03oct03

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Tambogrande: El gobierno tiene la última palabra.

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El pasado 26 de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó la convocatoria a las Audiencias Públicas del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero de Tambogrande, las que deberán realizarse el 5, 6 y 7 de noviembre en las ciudades de Lima, Piura y Tambogrande, respectivamente.

Lo que está en riesgo.

Tambogrande es uno de los proyectos más controvertidos de la historia minera del país y ha recibido el rechazo rotundo de los pobladores de este distrito de Piura, por considerar que su puesta en marcha afectaría la actividad agrícola que se desarrolla en el principal valle de la costa peruana, responsable del 40% de la producción de mangos y limones peruanos. En la consulta vecinal convocada por el Municipio de este distrito el 2 de junio de 2002, los pobladores de Tambogrande expresaron con un 98% de los votos válidos su rechazo a la actividad minera y su reafirmación del desarrollo agroindustrial.

Las inversiones son necesarias para el desarrollo del país, pero consideramos que éstas deben darse en el marco del respeto a las leyes y los derechos de las poblaciones que las acogen.

Lo cierto es que el ingreso de la minería en Tambogrande constituye un riesgo que compromete el desarrollo futuro de Piura.

Las irregularidades del proceso para aprobar el EIA.

La empresa Manhattan Minerals presentó en la primera ocasión un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) incompleto, de cuestionada calidad y en idioma inglés, pese a que existe la obligación legal de utilizar el idioma oficial del país.

También es sumamente preocupante que las autoridades del MEM hayan declarado sucesivas e ilegales suspensiones a los plazos de aprobación del EIA, con el fin de dar tiempo a la empresa minera a subsanar las serias observaciones que se han hecho a dicho estudio, lo que pese a ello, no ha sucedido.

Por todo ello la actuación de la empresa Manhattan Minerals y la de las propias autoridades del MEM deben llamarnos a reflexión, ya que distan mucho, por un lado, de ser una empresa cuya inversión pretenda ser realizada de manera responsable, y respetando el punto de vista de la población que la acoge; y de otro lado un Estado que no defiende los derechos fundamentales de su población, y su derecho a un desarrollo sostenible, poniendo por encima de ellos la necesidad de generar ingresos a corto plazo y salvar así sus urgencias económicas.

Los estudios independientes realizados por expertos internacionales, organismos no gubernamentales e instituciones del Estado peruano como el INRENA, coinciden en señalar los graves riesgos del proyecto, el mismo que afectaría seriamente la actividad agrícola y de agro exportación a las que se dedican los tambograndinos.

Por otro lado, también preocupa que el MEM haya propuesto que la Audiencia Pública en el distrito de Tambogrande se pretenda realizar en un local inexistente en el momento de la convocatoria, en medio de un Asentamiento Humano cuyos pobladores, según testimonios recogidos, aparentemente habrían recibido en donación los terrenos que ocupan por parte de Manhattan Minerals, además de no haber cumplido con brindar información adecuada a la población, sobre el proyecto minero en cuestión.

Presiones.

Denunciamos la persecución de que viene siendo objeto tanto el Alcalde de Tambogrande, como los regidores y miembros del Frente de Defensa de Tambogrande, a quienes se les han abierto procesos judiciales sin mayor sustento legal, y cuyas familias son amedrentadas y acosadas continuamente, sin que se les otorguen las debidas garantías para su vida, pese a haberlas solicitado.

Alertamos a la opinión publica sobre la presencia permanente de personal de la DIVINCRI de la Policía Nacional en la propia Municipalidad Distrital de Tambogrande creando un clima de tensión que no se justifica lo que esta provocando el malestar de la población cuyas protestas podrían servir de argumentos para tildar dichas acciones como rebrotes terroristas.

Conclusión.

El país entero y la opinión publica internacional están a la expectativa de la crucial decisión que debe tomar el gobierno peruano. No se puede pretender imponer la actividad minera en el valle más importante de la costa peruana. Es por ello que resulta inaceptable que el gobierno y la empresa minera haya creado un clima de tensión bajo el cual pretenden aprobar el Estudio de Impacto Ambiental.

Invocamos al gobierno y a las autoridades responsables a cejar su actitud y respetar los derechos de la población, especialmente su opción de desarrollo

Lima, 3 de octubre 2003
Mesa tecnica de apoyo a Tambogrande
ANDES-APRODEH-Asociacion Civil Labor-CEAS-Coperaccion-Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-Coordinadora Nacional de Radio-Diaconia para la Justicia y la Paz-FEDEPAZ-SPDA

Este documento ha sido publicado el 23nov03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights