10jun05

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Pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ante los sucesos de Tintaya.

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La provincia cusqueña de Espinar se encuentra entre las que tiene los peores indicadores en analfabetismo, desnutrición, mortalidad materna e indocumentación a nivel nacional. Desde 1980, la actividad minera en la zona de Tintaya ha tenido impacto en el medio ambiente de las comunidades aledañas al yacimiento sin haber implicado un notable mejoramiento en las condiciones de vida de los habitantes de Espinar.

Si bien es cierto que en las recientes movilizaciones sociales contra la empresa Tintaya han intervenido algunos grupos políticos locales, no se puede reducir el origen de dichas protestas a la manipulación política.

El contraste entre una actividad minera próspera y la pobreza de las poblaciones cercanas suele ser caldo de cultivo para frustración y rechazo hacia la actividad minera. En el caso de Espinar, además, han estado presentes problemas de comunicación y la percepción de la población de que no existen beneficios concretos por la presencia de la actividad minera.

En años anteriores, la empresa BHP Billiton suscribió acuerdos con las comunidades directamente afectadas. La labor del Ministerio de Energía y Minas como facilitador y garante del cumplimiento del cumplimiento de las diversas obligaciones surgidas de los acuerdos ha sido absolutamente insuficiente.

Frente a esta problemática, señalamos:

1. La primera obligación del Estado peruano es garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la población y por lo tanto, es prioritaria la inversión social en salud, educación, carreteras y demás servicios a los cuales los habitantes de Espinar tienen tanto derecho como los demás peruanos. El Estado debe además promover un clima de mutuo respeto entre empresas mineras y comunidades, para lo cual debe dar signos concretos de que su prioridad son los derechos humanos de la población. El Estado debe salvaguardar que ninguna forma de inversión genere el deterioro de las condiciones de vida de la población, especialmente de los más pobres.

2. Hacemos un llamado a la población de Espinar y del resto del país para evitar el uso de la violencia en sus demandas sociales. Una demanda en principio legítima, como la protesta frente a la corrupción, el abuso de las autoridades, la delincuencia común o la insatisfacción frente a una empresa, puede verse distorsionada por acciones que ponen en peligro vidas humanas y también dañan la propiedad pública o privada. El empleo de la violencia no es la solución a los problemas sociales, sino que muchas veces genera mayores y más graves problemas.

3. Hacemos un llamado a las empresas mineras que operan en el territorio nacional a buscar una relación respetuosa con las comunidades donde se encuentran, promoviendo acuerdos y una verdadera responsabilidad social, evitando todas aquellas acciones que puedan impactar de manera negativa en la vida de la población.

4. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para que en este conflicto y en los demás conflictos sociales que existen en el país, eviten un uso desproporcionado de la fuerza que pueda generar muertes o lesiones graves a la integridad personal. El año pasado se registraron cinco muertes por acción de las fuerzas policiales, todas las cuales se produjeron por uso excesivo de la fuerza frente a protestas sociales. Las cinco muertes se encuentran hasta el momento en situación de impunidad.

5. Hacemos votos para que el diálogo que actualmente se está llevando a cabo entre representantes del Estado, la empresa y las poblaciones afectadas lleve a una solución justa que permita el desarrollo integral de la provincia y las mejores condiciones de vida de sus habitantes.

Consejo Directivo Nacional
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Lima, 10 de junio de 2005

DESC

Este documento ha sido publicado el 14jun05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights