05dic02

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Mercenarios en El Salvador.

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Este día inicia la vista pública en Panamá contra el anticastrista cubano Luis Clemente Faustino Posada Carriles y otros tres colaboradores suyos, también opositores al régimen cubano, inculpados en la conspiración de asesinato contra el Jefe del Estado cubano, Fidel Castro Ruiz. Todos ellos serán enjuiciados -según legislación panameña- por los presuntos delitos de posesión de explosivos, asociaciones ilícitas para delinquir y falsificación de documentos. La trascendencia de este caso radica en la reciente detención en Argentina, hace apenas unas semanas, de Roberto Bertulazzi, perteneciente al grupo terrorista de extrema izquierda italiana Brigadas Rojas.

Precisamente, tanto Posada Carriles como Bertulazzi vivieron en la década de los noventa en nuestro país, llegando a obtener con sorprendente facilidad documentación oficial, que les permitió incluso cruzar asiduamente los diversos puestos fronterizos con absoluta tranquilidad. Estas son razones suficientes para cuestionarnos cuál es el rol desempañado por el Organismo de Inteligencia del Estado, que durante los noventas estuvo en manos del actual Director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Eduardo Sandoval Avilés. En un país normal semejante negligencia le hubiera costado el cargo al titular responsable. Las evidencias son contundentes, además, no caben reproches partidistas cuando estamos ante dos terroristas, "extremos" en sus posiciones, tanto de izquierda como de derecha.

En el caso de Posada Carriles el impacto internacional ha llegado hasta Naciones Unidas. Así, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, a través de uno de sus Relatores Especiales, emitió informe el 2 de julio pasado respecto a la "Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación". En el mencionado informe detalla las actividades realizadas por éste, el cual en su parte principal está dedicado a las visitas que efectuó en misión oficial a El Salvador y Panamá. Describe también las entrevistas que sostuvo en privado en Panamá con los cuatro detenidos inculpados de intentar asesinar en dicho país al Jefe de Estado de Cuba en noviembre de 2000, y a quienes se vincula con el reclutamiento de mercenarios salvadoreños para colocar explosivos en instala-ciones turísticas de La Habana en 1997.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 12 de abril de 2002, durante su 58° período de sesiones, su resolución 2002/5 en la cual reconoció que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras potencias, entre otras cosas, fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial. Asimismo y atendiendo a una invitación oficial de "nuestro" Gobierno, el Relator Especial nos visitó en misión oficial del 5 al 8 de mayo de 2002. De acá partió a Panamá, en misión oficial del 8 al 10 de mayo de 2002, atendiendo una solicitud de dicho país. Una descripción de estas visitas se encuentra en la sección V del mencionado informe, el cual pasamos a resumir brevemente:

La visita en misión oficial le permitió continuar sus indagaciones sobre actividades con la finalidad de utilizar territorios centroamericanos para reclutar y entrenar mercenarios que luego participarían en actos ilícitos criminales -en este caso contra Cuba- sus dirigentes políticos, su población y sus instalaciones. El Relator Especial recibió informaciones relativas a que el territorio salvadoreño fue utilizado para la planificación de atentados y para el reclutamiento y entrenamiento de algunos autores materiales de los mismos. Es de esta forma -señala el informe- como Luis Clemente Faustino Posada Carriles, alias Ignacio Medina, alias Franco Rodríguez Mena, habría reclutado al ciudadano salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena, el cual fue autor material de uno de los atentados cometidos en La Habana y detenido en Cuba.

Como se recordará, Posada Carriles fue acusado de ser el autor de la explosión en pleno vuelo sobre Barbados de un avión de pasajeros de Cubana de Aviación en 1976, atentado en el que murieron 73 personas. Posada Carriles fue un agente de la Agencia Central de Inteligencia (por sus siglas en inglés CIA) de los Estados Unidos de América y trabajó con la oposición anticastrista hasta que fue reclutado por la policía de Venezuela. Luego del atentado contra el avión de Cubana de Aviación, huyó caminando tranquilamente de una cárcel venezolana. Posteriormente apareció vinculado a operaciones de apoyo y suministro de armas a la denominada contra nicaragüense, bajo las órdenes del Coronel Oliver North. Se afirma que residió en El Salvador desde una época tan lejana como 1980, y que incluso habría colaborado con los servicios de inteligencia del Gobierno del Presidente Napoleón Duarte. Se le acusa también de haber organizado la campaña de acciones terroristas contra instalaciones turísticas de La Habana en 1997, a través del cubano-americano Chávez Abarca.

Durante su visita oficial el Relator Especial pidió a "nuestros" mandatarios mayor información sobre los antecedentes y la presencia de Posada Carriles en nuestro país; los propietarios y las circunstancias de adquisición de los tres vehículos que utilizó; las actividades a las que se dedicaba durante el tiempo que residió en territorio salvadoreño; sus vínculos o conexiones empresariales, sociales y políticos; y los bienes inmuebles o muebles que eventualmente poseía. También solicitó información sobre las personas, y su actual situación jurídica, que facilitaron a Posada Carriles la obtención de documentación de identidad falsa y sobre los datos que puede aportar el análisis del movimiento migratorio de esta persona. Según la información que fue entregada para la elaboración de este informe, habría entrado o salido de territorio salvadoreño más de 50 veces entre 1990 y 2000.

La información que el Relator Especial recogió durante su visita a El Salvador se limita principalmente a la supuesta comisión de los delitos de uso de documento falso, falsedad ideológica y uso de documento de identidad falso.

Como señalábamos, la visita a la República de Panamá tuvo lugar del 8 al 10 de mayo de 2002. Allí tuvo tiempo de reunirse con los hoy imputados, durante una entrevista realizada en la sede de la Policía Nacional en Ciudad de Panamá. En ésta, Luis Posada Carriles informó al Relator Especial que había viajado a Panamá con la intención de protestar pacíficamente contra la presencia del Presidente Fidel Castro en la décima Cumbre Iberoamericana y brindar apoyo logístico a una supuesta deserción del jefe de los servicios de inteligencia de Cuba, el General Delgado. También "justificó" que todo había sido un engaño montado por los servicios de inteligencia cubanos con el propósito de conducirle a Panamá, hacerle detener, y eventualmente extraditarle a Cuba. Ni él ni sus compañeros habían planeado el asesinato del Presidente Fidel Castro, dijo.

Sin embargo, en sus valoraciones finales, el Relator Especial dice que "hay demasiados cabos sueltos en los datos proporcionados por los funcionarios entrevistados en cada país" y que, además "la información obtenida es insuficiente y requiere de explicación la liberalidad con la que se ha actuado en casos de personas que parecen haber estado comprometidos en actos ilícitos, que sirvieron para que Posada Carriles, por ejemplo, gozara de amplia libertad de movimiento durante los largos años que residió en El Salvador".

Y continúa determinando: "Por lo que se refiere a las declaraciones de Luis Posada Carriles -y los otros tres imputados- Pedro Remón Rodríguez, Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Jiménez Escobedo, se trata por cierto de testimonios de parte, y el Relator Especial ha cumplido con transcribirlos con la mayor objetividad posible en la memoria descriptiva de la visita. Señala al mismo tiempo que esos testimonios no fueron acompañados de pruebas materiales en las cuales sustentar las afirmaciones expuestas.

En cumplimiento de sus obligaciones el Relator Especial está trabajando en la verificación de los testimonios recibidos y en el cotejo de la documentación que espera recibir de las autoridades panameñas y eventualmente de otros países. No obstante, debe adelantar como primer elemento de análisis que no parece plausible que personas experimentadas en la lucha política y militar contra un gobierno, que es como se identifican los declarantes, se hayan introducido en un país para ayudar a una alta personalidad visitante en su deserción y fuga sin contar con un plan preconcebido.

En efecto, los declarantes señalan que no tenían un plan previo de secuestro y fuga y que no contaban asimismo con una red y una infraestructura local de apoyo. Esta confesión de conducta ingenua, en la que personas experimentadas, cuyo oficio conspirativo está probado, admiten haber estado en un hotel esperando pasivamente ser avisados para actuar, no parece verosímil ni es hábil como coartada. Incita más bien a pensar que se está ocultando información y protegiendo a otras personas, o, lo que es peor, a admitir que eran otras las intenciones que les llevaron a instalarse en Panamá en forma coincidente a la décima Cumbre Iberoamericana.

Por lo demás, los declarantes no parecen percibir o distinguir los límites éticos que separan la lucha política y militar contra un régimen, planteamiento que suscriben, de la comisión de delitos contra personalidades políticas que son el centro de su encono. La vehemencia de gestos y expresiones o los antecedentes de hechos conspirativos que no niegan, sino que reinterpretan como parte de un compromiso libertario a favor de su país de origen, pueden llevar a suponer que, no les es ajena la teoría del mal menor, o la del fin ("acabar con la dictadura") que justifica los medios. Como se sabe, ambas posiciones se traducen en la práctica como conductas que no reparan en la comisión de delitos, que a su juicio no son tales porque supuestamente sirven a una causa justa.

Las visitas del Relator Especial a El Salvador y Panamá han permitido profundizar la investigación sobre actividades denunciadas como mercenarias, en las que el territorio de esos países fue utilizado y algunos de sus nacionales fueron convocados para organizar actividades tipificadas como delitos. Aún en el supuesto de no probarse las denuncias -que implican a personas de origen cubano en la tentativa de delitos graves, como homicidio- la admisión de que su propósito no era ese, sino el apoyo a la deserción y fuga de un alto visitante extranjero, significa igualmente la comisión de varios delitos, penados tanto por las leyes de Panamá como por la ley internacional".

Desde este nuestro espacio alentamos las investigaciones que el Relator Especial ha venido realizando sobre la posible existencia de redes de mercenarios, que habrían operado desde varios territorios de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, en violación expresa de leyes nacionales e internacionales, con el propósito de interferir en la estabilidad de Gobiernos constitucio-nales. De ello y del funcionamiento correcto y ajustado a derecho de instituciones como el Organismo de Inteligencia del Estado depende también el equilibrio democrático de nuestro país.

Por Benjamín Cuellar, Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA)

Este documento ha sido publicado el 13feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights