05abr04

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Solicitan la implementación de las recomendaciones de la Revisión de Industrias Extractivas.

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Señor:
James D. Wolfensohn
Presidente
Grupo del Banco Mundial
1818 H Street NW
Washington, DC 20433

Fax: 001-202-522-3031

Estimado señor Wolfensohn,

Por intermedio de la presente, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil peruana firmantes le saludamos muy cordialmente. Recibimos con mucho interés el informe final de la Revisión de las Industrias Extractivas (RIE), resultado del arduo trabajo realizado bajo la dirección del Dr. Emil Salim. Felicitamos al Grupo del Banco Mundial por haber tomado esa loable y valiente iniciativa de empezar un proceso de evaluación y autocrítica respecto a la oportunidad y orientación de sus políticas de apoyo a las industrias extractivas. Hacemos un llamamiento a su institución para que sea coherente con la iniciativa tomada y que implemente la totalidad de sus conclusiones y recomendaciones.

Sin embargo, observamos que el informe presentado por el equipo de la RIE causó gran conmoción en el sector minero y en algunos gobiernos, quienes han iniciado una campaña cuestionando las conclusiones y recomendaciones de dicho informe, actitud que contradice su plena participación en todo el proceso de consulta. En particular, hemos tomado conocimiento de los argumentos presentados ante los directores del Banco Mundial por el gobierno peruano, representado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú.

En base a nuestro trabajo diario desde y con las comunidades y poblaciones afectadas por las actividades mineras en el Perú, afirmamos que las críticas del sector minero y de algunos gobiernos carecen de sustento. Permítanos hacer algunos comentarios al respecto:

1) Consideramos que las pautas sugeridas en el informe del RIE son medidas razonables que mínimamente deberían implementarse para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, especialmente de las poblaciones directamente afectadas por actividades mineras; así como también, para garantizar la gobernabilidad pública. Igual como las políticas sociales y ambientales del Banco Mundial, no afectarían la soberanía de nuestro país. Es más, muchas de las medidas propuestas, forman parte del discurso de nuestras autoridades que lamentablemente nunca alcanza concreción. Gran parte de ellas simplemente se basan en derechos internacionalmente reconocidos, entre ellos el consentimiento libre, previo e informado. No corresponde ni al Banco Mundial, ni a los gobiernos y mucho menos a las empresas mineras disponer libremente sobre ellos.

2) Consideramos que en la última década la economía peruana se ha vuelto cada vez más dependiente de la extracción de materias primas, lo cual la hace totalmente vulnerable ante las fluctuaciones de los precios de minerales en los mercados internacionales. El crecimiento sostenido de la producción del sector minero y de su participación en las exportaciones nacionales demuestra claramente que la minería en el Perú no necesita incentivos del GBM para su desarrollo. Proponemos, en cambio, que se promueva la diversificación económica del país, dando prioridad a aquellas actividades que contribuyan a disminuir la pobreza y generen empleo local causando un mínimo de impactos socio-ambientales negativos. Queremos construir una economía solidaria que contribuya al desarrollo del país, que alivie la pobreza y las inequidades, que en la última década se han acentuado.

Los flujos de inversión extranjera captados por la minería continúan representando un limitado aporte para el desarrollo local y menos todavía han aliviado la pobreza. En tal sentido, es ilustrativo que en regiones que durante la última década han conocido fuertes inversiones de la minería, no han disminuido los índices de pobreza. Hoy en día cerca del 88% de las poblaciones que se encuentran en zonas de influencia de la actividad minera se ubican entre los estratos de extrema pobreza, muy pobre o pobres, según cifras oficiales del Fondo de Compensación Social (FONCODES). Cabe resaltar los ejemplos de Cajamarca y Pasco. Reiteramos algunos argumentos, que ya presentamos en el proceso de la RIE:

• Según información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la participación del sector minero en la recaudación del IGV no supera el 1.2% y en la recaudación del Impuesto a la Renta es de aproximadamente 10%. Solo si tomamos en cuenta estos dos impuestos, que son los que en estricto reflejan la contribución tributaria de las empresas mineras, su participación relativa en el total de tributos internos recaudados no supera el 2% del total. El porcentaje de aporte de IR es pequeño, principalmente por la existencia de contratos de estabilidad tributaria que otorgan beneficios y deducciones de diferentes tipos a las empresas mineras. Así, pues, debido a contratos de estabilidad tributaria, empresas como Pierina o Antamina están exoneradas del pago del IR durante los 8 ó 10 primeros años de operación. Cabe indicar también, que con un propósito redistribucionista el 50% del IR se destina al canon minero. El año 2002, según información tomada del Ministerio de Economía y Finanzas, el canon minero ascendió a 39 millones de dólares, lo que representa apenas el 1.05% de las exportaciones mineras correspondientes a ese año, las mismas que fueron de 3,700 millones de dólares. La sumatoria del monto destinado al canon minero los 6 años anteriores fue de tan solo 170.397 millones de dólares. Si el monto en impuestos que aporta la minería al país es muy pequeño, peor aún es lo que llega realmente a las poblaciones directamente afectadas por la minería. Esto se hace más evidente si consideramos que solo el 20% de la suma destinada al canon minero va a los gobiernos locales de los distritos donde operan las empresas mineras. Es necesario señalar también que el derecho de vigencia que pagan las empresas mineras no mejora la situación descrita. El año 2002 la suma obtenida por derecho de vigencia fue de tan solo 4.8 millones de dólares y el 2003 ascendió únicamente a 5.1 millones de dólares.

• La generación de empleo por la ‘nueva minería’ es poco significativa y muy poco beneficia a la población local por el alto grado de especialización de la mano de obra que requiere. La cifra de 350,000 puestos de trabajo indirectos creados por la actividad minera es muy optimista. Según cifras del Ministerio de Trabajo la actividad minera ocupa el 0.8% de la Población Económicamente Activa (PEA).

• Las adquisiciones locales también son limitadas y si bien se alega que la minería invierte fuertemente en infraestructura pública, estas obras suelen hacerse según las necesidades de las empresas y han causado graves daños en tierras y territorios de muchas comunidades aledañas a sus operaciones.

• Programas sociales a menudo no responden a las reales necesidades de las comunidades, son usados como instrumento de relaciones públicas e incluso pueden crear o exacerbar conflictos internos en las comunidades y poblaciones afectadas.

• Sumando a eso el impacto negativo del aumento del costo de vida en zonas mineras, por ejemplo en Cajamarca (Minera Yanacocha), en el Perú no tenemos conocimiento de casos donde la minería realmente ha tenido un claro impacto positivo neto en la población más pobre.

3)Considerando que actualmente solo se estaría explorando y/o explotando el 10% del potencial minero del Perú, y que gran parte de los actuales y futuros proyectos mineros se encuentran en zonas sensibles o de gran riesgo como cabeceras de cuenca, es preocupante que todavía no se cuenta con una zonificación económica y ecológica del territorio nacional. Muy acertadamente, la RIE recomienda que se deben establecer zonas intangibles, incluyendo aquellas que funcionarios nacionales o locales planifiquen designar como protegidas en el futuro. Creemos que es de particular importancia reconocer el papel fundamental de las autoridades locales y regionales al respecto.

4)A nuestro parecer, una de las recomendaciones más importantes de la RIE, es que se debe reconocer el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas así como de otras poblaciones y comunidades en cuyos territorios y tierras se pretende explorar y explotar minerales. Es la única manera de evitar mayores conflictos entre empresas mineras, poblaciones locales y pueblos indígenas y por tanto una precondición absoluta para lograr que la inversión en industrias extractivas pueda ayudar a disminuir la pobreza. No simplemente se trata de otorgar el derecho de veto a unos cuantos individuos. En el caso Tambogrande por ejemplo, el Estado nunca reconoció la oposición del 98% de la población expresada en una consulta popular. El nuevo Reglamento de Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales (diciembre 2002) introduce algunos avances respecto a la legislación anterior en cuanto a la información a la población, sin embargo no facilita la resolución de los graves conflictos entre empresas mineras y poblaciones y comunidades aledañas, ya que no garantiza que realmente se tome en cuenta la posición de la población. Prueba de ello son los casos de Pampamali (Huancavelica) y Yanacocha (Cajamarca), además de la ya mencionada experiencia de Tambogrande. Es más, el inconstitucional procedimiento de servidumbre minera permite el reasentamiento o desplazamiento involuntario de comunidades y poblaciones. El Reglamento no se adecua al Convenio 169 OIT suscrito y ratificado por el Perú, entre otras razones por no prever la consulta antes de iniciar cualquier actividad de exploración en territorio de los pueblos afectados. No aceptar el consentimiento libre, previo e informado sería incoherente con el discurso empresarial que afirma la necesidad de obtener la tan ansiada ‘licencia social’ para proyectos extractivos.

5)En materia ambiental, el gobierno Peruano todavía no ha demostrado tener una real capacidad y voluntad de fiscalización de la actividad minera. Parte del problema es la ausencia de una agencia ambiental independiente del MEM que tenga esa capacidad y el conflicto de intereses al seno del mismo MEM que a la vez promueve y fiscaliza las inversiones mineras. El nombramiento en el 2003 del Dr. Hans Flury Royle (director legal de la empresa minera Southern Peru Copper Corporation y anteriormente presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) como Ministro de Energía y Minas, fue una ilustración más de la relación estrecha que existe entre el sector minero y el MEM. Necesidades económicas de corto plazo de empresas y autoridades suelen primar sobre criterios ambientales y de salud pública. Claros ejemplos de ello son los casos de La Oroya y el Callao, donde miles de niños siguen siendo intoxicados por plomo, ante la permisividad de las autoridades y las empresas involucradas que no toman las medidas necesarias. En Choropampa, la población sigue sufriendo las consecuencias del derrame de Mercurio procedente de la empresa minera Yanacocha y la ciudad de Cajamarca sufre problemas de contaminación y abastecimiento de agua ocasionado por las operaciones mineras de esta empresa. En vez de contribuir al desarrollo, se está hipotecando el futuro de toda la población.

