20ago04

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Cerro Quilish:
nuevo conflicto social para un Estado que no asume su rol

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La inacción del Estado nuevamente ha generado un conflicto social de serias dimensiones, ésta vez en Cajamarca.

Se trata del inicio de las actividades mineras de parte de la empresa Minera Yanacocha S.R.L. en el Cerro Quilish, uno de los principales colchones acuíferos que alimenta a los ríos Grande y Porcón, que a su vez brindan sus aguas a la planta de tratamiento de “El Milagro”, que proporciona el 70% de líquido vital a la ciudad de Cajamarca.

Tanto la Municipalidad Provincial como el Gobierno Regional de Cajamarca, a través una Ordenanza Municipal y otra Regional, declararon, en base a un informe técnico realizado por profesionales de la Región, al Cerro Quilish como una zona de protección municipal y regional, a fin de preservar la cantidad y calidad de abastecimiento de agua para la población de la ciudad y del campo de Cajamarca.

Sin embargo, la pretensión de la empresa Minera Yanacocha (que entre sus socios cuenta con la empresa peruana Buenaventura, asociada a gran cantidad de casos de contaminación en el Perú y también a la empresa norteamericana Newmont, la primera explotadora de oro en el mundo), de iniciar sus actividades a como de lugar, a fin de mantener sus niveles de producción en una época en que el precio del oro ha subido, no tiene límites, pese a la férrea oposición de las campesinas y campesinos de Cajamarca, cuya voz no ha sido escuchada por los diferentes organismos del Estado.

Quizá las cosas serían distintas, si la empresa minera, hubiera sido transparente y se hubiera preocupado por demostrar de manera técnica que no se generará contaminación en las aguas que son usadas para la irrigación de las tierras, para la alimentación de los ganados o para el consumo humano. Sin embargo, no ha sido así. Hasta la fecha la empresa se ha empeñado en decir que se trata de sólo una exploración, que ello no afectará las aguas y que recién ahora van a realizar los estudios hidrológicos. Los campesinos desde antiguo conocen sus tierras y hay estudios que acreditan la importancia del Cerro Quilish.

Mientras que ocurre todo este problema, Cajamarca sigue siendo una de las regiones más pobres del Perú, y los ingresos que recibe el Estado por la actividad minera, son mínimos en comparación con los ingentes ingresos que percibe la empresa Minera Yanacocha, y que no se quedan en el país, sino que salen al exterior.

De alguna manera, se ha provocado una “alianza” entre el Estado y la empresa Minera Yanacocha, plasmada gracias a un Estado timorato, ausente de respuestas, que frente al poder de una transnacional, no tiene la capacidad para defender a su población y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente, incluso para aplicar la propia Constitución, en la que se enmarca el reconocimiento de los derechos de las personas.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), por ejemplo, ha tratado el tema como un asunto de mero trámite administrativo. Y es que la preocupación por los conflictos sociales, no se puede solucionar exigiendo la presentación de documentos por escrito, sin supervisar la realidad social, ni dar paso a que la población pueda objetar toda la información que la empresa Minera Yanacocha presenta, para lograr sus objetivos. Lamentablemente, este rol lo ha asumido el MEM, dejando de lado los derechos fundamentales de la población (salud, vida, medio ambiente saludable), y también olvidándose de los 4000 campesinos que habitan en la zona de influencia de la empresa minera, tan ciudadanos peruanos como los citadinos.

Y es que un ente que se encarga de la promoción de la inversión en minería, como es el MEM, no puede ser quien se encargue de resolver los problemas ambientales o sociales que se generen por la presencia de la actividad minera en el país, es ilógico que un solo ente tenga ambas funciones.

Recordamos las palabras de un miembro del MEM, que se encarga de asumir los conflictos sociales. El, resumiendo la posición del Estado, decía en una reunión, que “el MEM había cumplido con los procedimientos, y siendo que la empresa minera había cumplido los requisitos, debía darles lo que pedían”. En todo caso, “era la empresa minera la que debía tomar la decisión de realizar la actividad o no, sabiendo el problema social al que se enfrenta”. Nos preguntamos, ¿ donde está el Estado cuyo fin supremo es la persona, y cuyos derechos a la salud, a la vida y a un medio ambiente saludable reconoce en la Constitución ?, ¿ no es un deber primordial del Estado garantizar la vigencia de los derechos humanos ?.

¿ Acaso tienen que acontecer más situaciones como las ocurridas en Ilave, como lo ocurrido en Huancabamba con la muerte de un rondero por la oposición de la población al inicio de actividades mineras en una zona agrícola y de gran riqueza forestal, para que el Estado asuma la importancia de consultar a la población y de obtener un “consentimiento previo” de parte de ella frente a una decisión que adopta, “supuestamente para aportar a su desarrollo”, cuando en estricto, no necesariamente ocurrirá así ?

De otro lado, el papel de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través del actual alcalde, ha sido penoso. El, pese a tener los argumentos técnicos y legales suficientes que le permitan decidir no dar los permisos y autorizaciones correspondientes para el inicio de la actividad minera en el Cerro Quilish, por ser territorios de su jurisdicción, no ha puesto mayor objeción que la de dar tímidas declaraciones, las que no se condicen con su total inacción frente al tema.

La población de Cajamarca ha dado un ultimátum a la empresa Minera Yanacocha para que no continúe con la actividad minera en la zona del Cerro Quilish. La empresa minera repite que no realizará actividad de explotación sino de exploración. Pero la población no está de acuerdo con ningún tipo de actividad, ya que hay estudios técnicos que fueron presentados como observaciones al MEM que demuestran la afectación ambiental que se puede generar a las aguas y al medio ambiente de Cajamarca, perjudicando su futuro y el desarrollo sostenible de la región.

Nuevamente está en manos del Estado un nuevo conflicto social. Esperamos que no haya que llegar al extremo de perder vidas humanas, para que recién nuestra población y el propio Estado asuman una posición de defensa de la persona humana, rol que sobre todas las cosas corresponde al Estado, que a su vez debe tomar en cuenta siempre, ante cualquier decisión, la opinión de la población.

Esperamos que situaciones como ésta ayuden al Estado a tomar conciencia que es necesario pensar en un desarrollo sostenible a futuro, con una visión clara de lo que se quiere en pleno diálogo con las poblaciones, no imponiéndoles modelos de un “supuesto desarrollo” sino pensando en su bienestar, que finalmente es su fin, según lo establece la Constitución.

Área de Derechos Humanos y Defensa del Medio Ambiente

Ana Leyva Valera
Javier Jahncke Benavente
Lima, 20 de agosto de 2004

FEDEPAZ Electrónico Nº 12
Boletín Electrónico de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz

DDHH en Perú

Este documento ha sido publicado el 27sep04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights