fundamental como lo anterior,
es también una adecuada coordinación entre las instituciones estatales
encargadas de velar por el cabal respeto de los derechos humanos. Asimismo, se
debe insistir en la necesidad de un ponderado liderazgo institucional por parte de
la actual Procuradora, que le permita soportar -sobre bases sólidas- las graves
situaciones en las que se enfrentará en un futuro próximo y posibilite la
consolidación de la PDDH.
4. El Órgano Judicial
Cumplidos diez años del fin de la guerra, de poco han servido las millonarias
inversiones destinadas a posibilitar el acceso a la justicia para toda la población. Y
en eso tiene mucha responsabilidad la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por ello
no es extraño que los males que se le señalaban a este Órgano por aquel
entonces, sigan siendo los mismos en la actualidad: corrupción, incapacidad e
ineficiencia que se traducen en la permanencia de la impunidad. A éstos se refirió
el informe anual sobre derechos humanos publicado -en marzo del 2002- por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Así, pues, el
protagonismo de la CSJ a lo largo del año ha estado marcado más por esas
graves deficiencias que por su accionar apegado a derecho.
El 2002, en cuanto a decisiones judiciales se refiere, no pudo dejar "mejor"
muestra del nivel de buena parte de los magistrados que ocupan la Corte. Así, los
más de 8,000 empleados públicos despedidos hace 12 meses, tuvieron que
soportar "argumentos" jurídicos que justificaban tal medida basándose en la "libre
disposición del legislador". En tales resoluciones, contraviniendo la jurisprudencia
sostenida por ella misma, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró
"improcedentes" las demandas. Así, de nada sirven las normas internacionales, la
Constitución de la República y la legislación secundaria cuando de lo que se trata
-en realidad- es de reforzar judicialmente las decisiones arbitrarias e inhumanas
del Órgano Ejecutivo. En las misma resoluciones cuestionadas, un magistrado lo
planteó como parte de su voto razonado contrario a la posición del resto de sus
colegas; Mario Solano sostuvo que de forma evidente, cuando se trata de
impugnar decisiones del poder administrativo, la Sala de lo Constitucional siempre
se inclina por desestimar las demandas.
Similares "razonamientos" -que rayan en lo absurdo- tuvieron que soportar las
personas residentes en Las Colinas, Santa Tecla, que resultaron damnificadas por
el terremoto del 13 de enero del 2001; a éstas se les dijo que sólo los
perjudicados, refiriéndose a las víctimas mortales, podían reclamar al Estado por
su violación al derecho a la vida. Resoluciones como éstas, contribuyen a
incrementar la ya notable desconfianza en el sistema de justicia
El Informe de la Comisión de la Verdad, en sus recomendaciones al sector justicia,
señaló la reforma profunda de la CSJ como una de las medidas más urgentes que
a impulsar; sin embargo, a estas alturas, la situación del máximo órgano tribunal
de nuestro país no ha variado mucho. Pero, más allá de cualquier opinión en este
sentido, el 2002 será recordado como el año en que cobró mayor dimensión el
escándalo de los "títulos falsos". Durante los años de la guerra y posteriores a
ésta, varias universidades privadas otorgaron títulos de licenciatura en Ciencias
Jurídicas cuya legalidad era dudosa; los entregaron a alumnos que, en ocasiones,
ni siquiera habían completado los requisitos académicos establecidos. Por razones
obvias, la noticia sacudió la opinión pública cuando se supo que buena parte de
las y los "favorecidos" ocupaban cargos en la judicatura y por la cantidad de
implicados.
La gravedad del problema obligó al nombramiento de un fiscal especial para
realizar las investigaciones necesarias. Sin embargo, tras meses de pesquisas y
elaborado un informe, éste pasó a ocupar un lugar más en los archivos pues la
CSJ decidió realizar la "purga" a su manera. Entre las destituciones realizadas
hasta la fecha -siempre contra jueces de las instancias más bajas- son varias las
personas afectadas que han denunciado violaciones graves al debido proceso,
llegando incluso a desviarse tales intenciones investigativas hacia jueces probos y
éticos que, al parecer, entorpecen el status quo jurisdiccional. Causa perplejidad
-por lo menos- que ante los anuncios publicitarios asegurando "justicia para
todos", la CSJ no haya querido aprovechar esta oportunidad para cortar de raíz
una de las afecciones endémicas de nuestro sistema de justicia.
El Estado actual de nuestro Órgano judicial nos inquieta y causa preocupación
cuando más del 70% de la población reclusa se encuentra esperando sentencia y
conocer, así, su estado definitivo ante la justicia. La pretendida efectividad policial
para "limpiar" las calles de bandas criminales, está provocando un mayor
hacinamiento dentro de los centros penales e incrementando la acumulación de
causas judiciales -problema de por sí habitual- así como los disturbios al interior
de las cárceles. Al observar las prisiones del país nos damos cuenta que se
encuentran repletas de reos de escasos recursos. Están detenidos uno que otro
"mando medio" dentro de la llamada "industria del secuestro" y más "peones" de la
misma. Pero no guarda prisión ninguno de sus funcionarios de alto rango, público
o privado, que haya hecho posible la escandalosa prosperidad que llegó a
alcanzar y que sólo se volvió motivo de "alarma social" cuando comenzó a tocar al
gran capital.
El sistema de justicia del país continúa sin funcionar adecuadamente. En su
mayoría, no goza de la independencia necesaria para desarrollar sus funciones
con garantías; de ahí que se actúe, discrecional y arbitrariamente en muchas
ocasiones. Sólo cuando las víctimas reclaman justicia -sin importar los obstáculos
y riesgos- se atrapa al o los autores materiales de determinado delito; pero los
intelectuales, siempre permanecen impunes. A eso se suman situaciones
increíbles pero ciertas, como la reelección anticipada de un Fiscal General de la
República cuyo mayor mérito ha sido "perder" siempre los casos que ofenden la
conciencia ciudadana -como el de Katya Miranda y FINSEPRO-INSEPRO- o
simplemente omitir investigar cuando no conviene a sectores con poder como en
los casos "Jesuitas", García Prieto y los hermanos Carías, asesinados en la
colonia La Cima hace más de dos años.
En concreto, el Órgano Judicial debe ser saneado de manera profunda y urgente.
También se requiere una reforma que tenga como objetivo fundamental retirarle
las funciones administrativas a la Corte Suprema de Justicia, en especial a su
Presidente.
III. Participación ciudadana
Sin duda, de lo ocurrido en el 2002 se pueden destacar algunos aspectos positivos
en este ámbito. Especial mención merece el movimiento que se generó a raíz de
la huelga de médicos y trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social; si
bien es cierto, el paro fue visto al principio con escepticismo por parte de la
población -debido, quizás, a la amplia percepción del actuar negligente de algunos
empleados del mismo en el desempeño de sus funciones habituales y a la posible
manipulación electorera de las reivindicaciones- fue a partir del anuncio que hizo
el Presidente Flores de su propuesta privatizadora de la seguridad social que la
población reaccionó con fuerza ante el bloque hegemónico de poder conducido
por la ANEP y representado por ARENA.
Así, amplios sectores sociales se decidieron a enfrentar la más que probable
entrega del ISSS y del sistema de salud en general al gran capital, amenazados
por el evidente encarecimiento de los servicios que de dicha medida se derivaría.
Con el respaldo masivo a las sucesivas y masivas "marchas blancas", se fijó una
frontera y un verdadero valladar para quienes buscan su mayor enriquecimiento
sin importar el "precio" y el medio. De esa forma, se pudo ver que la población
iniciaba el despertar de un largo sueño lleno de desencanto, frustración y peligrosa
resignación durante la década sin guerra para recobrar el brillo de la lucha por sus
derechos. No obstante, ese esfuerzo no alcanza a cuajar de manera definitiva; si
bien es cierto que resulta positivo el resurgir de la movilización social, no podemos
obviar que aún se nota la carencia de ideas nuevas y propuestas atractivas para
asegurar que estamos ante un proceso alentador a favor de gente, sobre todo la
más vulnerable.
Se debe resaltar, además, que un grupo considerable de antiguos empleados
gubernamentales ha emprendido una nueva lucha en la reivindicación de sus
derechos, cuando en octubre pasado presentó una demanda en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos contra del Estado de El Salvador, debido a
la supresión de sus plazas durante el primer mes del 2002. Asimismo, los padres
de Ramón Mauricio García Prieto, la madre de Katya Natalia Miranda Jiménez y la
madre de los hermanos Carías -víctimas de la impunidad que impera en el país-
continuaron siendo ejemplo de dignidad y lucha. Todo lo anterior permite constatar
que, a pesar de los múltiples obstáculos, sigue habiendo solidaridad y esperanza.
Conclusión
Al hablar de la institucionalidad salvadoreña en general y -dentro de la misma- de
aquélla relacionada directamente con el acceso a la justicia y el respeto a los
derechos humanos, no se puede ni se debe dejar de lado algo fundamental y
determinante: vivimos en una sociedad estructurada sobre la marcada
desigualdad que divide a quienes lo tienen todo en abundancia, de quienes lo
único que tienen son sus necesidades grandes e insatisfechas.
A casi once años de finalizada una guerra fratricida de enormes costos materiales
y humanos, el gran poder económico en nuestro país -el verdadero poder-
continúa comprando voluntades individuales y colectivas para colocarlas al
servicio de sus intereses. Y cuando no logra hacerlo, invierte recursos para atacar
por todos los medios a las personas e instituciones que considera obstáculos,
cuando éstas trabajan por el respeto de la Constitución y los derechos que la
misma reconoce para toda la población. Asimismo, sigue colocando en "puestos
claves" del Estado a quienes le benefician. Eso se confirmó y se hizo más
evidente a lo largo del 2002.
De ahí, las preguntas elementales: ¿Es posible, en ese marco, que en El Salvador
exista justicia para toda la población sin distinción y no se favorezca a quienes
cuentan con dinero o contactos para salir impunes? ¿Se puede presumir de que el
país fue transformado de manera positiva, porque la dignidad de todas las
personas y sus derechos son la principal prioridad? La respuesta, por lógica, es
igual de elemental: no.
La institucionalidad salvadoreña persigue y encarcela al "descalzo"; a veces lo
hace, cuando ni siquiera es responsable de algún delito. Esa misma "justicia", en
los pocos casos que ha aparentado "tratar", no logra imponerse sobre los que
utilizan todos los vehículos a su alcance para escapar de ella. Lo anterior debe
interpretarse como está planteado y no como un intento mecánico por censurar o
favorecer a alguien, dependiendo de los bienes que posea.
Todo esto daña profundamente la confianza popular, deteriora más la precaria
institucionalidad nacional y abona el terreno para que -más temprano que tarde-
la oscuridad termine imponiéndose sobre las pocas luces que se encendieron en
1992. Esto último se puede evitar. Pero para ello resulta imperativo, entonces, un
estallido social de vergüenza y ética en el 2003; sólo así se podrá cambiar el
peligroso rumbo actual del país para lograr, de una vez por todas, que la justicia
deje de ser como la serpiente -que sólo muerde al descalzo- y convertirla en algo
como la muerte: que nadie escape de ella.
Enero de 2003
Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)