En resumen, consideramos que la minería en el Perú actualmente no se está desenvolviendo dentro de un marco de desarrollo sostenible. Prueba de ello son las decenas de conflictos que siguen surgiendo a lo largo de todo el país.

El Banco Mundial en la década de los 90 ha jugado un papel decisivo en la creación de un marco legal que promueve la inversión minera, sin consultar a las comunidades y poblaciones afectadas. Se han cometido muchos errores en ese proceso, que deben ser corregidos, empezando por el mismo Banco Mundial. Las recomendaciones de la RIE son un paso en la buena dirección.

A pesar de los problemas que se han encontrado en el camino y que se han ido resolviendo en el proceso, consideramos que la RIE ha cumplido con su principal objetivo: realizar una evaluación sincera, objetiva y transparente del apoyo del Banco Mundial a las industrias extractivas, con la participación de todos los grupos interesados (‘stakeholders’). Es imposible lograr que todas las conclusiones y recomendaciones satisfagan a todas las partes interesadas. Si el Banco Mundial decide implementar las recomendaciones de la RIE, eso sería una muestra clara de su compromiso con la lucha contra la pobreza, a favor de los derechos humanos, la transparencia y la gobernabilidad. En caso contrario, si decidiera negar recomendaciones sustanciales, una vez más se privilegiaría la posición de algunos grupos de poder económico, socavando la confianza de la sociedad civil del Peru y del mundo, en particular de las poblaciones afectadas por las industrias extractivas.

Conocedores de su compromiso con los pobres de nuestro país y del mundo, confiamos en que Usted tomará la decisión correcta.

Atentamente,

Asociación Ambiental de San Marcos, Ancash
Asociación Civil Foro Democrático
Asociación Civil Radio Marañón
Asociación de Defensa y Educación Ambiental – ADEA, Cajamarca
Asociación Diaconal Paz y Esperanza
Asociación de Propietarios de Chipta-Pincullo, Ancash
Asociación de ex Propietarios de Antamina, Ancash
Asociación Interétnica de la Selva Peruana - AIDESEP
Asociación para la Defensa y Desarrollo de Kuelap, Amazonas
Ayuda en Acción Perú
Capital Humano y Social
Comité de Defensa y Vigilancia del Lago Chinchaycocha
Comité de Derechos Humanos y Desarrollo Humano Pasco - CODEH Pasco
Comité de Derechos Humanos y Desarrollo Humano Huacho - CODEH Huacho
Comité de Defensa del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible – CODEMADES, San Mateo de Huanchor
Comité de Afectados por la Minera Mayoc, Lima
Cooperacción, Acción Solidaria para el Desarrollo
Coordinadora Distrital de Comunidades Afectadas por la Minería Secclla – CODICAMI
Secclla, Huancavelica
CODICAMI Ccochaccasa, Huancavelica
CODICAMI Anchonga, Huancavelica
Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI Perú
Coordinadora Permanente de Los Pueblos Indígenas del Perú – COPPIP
Coordinadora Regional de Afectados por Plomo del Callao
Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería Apurímac – CORECAMI
Apurímac
CORECAMI Ancash
CORECAMI Cusco
CORECAMI Huancavelica
CORECAMI Ica
CORECAMI Junín
CORECAMI Moquegua
CORECAMI Pasco
CORECAMI Piura
CORECAMI Puno
CORECAMI Tacna
Coordinadora de los Pueblos Afectados por la Minería en Cajamarca - COPAMI
Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Minería de la Provincia de Huari –
COPROCAMI Huari-San Marcos
COPROCAMI Chincheros, Apurímac
COPROCAMI Oyón, Lima
EcoVida, Cajamarca
Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Pasco - FEDECCPA
Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado - FENTAP
Frente de Defensa de la Cuenca del Río Zaña
Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, Piura
Frente Popular
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Foro Ecológico del Perú
Grufides, Cajamarca
Hoja Verde
Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción (IINCAP) ‘Jorge Basadre’, Cajamarca
Pastoral Indígena de la Parroquia San Lorenzo, distritos de Barranca, Manaseriche, Pastaza, Morona, Cahuapana
Programa Laboral de Desarrollo – PLADES
Red de Jóvenes Ambientalistas de Apurímac - REDJA
Red Jubileo Perú

Lima, 05 de abril de 2004

DDHH en Perú

Este documento ha sido publicado el 21Sep04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights